En seis meses, el registro de personas desaparecidas en el país aumentó 13 por ciento, al pasar de 73 mil 218, en julio pasado (durante la presentación de la nueva base de datos), a 82 mil 825, al corte de ayer. Adicionalmente hay al menos 37 mil fosas clandestinas, según cifras oficiales.
- Pese a la pandemia, que supondría una menor acción delincuencial, en medio año se reportan 9 mil 607 casos más de personas desaparecidas y no localizadas en México. Sin embargo, en un hecho desconcertante incluso para funcionarios federales, la Fiscalía General de la República (FGR) intenta desmarcarse de sus obligaciones en el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). En octubre pasado fue presentada una iniciativa de ley que, de aprobarse, excluiría a esta fiscalía de la estrategia nacional para localizar a las personas.
“Las autoridades de un Estado no se pueden zafar de esa obligación… y tampoco pretender que la FGR no tenga funciones esenciales en la búsqueda”, declaró Santiago Corcuera, miembro del Consejo Nacional Ciudadano del SNB.
En sentido similar se manifestaron otros integrantes de este consejo, representantes de defensorías de derechos humanos a escalas nacional e internacional, así como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, Karla Quintana, quienes participaron en el foro Riesgos sobre la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la FGR y diversas disposiciones.
Grace Fernández, coordinadora del Consejo Ciudadano del SNB, insistió en el llamado al Senado a abrir las puertas a la discusión real, no simulada, de este tema, porque el objetivo es garantizar la participación de las instancias de procuración de justicia para atender el problema, no para quitarles su responsabilidad.
Por separado, y en previsión de que el Senado avale la creación de la nueva ley orgánica de la FGR, diversas organizaciones civiles y de víctimas le solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las 32 comisiones estatales que preparen acciones de inconstitucionalidad en contra de la mencionada norma para interponerlas en cuanto ésta se apruebe.
Al reunirse el pasado miércoles de manera virtual con Karla Quintana y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, varios colectivos –entre ellos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y la Red Eslabones por los Derechos Humanos– indicaron que echarán mano de todos los recursos legales a su alcance para impedir que se concrete la nueva ley, pues con ella la FGR podría desentenderse de su obligación de colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.
Le entregaremos un documento a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que tiene la coordinación de todas las estatales, para que cada una arme las argumentaciones jurídicas de sus acciones de inconstitucionalidad. Deben tenerlas preparadas para que se presenten en cuanto la ley de la FGR esté aprobada y publicada. Si creen que sólo echaremos mano de acciones de resistencia civil pacífica, están muy equivocados, señaló Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos
Suman 96 personas desaparecidas en México en lo que va del 2021
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda hasta diciembre se tenía un registro de casi 83 mil personas; mientras que a nivel local, suman mil 167 casos de personas desaparecidas.
- La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, señaló que la desaparición de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, sobre todo de las personas que la viven directamente, pero también de sus familiares, aunque daña a la sociedad en su conjunto.
“Para hoy, a nivel nacional se tienen reportadas 96 personas desaparecidas en este año”, por lo que se requiere que las autoridades realicen una investigación seria, imparcial y efectiva para dar con el paradero de las personas.
Así como garantizar su derecho a la vida e integridad, mediante su búsqueda inmediata, como titulares del Derecho a Ser Buscadas, afirmó durante el inicio del primer Curso Especializado Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Se trata, dijo, de aportar al proceso de sensibilización y fortalecimiento de las habilidades y capacidades de las personas que atienden y acompañan a familiares de desaparición, por lo que el curso está dirigido a servidores públicos que desarrollan dichas actividades.
- Además de integrantes de las organizaciones y colectivos que acompañan a familiares de personas desaparecidas, por lo que, a través de la plataforma AprendeDH, se tienen programadas 8 ediciones de este curso, con una duración de 40 horas cada uno.
- De esta manera, se contará con cuatro módulos sobre los derechos humanos que se trasgreden con la desaparición, derechos de las víctimas, estándares en materia de búsqueda de personas desaparecidas y el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas.
