Viola EE.UU los DERECHOS HUMANOS con DEPORTACIÓN de migrantes a Terceros Países

Víctimas de violaciones a sus derechos humanos durante todo su proceso, entre el 29 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026 el Gobierno de Estados Unidos deportó a México a 12 mil 977 personas migrantes de terceros países, a través de Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales y Matamoros.

• Según el informe de la organización estadounidense Human Rights Watch, los extranjeros son enviados desde la frontera norte hasta la frontera sur de México en autobuses, escoltados por la Guardia Nacional, en un viaje que dura entre dos y tres días, sin que se puedan bajar de los camiones y con una cantidad mínima de comida, que les provoca un mayor desgaste físico y emocional.

“La política de deportar a personas nacionales de terceros países a México sin previo aviso o sin darles la oportunidad de formular alegaciones basadas en el temor a sufrir daños no cumple con la garantía del debido proceso de derecho internacional de los derechos humanos que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”.

• Las violaciones al debido proceso comienzan muchas veces desde la detención y se agudizan en los centros de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, ya que según la documentación de Human Rights Watch al menos 15 entrevistados de origen cubano describieron episodios de violencia verbal y física, incluyendo golpizas y períodos prolongados de aislamiento en diferentes centros de detención, incluido el Camp East Montana en El Paso.

“Estuve 15 días detenido en ‘el hoyo’, una celda de castigo, (donde) no ves la luz del sol. Quince días sin salir, sin llamadas… te pasan comida por una ranura en la puerta. Estaba solo, aislado. Te vuelven loco, no te dicen cuánto tiempo vas a estar ahí (en aislamiento)”, relató Alejo, de 50 años, después de haber estado detenido en El Paso.

• Las personas de nacionalidad cubana constituyen el grupo más numeroso entre los nacionales de terceros países deportados a México, con 4 mil 353 deportaciones registradas entre enero de 2025 y marzo de 2026, según el informe “Nos abandonan aquí a morir.

Deportaciones desde Estados Unidos a México

Cubanos y otros nacionales de «terceros países”, documenta de Human Rights Watch. Uno de ellos fue Gonzalo, un hombre de 38 años quien pasó aproximadamente dos meses en detención migratoria en El Paso, y quien describió un incidente violento que ocurrió durante una protesta de los detenidos por las condiciones dentro del lugar.

Dijo a los activistas que, durante el incidente, vio a los guardias inmovilizando violentamente a un detenido con quien compartía celda. “Le pusieron un pie en el cuello”, recordó Gonzalo. El detenido murió más tarde a causa de sus lesiones.

• De acuerdo con la organización, el relato de Gonzalo coincide con reportes de la muerte del cubano Geraldo Lunas Campos, bajo custodia de ICE en el centro de detención de El Paso a principios de enero de 2026. Según la autopsia, el isleño murió a causa de “asfixia debido a compresión del cuello y torso” durante una inmovilización realizada por guardias.

Sin posibilidad de impugnar

• El Gobierno de Estados Unidos designa a México como país de deportación para personas nacionales de terceros países al margen de cualquier procedimiento migratorio, y a menudo, como en el caso de muchos nacionales cubanos, décadas después de la conclusión de cualquier proceso de deportación oficial, según lo documentado.

“Tal como funciona el acuerdo actual entre Estados Unidos y México, las personas afectadas nunca tienen la posibilidad de impugnar su deportación a México, ni de expresar su temor a sufrir daños o persecución, ni a una posible devolución en cadena.

• Estas prácticas eluden, por lo tanto, las garantías procesales exigidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que consagra el derecho a un juicio justo, incluido el respeto del debido proceso, garantías que también se aplican en el contexto de procedimientos de deportación”, denuncia.

El informe también da cuenta de cómo el Gobierno de Estados Unidos ha vulnerado el derecho al debido proceso al no llevar a cabo evaluaciones individualizadas de estas personas previas a su deportación.

Durante su proceso son trasladadas de una ciudad a otra con cadenas en pies y manos. Al momento del traspaso de estas personas a las autoridades mexicanas, los agentes de ICE quitan las esposas a los detenidos.

