La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene un trabajo directo con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y subrayó que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por su relevancia, continuará bajo un tratamiento especial dentro de la estrategia nacional.
El Gobierno reconoce que actualmente hay 132 mil personas desaparecidas en el país, una cifra que equivaldría a borrar del mapa a ciudades como Zacatecas o Guaymas (Sonora) o, si se compara con estadios, el número de personas desaparecidas en México equivale a llenar el Estadio Azteca y todavía sumar más de medio estadio adicional. La presidenta apuntó que en lo que lleva de sexenio se han detenido 285 personas por delitos vinculados a las desapariciones.
Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, reconoció la gravedad del fenómeno al señalar que “hablar de personas desaparecidas en nuestro país es doloroso”, al tiempo que delineó la evolución institucional que ha marcado este tema en México.
- El funcionario explicó que la atención a la crisis de desapariciones ha transitado por distintas etapas, impulsadas en gran medida por la presión y organización de los colectivos de familiares, quienes —dijo— han obligado al Estado a construir un andamiaje legal y operativo sin precedentes.
- Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances en la implementación de las reformas en materia de desaparición de personas aprobadas en julio de 2025, destacando nuevos mecanismos de alerta, mayor coordinación institucional y fortalecimiento en tareas de búsqueda.
- Durante la conferencia, la funcionaria explicó que uno de los principales cambios es la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, la cual permite difundir de forma masiva los datos de una persona desaparecida a autoridades federales, estatales y municipales, así como a actores privados estratégicos.
Actualmente, este sistema cuenta con la participación de 512 instituciones, entre ellas fiscalías, cuerpos de seguridad, aeropuertos, terminales de autobuses, hoteles y empresas telefónicas.
Rodríguez subrayó que, tras la reforma, toda denuncia por desaparición debe derivar en la apertura de una carpeta de investigación, lo que busca evitar omisiones y combatir la impunidad.
Además, las fiscalías especializadas han incorporado nuevas áreas, como unidades de análisis de contexto, delitos cibernéticos y atención a víctimas, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante estos casos.
Un marco legal construido desde la exigencia social
De acuerdo con Medina, los primeros pasos para formalizar la respuesta institucional se dieron en 2012 con la creación del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Sin embargo, el cambio estructural llegó en 2017 con la promulgación de la Ley General en materia de desaparición.
Esta legislación permitió la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y del Sistema Nacional de Búsqueda, además de obligar a las entidades federativas a contar con fiscalías y comisiones especializadas.
Uno de los avances más relevantes fue la tipificación de la desaparición cometida por particulares, reconociendo que este delito no solo es atribuible a agentes del Estado, sino también a grupos delictivos.
De registros abiertos a estrategias coordinadas
En una etapa posterior, se implementó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas bajo un modelo de plataforma abierta. Si bien este sistema permitía la incorporación de información desde cualquier punto del país o incluso del extranjero, carecía de lineamientos claros, lo que afectaba la calidad de los datos.
Ante estas limitaciones, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, orientada a coordinar esfuerzos con los estados y a depurar la información mediante cruces de datos oficiales.
Nueva etapa: ciencia, coordinación y cercanía con las víctimas
Con la llegada de Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal plantea una nueva fase en la política de búsqueda, centrada en el uso de metodologías científicas, el fortalecimiento institucional y la colaboración directa con las familias.
Entre los principales ejes destacan:
- Revisión integral del Registro Nacional mediante análisis de datos más precisos
- Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda
- Coordinación estrecha con colectivos de familiares
- Continuidad y perfeccionamiento de la búsqueda generalizada en todo el país
Esta estrategia involucra a distintas dependencias, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, la CNB y la Agencia de Transformación Digital, con el objetivo de garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
Una crisis persistente
Durante la misma presentación, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, dio a conocer un panorama actualizado que refleja la magnitud del problema que afecta en un 78% a hombres y 22% a mujeres.
Entre 1952 y 2026 se han registrado en México 394,645 personas desaparecidas o no localizadas. De ese total:
- 132,534 personas (34%) continúan desaparecidas
- 262,111 (66%) han sido localizadas
De quienes fueron encontrados:
- 240,211 (92%) estaban con vida
- 21,900 (8%) fueron hallados sin vida
El informe también señala que el 96% de los registros no están vinculados directamente a un delito, mientras que el 4% sí presenta indicios delictivos.
