Luis ECHEVERRÍA “no ha sido exonerado por el DELITO de GENOCIDIO”; 4T promete esclarecer la matanza del ’68

El sonido de los disparos de la noche del 2 de octubre y las imágenes de la trágica matanza de estudiantes permanecen en la memoria de la Plaza de las Tres Culturas, envueltos en un manto de impunidad.

• A 53 años de esta masacre, Ignacio Carrillo Prieto, exfiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y Félix Hernández Gamundi, representante del Comité del 68, ven en el presidente Andrés Manuel López Obrador voluntad para esclarecer este caso, pero saben que tres años no son suficiente para lograrlo.
• El presidente López Obrador alista la publicación de un decreto para crear la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, periodo conocido como la «Guerra Sucia».
• Así, el actual gobierno ofrece esclarecer hechos como la matanza del 2 de octubre de 1968. Se solicitó entrevista con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y con otros funcionarios responsables de estos planes, pero se rehusaron a responder a este medio.

Para Carrillo Prieto la creación de esta comisión es una buena noticia y dijo confiar en el trabajo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Aunque resaltó que es fundamental juzgar sin fueros a quien sea necesario, en referencia a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Al ser cuestionado sobre si las víctimas del 68 podrán obtener justicia durante el gobierno de López Obrador, el exfiscal se mostró optimista por la disposición que ha tenido el mandatario.

«Yo espero que así sea, ese es un compromiso, una obligación y debe ser cumplida y me parece que la actitud del presidente López Obrador es muy encomiable, por esa voluntad suya de la justicia y de la lucha contra la desigualdad y la desigualdad expresada en muchas formas, también en ésta, la desigualdad de la memoria, recordamos algunas cosas y otras no queremos recordar y no, no se vale así», dijo.

Sin embargo, señaló que los tres años que quedan de la actual administración podrían no ser suficientes para resolver el caso del 68. «Yo creo que no, fíjate que habrá que establecer un mecanismo, un compromiso de continuidad con el Estado, no del gobierno en turno, en que se comprometa a la continuidad para el esclarecimiento y la justicia de estos hechos».

ESPERO QUE SÍ HAYA JUSTICIA: HERNÁNDEZ GAMUNDI

Hernández Gamundi, quien fue uno de los líderes del Movimiento Estudiantil del 68, también considera que en el actual gobierno puede haber justicia. «Yo espero que sí, y más nos vale, porque estamos en una situación en donde hay una expectativa muy grande alrededor de estas cosas; sin embargo, para el caso específico del 68, en los últimos años no ha habido avance, hubo un avance cuando se creó la Fiscalía especial, por ahí en el año 2002», indicó.

• Aunque dijo que en el Comité del 68 piensan que más que una comisión de la verdad se necesita que se integre una unidad especial dentro de la Fiscalía General de la República que se haga cargo de estos casos.
• Recordó que en México ya hubo dos comisiones de la verdad para el 68, la primera estuvo integrada por personajes como Elena Poniatowska, Carlos Monsivais. Lorenzo Meyer y Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros.

«Produjeron un informe muy fuerte, pero se toparon con hueso cuando quisieron investigar la participación del Ejército, ahí no les dieron nada de información», resaltó Hernández Gamundi.

La segunda comisión de la verdad se conformó en la Cámara de Diputados para el aniversario 40 de la matanza del 68, pero ocurrió lo mismo.

• Tanto Hernández Gamundi como Carrillo Prieto coincidieron en la necesidad de que se abran los archivos de las Fuerzas Armadas, ya que así se podrá conocer quienes dieron la orden de abrir fuego contra los estudiantes y todos los que estuvieron involucrados.
• En gobiernos anteriores este es uno de los aspectos que trabó los avances, pero Hernández Gamundi cree que en esta ocasión puede ser diferente.

«El presidente acaba de anunciar que ninguna información se reservará sobre estos casos y entiendo que no solamente se refiere a 68, sino a todos los que están sobre la mesa, incluyendo Ayotzinapa, 68, todos los demás casos que están en medio», señaló.

