EU alimenta un archivo criminal con el rastro genético de indocumentados. El Sistema Combinado de Índices de ADN (CODIS, por sus siglas en inglés), es el repositorio reservado para individuos arrestados o condenados por delitos graves. Pero desde 2020 se están incorporando perfiles genéticos de inmigrantes detenidos en la frontera y resguardados en una base de datos del FBI. Así, el ADN de más de 133,000 niños inmigrantes —algunos de apenas cuatro años y sin ser acusados de delitos — ha sido recolectado y cargado en CODIS.
- Bajo el pretexto de combatir el tráfico de personas, el gobierno ha convertido una herramienta forense en un mecanismo de control masivo que criminaliza la infancia migrante, borra el principio de inocencia y siembra miedo en quienes buscan asilo.
- Las autoridades migratorias de EU han intensificado esta práctica desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, bajo el argumento de combatir el tráfico de personas y reforzar la seguridad nacional.
Defensores de los derechos civiles y expertos en privacidad digital advierten que el gobierno está construyendo una arquitectura de control genético sin precedentes, que afecta especialmente a las comunidades migrantes y latinoamericanas, sin ofrecer garantías legales ni supervisión judicial adecuada.
Más de dos millones de perfiles
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reveló que ha recolectado muestras de ADN de más de dos millones de personas desde 2020. De ese total, al menos 1.5 millones de perfiles ya fueron cargados al sistema CODIS, lo que representa un crecimiento del 5,000 % en apenas tres años.
- Aunque la política oficial indica que solo deben recolectarse muestras de personas entre los 14 y los 79 años, la discrecionalidad de los agentes en el terreno ha permitido que incluso menores de 13 años sean sometidos al procedimiento. Según cifras publicadas por Wired, al menos 230 niños menores de 13 años y más de 30,000 adolescentes entre 14 y 17 años ya forman parte del archivo genético criminal nacional.
- De acuerdo con The Guardian, esto constituye una distorsión profunda del propósito original de CODIS, cuya función era contribuir a investigaciones criminales. La mayoría de los migrantes incluidos no están acusados de ningún delito, ni mucho menos condenados. Su única “falta” ha sido haber sido detenidos en la frontera, un proceso administrativo que no implica culpabilidad penal.
Programa sin control judicial
El programa de recolección de ADN fue formalmente implementado en 2020 luego de que el Departamento de Justicia modificara un reglamento para obligar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias —incluida CBP— a recolectar muestras genéticas de toda persona bajo su custodia sujeta a toma de huellas digitales. El argumento oficial fue reforzar la capacidad del gobierno para prevenir delitos graves como la trata de personas, el abuso infantil y la suplantación de identidad.
- Hilton Beckham, comisionado asistente de asuntos públicos de la CBP, justificó la práctica: “Estamos utilizando todos los recursos disponibles para saber quién entra a nuestro país. No permitiremos que traficantes de personas, explotadores sexuales o criminales se infiltren en nuestras comunidades. Por eso recolectamos ADN de quienes están bajo nuestra custodia”.
- Pero según un informe del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, el programa se ha extendido muy por encima de lo originalmente estipulado, convirtiéndose en una herramienta de vigilancia rutinaria contra personas migrantes sin antecedentes penales.
“La CBP está creando un archivo genético permanente de personas que ni siquiera han cometido delitos, lo cual constituye una expansión masiva de la vigilancia genética y una invasión injustificada a la privacidad”, advirtió Emerald Tse, coautora del informe.
El documento señala que el término “detención” es tan ambiguo que cualquier persona puede ser sometida a esta práctica sin necesidad de una orden judicial ni presencia de un abogado. Una vez recolectado el ADN —mediante muestras de saliva o sangre—, el material es enviado al FBI, que lo conserva de forma indefinida, aunque la CBP afirma no almacenarlo directamente.
¿El fin de la presunción de inocencia?
Los riesgos de esta práctica son múltiples. El ADN no es solo un dato de identificación, sino un mapa genético con información sensible sobre enfermedades, ascendencia, rasgos hereditarios y vínculos familiares. Además, a diferencia de las huellas digitales, el perfil genético puede utilizarse en futuras investigaciones criminales, no relacionadas con el motivo original de la recolección. Esto transforma a los migrantes, incluidos niños, en sospechosos latentes para el resto de sus vidas.
- Los autores argumentan que la práctica alimenta el miedo, refuerza narrativas estigmatizantes sobre los migrantes y erosiona la distinción entre procesos administrativos de inmigración y procedimientos penales.
- De hecho, organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch denunciaron que este tipo de medidas convierte a la migración en un acto criminalizado por default. Aunque cruzar la frontera sin documentación es una falta civil en la mayoría de los casos, la inclusión del ADN de migrantes en bases criminales sugiere una culpabilidad implícita, sin juicio ni sentencia.
Sin consentimiento ni transparencia
Otro de los puntos más críticos es el consentimiento. Aunque el DHS afirma que las personas pueden negarse a proporcionar muestras de ADN, en la práctica, los migrantes detenidos —muchos de los cuales no hablan inglés, no comprenden sus derechos legales y no cuentan con representación legal— se enfrentan a un entorno coercitivo. “Decir que hay consentimiento informado en una celda de detención es una ficción”, denuncian los autores del informe.
- La recolección de ADN de menores es especialmente alarmante. Activistas advierten que, una vez almacenado en bases criminales, el ADN de un niño puede ser utilizado en el futuro para investigaciones sin su conocimiento o aprobación, incluso años después de haber regularizado su situación migratoria.
Sistema de vigilancia selectiva
Aunque el programa es federal, su aplicación tiene un sesgo racial y geográfico evidente. La gran mayoría de las personas cuyos perfiles genéticos han sido recolectados son migrantes latinoamericanos detenidos en la frontera sur de EU. Esto plantea preguntas profundas sobre discriminación institucional, vigilancia selectiva y desigualdad estructural.
“El costo no solo es la privacidad, sino el derecho a vivir sin miedo constante a ser etiquetado como sospechoso por existir”, concluye Tse. La vigilancia genética —alerta el informe— está dejando de ser una herramienta de justicia penal para convertirse en un pilar del sistema migratorio estadounidense, en un momento en que la política de control fronterizo está fuertemente influída por agendas ideológicas y electorales.
Ausencia de regulación
Pese a la gravedad del asunto, el Congreso de EU no ha legislado de manera específica la recolección y almacenamiento de ADN por parte de la CBP. No existen leyes que prohíban expresamente la inclusión de menores migrantes en CODIS, ni límites claros sobre el tiempo de almacenamiento o el uso futuro de estos datos.
- Mientras tanto, la expansión de tecnologías como el análisis rápido de ADN —ya en uso en puntos de entrada fronterizos— permite que la recolección, procesamiento y carga de datos se realice en cuestión de horas, sin que existan mecanismos sólidos de supervisión, revisión judicial o notificación a los afectados.
- Expertos en derechos humanos se preguntan si un niño que huye de la violencia debe ser tratado como si fuera un criminal. En ausencia de límites políticos, barreras éticas y control judicial, la respuesta de la administración estadounidense/republicana ha sido afirmativa. Y lo está documentando, muestra por muestra, en la base de datos criminal más poderosa del país./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