En los casos más recientes (2006–2026), se identifican desafíos importantes:
- 36% de los registros tienen datos insuficientes
- 33% no han tenido actividad reciente en su búsqueda
- 31% presentan movimientos posteriores a la desaparición
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ofrece una visión cuantitativa de la crisis de desapariciones en el país. Con corte a marzo de 2026, el sistema contabiliza un acumulado histórico de 394,645 registros. De este gran total, la dinámica de localización muestra que el 66% (262,111 personas) ya han sido localizadas, mientras que el 34% (132,534 personas) permanecen en estatus de desaparecidas.
El perfil de la localización
Los datos de localización revelan patrones fundamentales sobre la naturaleza de estas ausencias:
- Alta tasa de supervivencia: De cada 100 personas encontradas, 92 son localizadas con vida (240,211 personas), mientras que el 8% (21,900) fueron halladas sin vida.
- Baja incidencia delictiva en hallazgos: En el 96% de los casos de éxito en la localización, el evento no estuvo asociado a la comisión de un delito, lo que subraya la importancia de diferenciar entre desapariciones forzadas y ausencias por otras causas. Solo el 4% de las localizaciones se vinculan directamente con un hecho delictivo.
- Efectividad mensual: En promedio, de cada 100 reportes recibidos en un mes, 66 personas son localizadas mediante los protocolos de búsqueda inmediata.
Desglose de los Registros de Desaparición (2006-2026)
Marcela Figueroa enfocó el análisis en las 132,534 personas que permanecen desaparecidas; el registro distingue dos periodos: una “larga data” (1952-2005) con 2,356 casos, y el periodo contemporáneo (2006 a la fecha) que concentra la inmensa mayoría con 130,178 registros.
Para mejorar la eficiencia de la búsqueda, la autoridad categorizó estos registros recientes en tres grupos críticos:
- Datos insuficientes (36% – 46,742 casos): Registros que carecen de información mínima para establecer líneas de investigación sólidas.
- Con indicios de localización (31% – 40,308 casos): Personas que presentan actividades o registros administrativos (como trámites ante instituciones) posteriores a su fecha de reporte. Estos casos están actualmente en proceso de confirmación y formalización de localización por parte de las autoridades.
- Sin actividad a la fecha (33% – 43,128 casos): Este es el núcleo de mayor preocupación, ya que son registros que no presentan ningún trámite o actividad reciente.
El origen de los registros “Sin Actividad”
Un análisis profundo de los 43,128 registros sin actividad revela dónde se originaron las denuncias y el estado de su seguimiento legal:
- Fiscalías: Son la fuente principal con 26,611 reportes, a los que se suman 3,869 casos que ya cuentan formalmente con una carpeta de investigación.
- Comisiones: Las Comisiones Estatales de Búsqueda aportan 9,519 registros, mientras que la Comisión Nacional suma 1,335.
- Portal Público: Existen 1,794 reportes realizados directamente por ciudadanos a través de plataformas digitales.
Conclusión del análisis
La estadística actual sugiere que, si bien el volumen total de registros es masivo, una parte considerable (casi un tercio de los desaparecidos actuales) presenta indicios de actividad que podrían derivar en localizaciones formales próximamente. Sin embargo, el reto persiste en los más de 43 mil casos sin actividad reciente y en la necesidad de sanear el 36% de la base de datos que presenta información insuficiente, una tarea que la nueva administración ha definido como prioritaria mediante el uso de metodologías científicas y cruce de datos.
El peso de la historia reciente
Aunque existen registros desde 1952, el informe confirma que la crisis se ha intensificado en las últimas décadas. Entre 1952 y 2005 se contabilizan 2,356 casos, una cifra significativamente menor frente al crecimiento registrado a partir de 2006.
En este contexto, el Gobierno federal reconoce que el desafío no solo es institucional, sino también humano: atender a miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos.
El mensaje de la actual administración es claro: avanzar hacia una estrategia más rigurosa, más coordinada y más cercana a las víctimas, sin dejar de lado los casos emblemáticos como Ayotzinapa, que continúan siendo una prioridad nacional./Agencias-PUNTOporPUNTO
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