“Varios entrevistados describieron un proceso de recepción en la frontera norte (de México) o cerca de ella. Jean, un hombre haitiano que había entrado recientemente a Estados Unidos para solicitar refugio, dijo que los funcionarios de migración mexicanos parecían contar con una lista de las personas que esperaban recibir, Jean dijo que le tomaron las huellas dactilares en una estación de migración en la frontera norte antes de subirlo a un bus con destino al sur”, agrega sobre el proceso que continúa violentando sus derechos.

• Otros, añade, señalaron que fueron trasladados directamente a autobuses mexicanos sin ser procesados en la frontera. Por ejemplo, Andrés, deportado a Tapachula después de casi 20 años viviendo en Estados Unidos, mencionó que en ningún momento durante el proceso de deportación los funcionarios mexicanos verificaron su identidad.

El migrante cubano relató a los activistas

“No sabes lo que es venir hasta aquí (Tapachula) en bus desde Estados Unidos. Es inhumano, ni siquiera sabía cómo sentarme para que (mi cuerpo) no me doliera. Mis pies, mis tobillos, estaban así (gesticula para indicar que estaban hinchados). A pan y agua”, aseguró. La mayoría de los deportados a México están sin documentación, dinero u otras pertenencias personales.

• Y, al llegar al sur de México, para alejarlas de Estados Unidos, la falta casi total de apoyo gubernamental deja a muchos sin acceso a refugio y alimentación, y expone a las personas deportadas a altos niveles de violencia, subraya el informe, ya que algunos migrantes describieron no poder acceder a atención médica ni medicamentos esenciales, incluidas personas mayores con enfermedades crónicas.
• “Human Rights Watch identificó cuatro rutas principales de deportación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México: en Arizona, a través de la frontera de Nogales-Nogales; en Texas, a través de El Paso-Juárez y Port Isabel-Matamoros; y en California, a través de San Ysidro-Tijuana”; sin embargo, también documentó el caso de un cubano que estuvo en Janos, Chihuahua.

Los documentos emitidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) del hombre cubano de 61 años le indicaban que debía abandonar México “en un plazo no mayor de 15 días, por sus propios medios, a través de la frontera sur más cercana”; pero igualmente fue trasladado al sur del país.

Trump asecha a países de África para que acepten a migrantes deportados

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplica la estrategia del ‘palo y la zanahoria’ para expulsar a los migrantes africanos de su país. Esto consiste en primero, amenazar con aranceles o la suspensión de visados, y después, ofrece incentivos económicos.
• Fue así como Pheap Rom, de 43 años, terminó en una prisión de alta seguridad en Esuatini, la última monarquía absoluta de África, dirigida con mano dura por el rey Mswati III. «No entendía por qué me expulsaban a África, si yo soy camboyano», declaró a la AFP.

​África, el continente orillado por Trump para recibir inmigrantes

Algunos fueron expulsados a la República Democrática del Congo (RDC) o a Uganda y otros más desaparecieron de los radares tras ser enviados a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra.

• Estados Unidos recurre a las suspensiones de visados para obligar a países africanos a aceptar a nacionales de terceros en el marco de la ofensiva antimigración del presidente Trump, afirmaron a la AFP dos exresponsables del Departamento de Estado.

Dos tercios de los 39 países del mundo afectados por las suspensiones de visados estadunidenses se encuentran en África.

• Y según el recuento de organizaciones y un informe de senadores del Partido Demócrata estadunidense, casi la mitad de las naciones que han suscrito acuerdos para recibir personas expulsadas de Estados Unidos son africanos.

«A estos países se les presiona a golpe de amenazas sobre aranceles, suspensiones de visados o disminución de la ayuda», señalan los senadores en su reporte.

• Estos migrantes caen «en un agujero negro jurídico», retenidos sin ser inculpados, en un lugar desconocido, a veces privados de derechos, reenviados a otro país o de vuelta a su hogar, aunque esto ponga en riesgo sus vidas, denunciaron abogados.

