ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, reclama medidas urgentes para proteger a millones de personas refugiadas y desplazadas por la fuerza cada vez más expuestas a los devastadores efectos del cambio climático.
- Ante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya (Turquía), la organización advierte de que la financiación climática no está llegando a muchas de las comunidades más expuestas a sus efectos.
Según el último informe de ACNUR, cerca de 90 millones de personas desplazadas por la fuerza —tres de cada cuatro en todo el mundo— viven en países con una exposición elevada o extrema a fenómenos relacionados con el clima, como sequías graves, inundaciones mortales y episodios de calor extremo. Muchas de ellas ya habían huido de conflictos, violencia y persecución y se enfrentan ahora a una nueva crisis en lugares donde los recursos y las posibilidades de adaptación son muy limitados.
- El informe da voz a ocho representantes de comunidades desplazadas que se encuentran en primera línea de la crisis climática y ofrece una perspectiva humana sobre cómo el cambio climático agrava los desplazamientos. Sus testimonios ponen de relieve la capacidad de resistencia de estas comunidades desplazadas, las soluciones que están impulsando y la importancia de incorporar sus voces a las decisiones climáticas que determinarán su futuro.
“Las personas refugiadas sufren una doble injusticia. Se han visto obligadas a huir de conflictos que no han provocado y ahora están en primera línea de una crisis climática a la que apenas han contribuido”, afirma Antón Leis García, Alto Comisionado Adjunto de ACNUR para Operaciones.
“Para millones de personas, el cambio climático no es una amenaza lejana. Está destruyendo sus refugios, socavando sus medios de vida y poniendo en peligro sus esperanzas de reconstruir sus vidas. No podemos permitir que quienes ya lo han perdido casi todo queden al margen de la acción climática mundial”.
El cambio climático amenaza también, cada vez más, las posibilidades de encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas. Más de dos de cada tres personas refugiadas que regresaron a sus hogares durante el primer semestre de 2026 lo hicieron a países muy vulnerables a los riesgos climáticos, lo que pone en cuestión la sostenibilidad de esos retornos.
- En Siria, donde cerca de cuatro millones de personas desplazadas han regresado recientemente, el descenso de las reservas de agua subterránea y los graves fenómenos climáticos adversos amenazan la recuperación. Las inundaciones registradas en mayo de 2026 a lo largo del río Éufrates dañaron viviendas y obligaron a miles de personas a desplazarse de nuevo.
El calor extremo constituye otra amenaza creciente. De aquí a 2050, uno de cada tres asentamientos de refugiados del África subsahariana podría registrar al menos 100 días al año de calor peligroso para la salud. Más de la mitad de los lugares analizados podrían experimentar al menos 50 días adicionales de temperaturas extremas al año.
En algunos asentamientos de Etiopía, entre ellos Helaweyn, el calor peligroso podría prolongarse durante más de 200 días al año, con riesgos cada vez mayores para la salud y los medios de vida de las personas desplazadas y para su capacidad de permanecer en los lugares donde han encontrado protección.
Por otra parte, los desastres relacionados con fenómenos meteorológicos han provocado más de 255 millones de desplazamientos internos en todo el mundo durante la última década, el equivalente a unos 70.000 al día.
- En África Oriental, las previsiones apuntan a que las graves inundaciones asociadas a un episodio muy intenso de El Niño podrían provocar el desplazamiento de hasta tres millones de personas en Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Uganda antes de finales de 2026, en función de la magnitud de las inundaciones. La región ya sufrió inundaciones devastadoras en 2023, que obligaron a desplazarse a más de dos millones de personas, incluidas familias que tuvieron que huir en varias ocasiones.
El cambio climático aumenta también el riesgo de apatridia. Cerca del 90% de los 4,7 millones de personas apátridas registradas en el mundo viven en países con una exposición alta o extrema a amenazas climáticas. Al carecer de reconocimiento jurídico, muchas de ellas tienen dificultades para acceder a la ayuda en caso de desastre y a los recursos necesarios para adaptarse, lo que las sitúa en una posición de especial vulnerabilidad.