«El presidente es el jefe supremo de la Fuerzas Armadas y no se enfrentaría, simplemente daría las autorizaciones que le confiere esa altísima dignidad de jefe supremo para que sus fuerzas sean investigadas, por quiénes, primero por la pesquisa ciudadana y después proporcionando mejores elementos que los que hay ahora en las fiscalías», indicó Carrillo Prieto.

LAS TRABAS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA

«Ahí está todo. Él (Gustavo Díaz Ordaz) manejó al Ejército, era el comandante supremo, él lo manejó todo», declaró el expresidente Luis Echeverría a la periodista Irma Rosa Martínez en 1998.

• En la entrevista publicada en El Universal, Echeverría Álvarez, quien fue secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, trató de deslindarse de lo ocurrido en 1968, al indicar que el mandatario lo marginó del asunto y no tuvo nada que ver en la forma en que se encaró el problema.
• Años más tarde las autoridades determinaron que la realidad era otra. La Femospp, que encabezaba Carrillo Prieto, determinó indiciar a Echeverría Álvarez por la matanza de Tlatelolco. En 2006 se giró orden de aprehensión en su contra y permaneció dos años y medio en prisión domiciliaria.

Para las víctimas del 68 eso no es suficiente. Hernández Gamundi declaró que para alcanzar la justicia se debería proceder no solamente contra Echeverría Álvarez, sino en contra de todos los que estuvieron implicados.

Probablemente el mayor avance en la investigación fue durante el periodo en que estuvo funcionando la Femospp, pero como suele ocurrir, al concluir el sexenio los resultados de las indagatorias pasaron a manos de la siguiente administración y el proceso se detuvo.

Yo creo que falló durante décadas la voluntad política, porque ni (Felipe) Calderon, ni (Enrique) Peña Nieto, ni (Vicente) Fox siquiera eran capaces de enfrentar ni tenían algún interés de examinar este asunto y el dolor que conllevó para tantas y para tantos ciudadanos

• «Entonces creo que no habiendo voluntad política entonces y habiéndola hoy, pues nada impediría que avanzáramos con firmeza, olvidándonos de esas falsas contemplaciones de que sí el honor y el prestigio y el orgullo, cuando hay una gran herida nadie habla de honor, orgullo y prestigio, eso es una frivolidad frente al dolor de la gente, no se vale, ahí hay crímenes que no han sido resueltos de modo total ni reparados», enfatizó Carrillo Prieto.
• Desde hace varios años se han hecho intentos de esclarecer la matanza de 1968 y fincar responsabilidades; sin embargo, Hernández Gamundi y Carrillo Prieto coincidieron en que los esfuerzos se frenaron por diversos problemas, como la falta de acceso a información a archivos de las Fuerzas Armadas, la falta de competencia de autoridades judiciales y principalmente la falta de interés y voluntad de los gobiernos.

Además de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que se estableció durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, otra de las acciones provino de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que el 24 de septiembre de 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, reconoció que la masacre del 68 fue un «crimen de Estado».

En esa ocasión, Jaime Rochín, quien era titular de la CEAV, dijo que se determinó hacer una reparación colectiva de memoria y reconocimiento y añadió que de manera individual los afectados podrían iniciar el proceso de reparación del daño, aunque hasta la fecha se desconocen los avances en este tema.

• A 53 años de distancia de aquella trágica noche, las víctimas del 68 siguen espetando que se haga justicia. Hernández Gamundi resaltó que lo importante es no cansarse y seguir luchando contra la impunidad.
• Él y Carrillo Prieto destacaron que haber dejado en la impunidad el 68 abrió la puerta a que ocurrieran otra serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos en otros casos como Aguas Blancas, Tlatlaya y Ayotzinapa, por mencionar sólo algunos, por lo que esclarecer este caso sería un parteaguas para evitar que se repitan en el futuro

EL PROCESO CONTRA ECHEVERRÍA «SIGUE VIVO»

El expresidente Luis Echeverría Álvarez “no ha sido exonerado por el delito de genocidio” cometido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Su caso “está vivo”, el expediente “sigue abierto” y es posible continuar las investigaciones en su contra, afirma tajante Víctor Guerra, abogado del Comité del 68.