«La implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad absoluta», respondió el Departamento de Estado.

Apenas regresó al Despacho Oval a principios del año pasado, Trump procedió a la expulsión masiva de migrantes hacia América Latina.

El caso más emblemático fue el envío a El Salvador de más de 250 venezolanos acusados, sin pruebas ni juicio, de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua y detenidos durante meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

• África constituye, de alguna manera, un segundo capítulo. Según los exresponsables del Departamento de Estado, estas políticas de expulsión a terceros países fueron elaboradas por Stephen Miller, asesor del mandatario republicano y partidario de una línea migratoria dura.
• Para lograr sus objetivos, Washington empleó la táctica del palo y la zanahoria, con millones de dólares de ayuda desembolsados en el marco de acuerdos secretos. Esuatini se comprometió así a recibir a 160 expulsados a cambio de 5.1 millones de dólares, según los senadores estadounidenses.

Ruanda habría aceptado recibir a hasta 250 personas a cambio de 7.5 millones de dólares de ayuda estadunidense, según la organización Human Rights Watch. «Es como una trata moderna de seres humanos, por vías oficiales», declaró a la AFP Tin Thanh Nguyen, un abogado radicado en Estados Unidos.

Migrantes con protección son expulsados de Washington

• Desde el inicio del segundo mandato de Trump ha crecido la lista de motivos de expulsión. En junio, la Corte Suprema estadunidense respaldó su decisión de revocar un estatuto que protegía a 350 mil haitianos.
• Numerosos migrantes embarcados en vuelos nocturnos hacia África gozaban de protección jurídica en virtud de la Convención contra la Tortura o de una suspensión de remoción, según los testimonios recogidos por la AFP a lo largo del último año.

Aunque en el pasado hayan podido vivir regularmente en Estados Unidos, la orden de expulsión sigue vigente con este tipo de protección, a diferencia del derecho de asilo.

• Khalid, de 23 años, cruzó la frontera mexicana en 2024 para huir de la tortura en su país de origen, en África oriental, según contó a la AFP, que habló con él en febrero y en mayo.

Cuando el juez le otorgó un estatuto que lo protegía contra la expulsión, le deseó «buena suerte» en su nueva vida en Estados Unidos.

• No obstante, en enero fue embarcado sin sus documentos rumbo a Guinea Ecuatorial, un país criticado por defensores de los derechos humanos, donde ahora está bloqueado en una situación inexplicable.
• Al llegar a Guinea Ecuatorial, el gobierno hispanohablante de África central le informó de que no podía quedarse y a finales de mayo lo volvió a subir a un avión con destino a su país natal, que lo devolvió a Guinea al no poder identificarlo con documentos oficiales.
• De regreso en Guinea Ecuatorial, no puede ni marcharse ni solicitar asilo, un procedimiento que no existe en este país, confirma el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Las autoridades estadunidenses «no saben si estamos vivos, no saben nada», lamenta Khalid.

La abogada Meredyth Yoon, afincada en Estados Unidos, dijo no conocer «a ningún abogado especializado en derecho de extranjería que haya dicho a sus clientes protegidos por la Convención contra la Tortura o por una suspensión de alejamiento: ‘Atención, podrían ser expulsados a un tercer país'».

• Según el gobierno de Trump, si las normas impiden devolver a estos migrantes a su país de origen, nada prohíbe que sean expulsados a otro Estado.

Según la abogada estadunidense Alma David, para los servicios migratorios «es bastante fácil, en términos de logística, expulsar a estas personas a un tercer país». Sus clientes han sido dispersados por Sudán del Sur, Camerún, RDC y Esuatini.

Desaparecido durante semanas

• Algunos llevaban una vida normal desde hacía años, incluso sin estatuto especial, como el cubano Roberto Mosquera, que llegó de niño a Florida.

Mosquera, de 59 años, perdió su tarjeta de residente tras cumplir dos penas de prisión, entre ellas por haber disparado, cuando era adolescente, en la pierna de un hombre durante una pelea entre pandillas.

