Cuatro empresas privadas estadounidenses fueron contratadas para buscar en México, Honduras y Guatemala a personas que fueron deportadas, confirmar dónde viven y entregarles personalmente una notificación con las multas migratorias que Estados Unidos les impuso. Los contratos están vigentes desde el primero de septiembre, según reportan medios estadounidenses.
- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pagará hasta 36 millones de dólares por ese trabajo, repartidos entre Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group.
- Los documentos de contratación los revisaron en agosto por el sitio Project Salt Box y por la revista WIRED, mientras que la adjudicación la confirmó esta semana Bloomberg en el sistema público de compras federales.
En esos documentos consta cómo se paga el trabajo. Las empresas cobran una tarifa por cada persona a la que demuestren haber notificado, con bonos si reportan dentro de siete, catorce o veintiocho días, y ninguna parte del pago depende de que se recupere dinero.
Sin forma de cobrar
Según los documentos revisados por Project Salt Box, CBP señaló ante las empresas interesadas que no había identificado un mecanismo para que las personas sin cuenta bancaria en Estados Unidos liquiden las multas, y dejó esa tarea a las contratadas. El portal oficial exige esa cuenta, un requisito difícil de cumplir para quienes expulsaron y viven fuera del país.
- Las cifras oficiales muestran el resultado. Entre enero de 2025 y mediados de julio pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplicó más de 103 mil multas civiles por unos 84 mil millones de dólares. Para esa fecha el gobierno había recaudado 1.2 millones. De cada 70 mil dólares que reclamó, cobró uno.
Un informe de la Clínica de Derechos del Inmigrante de la Universidad de Nueva York, difundido en agosto, halló que ningún abogado encuestado tenía un cliente capaz de pagar completa la multa impuesta. La política enfrenta una demanda en una corte federal de Massachusetts.
Piden una foto
Para acreditar que localizaron a la persona correcta, las empresas pueden entregar fotografías de la vivienda, recibos de servicios, documentos laborales o judiciales y, si murió, un acta de defunción. Los documentos contemplan además que el propio deportado se fotografíe el rostro como comprobante de que se le entregó la notificación.
- Los contratos establecen que el gobierno estadounidense será dueño de toda la información reunida, con derechos ilimitados para reutilizarla y ampliarla.
- En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo advirtió que cualquier empresa deberá cumplir las leyes de su país y que será el Poder Judicial guatemalteco el que reciba las notificaciones.
- En México, el Instituto Nacional de Migración respondió a Bloomberg que el asunto está fuera de las responsabilidades del gobierno mexicano y que no participa ni tiene conocimiento de la iniciativa. El país ha recibido a más de 271 mil repatriados desde enero de 2025, según el propio instituto.
Hasta ahora no se ha informado quién supervisará el manejo de los datos personales que se recopilen en territorio mexicano ni qué ocurrirá con ellos cuando los contratos terminen, en agosto de 2028./Agencias-PUNTOporPUNTO
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