El modus operandi de Los Cromos, célula delictiva identificada como el brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trabajó al amparo del Corredor Interoceánico para expandir la extorsión, el despojo de tierras y la violencia regional, de acuerdo con fuentes federales y locales.
- Incluso, la Secretaría de la Defensa Nacional documentó, desde 2021 a través de Guacamaya Leaks, el interés del crimen organizado en el Istmo de Tehuantepec. En febrero de 2021, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, emitió un informe oficial en el que se reconoció que el avance de las obras se enfrentaba no sólo a la resistencia social, sino a la injerencia directa de la delincuencia. En el reporte se mapeó de manera formal la incursión del CJNG en territorio oaxaqueño, mediante actividades enfocadas a controlar rutas y presionar el desarrollo de la infraestructura a través de amenazas y extorsiones.
Asimismo, informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus revisiones físicas de la Línea Z (tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz) habían advertido demoras y el desfase de los calendarios en Oaxaca.
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La información cobra relevancia tras la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, y de diversos mandos policiales locales por presuntos vínculos con Los Cromos, toda vez que las últimas investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y del gabinete de seguridad federal han puesto bajo la lupa el entorno operativo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), y confirman que la operación de Los Cromos se acentuó en el corazón geográfico del proyecto ferroviario.
Interoceánico, un año de retrasos en tramo que pasa por Juchitán
Las obras civiles del Tren Interoceánico, en su paso por Juchitán, se ejecutaron en un entorno regional impactado por la delincuencia. Informes de la ASF en sus revisiones físicas de la Línea Z (tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz) advirtieron demoras y el desfase de los calendarios debido a “deficiencias en la planeación ejecutiva” y “problemas logísticos” para corregir pendientes y curvas en Oaxaca.
- Los reportes del máximo órgano fiscalizador del país señalan que la modernización de las vías acumuló contratos con retrasos superiores a un año, afectando tramos clave que conectan el Istmo. Aunque los informes de la ASF no mencionan explícitamente al crimen organizado como la causa directa de los retrasos en las bitácoras de obra, los expedientes judiciales presentados por las autoridades federales exponen que el despliegue de Los Cromos se consolidó, precisamente, al amparo del desarrollo de las obras del Corredor Interoceánico.
La fiscalía estatal imputó formalmente al exalcalde y al excomisionado de la policía de Juchitán por fomentar y encubrir esquemas de extorsión y cobro de piso que afectaban la seguridad de comercios y contratistas de la zona. Asimismo, cámaras empresariales y organizaciones civiles locales han denunciado de manera recurrente que las presiones delictivas en los municipios de paso obligaron en diversas ocasiones a suspender temporalmente actividades o a encarecer los costos de protección en los entornos donde se movilizaban los materiales estratégicos para el tendido ferroviario.
El impacto en la seguridad del proyecto cobró mayor relevancia tras incidentes en la Línea Z, tales como el descarrilamiento ocurrido en la zona de Nizanda-Chivela.
El mapa de riesgos de Sedena
De acuerdo con cifras oficiales recabadas por organizaciones como Artículo 19, la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tras el anuncio del Corredor Interoceánico y el inicio de las obras en 2019 los delitos de despojo, lesiones y amenazas en los 79 municipios que abarca el megaproyecto incrementaron notablemente. Las denuncias en la región, incluyendo Juchitán, pasaron de 376 en 2018 a 704 en 2021, lo que representa un repunte de 87.2%.
A partir de ese periodo el gobierno mexicano reconoció el interés del crimen organizado en el istmo. En febrero de 2021, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, encargado de coordinar labores de inteligencia militar y civil contra la delincuencia organizada (Cerfi Sureste) emitió un informe de inteligencia oficial en el que se reconoció que el avance de las obras se enfrentaba no sólo a la resistencia social, sino a la injerencia directa de la delincuencia. En dicho reporte se mapeó de manera formal la incursión del CJNG en territorio oaxaqueño, mediante actividades enfocadas a controlar rutas y presionar el desarrollo de la infraestructura a través de amenazas y extorsiones.Referencia geográfica
- Dicho documento fue filtrado en 2022, junto a correos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por el colectivo Guacamaya Leaks, en los que se expusieron mapas de riesgos del Ejército, en lo que se identificó que el Istmo de Tehuantepec se convirtió en una zona en disputa por grandes organizaciones como el CJNG, el Cártel del Golfo y células locales.
- De acuerdo con la documentación filtrada, desde 2021 la Sedena ya había reconocido a grupos criminales locales en la región del istmo como Los Coyunda, Los Reyes, Los Chukis, El Cheturo, Los Pilos y Los Cromos, estos últimos con presencia en Juchitán de Zaragoza.
Y aunque Miguel Sánchez Altamirano ocupó la alcaldía de Juchitán hasta el año 2024, desde el año 2018 ya tenía una influencia importante en el Palacio Municipal al fungir como secretario particular del entonces presidente municipal Emilio Montero Pérez, cargo que ocupó hasta noviembre de 2022, cuando le dieron la presidencia interina.
En los informes se advierte que dichos grupos del crimen organizado concentraron su actividad delictiva en el control del flujo y tráfico de migrantes aprovechando las nuevas vías de comunicación; el cobro de piso y extorsión a las empresas constructoras contratadas para el corredor; así como el control de los puertos clave de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz, para la entrada de precursores químicos y salida de cargamentos ilícitos.
Persiste el despojo patrimonial con complicidad policial
A pesar de la detención del exedil de extracción morenista, los casos de personas víctimas de extorsión y despojo por parte de civiles con presunto respaldo de elementos policiales locales continúan registrándose en Juchitán.
- El pasado 21 de septiembre, se documentó el caso de la familia Vicente Jiménez, que denunció públicamente el intento de despojo de un terreno ubicado en el callejón Lázaro Cárdenas de la Novena Sección de este municipio. Según expusieron los afectados, una civil identificada como Antonia A. arribó al lugar exhibiendo un documento que supuestamente la acreditaba como propietaria, acompañada por un policía municipal vestido de civil, identificado como David L. L.
Ante la resistencia de los denunciantes, quienes impidieron el paso y solicitaron auxilio, elementos de la Policía Estatal arribaron al sitio para prestar apoyo, conminando a la reclamante a acudir ante las instancias competentes al señalarse una presunta invasión de predio. De acuerdo con el testimonio de los afectados, la contraparte se retiró emitiendo advertencias de regresar a ocupar el terreno, por lo que la familia Vicente Jiménez solicitó garantías de protección a las autoridades correspondientes para salvaguardar su vida y patrimonio ante el riesgo de una confrontación violenta.
- Este caso se suma a la lista de Intimidaciones, hostigamiento, amenazas, intentos de extorsión y agresiones físicas, contabilizadas por organizaciones civiles que desde el 1 de mayo de 2021 al 1 de mayo de 2024 registraron 226 casos en las zonas conurbadas a la ruta del Tren Interoceánico, la gran mayoría por parte de grupos criminales, y en algunos casos por civiles acompañados por autoridades locales.
Con la disolución formal del ayuntamiento de Juchitán decretada por el Congreso del estado debido al vacío de autoridad, el resguardo del perímetro del Tren Interoceánico recae por completo en los despliegues de la Secretaría de Marina (Semar), en un intento de la Federación por blindar la viabilidad del canal logístico frente al control delictivo arraigado en los gobiernos locales de la región./Agencias-PUNTOporPUNTO
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