• Una amiga de Mosquera desde la infancia, que pidió ser identificada como Ada, comentó en octubre que «cuando salió [de prisión], cambió de vida».
• Mosquera «se casó, tuvo cuatro hijas preciosas, habla regularmente contra la violencia de las pandillas y su familia lo adora», dijo Ada.
• Sin embargo, el servicio migratorio lo detuvo durante un control de rutina en Miramar, en el sureste de Estados Unidos, y estuvo desaparecido durante semanas.

El gobierno primero aseguró a su familia que había sido enviado de vuelta a Cuba, país que rara vez acepta el retorno de sus nacionales.

• Un día, Ada lo reconoció en una foto publicada en la red X por Tricia McLaughlin, entonces vocero del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) estadunidense.
• En realidad, Mosquera había sido enviado a Esuatini (antigua Suazilandia) y recluido sin cargos en la prisión de Matsapha, a 30 kilómetros al sur de la capital, Mbabane, donde seguía casi un año más tarde.

Mosquera había perdido pelo y adelgazado mucho, según las últimas noticias que Ada tuvo de él en el último otoño boreal.

Desde hace décadas, la cárcel de Matsapha, donde se pudren los opositores al rey, encarna la política de represión en este pequeño país de África austral.

• A los enviados a Ghana los mantuvieron detenidos en secreto en un campo militar, sin cargos en su contra.

Burkina Faso señala chantaje

• En la RDC y en Camerún, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejerce presión para que estos migrantes llegados desde Estados Unidos firmen un programa de retorno «voluntario» a sus países, según la abogada David.

«Nos acorralan porque nos dicen: ‘Si no aceptan el programa de retorno a sus hogares, se quedarán atrapados en este lío, aquí, en el Congo'», dijo la colombiana Gabriela, de 30 años, cuando la AFP se reunió con ella en abril en un hotel de Kinshasa, cerca del aeropuerto, donde había acabado con compatriotas, ecuatorianos y peruanos.

• «Yo no quería venir al Congo, tengo miedo, no conozco el idioma», confesó entonces. Según testimonios recogidos por la abogada David entre sus clientes en Camerún, la OIM se negó a facilitar tratamiento médico para algunos detenidos.

«La asistencia humanitaria proporcionada a los migrantes» es «estrictamente voluntaria y basada en un consentimiento informado», indicó al respecto la OIM a la AFP.

• Para revertir una decisión de suspender los visados, la administración Trump impuso contrapartidas a los países afectados, explicó un exfuncionario del Departamento de Estado.
• Algunas contrapartidas no eran particularmente controvertidas, como compartir datos sobre delincuentes conocidos, fomentar el respeto de la duración de validez de los visados o aceptar el retorno de sus nacionales objeto de una orden de expulsión.
• Pero, cuando algún país decide no sumarse a la iniciativa, paga un alto precio. Burkina Faso, gobernado por una junta militar hostil a Occidente, se negó a aceptar esas condiciones.

«¿Se trata de una medida de presión? ¿Se trata de un chantaje?», cuestionó en octubre el ministro burkinés de Asuntos Exteriores, Karamoko Jean Marie Traoré, después de que la embajada de Estados Unidos en Uagadugú dejara de repente de tramitar solicitudes de visado.

• «Burkina Faso es una tierra de dignidad (…) no una tierra de deportación», añadió el canciller. Poco después, a sus nacionales se les prohibió la entrada en Estados Unidos.

Cuando Nigeria rechazó las propuestas estadunidenses para recibir venezolanos en 2025, «sabíamos que habría consecuencias», declaró a la AFP un exfuncionario del gobierno de ese país. En efecto, las restricciones de visados no tardaron en llegar.

• Pero muchos países africanos aceptaron las reglas del juego, subrayaron los exfuncionarios del Departamento de Estado.

Poco después de que Ghana acogiera a expulsados de África occidental, Washington levantó sus restricciones de visados y suprimió aranceles del 15 por ciento sobre la exportación de cacao y productos agrícolas.

