TEXTO ÍNTEGRO: El ESTADO de DERECHO se debilita en el PAÍS; reprueba en seguridad y justicia

México atraviesa por la peor crisis de violencia de su historia por lo que es urgente abatir la impunidad y corrupción aunque las causas son diversas

México cayó tres posiciones en el ranking global del Índice de Estado de Derecho 2020, que realiza la organización civil World Justice Proyect, con lo cual se colocó en el lugar 104 de una lista de 128 países y jurisdicciones a escala mundial.

El índice mide el desempeño del estado de derecho con base en ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.

  • Se obtiene mediante encuestas nacionales en más de 139,000 hogares y a 4,000 abogados y expertos de todo el mundo.
  • El documento señala que, en México, la corrupción, la seguridad y la justicia penal, son aspectos que requieren atención.
  • Entre las causas que motivaron que el país saliera peor evaluado que el año anterior destaca un deterioro en la percepción del orden y seguridad.

El indicador donde el país sale mejor evaluado es en gobierno abierto. Ahí ocupa el lugar 36 de los 128 países analizados.

En la posición 26 de 30 a escala regional

Si se analizan los resultados del documento a escala regional, se observa que en la lista de 30 países de América Latina y el Caribe, México está en la posición 26, es decir, sólo están, peor Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela y tienen niveles similares al país Guatemala y República Dominicana, aunque lo superan.

A nivel regional, el país con el mejor desempeño en el Índice en América Latina y el Caribe es Uruguay (22 de 128 países a nivel mundial), seguido de Costa Rica y Chile. Los tres países con los puntajes más bajos en el región son Nicaragua, Bolivia y Venezuela.

En una escala de 0 al 1, donde 1 indica la mayor adherencia al estado de derecho, México obtiene un puntaje de 0.44, a 103 posiciones de Dinamarca que tiene un puntaje de 0.90 con lo cual encabeza la lista y lo coloca como el país donde hay un mejor estado de derecho.

  • Dinamarca, Noruega y Finlandia encabezaron la clasificación del Índice de Estado de Derecho del WJP en 2020.
  • En tanto, Venezuela, Camboya y la República Democrática del Congo obtuvieron los puntajes generales más bajos, lo mismo en 2019.

El reporte destaca que este año y por tercer año consecutivo, fueron más los países que disminuyeron que los que mejoraron en el desempeño general del estado de derecho, continuando con un deslizamiento negativo hacia el debilitamiento y estancamiento del estado de derecho en todo el mundo.

La mayoría de los países que muestran un estado de derecho en deterioro en el Índice de 2020, también disminuyeron el año anterior, demostrando una persistente tendencia a la baja. Esto fue particularmente pronunciado al medir las restricciones a los poderes del gobierno.

Los descensos fueron generalizados y se vieron en todos los rincones del mundo. En todas las regiones, la mayoría de los países retrocedió o permaneció sin cambios en su desempeño general.

  • Los países con la mayor mejora en el estado de derecho fueron Etiopía y Malasia, con aumentos de 5.6% y 5.1%, respectivamente, en su puntuación, impulsados, principalmente por mejoras en las restricciones a los poderes gubernamentales y los derechos fundamentales.

A nivel mundial, las caídas más fuertes ocurrieron en las áreas de Derechos Fundamentales (54 países empeoraron, 29 mejoraron), Límites al Poder Gubernamental (52 empeoraron, 28 mejoraron), y Ausencia de Corrupción (51 empeoraron, 26 mejoraron).

Esta no es una tendencia nueva, los datos del WJP muestran que esta tendencia ha ocurrido durante los últimos cinco años. Específicamente, el factor que evalúa Derechos Fundamentales cayó en 67 países desde 2015.

El factor que mide justicia civil mostró mayores avances durante el último año, ya que 47 países mejoraron, frente a 41 que disminuyeron. Desde 2015, el factor que más ha mejorado es el indicador sobre cumplimiento regulatorio, ya que aumentó en 65 países, mientras que 29 han registrado disminuciones en sus puntajes.

México se posicionó como el décimo país con mayor impunidad

México no logró descender de entre los países con más impunidad tanto del América Latina como del mundo, de acuerdo con los datos del índice Global de Impunidad (IGI) 2020 de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP).

