Empresas que participaron en la licitación de un contrato por hasta 53 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusaron a la institución de pretender beneficiar a compañías específicas, y para ello utilizaron prácticas que limitan la competencia y la libre participación.
- El caso no es menor. El 12 de diciembre pasado, el organismo que encabeza María Elena Álvarez Buylla lanzó la Licitación Pública Nacional número LA03890X001-E73-2022, mediante la cual buscaba contratar a una empresa que brindara “seguimiento técnico y administrativo” al proceso de extinción de 65 fideicomisos de apoyo a la investigación en ciencia y tecnología, cuya conclusión se decretó el 6 de noviembre de 2020.
La firma debía otorgar el mismo servicio de “seguimiento técnico y administrativo” a los apoyos y becas otorgados por el Consejo como parte del Programa Presupuestario F003 “Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado”.
Pero de última hora y sin previo aviso, el Conacyt modificó los requisitos marcados en la convocatoria original y decretó la licitación como desierta, con lo que anuló la participación de empresas que habían cubierto los requerimientos estipulados en la primera versión.
- Extinción de fideicomisos: En el caso del primer servicio que la empresa elegida debe otorgar, la convocatoria de la licitación establece en la sección de Términos de Referencia que “los 65 fideicomisos aún cuentan con compromisos y obligaciones previamente adquiridos. En particular, se debe continuar con el seguimiento de 10 mil 603 proyectos vigentes, ya sea porque se encuentran en desarrollo o bien, porque todavía están pendientes de ser evaluados en sus ámbitos técnico y administrativo. Cabe señalar que actualmente 35 fideicomisos ya han transferido sus obligaciones al Conacyt, y los restantes lo harán una vez que den cumplimiento a lo establecido en el decreto del 6 de noviembre de 2020”.
Sobre el Programa Presupuestario F003, el mismo apartado de la licitación señala que éste tiene como objetivo “el fomentar el avance del conocimiento universal, incluyendo la investigación de frontera en todas las áreas y campos del saber, así́como el desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, mediante apoyos para la generación, desarrollo y consolidación de las capacidades sectoriales, locales, estatales, regionales y nacionales en la materia, así también articular y orientar dichas capacidades para que incidan en la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales y de asuntos estratégicos o prioritarios de interés público nacional o de atención indispensable para garantizar que los beneficios públicos del progreso científico y tecnológico redunden en el fortalecimiento de la soberanía nacional, el desarrollo integral del país, el cuidado y restauración del medio ambiente, y el bienestar del pueblo de México”.
Por estos servicios el Conacyt y la empresa ganadora firmarían un contrato cuyo monto oscilaría entre los 21 millones 200 mil pesos y los 53 millones de pesos.
De acuerdo con ejecentral, los licitantes expusieron sus quejas porque en el proceso de contratación se presentaron presuntas anomalías, como cambios en los requisitos de la licitación sin que el Conacyt presentara argumentos técnicos o jurídicos para ello. La ley en la materia prohíbe estos ajustes.
- Motivos de la inconformidad: Una de las quejas de los participantes (cuya identidad se reserva bajo petición, pero que se corroboró plenamente) radica en que la licitación LA-03890X001-E73-2022 que lanzaron el 12 de diciembre en CompraNet, pero no fue sino hasta el 15 de diciembre en que un resumen de la misma se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Los inconformes señalan que este retraso entre una publicación y otra contraviene lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que ordena simultaneidad entre ambas acciones.
“La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria”, establece dicho artículo.
Por otro lado, las empresas inconformes afirman y documentaron que durante la Junta de Aclaraciones, llevada a cabo el 19 de diciembre, se modificaron los requisitos que los participantes debían cumplir, sin que existiera justificación técnica o jurídica para ello.
Por ejemplo, en la convocatoria se establecía que “el licitante deberá́presentar mínimo un contrato de servicio celebrado con institución pública o privadas completos, legibles, firmados cuya formalización hubiera sido dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones”.