• Pero, para otros países, participar en esa iniciativa no fue suficiente: Guinea Ecuatorial, por ejemplo, continúa sometida a sanciones pese al acuerdo firmado.

«Un agujero negro jurídico»

número de personas expulsadas y la lista de países que han aceptado recibirlas, así como el contenido preciso de los acuerdos suscritos con Washington, no se han hecho públicos.

Según senadores demócratas estadunidenses, nueve de los 25 Estados que han firmado acuerdos para acoger personas expulsadas de Estados Unidos están en África.

Según el recuento de las organizaciones, el 40 por ciento de los acuerdos confirmados o presuntamente firmados se hicieron con países africanos (14 de 34).

• Sin embargo, el informe del Senado no menciona a Sierra Leona, que recibió a sus primeros expulsados en mayo, ni a la República Centroafricana, que acogió a otros en junio, algunos de ellos de nacionalidad iraní.
• A menudo, los abogados ni siquiera saben dónde están detenidos sus clientes. De los enviados a Sudán del Sur, Nguyen explica que solo sabe que se encuentran en «un lugar secreto» y «custodiados por soldados».
• Pheap Rom, el camboyano enviado a Esuatini en octubre, había cumplido 15 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de intento de homicidio por haber efectuado un disparo durante una pelea vecinal.

Cuando salió de prisión, en lugar de ser expulsado a Camboya, lo enviaron a Esuatini, donde estuvo encerrado durante meses sin ser inculpado. Nguyen sospecha que el DHS ni siquiera intentó devolver a su cliente a su país.

• El DHS primero aseguró que Rom había embarcado rumbo a Tailandia, país donde nació pero del que no tiene la nacionalidad, y luego admitió que se encontraba en Esuatini, en el centro de detención de Matsapha. Esa prisión es un «agujero negro jurídico».
• Allí, las personas expulsadas pueden permanecer retenidas de forma ilimitada, y sin poder acceder a un abogado, pese a una decisión del Tribunal Supremo de Esuatini que les reconoce el derecho a la asistencia. Las impugnaciones judiciales no han hecho retroceder a la administración estadunidense.
• Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño convertido en símbolo de la política de expulsiones de Trump, este año estuvo a punto de ser expulsado a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia, tras ser enviado «por error» el año pasado a El Salvador.

ICE arrestó a Kilmar Ábrego García en Baltimore, para luego amagar con deportarlo, pero  a finales de mayo, un juez estadunidense abandonó las acciones penales en su contra, pero esta decisión no lo protege todavía de una expulsión.

Incluso con tarjeta de residencia

• Tras cumplir dos años de prisión por intento de fraude, Benjamin, nigeriano de unos cuarenta años, titular de una tarjeta de residencia y casado con una estadunidense, imaginaba reunirse con su familia.
• Él pensaba que el procedimiento de expulsión abierto contra él sería anulado cuando saliera de la cárcel, puesto que un juez consideró que la ley lo protegía contra un eventual retorno a su país, donde estuvo metido en política, lo cual implica un riesgo.

Pero, al final, se acabó encontrando en Ghana, atrapado en un campo militar con otros compañeros de desgracia, expuestos a los mosquitos y a las enfermedades.

• La presión de los abogados para obtener su liberación llevó al gobierno ghanés a sacarlos del campo, conducirlos a la frontera y abandonarlos sin papeles en el vecino Togo.
• Una situación «terrible», decía en septiembre a la AFP.
• «He cumplido mi condena (…) asumo mis responsabilidades», señaló. Pero la administración de Trump «violó el fallo judicial».

¿Cómo funcionan las “expulsiones a terceros países” por Estados Unidos?

Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha ampliado considerablemente su política de enviar a las personas a las que quiere expulsar de su territorio a países de los que no proceden y con los que no tienen ninguna relación.