• De hecho, comenta que la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo 154 diligencias después del 27 de marzo de 2009, fecha en que Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la revocación de la prisión domiciliaria del expresidente y ordenó su liberación con “las reservas de ley”.
• Juan Velázquez, el abogado de Echeverría, “propaló la idea de que con esa sentencia su cliente quedaba completamente exonerado, lo cual es absolutamente falso”, afirma Guerra.

Tan vivo está el caso que –sostiene– el 2 de enero de 2019 el juez décimo de Distrito en Materia de Amparo envió un citatorio al expresidente debido a que el 2 de octubre de 2018 el Comité del 68 promovió un amparo por la “inacción” y “omisión” de la FGR para seguir investigando y allegarse pruebas de la presunta responsabilidad de Echeverría en el genocidio de la Plaza de las Tres Culturas.

En un escrito de respuesta a dicha solicitud de amparo, el propio Echeverría reconoció que la investigación “se mantiene activa” y que su liberación está sujeta a “las reservas de ley”.

BATALLAS LEGALES

De larga data han sido las batallas legales para enjuiciar a Echeverría.

En 2 de octubre de 1998 –en el 30 aniversario de la matanza de Tlatelolco–, integrantes del Consejo Nacional de Huelga y otros participantes del movimiento estudiantil del 68 presentaron una denuncia de hechos ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en contra del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, su secretario de Gobernación Luis Echeverría y 12 funcionarios más de su administración.

• El 10 de noviembre de ese año la PGR respondió que la denuncia era improcedente debido a la “extinción de la acción penal por prescripción”. Ante ello, los denunciantes promovieron un juicio de amparo indirecto. El juez primero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal se los concedió. La PGR interpuso un recurso de revisión y el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ordenó el 30 de enero de 2002 que se integrara la averiguación previa para determinar si los hechos denunciados eran constitutivos de delitos y a partir de ello se procediera al estudio de la “prescripción”.

La denuncia fue retomada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la cual el 18 de noviembre de 2005 ejerció acción penal contra Echeverría y otros funcionarios por el delito de genocidio y solicitó la correspondiente orden de aprehensión. Ésta se cumplimentó el 3 de julio de 2006. Dos años y cuatro meses estuvo el expresidente en prisión domiciliaria y bajo custodia permanente.

• El 12 de julio de 2007 el Tercer Tribunal Unitario en Materia del Primer Circuito concedió un amparo a Echeverría y ordenó su liberación. El magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano argumentó que sí hubo un genocidio en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, pero que en las casi 59 mil fojas del expediente no encontró “ni una sola prueba” sobre la responsabilidad del acusado.

El Ministerio Público se inconformó con esa determinación y presentó un recurso de revisión. El caso pasó al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual, en sentencia de fecha 26 de marzo de 2009, ratificó el amparo en favor de Echeverría y decretó su liberación.

«CON LAS RESERVAS DE LEY»

En su resolución del 26 de marzo de 2009, el Quinto Tribunal Colegiado tuvo por “no demostrada la responsabilidad” de Echeverría en “la comisión del delito de genocidio” y ordenó su liberación “por falta de elementos para procesarlo”, pero, agregó de inmediato, “con las reservas de ley”.

Y es justamente esa última frase –“con las reservas de ley”–, el elemento clave que mantiene vivo el caso contra el expresidente, sostiene Guerra, el abogado del Comité del 68.

• Y se remite al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual señala que “si dentro del término legal no se reunen los requisitos necesarios para dictar auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a proceso”, pero “sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba se actúe nuevamente contra el inculpado. En esos casos no procederá el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la acción penal del delito”.

Asegura que en este supuesto está el caso contra el expresidente, pues su liberación fue sin “perjuicio” de que la Fiscalía General de la República busque “nuevos elementos de prueba” para actuar una vez más en su contra.

–Pero el delito ya prescribió, se le comenta.

–En absoluto…

Recuerda que los tribunales que conocieron del caso resolvieron que no habían trascurrido los 30 años necesarios para que prescribiera el delito.

