Fausto B. Morales/Reportero
Empresarios de distintos rubros denunciaron que Giovanni Guerrero Durán, Director de Servicios Generales en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), favoreció a 16 empresas dedicadas al ramo de la seguridad privada y limpieza de inmuebles con el otorgamiento de licitaciones que realizó el gobierno federal en fechas pasadas.
En un comunicado, los denunciantes señalaron que dichos consorcios fueron los únicos invitados al concurso toda vez que sus dueños aceptaron dar “el moche” –equivalente al 20 por ciento de las ganancias- a dicho funcionario una vez que comenzaran a operar y cobrar sus respectivos servicios.
Entre los consorcios que se prestaron a los actos de corrupción de Giovanni Guerrero Durán, se encuentran Safe Enviroments, SA de CV, Sistemas Prácticos En Seguridad Privada SA de CV; SSS Asistencia y Supervisión SA de CV, propiedad del empresario Octavio Bonilla.
También están las empresas Aches Limpieza SA de CV; Aquaseo SA de CV; Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales SA de CV; BL Diseño y Mantenimiento Empresarial SA de CV; Limplex SA de CV; Seguridad Privada Empresarial, SA de CV; Limpieza y Fumigación Corporativa de SIN SA de CV; Mac Tabasco SA De CV; María Huerta Pérez Multilimp y Asociados SA de CV; Semalyn SA de CV; Servicios y Suministros Gavica SA de CV; Tecnolimpieza Ecotec SA de CV y Sprom Servicios Integrales SA de CV
Los inconformes señalaron que dichos consorcios no cuentan ni con el número de trabajadores necesarios ni con la infraestructura adecuada para ofrecer sus servicios a cualquier tipo de cliente, por lo que sin el menor recato, recurren a “las mordidas” para garantizar la entrada de ingresos y su misma subsistencia.
Especificaron que Giovanni Guerrero Durán no actúa solo, sino que lo hace en complicidad con una camarilla conformada por Juan Carlos Zamora García, secretario ejecutivo de Administración; Rogelio Ruiz Rasgado, quien funge como “su brazo derecho”; Raúl Antonio Peniche Canto, Coordinador de Control Operativo de Administraciones de Edificios, quien firma documentos que están fuera de su competencia y Jorge Arturo Martínez Lembrino, Coordinador de Administración Regional.
Consideraron que se corre el riesgo inminente de que esos cinco servidores públicos obstaculicen las investigaciones en su contra que desde el viernes 26 de diciembre se realizan por órdenes directas de Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, mismas que quedaron asentadas en la carpeta CAJ/DGI/INV/270/2025.
Los inversionistas hicieron un llamado a Vargas Solano, para que los procedimientos de adjudicación en distintos ramos como limpieza, seguridad, comedores, fumigación y tecnología entre muchos más, se realicen nuevamente desde cero y sin vicios de por medio.
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