El desplazamiento forzado por violencia es una de las problemáticas habitacionales y sociales más graves de México. Cada año, miles de personas abandonan sus hogares ante amenazas, ataques armados y disputas territoriales, una situación que no solo implica la pérdida de una vivienda, sino también la ruptura de comunidades enteras y proyectos de vida.
De acuerdo con el Informe Sobre las Ciudades del Mundo 2026, elaborado por la ONU-Hábitat, al cierre del 2024 existían 123 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo debido a persecución, conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos, el doble de la cifra registrada una década antes.
- El organismo advierte que una parte importante de esta población se traslada a ciudades como refugiados o desplazados internos, donde suele habitar en viviendas inseguras y permanece expuesta al riesgo de nuevos desplazamientos.
- En México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reportó que entre el 2006 y el 2020 se acumularon al menos 356,792 personas desplazadas internamente por hechos de violencia en eventos masivos.
Para Kelly Muñoz, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), coordinadora y coautora del libro “Desplazamiento forzado interno en México”, el fenómeno comienza mucho antes de que las familias abandonen sus viviendas.
“El desplazamiento forzado empieza desde que la violencia convierte al territorio en un espacio inhabitable, cuando el miedo sustituye la ciudadanía. Nombrar algo como ‘forzado’ implica reconocer responsables, víctimas y derechos vulnerados”, afirmó.
Crisis creciente de desplazamiento
Un ejemplo reciente ocurrió en mayo del 2026, cuando comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, sufrieron ataques por parte de grupos criminales. De acuerdo con autoridades y organizaciones comunitarias de la región, la violencia provocó el desplazamiento forzado de más de 2,000 personas.
Sin embargo, Guerrero no es un caso aislado. Comunidades de Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Chiapas, entre otros, enfrentan situaciones similares desde hace varios años.
Julio César Franco Gutiérrez, director de Manejo de Conflictos en el Centro de Seguridad Urbana y Prevención y consejero del Observatorio Humana de Apatzingán, explicó que el desplazamiento forzado por violencia se reproduce cada vez con mayor rapidez en distintas entidades.
“Este año detectamos desplazamientos en Nayarit y Durango, con movimientos poblacionales que, como es cada vez más usual, se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos”, dijo.
El control del territorio
Los especialistas coinciden en que el desplazamiento forzado interno no debe entenderse únicamente como una consecuencia de la violencia, sino también como un mecanismo de control territorial.
- Kelly Muñoz sostuvo que el desplazamiento opera para controlar y reconfigurar territorios mediante la desarticulación de las comunidades, por lo que la violencia funciona como un “dispositivo de desterritorialización”.
- “En casos como Sinaloa y otros territorios afectados encontramos que detrás de las expulsiones de comunidades aparecen conflictos vinculados con economías extractivistas, minería, narcotráfico y otras formas de acumulación tanto de poder, como de capital. No se trata solamente de perder una vivienda, se pierde memoria y la posibilidad de proyectar un futuro”, declaró.
Las consecuencias en las victimas son profundas y pueden extenderse durante generaciones. Según el informe de ONU-Hábitat, los efectos incluyen la pérdida del hogar, la destrucción de propiedades y medios de vida, la separación de familias y secuelas psicológicas derivadas de la violencia.
Vacíos institucionales
Uno de los desafíos para desarticular este fenómeno en México es la falta de reconocimiento y atención integral. Actualmente, el país carece de un marco jurídico específico y de estrategias efectivas de acompañamiento para las víctimas.
La discusión cobró relevancia en junio de este año, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en relación con un amparo sobre la inacción legislativa y gubernamental frente al desplazamiento forzado interno, que no es obligación del Estado mexicano responder a las recomendaciones internacionales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Con esto perdemos una ruta de actuación. Lamentablemente estos recursos internacionales pierden mucha potencia, más no su calidad como instrumento de reivindicación y de lucha”, sostuvo Franco.
- Ante el aumento de los desplazamientos internos, ONU-Hábitat plantea que los gobiernos deben facilitar el acceso a diversas alternativas de vivienda, incluidos los esquemas de alquiler privado, programas de transferencias monetarias y la eliminación de prácticas discriminatorias en el mercado habitacional.