  • En el proceso participan, además, la UDLAP Jenkins Graduate School, así como el Centro de Estudios en Seguridad, Impunidad y Justicia (CESIJ) de la SUPDLAP.
  • El medio informó que a escala global, México es el décimo lugar en impunidad con un total de 49.67%, mientras que el 2017. Además ocupa desde 2018 el cuarto puesto dentro del continente americano.

Dicho estudio señala, por otra parte, que hay regiones en Latinoamérica, África, Asia Central y el Pacífico que fueron identificados como los focos rojos en materia de violencia, inseguridad e impunidad.

México, por otra parte, se ubicó dentro de las naciones en riesgo de aumentar los niveles de inseguridad y violencia. El factor principal, apuntó el reportero Adyr Corral, es el cierre parcial en la atención al ciudadano en materia de justicia a causa del COVID-19.

En fechas recientes se confirmó, además, que la probabilidad de que una víctima denuncie un delito y éste se esclarezca es de sólo 1.3 por ciento, según un estudio realizado por la organización civil Impunidad Cero.

Además, en 2019 sólo se denunciaron 2 millones de delitos en Procuradurías o Fiscalías, aunque en el país se cometieron más de 30 millones de ilícitos. Se trata de ay una cifra negra que asciende a más del 90%; es decir, los ciudadanos no denuncian porque no confían en la autoridad ni en la justicia.

  • Entre otras cosas, algunas de las causas principales de la impunidad son el bajo presupuesto a las instituciones de procuración e impartición de justicia, la corrupción, la baja capacidad de investigación criminal, pocas denuncias, etcétera.
  • Al respecto, el IGI 2020 asegura que hay varios caminos que México podría comenzar a ejecutar para evitar que continúe creciendo la impunidad.

Destaca un aumento en el número de jueces, pues en el país contamos con apenas 2.17 magistrados por cada 100 mil habitantes.

Además, se recomendó el dotar de mayores presupuestos tanto a los sistemas de seguridad, como aquellos dedicados a la impartición de la justicia. El medio apuntó que dichos cambios deberían reflejarse en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización.

Por último, informaron que luego de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, es posible que la población pueda crear una percepción equivocada de aumento de la impunidad en el país; sin embargo, invitó a los gobiernos y a la gente a no bajar los brazos en la lucha contra estas malas prácticas.

Los países con más impunidad en el top 10 con Tailandia con el 62.8; Honduras con el 59.6; Marruecos con 58; Argelia con el 57.6; Azerbaiyán con 54.5; Paraguay con el sexto puesto; la Guyana con 52; Nepal con 58.9 y Kirguistán, de acuerdo con Milenio.

En América Latina domina Honduras con el 59.7, Paraguay con el 53.1; la Guyana con 52.1; México es el siguiente con 49.7 y finalmente Guatemala con el 49.7

El sistema de justicia se ha convertido en un desilusionante proceso

El pasado 20 de agosto, en su habitual informe mensual, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que, al comparar el primer semestre del año con el mismo periodo en 2019, había una reducción en delitos en materia de hidrocarburos, delitos financieros y secuestros.

  • El funcionario, precisó que durante ese periodo de tiempo hubo una disminución del 3,8%25 respecto a los primeros seis meses del 2019, contabilizando 1,893 detenidos y 238 bandas desarticuladas.
  • Alejandro Corzo, director de Desarrollo Institucional del Observatorio Nacional Ciudadano, concuerda en que el secuestro es uno de los delitos que ha ido a la baja. “Obviamente por su naturaleza es muy mediático y vistoso, pero hay que aceptar que han disminuido en un 40%”, dijo en entrevista para Univision Noticias.

Precisó que uno de los aciertos del actual gobierno es mantener lo bueno que se hizo en la administración pasada, como por ejemplo la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), creada en 2014, “y que ha dado resultados desde su creación (…) gracias a que vincula los diferentes órdenes de gobierno en pro de la investigación”.

