El Gobierno mexicano se alinea con los planteamientos dictados por Washington en seguridad económica para limitar la participación de terceros países, en especial de Asia, en las cadenas de suministro de la región con el nuevo proyecto de decreto para reformar la Ley de Inversión Extranjera; no obstante, analistas consideraron que este cambio regulatorio podría generar más incertidumbre regulatoria y desincentivar las nuevas inversiones en el país.
- La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum es ambigua en su redacción porque puede encasillar a ciertos sectores en temas de seguridad nacional sin serlo y así desincentiva la llegada de inversiones extranjeras en un momento en que es necesaria para que se generen mayores capacidades productivas, indicó Adriana García, coordinadora de Análisis Económico de México ¿Cómo Vamos?
- El arribo de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre, a pesar de tener un récord histórico se registró una contracción de 13.4 por ciento en las nuevas inversiones y sólo representaron 7.8 por ciento del total.
“Tener una iniciativa con una redacción un poco ambigua podría desincentivar mayores inversiones extranjeras, en un momento donde vemos que no necesariamente México deja de ser atractivo a la inversión, vemos cifras récord, que las empresas extranjeras mantienen su dinero acá y de algún modo es un voto de confianza. Pero, por otra parte, no tenemos inyección de nueva inversión que es la que queremos para que se generen mayores capacidades productivas”, acotó García.
Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, sostuvo que el envío de esta iniciativa se da días antes de que inicie la cuarta ronda bilateral entre el Gobierno mexicano y el estadounidense dentro de las conversaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y empata con la agenda de Donald Trump que busca limitar que países, especialmente asiáticos, se incrusten en las cadenas de valor regionales.
- No obstante, Siller Pagaza sostuvo que, por ahora la iniciativa está siendo revisada por el Senado de la República y no modifica las condiciones vigentes de la Ley de Inversión Extranjera, pero coincidió en que “podría añadir incertidumbre regulatoria en un contexto de debilidad para la inversión extranjera”.
- En el segundo trimestre de 2026, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ubicó en 10 mil 464.49 millones de dólares, lo que significó una reducción de tres mil 447.28 millones de dólares respecto del mismo periodo de 2025.
- Del total, sólo 653.88 millones de dólares fueron de nuevas inversiones; seis mil 870.70 millones de dólares de reinversiones y dos mil 939.90 millones de dólares de cuentas entre compañías, según cifras del Banco de México (Banxico).
La analista de Banco Base indicó que los 653.88 millones de dólares son el nivel más bajo desde 2014 cuando se registró una pérdida de dos mil 432.14 millones de dólares; en la comparación anual tuvo un desplome de 51.36 por ciento respecto del segundo trimestre de 2025, cuando Banxico registró mil 344.52 millones de dólares.
“En el segundo trimestre las nuevas inversiones fueron de 654 millones de dólares, su nivel más bajo para un periodo igual desde 2014, con una contracción anual de 51.37 por ciento y una participación de 6.25 por ciento del total, frente a un promedio histórico de 37.15 por ciento para segundos trimestres entre 1999 y 2025”, acotó la experta.
El domingo 30 de agosto, la mandataria mexicana, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), envió al Congreso de la Unión la iniciativa para dar nuevas atribuciones en materia de seguridad nacional a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
- Uno de los cambios relevantes, está en el artículo 23 que busca incluir en dicha comisión a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo propone sumar a dichas secretarías en las sesiones que lleve a cabo la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y que se traten asuntos de seguridad nacional se invitará de forma permanente a los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sólo podrán tener voz y no voto.
“Con la finalidad de que la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, con motivo de adquisiciones por parte de la inversión extranjera, cuente con un enfoque especializado en la materia y las personas interesadas conozcan de manera transparente los supuestos jurídicos que detonarían dicha revisión y el alcance de ésta, para dar mayor certeza jurídica sobre sus determinaciones”, se lee en la iniciativa de ley.
De la misma manera, se agregaría el Título Sexto Bis de la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras y que de acuerdo con su capítulo uno se consideraría que por razones de seguridad nacional la nueva comisión deberá dar su resolución favorable para que la inversión extranjera “participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana, en la que el valor total de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la comisión mediante resolución general”.
Dentro de las actividades económicas que serán analizadas desde el punto de la seguridad nacional están las infraestructuras estratégicas pueden ser físicas o virtuales del sector energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa, así como instalaciones sensibles, o bien terrenos e inmuebles que sean necesarios para éstas.
También se incluyen tecnologías críticas como la Inteligencia Artificial (IA), la robótica, semiconductores, ciberseguridad, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, o las nanotecnologías.
El documento fue recibido por la Comisión Permanente y se espera que en el nuevo periodo de sesiones sea discutido.
La iniciativa sorprende a la IP
La nueva reforma sorprendió al sector privado, debido a que el gobierno mexicano ya cuenta con facultades para detener proyectos que considere inconvenientes para el país, por lo que ampliar los mecanismos de revisión podría generar incertidumbre y frenar inversiones legítimas.
- José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el sector privado no fue consultado para la elaboración de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que cualquier modificación al marco vigente debe aplicarse con precisión.