• Aunque esta práctica no es nueva, el gobierno de Trump lo ha estado haciendo de maneras cada vez más discriminatorias que violan derechos fundamentales, así lo aseguró Amnistía Internacional.
• El segundo gobierno de Trump ha alcanzado hasta ahora nuevos acuerdos con más de 30 países para la expulsión de nacionales de terceros países (encontrarán cifras actualizadas en Third Country Deportation Watch).
• El Instituto de Política Migratoria estima que aproximadamente 15.000 personas fueron expulsadas a terceros países únicamente entre enero y diciembre de 2025, 13.000 de ellas a México. Muchas han sido detenidas arbitrariamente en el país de destino.

De acuerdo con a organización, esta política es ilegal, ya que viola las garantías procesales a las que las personas tienen derecho antes de ser expulsadas.

Además, en muchos casos está poniendo a miles de personas en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos en el país al que son enviadas. Especialistas de Amnistía Internacional responden algunas de las preguntas clave para comprender por qué esta política debe ser derogada.

¿Qué son las “expulsiones a terceros países” y cómo funcionan?

Las expulsiones a terceros países envían a personas a las que Estados Unidos quiere fuera de su territorio a países a los que no pertenecen, incluso aunque nunca hayan estado en ellos, no tengan relación con el país y no hablen su idioma.

Algunas de las personas expulsadas son detenidas arbitrariamente en el país de destino, y muchas luchan por tener acceso a asistencia letrada independiente. Todas se encuentran en una situación sumamente precaria y estresante, lejos de sus redes de apoyo habituales.

¿Con qué países ha firmado Estados Unidos acuerdos hasta ahora?

En el momento de redactar estas líneas, al menos 30 países han establecido acuerdos con Estados Unidos. Entre ellos se encuentran 12 Estados africanos que han recibido o han acordado recibir nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos:

• Cabo Verde, Camerún, República Democrática del Congo, Esuatini, Ghana, Guinea Ecuatorial, Liberia, República Centroafricana, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur y Uganda. En las Américas, Estados Unidos ha alcanzado acuerdos similares con al menos 15 países: Antigua y Barbuda, Belice, Costa Rica.
• Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Asimismo, Estados Unidos ha establecido acuerdos similares con países en otras regiones, entre ellos Kosovo, Polonia y Uzbekistán.

¿Son iguales todos los acuerdos?

• Esta es una pregunta difícil. Aunque algunos de los acuerdos firmados por Estados Unidos se han publicado a raíz de peticiones basadas en la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, muchos siguen siendo secretos.

Lo que sí sabemos es que algunos de los acuerdos implican que los países acceden a recibir a personas a las que Estados Unidos quiere fuera de su territorio, hasta que sean repatriadas.

• La mayoría de estos acuerdos han dado lugar a detenciones arbitrarias. Otros implican que los países acceden a recibir a personas que solicitan asilo en Estados Unidos y les permiten pedir protección internacional en ellos (Acuerdo de Tercer País Seguro/Acuerdo de Cooperación de Asilo).

Estos acuerdos a menudo se saldan con la repatriación de hombres y mujeres que habían recibido protección frente a la repatriación en Estados Unidos. Y algunos acuerdos (o algunas prácticas que han tenido lugar) parecen combinar ambos elementos.

¿Reciben dinero los terceros países a cambio de su acuerdo?

Algunos acuerdos mencionan expresamente compensaciones económicas. Por ejemplo, el gobierno de Esuatini accedió a aceptar a hasta 160 personas nacionales de terceros países expulsadas de Estados Unidos a cambio de 5,1 millones de dólares estadounidenses “para construir su frontera y aumentar su capacidad de gestión de la migración”.

• El gobierno de Ruanda accedió a aceptar a hasta 250 personas nacionales de terceros países expulsadas de Estados Unidos a cambio de 7,5 millones de dólares. El acuerdo entre Estados Unidos y Guinea Ecuatorial implica un pago de 7,5 millones de dólares al gobierno ecuatoguineano, según información publicada por los medios de comunicación.

Otros acuerdos no mencionan expresamente compensaciones económicas, sino que forman parte de negociaciones políticas más amplias caracterizadas por un poder asimétrico. Los medios de comunicación han revelado parte del contexto político del acuerdo entre Estados Unidos y Camerún.

¿Se está presionando a países para que firmen acuerdos?