Pese a estos riesgos, la financiación climática sigue sin llegar de manera suficiente a quienes más la necesitan. Los países frágiles y afectados por conflictos reciben apenas el 10% de la financiación climática mundial, pese a que muchos acogen a importantes poblaciones refugiadas y desplazadas y están gravemente expuestos a los efectos del cambio climático. También resulta fundamental aumentar la inversión en adaptación, especialmente en las zonas de retorno, para facilitar la reintegración y crear las condiciones necesarias para que los regresos sean seguros, voluntarios y sostenibles.
“La adaptación al cambio climático en contextos de fragilidad y desplazamiento es una cuestión de supervivencia”, señala Antón Leis García.
“Necesitamos que la financiación climática llegue a las comunidades con mayores necesidades. Invertir hoy en resiliencia, medios de vida y soluciones sostenibles puede ayudar a evitar nuevos desplazamientos mañana. Las personas refugiadas y las comunidades que las acogen deben estar incluidas en estas inversiones desde el principio, no ser una consideración de última hora”.
Las personas refugiadas y las comunidades de acogida ya están impulsando respuestas innovadoras frente a los desafíos climáticos. Entre ellas figuran sistemas de abastecimiento de agua alimentados con energía solar en el Sahel, proyectos de agricultura adaptada al cambio climático en Uganda y actuaciones de restauración de tierras y manglares en Colombia. ACNUR trabaja con gobiernos, socios para el desarrollo y el sector privado para respaldar y ampliar estas iniciativas, ayudar a las comunidades a adaptarse y reforzar su autonomía.
En la COP31, ACNUR pedirá a los gobiernos y a las instituciones de financiación climática que incluyan a las personas refugiadas y desplazadas en los planes climáticos nacionales y en los mecanismos de financiación; que aumenten la inversión a largo plazo en adaptación en contextos de fragilidad y en zonas afectadas por los desplazamientos, y que dejen atrás las respuestas basadas exclusivamente en la ayuda humanitaria a corto plazo para apostar por soluciones más sostenibles y lideradas desde el ámbito local.
La celebración de la COP31 en Turquía, uno de los países que más población refugiada acoge en el mundo, supone una oportunidad importante para situar el desplazamiento y las necesidades de las comunidades de acogida en el centro de la acción climática mundial.
“Las personas refugiadas están en primera línea de la crisis climática, pero también forman parte de la solución”, afirma Antón Leis García. “La COP31 debe marcar un punto de inflexión, reconocer su capacidad de liderazgo y traducir los compromisos ambiciosos en inversiones concretas que lleguen a quienes corren mayores riesgos. Las decisiones que se adopten en esta conferencia deben traducirse en una protección duradera, una mayor resiliencia y un futuro más seguro para millones de personas obligadas a huir”.
Los desplazamientos podrían ascender a 220 millones en 2050
Las vidas de millones de personas en todo el mundo se están viendo afectadas por el cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos las están obligando a exiliarse de sus países y la ley no les otorga estatus específico alguno.
Esta es una de las causas por la que en territorios afectados por la crisis climática ya están surgiendo soluciones en el ámbito local para intentar llenar el vacío legal que les deja desprotegidos.
Lokkhi Mondol tiene 42 años y vive con su familia en la localidad costera de Chila Mongla, en Bangladés. Desde que se casó vive al lado del río. “Ya hemos perdido tres casas; nadie imagina lo duro que es ver tu casa destruida”, dice desesperada.
Los ciclones, cada vez con mayor frecuencia, se lo llevan todo por delante. Ella no quiere dejar su país, pero otros, en sus mismas condiciones, se ven obligados a hacerlo. “Veo a mucha gente que viene de distritos afectados por desastres naturales”, relata un ciudadano de Daca, la capital de Bangladés, a la que llegan cada día unos 2.000 refugiados climáticos.
Más de 30 millones de personas huyen de sus pueblos, regiones o países debido a la crisis climática, pero, según el último informe del Banco Mundial, en 2050, podrían ascender a 220 millones.
En la actualidad, hay más personas obligadas a desplazarse por la subida del nivel del mar, por los ciclones o por las sequías que por los conflictos armados.