“Cualquier cambio, desde luego, genera incertidumbre; el gobierno mexicano ya podía, con el esquema actual de aprobación de inversión extranjera, detener alguna inversión si consideraba que no ayudaba al país”, afirmó.
El dirigente empresarial adelantó que el CCE dará seguimiento a la discusión del dictamen en el Senado, particularmente por los alcances que tendría la incorporación de nuevas dependencias al proceso de revisión de inversiones.
La propuesta contempla integrar a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Nosotros la conocimos una vez que fue enviada y, bueno, cualquier cambio genera incertidumbre. Esperamos con atención la discusión que haya de esta iniciativa de Ley, sobre todo en cómo se aplica para lograr que esto no detenga inversiones”, señaló Medina Mora.
La propuesta establece que la participación extranjera que pretenda superar 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana requerirá autorización de la CNIE.
- El mayor escrutinio recaería sobre inversiones vinculadas con infraestructura estratégica física o virtual, incluyendo sectores como minería, energía, almacenamiento de datos, sistemas digitales, tecnología, aeroespacial y defensa.
- También se contemplan actividades relacionadas con tecnologías críticas y productos de doble uso, entre ellas Inteligencia Artificial (IA), robótica, fabricación de semiconductores y ciberseguridad.
- El proyecto plantea además que la comisión entregue al Congreso un informe cuatrimestral sobre inversión extranjera y un reporte semestral relacionado con la gestión de la seguridad nacional.
El endurecimiento de la revisión ocurre mientras el sector privado busca precisamente atraer más capital hacia actividades tecnológicas. El CCE, en coordinación con el Senado, presentó recientemente la “Alianza Nacional Digital”, iniciativa que busca facilitar la llegada de inversiones tecnológicas e impulsar la digitalización del país.
Este punto adquiere relevancia debido a que las exportaciones tecnológicas de México crecieron 148 por ciento en el último año y superaron los 163 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de UBS.
México sigue la ruta de Estados Unidos
Medina Mora consideró que la iniciativa está alineada con los mecanismos de revisión que utiliza Estados Unidos, por lo que México podría poner un mayor foco en inversiones provenientes de países con los que no mantiene acuerdos comerciales.
“El incluir que ahora en esa aprobación participen la Sedena, Marina, la UIF, el SAT y Seguridad Pública es algo que se alinea con lo que hace Estados Unidos”, mencionó.
Estados Unidos limita determinadas inversiones extranjeras —principalmente de origen chino— mediante órdenes ejecutivas que han ampliado las facultades del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS) para revisar operaciones relacionadas con infraestructura crítica, tecnología avanzada, Inteligencia Artificial, minerales estratégicos y cadenas de suministro.
- Por ello, una mayor alineación entre ambos países podría traducirse en un mayor escrutinio sobre capitales asiáticos que busquen establecerse o expandirse en México.
- Entre las empresas asiáticas con presencia en el país se encuentran Hisense, Xiaomi, Ningbo Xusheng, State Power y diversas automotrices.
- Una de las compañías que podría enfrentar una mayor revisión en sus proyectos es Huawei, que mantiene un despliegue relevante de infraestructura de telecomunicaciones y conectividad digital en México.
Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber (AmCham), señaló que en Estados Unidos este tipo de revisiones se aplica desde los años setenta y consideró que un mecanismo similar puede contribuir a proteger infraestructura estratégica.
“Si se implementa de la manera correcta, puede ser una capa que ayude a protegernos como país en temas de seguridad nacional; no quieres tener a un país extranjero poco confiable con una inversión crítica en nuestra infraestructura”, refirió Casas Alatriste.
Riesgo para inversiones legítimas
- El principal temor de la iniciativa para el sector privado no radica únicamente en la existencia de controles, sino en el margen de discrecionalidad que podrían tener las autoridades para determinar qué inversiones representan un riesgo para la seguridad nacional.
- La firma legal Von Wobeser y Sierra advirtió en un análisis que, de aprobarse la reforma, los inversionistas extranjeros y las empresas mexicanas involucradas deberán evaluar los riesgos regulatorios desde las primeras etapas de sus proyectos.
El despacho señaló que conceptos como “riesgos o amenazas a la seguridad nacional”, “instalaciones sensibles” o la posibilidad de incluir sectores “análogos” mediante resolución general darían a la CNIE un amplio margen de discrecionalidad.
“En la práctica, la invocación de la seguridad nacional podría operar como una barrera de entrada para inversiones legítimas”, consideró la firma.
El despacho también subrayó la falta de mecanismos específicos de revisión o apelación más allá de los medios de defensa ordinarios.
- Actualmente, más de 40 países cuentan con comités o mecanismos gubernamentales para evaluar inversiones extranjeras por motivos de seguridad nacional, entre ellos Canadá, Australia, Japón, Reino Unido y diversos integrantes de la Unión Europea.
Para el sector privado, el reto será que la ampliación de estos filtros permita identificar y contener capitales que efectivamente representen un riesgo para el país, sin convertir la revisión de seguridad nacional en una barrera que termine desalentando inversiones productivas./PUNTOporPUNTO
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