Argumenta que la prescripción queda anulada cuando hay una acción de la justicia en fecha previa a que se cumpla dicho plazo de prescripción… “y es el caso de Echeverría”, primero porque la primera denuncia se interpuso en octubre de 1998 y luego porque la orden de aprehensión en su contra se emitió el 30 de junio de 2006. Aclara que los 30 años de prescripción se cuentan a partir del 1 de diciembre de 1976, pues no deben contar los años en que Echeverría tenía fuero, primero porque fue secretario de Gobernación (1964-1970) y luego como presidente de la República (1970-1976).

Por si eso no bastara, Guerra apela a los tratados internacionales que consideran al genocidio como delito de lesa humanidad; es decir, continuados e imprescriptibles. Y, en virtud de la reforma constitucional del 2011, los tratados internacionales son equiparables a las normas nacionales.

• Guerra regresa al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual también establece que en los casos de sobreseimiento con las reservas de ley “el Ministerio Público podrá promover prueba hasta reunir los requisitos necesarios con base en los cuales solicitará nuevamente al juez dicte orden de aprehensión o de comparecencia”.
• Es decir, explica, “el Ministerio Público puede trazar una línea de investigación para acceder a los elementos de prueba que permitan fincarle responsabilidad al inculpado Echeverría por el delito de genocidio”.

Pero, agrega, “no lo ha hecho, incumpliendo con el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales”.

EL CITARORIO PARA EL EXPRESIDENTE

Ante la “inacción” y la “omisión” de la FGR, el Comité del 68 promovió un amparo el 2 de octubre de 2018, al cumplirse los 50 años de la matanza. El juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal lo registró con el expediente número 796/2018-1.

• “Gracias a ese amparo, nos enteramos que cambiaron la averiguación previa del caso: era la PGR/FEMOSPP/002/ 2002 y, tras la desaparición de la Fiscalía que encabezaba Ignacio Carrillo Prieto, se pasó a la clasificada como SEIDF/ GCI/ 262/07. Nunca fuimos notificados de ello”, se queja Guerra.
• Asegura que también gracias a ese amparo, la FGR “se puso a trabajar”, pues de octubre de 2018 a junio de 2019 emitió oficios para que la Policía Ministerial busque a los integrantes del Batallón Olimpia que participaron en los hechos del 2 de octubre en Tlatelolco, “pero hasta ahora sin resultados”.

Derivado de este nuevo juicio de amparo, el juzgado Décimo Quinto de Distrito giró un citatorio para que Echeverría compareciera como tercero interesado. Lo recibió su hija María Esther Zuno el 2 de enero de 2019.

• El reportero tuvo a la vista dicho citatorio, así como la carta de respuesta que envió el expresidente al juzgado en cuestión. En esa carta, Echeverría hace una cronología de su proceso legal. En uno de los puntos señala que el 26 de marzo de 2009 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito “confirmó la revocación de mi aprisionamiento y ordenó mi libertad con las reservas de ley”.

“Eso viene a despejar todas las dudas sobre si está liberado bajo las reservas de ley o absuelto”, acota Guerra.

En su carta, Echeverría también reconoce que si bien “se ha omitido comunicar al quejoso (el Comité del 68) algún acuerdo de resolución, de archivo o consignación”, se debe a que “ninguno se ha emitido en la investigación”, la cual, afirma, “se mantiene viva”.E

El expresidente considera que “esa omisión de notificación es de un acto inexistente”.

• En otra parte de la carta señala que “los actos reclamados de omisión (por parte de la FGR) no son ciertos” porque “desde el día siguiente de mi libertad y hasta noviembre de 2018 el Ministerio Público ha realizado 154 diligencias”.
• En una ampliación de la demanda de amparo, el Comité del 68 argumentó que las diligencias de la FGR no se encaminaron a fincar la probable responsabilidad de Echeverría. Los actos de la Fiscalía “no fueron los idóneos”, señaló.

–En suma, ¿el expediente contra Echeverría está vivo, pero estancado?, se le pregunta al abogado Guerra

–Si, está estancado –responde–. Hay una inacción de la Fiscalía para lograr la consecución de sus funciones constitucionales que es perseguir y establecer los elementos de prueba para castigar al imputado./Agencias-PUNTOporPUNTO