Estudio: MÉXICO con pocos esfuerzos LEGALES y graves DEFICIENCIAS para prevenir y corregir la CORRUPCIÓN

A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México presenta pocos esfuerzos legales y deficiencias para prevenir y corregir la corrupción. Con una calificación final de 5.51 puntos, donde cero es la calificación más baja y diez la más alta, nuestro país se posicionó en el antepenúltimo lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020.

• El estudio regional realizado por Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos) del Vance Center for International Justice, también detalla que las autoridades anticorrupción en México no tienen la independencia material necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente.

Los expertos participantes en el informe advierten que a pesar de que una de las banderas de la administración actual es la lucha contra la corrupción, la voluntad política tiene mucha influencia en este aspecto, pues mencionaron que “existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de funcionarios actuales”.

Aunado a que se identificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como un órgano eficaz para la prevención de la corrupción a través de las políticas de transparencia, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la menos eficaz.

• La medición para ocho países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, y Perú), señala que, en el caso de México, el cual obtuvo la segunda mejor calificación (9.05) en materia de legislación para combatir la corrupción, sólo por debajo de Perú (9.09), ha sido difícil la aplicación de una o más de las leyes o regulaciones anticorrupción, ello debido a una falta de especificidad, claridad o definición en relación con otras legislaciones o regulaciones. Los expertos consultados destacaron su falta de aplicación, o su aplicación basada en líneas políticas, por lo que México obtuvo una calificación de 4 sobre la implementación de las leyes.

Por otro lado, el documento, que recoge la visión de profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción de diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros, añade que aunque en nuestro país existen mecanismos de prevención de la corrupción al interior de la administración pública, como Políticas y procedimientos para identificar y gestionar conflictos de intereses o medidas que requieran a los funcionarios públicos rendir declaraciones patrimoniales, hay casos como en las contrataciones públicas, donde la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas, lo cual es un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción.

Se subrayó que mientras en México personas jurídicas de carácter privado pueden ser sujetos de la responsabilidad administrativa, penal y civil, existe un área de oportunidad para obligar a las empresas a implementar programas de cumplimiento y políticas anticorrupción.

• En materia de denuncia, se dijo que, pese a que existen medios y mecanismos para que los ciudadanos presenten denuncias por corrupción, tanto en la vía administrativa como en la penal (inclusive, de manera digital), “este marco de protección a informantes o denunciantes es insuficiente, y debería operar a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción, y no ser funcional únicamente para el ámbito de aplicación de la Secretaría de la Función Pública federal”.

Además de que no existe en México la previsión de compensaciones económicas por la realización de reporte o alerta, ni por la recuperación de activos del Estado como consecuencia de las denuncias o alertas de ciudadanos.

Sobre las autoridades especializadas en materia anticorrupción, los expertos mostraron preocupación por la falta de nombramiento de los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De manera particular, mencionaron que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública trabajan “a petición del presidente”.

Por último, el análisis subraya que pese a que en la Constitución y en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, está previsto un mecanismo de cooperación y coordinación interinstitucional para prevenir, combatir, investigar y sancionar la corrupción, denominado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que está conformado por diversas dependencias federales, “el SNA no ha operado a plenitud ni con plena eficiencia en los últimos 2 años por falta de voluntad política, aunque la Secretaría Técnica de este sistema ha presentado avances”.

La Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020 busca mapear los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción y a diferencia de otros esfuerzos que se enfocan en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para analizar los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.

México con mayor rezago en combate a la corrupción 

Ya sea dentro de las fronteras de México o fuera de ellas, históricamente las autoridades de procuración y administración de justicia investigan poco la corrupción, los posibles responsables no son sancionados, los activos desviados fruto de estos ilícitos no son recuperados y no hay reparación del daño.

Esto se debe, en gran medida a la falta de recursos y capacitación por parte de fiscales y jueces, a las deficiencias de las Procuradurías, Fiscalías y del Poder Judicial que se enfrentan a diversos problemas como los casos de lavado de dinero que involucran estructuras corporativas complejas y flujos financieros intrincados.

• De acuerdo con el informe publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Méxicana “Exporting Corruption. Progress report 2020: Assessing enforcement of the OECD AntiBribery Convention”, en México de 2016 a 2019 no se ha sancionado ningún caso por cohecho internacional y durante ese periodo la Fiscalía General de la República o antes la Procuraduría General de la República iniciraron solamente tres investigaciones, las cuales no se han presentado ante el Poder Judicial, no se han fincado responsabilidades ni sanciones y tampoco se han recuperado los activos desviados de dichos ilícitos.