Resulta difícil decirlo con seguridad. Lo que sabemos, no obstante, es que estos acuerdos son una forma asimétrica de asociación en el contexto de las crecientes presiones creadas por la suspensión generalizada, abrupta y caótica de la ayuda exterior estadounidense y por la imposición de aranceles comerciales y restricciones de visado.

• Tras firmar sus respectivos acuerdos de expulsiones a terceros países, Liberia, Ruanda y Uganda consiguieron atraer inversiones estadounidenses a su sector sanitario en virtud de la estrategia sanitaria mundial de “Estados Unidos Primero”. Estados Unidos y República Democrática del Congo firmaron un acuerdo similar de cooperación sanitaria.

Como parte de sus negociaciones con Estados Unidos, el gobierno de Sudán del Sur planteó varias cuestiones, entre ellas el levantamiento de las sanciones individuales impuestas a autoridades gubernamentales sursudanesas, las restricciones de visado que afectan a nacionales de Sudán del Sur y las inversiones estadounidenses en el país.

¿Es legal que Estados Unidos expulse a personas a terceros países?

• El derecho internacional impone estrictos límites a la capacidad de los Estados de transferir a personas a otros países. Estos límites garantizan que no se envía a gente a situaciones de peligro y que se sigue el debido proceso.

El gobierno estadounidense ha violado descaradamente el derecho al debido proceso y ha socavado el Estado de derecho al expulsar ilegalmente a personas, mostrando un cruel desprecio respecto al riesgo de que esas personas puedan ser después enviadas a situaciones de peligro.

• En muchos casos, el gobierno estadounidense ha expulsado a personas a las que Estados Unidos había concedido cierta protección, entre otras cosas frente a la tortura. Se ha expulsado a personas cuyos casos están aún ante los tribunales.
• Es más, los cambios realizados al procedimiento exigido por la legislación estadounidense antes de enviar a alguien a un tercer país han dificultado enormemente que las personas afectadas puedan recurrir de forma significativa su expulsión.
• La gente tiene derecho a no ser transferida a un país en el que corra un riesgo real de sufrir violaciones de derechos humanos, como tortura o desaparición forzada (el denominado principio de no devolución, o non-refoulement).

También tiene derecho a no ser transferida a un país donde no reciba protección contra la devolución (refoulement) (es decir, países desde los que podría haber una nueva transferencia a situaciones de peligro).

• Los Estados tienen la obligación de dar a las personas no nacionales una oportunidad significativa de recurrir la transferencia alegando que dicha transferencia las pondría en peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

Además de cometer violaciones de derechos humanos específicas relativas a la expulsión, el gobierno estadounidense ha tratado a las personas con crueldad y desdén. Ha habido personas a las que no les han dicho dónde las llevaba el gobierno estadounidense hasta que estaban en el avión.

• A otras han amenazado con expulsarlas a dos países diferentes en extremos opuestos del mundo. Durante estos vuelos de expulsión, las personas permanecen encadenadas, y a veces encerradas en condiciones crueles, por ejemplo en contenedores de carga.

El sufrimiento psicológico causado por las acciones del gobierno estadounidense constituye trato cruel, inhumano o degradante y, en casos específicos, puede constituir tortura.

¿Cómo se vinculan las expulsiones a terceros países con la violencia?

La maquinaria estadounidense de detención y deportación masiva ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos.

• Casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley han sido autorizados para aplicar las leyes civiles de inmigración. Agentes enmascarados han aprehendido a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y con ciudadanía estadounidense; vehículos blindados patrullan las calles.

Y los agentes han elegido, para el control de inmigración, zonas cercanas a escuelas, lugares de culto, hospitales y otros lugares anteriormente prohibidos para estos fines.

• El sistema de detención masivo con fines de control migratorio se ha ampliado. Mantiene recluidas a miles de personas, entre ellas familias con niños y niñas de corta edad, en centros inhumanos y masificados, o en bases militares y en nuevos centros de detención financiados por los estados como el “Alligator Alcatraz”, de Florida. /PUNTOporPUNTO