“Según las previsiones sobre el cambio climático, si se hace realidad el peor de los escenarios, un tercio del país quedará sumergido bajo el agua”, advierte la asesora medioambiental del gobierno bangladesí, Syeda Rizwana.
Bangladés es el segundo país del mundo más afectado por los ciclones, cada vez más violentos. En los últimos diez años, los desastres naturales ya han causado casi 15 millones de desplazamientos internos y un gran número de estas personas tendrán que ser reubicadas.
Sin refugio y sin derechos
Los fenómenos meteorológicos extremos están dejando a la intemperie a estas personas. Pero también lo está haciendo el derecho internacional. Actualmente, carecen de estatus legal específico y no existe una definición clara de “refugiado climático”. Mucho menos, medidas de protección y compensación.
“Cuando una persona o grupo social se mueve forzosamente por el cambio climático, se abre una serie de posibilidades de vulneraciones de derechos humanos”, señala Mauricio Madrigal, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Los Andes de Bogotá.
La comunidad internacional no oculta su temor ante la afluencia masiva de estos desplazados a los países desarrollados. Saskia Bricmont, miembro del Parlamento Europeo y periodista especializada en cambio climático, afirma que “el Norte Global tiene una responsabilidad histórica por lo que hoy viven los pueblos del Sur Global”.
Debemos reflexionar sobre cómo vamos a afrontar este reto a nivel global, porque el problema no va a desaparecer, sino que va a empeorar
Y aboga para que desde la Unión se desarrolle una protección jurídica para los desplazados a fin de que puedan ser definidos como refugiados climáticos.
“Debemos reflexionar sobre cómo vamos a afrontar este reto a nivel global, porque el problema no va a desaparecer, sino que va a empeorar”, advierte Walter Kaelin, exrepresentante del secretario general de Naciones Unidas para los desplazados internos.
Colombia, Bangladés e Islas Fiyi, modelos a seguir
Ante la falta de respuesta global, estos tres países, afectados por el cambio climático y la migración, han puesto en marcha iniciativas locales para hacer frente a la emergencia que les afecta.
En Bangladés, Champa Akhter vive en una de las cuatroaldeas construidas para albergar a los damnificados por las catástrofes climáticas. Se les ofrece la oportunidad de empezar de cero y reconstruir sus vidas sin tener que abandonar su país.
“En esta aldea modelo viven 60 familias, la mayoría vino aquí debido a la erosión”, explica, contenta porque es una tendencia a seguir por el gobierno de su país. Pero estas personas, además de refugio, también precisan de derechos.
Colombia “se toma muy en serio los derechos humanos y la protección de las personas desplazadas”, subraya Andrew Harper, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Por eso, ha desarrollado un sistema único de clínicas jurídicas en todo el país.
- Son centros de asesoramiento, cuya prioridad es la protección de los refugiados climáticos. De hecho, ya se ha promulgado alguna sentencia en la que se incorpora la figura del desplazado por factores ambientales.
- El archipiélago de las Islas Fiyi, en el Pacífico, está sufriendo los efectos del cambio climático con el aumento del nivel del mar y la intensificación de los ciclones. Barney Dunn es el jefe de la aldea Togoru. El cementerio donde reposan sus antepasados está hoy sumergido en el mar.
“La gente ve ese desplazamiento como una desconexión de la Tierra y su identidad”, explica James Bhagwan, secretario general de la Conferencia de Iglesias del Pacifico, la organización que representa los intereses del 70% de la población de esta zona.
La solución por la que han optado es por la del “derecho a quedarse”. En 2023, los líderes del Foro de las Islas del Pacífico respaldaron el llamado Marco Regional del Pacífico sobre Movilidad Climática.
Establece un compromiso de solidaridad que proporciona el reconocimiento oficial de un vínculo único con un territorio o el acceso a la propia protección que ya existe. Esto supone que muchas personas podrían evitar un desplazamiento que se vive como un exilio./PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://www.unhcr.org/media/no-escape-iii-displaced-voices-frontlines-climate-crisis
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