Sin embargo, en la Junta de Aclaraciones, ante una pregunta hecha por una de las empresas interesadas, el Conacyt modificó este criterio y en su respuesta oficial señaló: “Se aclara que para la experiencia el número de años a acreditar será de 10 años, y a partir del máximo de años se otorgará el puntaje de acuerdo a una regla de tres; y para especialidad se requerirá máximo 10 contratos, uno por año, y a partir del máximo de años se otorgará el puntaje de acuerdo a una regla de tres”.
Para las empresas inconformes, este cambio limitó la participación al cambiar el requerimiento original y establecer una experiencia superior a la exigida por el
artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que estipula:
Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como: experiencia superior a un año, salvo en los casos debidamente justificados que autorice, en forma expresa, el titular del área requirente, indicando las causas que motiven dicha autorización.
- De establecerse este requisito, invariablemente se precisará la forma en que deberá acreditarse y cómo será evaluado.”
- En la misma Junta de Aclaraciones (de cuya acta ejecentral posee copia y que firmó Fernando Hernández Flores, director de Recursos Materiales y Servicios Generales; Alejandro Martínez Cruz, jefe de Departamento de Adquisiciones y Comités; Eva María Simancas Cruz, directora de Administración e Información de Fondos Conacyt, y Adriana Martínez Jiménez, representante del Órgano Interno de Control) hubo otro cambio.
En la convocatoria original se estableció que el licitante debía acreditarse en “ISO 9001:2015 o Great Place To Work, ISO 27001 o similares. También se considerarán las acreditaciones que tenga el personal propuesto, como son las del coordinador u operativo en certificaciones sobre el dominio y aptitudes para la prestación del servicio relacionados con la administración y gestión de proyectos o certificaciones similares”.
Sin embargo, tras una propuesta de uno de los interesados, el Consejo decidió que ahora solicitaría todas las certificaciones “sin opción a las acreditaciones que tenga el personal propuesto”. No se expresó el fundamento de esta modificación.
El 30 de diciembre la Licitación Pública Nacional número LA-03890X001-E73-2022, para la prestación del “Servicio especializado para el apoyo en el seguimiento técnico y administrativo de los proyectos que han sido transferidos al Conacyt en cumplimiento al decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 que mandata la extinción de los Fideicomisos de Ciencia y Tecnología, así como los aprobados por el Programa Presupuestario F003 ‘Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado’” fue declarada desierta, bajo el argumento de que “ninguna de las propuestas recibidas no cubren los requisitos solicitados en la convocatoria (sic)”.
- Segunda licitación: No obstante, el 12 de enero el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanzó la licitación LA-38-90X-03890X001-N1-2023, para la contratación de mismo servicio de “seguimiento técnico y administrativo” al proceso de extinción de los fideicomisos y los apoyos y becas otorgados por esta dependencia como parte del Programa Presupuestario F003.
En este nuevo proceso se oficializaron los cambios que en la pasada licitación se realizaron durante la Junta de Aclaraciones.
Por ejemplo, que el licitante deberá acreditar “por medio de documento que ampare las tres certificaciones ISO 9001:2015, Great Place To Work y ISO 27001.”
Asimismo,“el licitante deberá presentar diez contratos de servicio celebrados con institución pública o privadas completos, legibles, firmados cuya formalización hubiera sido dentro de los últimos diez años anteriores a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones”.
Y que “el licitante deberá acreditar el mayor número de contratos de servicio con las características y condiciones similares a los requeridos en el procedimiento de contratación, para lo cual deberá presentar diez contratos de servicio con institución pública o privadas, legibles, cuya formalización hubiera sido dentro de los últimos 10 años, concluidos antes del acto de presentación y apertura de proposiciones”.
De acuerdo con esta nueva convocatoria, el fallo se emitirá el próximo 30 de enero y la prestación del servicio deberá iniciar al día siguiente, el primero de febrero, con un costo que en este caso rondará entre los 29 millones 280 mil pesos y los 48 millones 800 mil pesos.
- Sospechas: En sus recursos de inconformidad presentados ante la Secretaría de la Función Pública, las empresas advierten que “todo lo anteriormente expuesto sustenta que el fallo emitido por la convocante (Conacyt) no sólo no se apega a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sino que existen imprecisiones en el procedimiento y en los documentos generados”.
