Al demostrar que la economía mexicana se encuentra estancada y que existen políticas públicas incongruentes, “no sería extraño” que en los siguientes trimestres se presenten variaciones del Producto Interno Bruto (PIB) trimestrales y anuales negativas, consideró el sector privado.
La reciente determinación de modificar los lineamientos para otorgar Certificados de Energías Limpias (CEL) pone en riesgo el Estado de Derecho y cuantiosas inversiones, e incrementa considerablemente la incertidumbre, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
A través de su análisis semanal, el sector privado refirió que la industria energética muestra claras señales de fragilidad financiera en un contexto de ingresos propios e inversión limitados. “Ello representa un riesgo para este importante sector y para la salud de las finanzas del públicas y consecuentemente aumenta la posibilidad de desequilibrios fiscales y endeudamiento público”.
- Recordó que —la semana pasada— el INEGI dio a conocer su estimación oportuna sobre el comportamiento del PIB en el tercer trimestre del año que prevé que la economía tuvo un avance de 0.1% respecto al trimestre previo con base en cifras desestacionalizadas, comportamiento un tanto sorpresivo cuando la evolución de los principales indicadores macroeconómicos había generado una expectativa negativa.
- En la comparación anual con base en cifras ajustadas, por el lado de la oferta de bienes y servicios, el PIB registra una disminución de 0.4%, su primera caída desde el último trimestre del 2009, acotó.
En este contexto, agregó que no es extraño que diversos organismos y especialistas continúen corrigiendo a la baja sus pronósticos de crecimiento para el presente año. Es muy probable que en los próximos resultados de la encuesta del Banco de México (Banxico) la estimación promedio de los especialistas para 2019 se acerque a cero por ciento, mientras que para el próximo año lo haga al 1.0%.
INVERSIONES MERMADAS
Las modificaciones de Sener “ponen en riesgo” más de 9 mil millones de dólares en inversiones privadas nacionales e internacionales que se realizaron bajo las reglas originales, afirmó esta semana el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.
Paul Alejandro Sánchez, director de Ombudsman Energía México, señala que las inversiones que ya estaban pactadas van a ver “mermada una parte importante” de sus ingresos porque algunas plantas que ya estaban operando van a tener que hacer ajustes “muy fuertes” por afectaciones en sus proyecciones financieras.
DECISIÓN “IDEOLÓGICA”
La Secretaría de Energía también ha despertado cuestionamientos por realizar estas modificaciones, sin considerar los comentarios de más de 60 empresas, asociaciones industriales y organizaciones civiles, y obtener una exención especial de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
Daniel Chacón Anaya, director de Energía de la Iniciativa Climática de México, atribuye esta decisión a un “asunto ideológico al 100 por ciento”, porque el Gobierno tiene una idea de ser “omnipotente” y tener el control “absoluto” de las áreas que considera estratégicas, cuando en otros países son actividades comerciales./EL ECONOMISTA-SIN EMBARGO-PUNTOporPUNTO
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