Es así que casos como la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza en contra de la multinacional mexicana CEMEX desde 2016 por presuntos pagos de sobornos por más de 20 millones de dólares a cambio de contratos y facilidades fiscales, o las realizadas desde 2015 por autoridades españolas en contra de la minera Grupo México, en el país no son castigadas, ni siquiera investigadas.

En los últimos años, durante la administración federal anterior, tampoco se registraron avances sobre el caso Odebrecht, la investigación más grande de corrupción en América Latina.

• Transparencia Internacional colocó a México en el semáforo rojo y en la lista de los 19 países que cumplen poco o no lo hacen en el combate a la corrupción internacional, una tendencia que el actual Gobierno federal pretende cambiar a través del trabajo de entes como la Unidad de Inteligencia Financiera

Asimismo, tras la detención de Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República busca avanzar en las implicaciones del caso Odebrecht en el país.

Además de algunas recomendaciones para que México mejore sus capacidades para procesar casos de corrupción internacional, Transparencia Internacional afirma que la reforma al Poder Judicial, planteada por el ministro Arturo Zaldívar, podría ser un primer paso.

Judicialización, la gran deudora

Para Carla Crespo, coordinadora de integridad corporativa de Transparencia Mexicana, el principal problema que ve en el país con respecto al combate a la corrupción internacional es la falta de judicialización de los casos, es decir, que se quedan solamente en la investigación.

Para ejemplificarlo, la especialista señala la situación que padece México con las campañas electorales, en las que los candidatos prometen y prometen justicia pero a la hora de ejercer su cargo, no cumplen.

• No logramos históricamente avanzar en la investigación de posibles delitos. Desde el informe anterior, publicamos sobre tres investigaciones que al final se quedaron ahí. No estamos pasando de la investigación a la judicialización de los procesos, si no lo logramos, nunca vamos a conseguir sanciones y mucho menos la recuperación de activos, que es uno de los temas que se debería de tener muy presente – Carla Crespo, Coordinadora de integridad corporativa de Transparencia Mexicana

“En Estados Unidos están recuperando dinero derivado de investigaciones y procedimientos judiciales, muchas veces se llega a acuerdos económicos, pero aquí no avanzamos de la investigación”, comenta la especialista a Reporte Índigo.

El siguiente problema que ve la entrevistada es la falta de capacidad de las personas dedicadas a investigar dichos delitos.

Es por eso que mientras en otros países ya hay sanciones por el caso de corrupción Odebrecht, como en Perú, aquí en México no se ha logrado, y la investigación avanza a pasos pequeños por la falta de cooperación internacional con la Fiscalía de Brasil.

• “Uno de los principales problemas tiene que ver con la falta de capacidad para investigar estos delitos. No es lo mismo investigar un delito en el que los resultados son materiales y tangibles como un homicidio o un robo, que investigar un entramado que implica tráfico de influencias y sobornos que corren por el sistema financiero.
• “La verdad es que si no se tienen las capacitaciones correctas y no se utiliza toda la capacidad del Estado para realizar estas investigaciones, no van a avanzar porque las fiscalías nunca van a lograr los elementos probatorios”, agrega.

Durante esta nueva administración el emblema del Gobierno federal ha sido el combate a la corrupción y el encargado de ejecutar la estrategia, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

• Al respecto, Carla Crespo comenta que los trabajos de la UIF son una buena señal de que México puede combatir la corrupción, pero advierte que esto no cambiará hasta que haya sanciones, se recuperen activos y haya reparación del daño.
• En México de 2016 a 2019 no se ha sancionado ningún caso por cohecho internacional y durante ese periodo la Fiscalía General de la República o antes la Procuraduría General de la República iniciaron solamente tres investigaciones

“La corrupción no es un delito en el que no haya víctimas, las víctimas somos todos. La responsabilidad queda en la Fiscalía y en el Poder Judicial ya que el congelamiento de cuentas se puede echar para atrás, pero lo que no se puede echar para atrás es el día en el que un juez emita una sentencia y ésta quede firme, es decir, que no pueda ser impugnada por ningún medio”, concluye./Agencias-PUNTOPORPUNTO

Documento íntegro:

Evaluacion-Anticorrupcion-Latinoamerica-2020