El próximo jueves las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados debatirán, y en su caso aprobarán, la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de septiembre ante el Congreso de la Unión.
- El dictamen de la Ley de Amnistía, plantea el otorgamiento del perdón de ilícitos como la interrupción del embarazo (incluye a la mujer, familiares y a los médicos practicantes de la interrupción), así como delitos contra la salud cometidos por pobres, con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente.
- También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameriten más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno, y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
- En caso de ser avalado por la Cámara de Diputados, y posteriormente por el Senado, se calcula que podría beneficiar a unas mil 45 personas en todo el país.
- En el primer artículo de éste, que sería un nuevo ordenamiento, se pretende el “perdón” a ciudadanos a quienes se les haya ejercido acción penal, hayan sido procesados o se les hubiere dictado sentencia firme ante los tribunales federales, siempre y cuando no hayan sido reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados antes de la entrada en vigor de esta nueva ley.
Las comisiones hicieron un cambio al dictamen y determinaron que, toda vez que le corresponde a la Fiscalía General de la República la aplicación de este nuevo ordenamiento, y para evitar conflictos de intereses al probablemente actuar como juez y parte, se estableció que el Ejecutivo, en un plazo de 60 días hábiles, creará una comisión de expertos encargada de coordinar y vigilar la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual resolverá las solicitudes en un máximo de cuatro meses.
Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados se alistan para aprobar mañana la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión.
El dictamen de esta ley, del cual este medio tiene copia, plantea el otorgamiento del perdón por ilícitos como la interrupción del embarazo (que incluye a la mujer, familiares y médicos practicantes), así como delitos contra la salud cometidos por personas pobres, en extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidas y discriminadas, que tengan alguna discapacidad permanente o que fueron obligadas a delinquir por una persona cercana.
También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameriten más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición y los cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se garantizó un debido proceso.
Se prevé que el dictamen se apruebe en comisiones para su posterior votación por el pleno antes de que concluya el periodo de sesiones el 15 de diciembre.
En su exposición de motivos, López Obrador aclaró que la amnistía beneficiará a quienes están en prisión por delitos menores y no a homicidas o secuestradores, o quienes hayan causado un grave daño a otra persona.
Podrá ser conformada por las de pendencias o entidades de la administración pública federal que pudieran tener alguna participación en la materia, por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, o servidores públicos de otros poderes u órdenes de gobierno. También se prevé que se incorpore un grupo multidisciplinario experto en derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal penal, derechos humanos, derechos delos pueblos y las comunidades indígenas, en temas de inclusión, etcétera, donde puedan participar como invitados a la misma tanto entes públicos del Estado mexicano, como podría ser la Fiscalía General de la República, así como organismos defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil cuya actividad preponderante sea la defensa de los derechos humanos.
Al liberar a los presos se les garantizará la confidencialidad de su identidad para evitar estigmatizaciones; además, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para facilitar la reinserción de social de las personas.
- 25 AÑOS es el máximo castigo actual para delitos contra la salud.
- 60 DÍAS hábiles tiene el Ejecutivo para conformar una comisión de expertos que vigile la aplicación de la ley.
“La Ley de Amnistía que someto a consideración de esa soberanía es una expresión concreta de ese compromiso, así como manifestación de mi voluntad de arrancar de raíz las causas de la pobreza y la marginación/EL UNIVERSAL-PUNTOporPUNTO
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