No obstante, el organismo enfatiza que la prevención debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia pública.
“Los hogares y los medios de vida son mucho más fáciles de demoler que de reconstruir, por lo que la destrucción de viviendas, ya sean autoconstruidas, informales o formales, debe evitarse siempre que sea posible”, se lee en el reporte.
Urge atención institucional y políticas públicas
El desplazamiento forzado interno en México afecta a miles de personas que abandonan sus hogares para huir de la violencia, el crimen organizado y la persecución. Durante 2026, los casos se han incrementado en diversas regiones del país, donde la ausencia de respuestas institucionales ha dejado a comunidades enteras sin protección ni garantías para retornar a sus lugares de origen.
En los primeros seis meses del año, aproximadamente 600 personas fueron desplazadas en Chihuahua, 30 en Chiapas, más de 800 en Guerrero, más de 600 en Michoacán y al menos mil en Sinaloa. Estas cifras reflejan el alcance territorial y la gravedad de la crisis. Organizaciones civiles que han documentado estos hechos alertan que la violencia estructural y la inacción oficial agravan la situación de quienes se ven obligados a dejarlo todo.
Violencia y abandono institucional agravan la crisis
Las causas del desplazamiento forzado interno se encuentran en el control territorial ejercido por el crimen organizado, el reclutamiento forzoso, la siembra y trasiego de droga, la tala ilegal y otras actividades ilícitas. A esto se suman alianzas entre grupos delictivos y autoridades municipales, estatales y federales, así como acuerdos con empresas mineras que recurren a estos grupos para el despojo de tierras de pueblos originarios.
Durante una misión de observación en Chihuahua realizada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), se identificó el desplazamiento de comunidades indígenas ralámuli y ódami que han abandonado el municipio de Guadalupe y Calvo.
Estas personas denunciaron enfrentamientos entre cárteles, amenazas de reclutamiento, violencia sexual, secuestros y agresiones físicas y psicológicas. En un caso de retorno forzado a la comunidad de Atascaderos, las autoridades no garantizaron la seguridad, lo que resultó en el asesinato de una persona y la desaparición de dos más.
- En el estado de Jalisco, la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán enfrenta amenazas, hostigamiento, ataques físicos, desapariciones e intentos de homicidio por defender su territorio ancestral. El asesinato del representante agrario Marcos Aguilar Rojas, ocurrido en noviembre de 2025, marcó un punto crítico en la lucha que estas comunidades mantienen por la posesión de sus tierras desde 1951.
Comunidades indígenas bajo ataque persistente
Las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán en Guerrero han sufrido el desplazamiento de más de 800 personas pertenecientes al CIPOG-EZ. El 9 de mayo de 2026, un grupo criminal ingresó a la comunidad de Alcozacán y atacó a la población civil con drones y armas de alto calibre. El saldo fue la muerte de por lo menos cinco personas, viviendas incendiadas, animales asesinados y el establecimiento de un clima de terror. Desde 2015, estas localidades han estado bajo asedio, registrando al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones en once años.
- El Estado mexicano ha mantenido una postura insuficiente ante la emergencia. Las acciones implementadas suelen carecer de pertinencia cultural y no responden a las necesidades reales de las víctimas. No existen políticas públicas ni estrategias apegadas a los principios rectores del desplazamiento forzado interno. Además, persisten los problemas estructurales vinculados al crimen organizado y la impunidad.
Exigen articulación gubernamental para atender la emergencia
La Red TDT, que ha documentado la crisis, demanda a los tres niveles de gobierno que, más allá de intereses partidistas o económicos, reconozcan la gravedad del desplazamiento forzado interno y actúen de manera coordinada para atender la emergencia humanitaria.
Las víctimas requieren protección, acceso a la justicia y el cese de la impunidad. También solicitan la investigación y sanción de los responsables de la violencia, así como la atención a los testimonios y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Las familias desplazadas continúan esperando respuestas efectivas que garanticen su seguridad y el restablecimiento de sus derechos. Hoy, en el Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas, la urgencia de una atención institucional real se mantiene como una exigencia pendiente.