Además de solicitar que suspenda el fallo emitido por el Conacyt en el que declara desierta la primera licitación y de evitar que se concrete el segundo proceso de licitación, sin antes haber desahogado las pruebas, las empresas inconformes piden que en caso de encontrar elementos suficientes en el informe que rinda la convocante “se dé parte a la Fiscalía por posibles actos constitutivos de delitos”.
Este periódico solicitó al área de Comunicación Social una entrevista para conocer la versión del Conacyt, pero hasta el cierre de la edición no se concretó.
Científicos desconocen destino de 42 millones de pesos
Investigadores de diversas instituciones, agrupados en la organización ProCienciaMX, denunciaron ante el Senado de la República que después de la desaparición “desaseada” de los fideicomisos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se desconoce el destino de 42 mil millones de pesos que había en ellos.
- A través de una carta, los científicos denunciaron también que existe un “sobregiro” de mil 500 millones de pesos que corresponden al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y un “preocupante subejercicio” de dos mil millones de pesos asignados al programa de becas.
Ante una serie de denuncias públicas en contra de la funcionaria de la Cuatroté, los legisladores acordaron su comparecencia para el día de hoy. En este contexto, los investigadores enumeraron una serie de preocupaciones en torno a la administración de la ciencia y la tecnología en el país, los procesos de evaluación de los proyectos científicos, así como la incertidumbre en la formación de doctores. Todo ello, advirtieron, podría generar “una ola masiva de fuga de cerebros”.
En 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto por el cual se cancelaron los fideicomisos y el 6 de noviembre de ese año, con un segundo decreto de extinción emitido por el Congreso de la Unión, se concretó la eliminación de 109 fideicomisos, mandatos e instrumentos jurídicos en materia de ciencia, tecnología e innovación en diversos ámbitos como la investigación, la educación, el cine y los energéticos, entre otros, cuyos fondos debían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
- Los informes que se entregaron a la Cámara de Diputados en diferentes momentos señalaron que 11 fideicomisos se cancelaron en el transcurso del ejercicio fiscal 2020, mientras que otros 28 se eliminaron de enero a junio de 2021. En ese momento otros 69 estaban en proceso de extinción.
- El decreto presidencial no estableció ningún fin concreto para dichos recursos y sólo hizo referencia a la política de austeridad.
- Mientras que el decreto legislativo indicó que entre los fines prioritarios para destinar el dinero estarían el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud, especialmente para los requerimientos derivados de la atención a la pandemia, incluyendo la obtención de vacunas.
La carta de los científicos, elaborada el pasado 15 de mayo y entregada en el Senado previo a la presentación de la directora del Conacyt, indica que “hasta ahora la Auditoría Superior de la Federación ha hecho una serie de observaciones relativas al actual uso irregular por parte del Consejo de los recursos de al menos uno de estos fideicomisos”.
- El documento que se entregó la semana pasada, dado que en principio la comparecencia iba a ser el 18 de mayo, explica que en materia de ciencia la cancelación de los fideicomisos y la creación de los Programas Nacionales Estratégicos dio origen también a “un sobregiro de 700 millones de pesos”.
- Y observa con “preocupación” que una parte significativa de los recursos de ese programa “han sido asignados directamente mediante la modalidad de Proyectos por encargo de Estado, lo que genera fuertes inequidades entre disciplinas, instituciones y entidades federativas”.
Los investigadores también denunciaron las irregularidades en la autorización de evaluaciones que retrasan las investigaciones hasta por seis meses. Esto hace que se pierda la continuidad en los proyectos, se genere incertidumbre entre quienes están en proceso de formación en los doctorados y “aumenta el riesgo de una ola masiva de fuga de cerebros”.
Conacyt retuvo 1,125 millones de pesos de los fondos desaparecidos
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) retuvo 1,125 millones de pesos de los fondos desaparecidos por decreto presidencial en 2020, argumentando que eran compromisos para proyectos de investigación en el Consejo y en instituciones como la Conagua, Sedesol y Sagarpa, pero de los que no existen documentación que comprueben su existencia.