Contempla también instrumentos para quienes acompañan un proceso de búsqueda, como la entrevista inicial que detone búsquedas ante mortem/post mortem, el análisis de contexto en la búsqueda, planes de búsqueda; nociones generales sobre el uso de herramientas tecnológicas y la experiencia de brigadas de búsqueda en campo.
Asimismo, enfatiza la obligación de debida diligencia en la atención de estos casos con la correcta activación de los mecanismos de alerta temprana: Alerta Amber y Protocolo Alba, pues para la CDHCM, es esencial un enfoque psicosocial para la atención de las víctimas y sus familiares.
Mencionó que, el curso incluye recomendaciones técnicas y visibiliza las afectaciones en su entorno, además de abordar temas como la identificación forense y la declaración especial de ausencia.
- Por su parte, la encargada del Despacho de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Mariana Morales Guerra, se refirió a los casos de desaparición de personas como una crisis humanitaria para México, que se ha recrudecido en los últimos 10 años.
Dijo que ante la falta de sensibilidad y de inexistencia de recursos financieros materiales y humanos para llevar a cabo la búsqueda de personas, son sus familiares quienes las realizan al mismo tiempo que promueven una Ley General en materia de desaparición forzada.
Ante ello, dijo, es fundamental que los servidores públicos conozcan técnicamente sus facultades y obligaciones al respecto, y que entiendan las causas multifactoriales de los casos.
Hay 82 mil desaparecidos y sólo 35 sentencias
En el país apenas hay un registro de 35 sentencias condenatorias de primera instancia por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; es decir, el nivel de impunidad en este tipo de delitos alcanza 99%.
- En lo que va de 2021, han desaparecido 96 personas. Los estados con mayor número de personas no localizadas son
Jalisco, con 11 mil 503; Tamaulipas, con 11 mil 344, y le sigue Estado de México, con 8 mil 777. - El 2019 fue el año en el que se reportaron más desapariciones, con 8 mil 970.
- La desaparición es un tipo penal, al igual que otros delitos. Se contempla en la Ley General de Desaparición Forzada.
Anterior a la aparición de esta norma, sólo las autoridades trabajaban en la búsqueda de personas, pero no constituía
delito alguno. Gracias a la presión y trabajo de organizaciones civiles y colectivos de familias de desaparecidos, ahora se permite sancionar y castigar la conducta desplegada por una persona.
Aun con la ley de su lado, las familias señalan no tener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, pues las
investigaciones presentan poco o nulo avance y no hay detenidos ni reparación del daño.
“Las familias investigamos y buscamos. Les entregamos toda la información sobre nuestros casos y ellos no nos dan respuesta.
Tenemos que estar detrás de ellos para que hagan su trabajo”, señalan los miembros del Colectivo Una Nación Buscando T.
- En diciembre, la CNB mostró su rechazó a la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, presentada en el Senado de la República y que pretende sacar a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda.
“[Esa norma] es un retroceder en la impartición de justicia y transparencia en un país con 98% de impunidad de los delitos que se denuncian, ni siquiera de los que suceden.
“No sólo es en tema de búsqueda. En materia de acceso a la justicia hay sólo 35 sentencias a nivel nacional y no todas son de la Fiscalía General.
La postura de la Comisión Nacional de Búsqueda es que la fiscalía no puede aislarse del resto de las instituciones, pues necesita seguir trabajando en coordinación con los miembro del Sistema Nacional de Búsqueda.
“Tenemos una grave crisis en materia de desaparición y la única manera de empezar a dar respuesta a las víctimas es trabajando de manera conjunta y no dividiendo.
- “La ley es muy clara en el hecho de que se tiene que compartir información con todas las autoridades que tengan elementos que puedan incidir en la búsqueda. La razón de la fiscalía de no querer compartir información es porque, en muchos casos de los que tenemos conocimiento, hay muy poco o nulo avance en las carpetas de investigación”, expresa Karla Quintana.
“Las fiscalías y las procuradurías no han sabido o no han podido dar respuesta a la búsqueda de personas. Tenemos que ver cómo operamos un sistema de manera coordinada, en igualdad de circunstancias con los recursos. Falta empezar a tener una discusión abierta sobre un sistema de justicia más integral “, asegura Quintana./Agencias-PUNTOporPUNTO
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