La compleja impunidad

Desde hace muchos años, el lema de “99% de impunidad” se ha repetido casi como un mantra en la sociedad mexicana y sobre todo a la hora de seducir al electorado desde la oposición al gobierno en curso. Sin embargo, para Alejandro Jiménez, encargado de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana e investigador y consultor independiente, “es un problema complejo el medir la impunidad porque en realidad es un problema más agudo: No es lo mismo la impunidad en secuestro o violación que en robo patrimonial no violento, a pesar de que todo se totaliza en ese 99%”.

  • Esta situación para Jiménez es la suma de varias problemáticas que terminan por crear varios embudos claros que entorpecen la impartición de justicia. Una de esas aglomeraciones es tener una policía con bajas capacidades técnicas aunado a la baja legitimidad de esta institución entra la población y el malentendido o confusión sobre a quién le toca investigar los delitos. Una vez que un ciudadano logra avisar a la policía y se logra dar con un presunto responsable, “todavía tienes que esperar que el Ministerio Público litigue de manera correcta frente a un juez (…) y aun así aquí empieza hacerse más agudo el proceso”.

El investigador asegura que uno de los principales obstáculos para que la víctima pueda sentir que se hizo justicia es que las procuradurías “no tienen buena práctica de sus recursos ya de por si escasos y le ponen la misma atención a la tala de un mezquite que a un secuestro”. Jiménez lamenta que todo se resuma en ese 99% de impunidad “y no nos echemos un clavado para analizar esas cifras o comparemos la cifra con otros países como Alemania donde solo se castiga con cárcel al 1% de los delitos (…) pero lo diferente es que la denuncia es más sencilla”.

Instituciones débiles

Más allá de exigir que se satisfaga un deseo de justicia y criticar los pocos resultados que hay respecto a este proceso, Corzo cree que no se ahonda más a fondo y asegura que el problema es que el sistema podría estar mejor diseñado. “Le cargamos mucho la mano a los Ministerios Públicos (…) que no se pueden dar abasto porque muchas veces no tienen la capacidad humana para resolver los casos que se van juntando”, dijo.

  • Agrega que es necesaria una reforma en la forma de investigar para hacer la justicia más expedita e ir avanzando poco a poco hasta ganar la confianza de la gente y que el porcentaje de denuncias de delitos aumente considerablemente. “Teniendo todo esto tendremos más información sobre el modus operandi y fortalecer la inteligencia que se podría usar para prevención y combate. Es un círculo virtuoso”, afirma.
  • Sin embargo, acepta que la falta de capacidad en los Ministerios Públicos es palpable, aunque deja claro que ha visto algunos trabajar destacadamente. “Te hacen creer que hay esperanza porque hacen milagros con lo que tienen, a pesar de que no es humanamente posible atender todo el trabajo que tienen; hay veces que ni lápices tienen para trabajar”, señaló.

Si bien dice que existen filtros como exámenes para alcanzar los puestos de trabajo en estas dependencias y que en teoría garantizan que los elementos están bien capacitados, “lo que trunca todo el proceso es la corrupción porque al final no te queda la certeza de que si las personas arriban a esos sitios por capacidad o porque los colocaron allí”.

Para Jiménez también hay un claro problema en las fiscalías que están compuestas por abogados y abogadas que están especializados en ganar juicios. Sin embargo, “actualmente los tenemos haciendo investigaciones criminales, a pesar de que durante la carrera universitaria no nos enseñan a hacer investigación social, seguir pistas ni corroborar información”.

  • A pesar de esta realidad, no cree que el sistema judicial esté abandonado. “Ha habido reformas importantes desde los noventa y se ha ido trabajando mucho a nivel tribunal, procesos penales y demás”, dice, aunque lamenta que todo eso sea la cereza del pastel, “cuando lo que está fracturado es el tema de las policías, la carencia de detectives profesionales y las débiles procuradurías; tenemos la cereza, pero no el pastel”.

Por si fuera poco, el panorama es más desalentador al recordar que se está a punto de iniciar una nueva reforma judicial “que parece partir de un diagnóstico errado que le echa toda la culpa a los jueces, cuando solo el 1% de los casos llegan ante ellos”./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro:

WJP-Global-ROLI-Spanish

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