- Así lo advierte la Auditoría Superior de la Federación en la revisión a dos auditorías realizadas al Conacyt, dirigido por Elena Álvarez Buylla, sobre la desaparición de los fideicomisos para la investigación científica, tras el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras que en una tercera auditoría advierte que el Conacyt no entregó los estados financieros de 2020 de los Fondos Mixtos del Estado de México y de los municipios de Puebla y La Paz, Baja California Sur, por lo que se desconoce el flujo de esos recursos públicos.
- La extinción de fideicomisos comenzó con el decreto del presidente López Obrador del 2 de abril de 2020, luego el Senado aprobó el 21 de octubre de 2020 las modificaciones a leyes para lograr la desaparición de 109 fondos. Un mes después se estableció en el Diario Oficial de la Federación que el Conacyt tendría hasta el 30 de junio de 2021 para entregar el dinero de sus fideicomisos a la Tesorería de la Federación.
- Sin embargo, el Conacyt estableció promesas de financiamiento posterior al 6 de noviembre, cuando entró en vigor la reforma del Senado, de acuerdo con la revisión de la auditoría “Gestiones para la Concentración de los Recursos Públicos Federales de los Fondos Institucionales y del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (FIDETEC) en la Tesorería de la Federación”.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, los fondos tenían 2 mil 65 millones de pesos distribuidos en 11 cuentas bancarias, de los cuales mil 935 millones de pesos (93%) se reportaron como “comprometidos”.
Durante la revisión del dinero, el Conacyt pudo justificar con documentación que 116 millones de pesos sí debían ser entregados. Sin embargo, con el restante “persiste la irregularidad”, toda vez que, por ejemplo, “no entregó los documentos que justifiquen la obligación de pago a un tercero”, respecto a 813 millones 548 mil pesos.
Por ejemplo, sobre 31 convenios modificatorios por 373 millones de pesos firmados el 21 de septiembre al 18 de diciembre de 2020, del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT), “el Conacyt no proporcionó los contratos iniciales que dieron origen a dichos convenios, por lo que no se justificó la reserva de los recursos”.
Además, se comprometieron recursos por 163 millones de pesos entre el 7 y 18 de diciembre de 2020, correspondientes a 37 contratos, pese a que ya existía el decreto de extinción de los fideicomisos, lo cual significó “un incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
- Eso mismo ocurrió con el Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación-PRONACES, pues el Conacyt comprometió recursos por un total de 84 millones de pesos después del plazo límite establecido en el Decreto del 6 de noviembre de 2020, ya que continuó con el proceso de selección de dos convocatorias publicadas el 10 de agosto y 23 de octubre de 2020 para apoyar 49 proyectos, cuyos resultados se publicaron el 19 de febrero y 16 de abril de 2021.
En la segunda auditoría “Gestiones para la Concentración de los Recursos Públicos Federales de los Fondos Sectoriales en la Tesorería”, es decir, aquellos en los que participaba el Conacyt e instituciones federales, la ASF explica que de 75 millones 813 mil pesos registrados como recursos comprometidos antes de su extinción, “no se acreditó la documentación que justifique el compromiso de pago de 68 millones 283 mil pesos”.
Dichos recursos correspondientes al Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social (FOSISS); y respecto de 7 millones 530 mil pesos del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social (Sedesol), no se contó con la determinación definitiva del Comité Técnico y de Administración para continuar con el proyecto o, en su caso, la rescisión de su convenio y liberación del recurso al patrimonio disponible.
- De los recursos reservados “por formalizar”, del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua (CONAGUA) “no se evidenció la documentación que justifique el compromiso de pago de 42 millones 820 mil pesos y sobre 14 millones 664 mil pesos de los fondos Sedesol, FOSISS, Fondo Sectorial de Investigación para la Evaluación de la Educación (INEE) y Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos (Sagarpa) “no acreditaron la obligación de pago o, en su caso, la autorización de la liberación y reclasificación del recurso al patrimonio disponible”.
En cuanto a los Fondos Mixtos (Fomix), integrados por gobiernos estatales y municipales, el Conacyt “no proporcionó los estados financieros al cierre del ejercicio 2020, de los Fondos Mixtos del Estado de México, y de los municipios de Puebla, Puebla y La Paz, Baja California Sur”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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