La crisis silenciosa del desplazamiento forzado en México
El desplazamiento forzado interno se convirtió en una de las crisis humanitarias más graves y menos atendidas de México, con hasta 400 mil personas desplazadas por violencia al cierre de 2023 y con nuevos episodios masivos que muestran cómo el crimen organizado, la omisión institucional y el vacío legal están empujando a comunidades enteras fuera de sus hogares.
El fenómeno creció al calor de la violencia, la criminalidad y la disputa por el control territorial. Desde la militarización de la seguridad pública iniciada en 2007, el desplazamiento interno dejó de ser un problema aislado y se convirtió en una radiografía criminal.
Los cárteles no solo matan, extorsionan o secuestran. También vacían territorios, imponen control social, obligan a familias a abandonar sus casas y convierten comunidades rurales en zonas de expulsión.
- Hasta finales de 2023, el Observatorio de Desplazamiento Interno estimaba la existencia de hasta 400 mil personas desplazadas internamente en México a causa de la violencia. La crisis siguió creciendo. En 2024 se documentaron 28 mil 900 personas desplazadas, un aumento de 129 por ciento respecto al año previo. Para 2025, los monitoreos registraron 15 mil 795 personas desplazadas en 73 eventos masivos a nivel nacional.
El mapa de la expulsión
Sus principales focos están en entidades atravesadas por rutas criminales, disputas territoriales, violencia comunitaria y control armado. Históricamente, los estados con mayor número de expulsiones son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua.
- En 2024, Chiapas concentró 61.8 por ciento del total nacional de personas desplazadas. Para 2025, el foco se movió hacia el norte y occidente. Sinaloa encabezó los desplazamientos con 39.2 por ciento, seguido de Chihuahua con 28.4 por ciento, Michoacán con 21.3 por ciento y Guerrero con 4.8 por ciento.
- En Chiapas, el desplazamiento combina conflictos históricos, intolerancia religiosa, presencia de grupos armados y disputa criminal por el control de la frontera sur. En Michoacán y Guerrero, la violencia se ha agravado por la presencia de cárteles, grupos de autodefensa, ataques armados, amenazas, reclutamiento forzado y nuevas tácticas de guerra. En Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, la disputa por rutas hacia Estados Unidos convirtió varias regiones en zonas de expulsión permanente.
El noreste también muestra una de las caras más duras del fenómeno. En Tamaulipas se han reportado éxodos masivos y la creación de pueblos fantasmas en municipios como Ciudad Mier o Nuevo Laredo. En esos territorios, la población no solo huye por miedo a una balacera, sino por la imposibilidad de vivir bajo cobro de piso, amenazas, secuestros, reclutamiento forzado y pérdida total de control sobre su vida cotidiana.
Crimen organizado, drones y minas
El crimen organizado aparece como el principal detonante del desplazamiento reciente. El 83 por ciento de los eventos actuales está provocado directamente por la violencia criminal. Las organizaciones buscan someter comunidades mediante extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado, incendios de viviendas y ataques armados.
La crisis se agravó con el uso de tecnología. Grupos criminales ya emplean drones con explosivos, minas antipersona terrestres y operadores especializados conocidos como droneros. Estas tácticas han sido documentadas en Tierra Caliente, Michoacán, y en Guerrero, donde las comunidades rurales e indígenas quedan atrapadas entre la violencia armada y la ausencia de protección suficiente.
En mayo de 2026, comunidades indígenas de Chilapa en Guerrero fueron atacadas con tácticas paramilitares y drones atribuidos al grupo criminal Los Ardillos. El resultado fue el vaciamiento de pueblos enteros.
Ese caso muestra una transformación del desplazamiento. Ya no se trata únicamente de familias que huyen después de amenazas directas. Se trata de poblaciones que son expulsadas por operaciones criminales con capacidad de control territorial, armamento avanzado y tácticas diseñadas para sembrar terror.
La ruta hacia el norte y el doble desplazamiento
Las familias desplazadas suelen huir primero hacia cabeceras municipales o poblados cercanos dentro de su propio estado. Buscan anonimato, protección y una posibilidad mínima de sobrevivir. Muchas terminan en periferias urbanas sin servicios básicos, sin empleo, sin documentos y sin redes de apoyo.
