Editorial PUNTOporPUNTO
La soberanía nacional no es un recurso discursivo ni una consigna de coyuntura. Es un principio jurídico-político que define la esencia misma del Estado: el poder supremo reside en la nación y se ejerce a través de instituciones capaces de garantizar orden, legalidad y seguridad.
En términos operativos, soberanía significa control efectivo del territorio, monopolio legítimo de la fuerza y capacidad real de hacer cumplir la ley sin distingos ni excepciones.
Hoy, ese PRINCIPIO está EROSIONADO.
Resulta contradictorio que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum insista en la defensa de la soberanía mientras vastas regiones del país permanecen bajo control fáctico de organizaciones criminales que han sustituido al Estado: imponen normas, cobran tributos, regulan mercados y determinan la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Soberanía ENTRE LA DOCTRINA Y LA REALIDAD FRACTURADA
Los atributos clásicos de la soberanía evidencian la magnitud del problema:
Inalienable.
No puede transferirse. Sin embargo, en México se ha cedido de facto a estructuras criminales que ejercen funciones de gobierno ante la omisión estatal.
Indivisible.
El poder soberano es único. En la práctica, se ha fragmentado en enclaves donde operan poderes paralelos con capacidad de decisión propia.
Imprescriptible.
No se extingue con el tiempo. Pero la persistencia del crimen organizado está minando su vigencia material generación tras generación.
Absoluta.
No admite un poder superior en el territorio. Esta premisa se derrumba cuando grupos criminales desafían al Estado sin consecuencias proporcionales.
Narrativa OFICIAL VS. CONTROL TERRITORIAL
El discurso de defensa nacional pierde sustento cuando el Estado no garantiza condiciones mínimas de seguridad. No hay soberanía donde prevalece el miedo.
La narrativa gubernamental también colisiona con la presión internacional. Durante la administración de Donald Trump se planteó la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas, equiparándolos con Al-Qaeda o Estado Islámico. Más allá de la carga política, el señalamiento subraya la dimensión del fenómeno.
Captura del ESTADO y NORMALIZACIÓN DE LA ILEGALIDAD
El problema central no es sólo la violencia, sino la infiltración institucional. La captura de espacios públicos —alcaldías, fiscalías, cuerpos policiales— ha derivado en un esquema híbrido donde lo legal y lo criminal coexisten y, en ocasiones, se articulan.
El ciudadano queda atrapado entre dos fuegos:
* la coerción del crimen organizado, y
* la vulnerabilidad frente a instituciones debilitadas o cooptadas.
Costos SISTÉMICOS
Las consecuencias no son abstractas:
* Deterioro de la seguridad jurídica
* Contracción de la inversión
* Desigualdad territorial creciente
* Expansión de economías ilícitas
A ello se suman indicadores críticos en desapariciones y violencia, documentados por organismos como la Organización de las Naciones Unidas, lo que profundiza la percepción de fragilidad institucional.
Soberanía trasnochada como FICCIÓN
El principal riesgo no proviene del exterior, sino del vaciamiento interno del Estado.
Cuando la autoridad legítima no puede imponerse sobre poderes fácticos (los Cárteles TERRORISTAS y sus socios NarcoPOLITICOS), la soberanía deja de ser una realidad operativa y se convierte en un simple remedo que a diario sirve a la Presidente en turno usarlo como pañuelo desechable, que lo usa y desecha a su antojo, como limpiándose la nariz.
Cifras que DESMIENTEN el DISCURSO OFICIALISTA
Las consecuencias no son retóricas, son medibles:
México enfrenta una presión creciente en sus finanzas públicas, con una deuda que ya supera los 2 billones de pesos y que ha mostrado un crecimiento acelerado en los últimos años, comprometiendo márgenes fiscales y estabilidad futura.
En paralelo, la crisis humanitaria es inocultable: más de 100 mil personas desaparecidas registradas oficialmente y miles más sin conocerse su paradero, una cifra que organismos internacionales como la ONU ha señalado como alarmante y estructural inadmisible.
A esto se suma un fenómeno silencioso pero devastador: la erosión de la confianza. La falta de seguridad jurídica y el control territorial del crimen organizado, sumado a los NarcoPOLITICOS que frenan las inversiones, reconfigurado cadenas productivas y expulsado capital nacional y extranjero.
El resultado es claro: más desempleo, mayor desigualdad regional y economías locales capturadas por la ilegalidad narco- criminal.
Y mientras tanto, la pregunta persiste —especialmente en entidades emblemáticas como Tabasco, Veracruz, Campeche, Guerrero, Sonora, Estado de México y Ciudad de México, todas gobernadas por MORENA—: ¿dónde quedó la promesa de bienestar cuando la realidad está marcada por inseguridad, deuda creciente y ausencia de Estado Mexicano?
Señora Presidente, la soberanía no se proclama: se desempeña, practica, trabaja, actúa y profesa mientras el poder público no desplace al poder criminal, la soberanía seguirá siendo un concepto invocado… pero no ejercido, una muletilla más discursiva de sus mañaneras ramplonas.
Y esa brecha entre discurso y realidad es, en sí misma, la forma más peligrosa de pérdida de la República. Están jugando con fuego y van a despertar al México bronco!!!
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