El debate sobre la viabilidad de la estrategia de seguridad pública del Estado mexicano suele empantanarse en la retórica de los buenos propósitos, eludiendo la prueba ácida de la correspondencia financiera. En el plano dogmático y discursivo, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana postulan un cambio de paradigma ambicioso: el fortalecimiento definitivo de la inteligencia civil, la profesionalización territorial de las corporaciones locales, la consolidación penitenciaria con enfoque de derechos humanos y la prevención social de las violencias.
Sin embargo, confrontar estos imperativos normativos con la estructura programática y la clasificación económica proyectadas para el Ramo 36 evidencia una verdad irrefutable: los programas presupuestarios resultan estructuralmente insuficientes, asimétricos e incapaces de continuar con la materialización de las metas consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Una revisión rigurosa del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal revela que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contempla un gasto programable total de 64,486 millones de pesos. A primera vista, la cifra pudiera sugerir un esfuerzo hacendario significativo; no obstante, el desglose analítico de las erogaciones exhibe distorsiones que vacían de contenido la política de proximidad y justicia cotidiana.
De ese universo presupuestal, más de 23,079 millones de pesos se concentran de manera inercial en el programa para el control del Sistema Federal Penitenciario, consumiendo más de un tercio de la capacidad operativa y financiera de la dependencia. Cuando se añade el aparato administrativo y la custodia de inmuebles estratégicos, el margen de maniobra institucional para las funciones neurálgicas de la seguridad civil queda francamente reducido a un cascarón testimonial.
La paradoja más lacerante surje al contrastar el discurso de fortalecimiento municipal y estatal con la realidad de las transferencias federales. Mientras los instrumentos rectores comprometen un viraje hacia el federalismo cooperativo y la dignificación policial en entidades con severa incidencia criminal, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, apenas contempla una asignación cercana a los 1,201 millones de pesos, complementada por raquíticos 595 millones en subsidios para la prevención juvenil.
Pretender articular un frente común y homogéneo contra la criminalidad organizada transfiriendo montos insignificantes a más de dos mil cuatrocientos municipios atomizados no constituye una estrategia descentralizadora, sino una renuncia formal a la corresponsabilidad republicana, condenando a las policías civiles locales al desamparo operativo.
La misma brecha se advierte en el eje de inteligencia e investigación. A pesar de que las directrices gubernamentales proclaman la superación de los esquemas puramente reactivos para transitar a una investigación criminal preventiva y de vanguardia técnica, los programas relativos a funciones de inteligencia estratégica para la seguridad nacional, y el soporte de Plataforma México, reciben conjuntamente recursos que palidecen frente al gasto operativo rutinario.
Resulta ilustrativo que los sistemas de telecomunicaciones, cruce de padrones criminales y ciberseguridad dispongan de un respaldo financiero que apenas alcanza a costear su mantenimiento inercial, diluyendo la aspiración de convertir la información en el arma principal de la pacificación ciudadana frente al avance de ciberdelincuentes.
Ante el asedio corrosivo de la delincuencia que vulnera la tranquilidad de nuestras familias, la convocatoria a la unidad nacional requiere de un sincero compromiso con la verdad institucional.
Los programas presupuestarios autorizados para el Ramo 36 son insuficientes: reproducen inercias penitenciarias y de custodia patrimonial mientras escatiman los fondos para las policías locales, la inteligencia técnica y el tejido preventivo.
Si el Estado mexicano aspira genuinamente a que la paz y la justicia ciudadana dejen de ser una quimera burocrática, es necesario rectificar la distribución del gasto, dotando a la planeación rectora del soporte económico que reclama la soberanía interna de la República.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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