Cuando el peligro persiste, emprenden una segunda ruta hacia el norte. Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Nogales se han convertido en cuellos de botella para familias que salen del sur, del centro, de la sierra o de regiones rurales con la esperanza de cruzar a Estados Unidos y pedir asilo.
Pero la frontera norte dejó de ser un refugio seguro. En ciudades receptoras, las familias desplazadas vuelven a enfrentar extorsiones, cobro de piso, violencia sexual, secuestro, trata de personas e intentos de reclutamiento por parte de grupos criminales fronterizos.
Así surge el doble desplazamiento. Las víctimas huyen de sus comunidades, llegan a una ciudad que debería protegerlas y ahí vuelven a ser atacadas, obligadas a moverse otra vez, incluso dentro del mismo estado o de la misma zona urbana.
La situación se agravó con las órdenes ejecutivas de enero de 2025 del gobierno estadounidense, que cerraron vías legales de asilo como CBP One, reactivaron programas de espera en México y aceleraron deportaciones. Al quedar varadas en campamentos, albergues o calles de ciudades fronterizas, las familias desplazadas quedan expuestas a redes de tráfico de personas, coyotes que cobran hasta 10 mil dólares, secuestros y trata.
SCJN niega obligación de crear ley de desplazamiento forzado en México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo promovido para obligar al Estado mexicano a crear una ley general, una institución especializada y un presupuesto específico para atender el desplazamiento forzado interno en el país.
- El asunto fue analizado por el Pleno dentro del Amparo en Revisión 269/2025, promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), que denunció omisiones legislativas e institucionales frente a una crisis que, de acuerdo con sus estimaciones, ha afectado a alrededor de 390 mil personas desde 2016.
El CNLE solicitó que el Poder Judicial reconociera que la falta de un marco jurídico federal específico para atender el desplazamiento forzado constituye una violación a derechos humanos.
En su planteamiento, la organización sostuvo que esta ausencia normativa mantiene a las víctimas en un estado de vulnerabilidad prolongada y sin acceso efectivo a protección institucional.
El organismo argumentó que el desplazamiento forzado no debe entenderse como un solo hecho aislado, sino como un proceso de afectaciones acumuladas, expuso en el expediente del caso.
- El proyecto de resolución, a cargo de la ministra María Estela Ríos González, quien propuso negar el amparo y sostuvo que ni la Constitución mexicana ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen una obligación expresa que permita exigir, vía juicio de amparo, la creación de una ley específica en materia de desplazamiento forzado.
- Bajo ese criterio, la SCJN resolvió que no es posible obligar al Congreso de la Unión a legislar en esta materia a través de este mecanismo judicial.
Tampoco reconoció la obligación de las autoridades federales de crear una institución especializada ni de asignar un presupuesto específico para atender el problema.
La resolución también abordó el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el tribunal determinó que sus recomendaciones no tienen carácter vinculante, por lo que funcionan como orientaciones y no como mandatos jurídicos obligatorios para el Estado mexicano.
La CIDH ha emitido recomendaciones a México en 2013, 2015 y 2022 para adoptar una legislación federal en la materia de desplazamiento forzado, crear una institución de atención a personas desplazadas y asignar recursos públicos para su protección.
Sin embargo, dichas recomendaciones no han sido implementadas de manera integral.
- De acuerdo con el Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno, el fenómeno ha mostrado un crecimiento sostenido, con un aumento de 129% en 2024, lo que refleja su persistencia en distintas regiones del país.
- Con esta resolución, la SCJN estableció que la omisión legislativa planteada no puede ser corregida a través del juicio de amparo en los términos solicitados, lo que cierra esta vía judicial para exigir la creación de un marco normativo específico.
Sin embargo, la resolución no impide que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de desplazamiento forzado interno por iniciativa propia o a partir de procesos legislativos ordinarios.
El fallo únicamente establece que esta obligación no puede ser exigida mediante el juicio de amparo en los términos planteados, lo que deja el tema en el ámbito de decisión del Poder Legislativo./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://unhabitat.org/sites/default/files/2026/05/wcr_2026.pdf
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
