MEGA-ECOCIDIO en Sinaloa con PLANTA de AMONIACO: alertan gran impacto Ambiental y Social

El Gobierno de Sinaloa sostiene que la planta de amoniaco será una oportunidad de empleos, pero la empresa ha calculado que habrá 300 plazas directas, “además de los empleos indirectos asociados a servicios”.

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Editor Pxp
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El miedo no es por que explote o que haya una fuga, sino que cuando empiece a funcionar tendrá un impacto ecológico. “Se va a calentar el mar. Nos van a dejar sin alimento. Sin trabajo”, dice un pescador de 63 años del campo pesquero Lázaro Cárdenas. Alberto, que prefiere no dar su apellido por temor a represalias, remata sobre el futuro de los recursos: “Ya no habrá para dejar a los que vienen detrás”.

El pescador está sobre una panga que ondea una bandera blanca con la leyenda “¡Aquí No!”. Es el grito de las comunidades indígenas Mayo-Yoreme al norte de Sinaloa frente a la construcción de una planta con la que se busca producir 2.200 toneladas diarias de amoniaco por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la firma alemana Proman, que quiere exportar el 25% de su producción y con el resto fertilizar el mercado nacional.

  • Ese “gigante” está siendo construido en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, hacia el norte de Sinaloa y en la puerta al Golfo de California, región donde hay una lucha de comunidades indígenas y civiles contra proyectos logísticos que necesitan gas licuado para funcionar.

“Les dijimos que no íbamos a levantarnos, a menos que fuera necesario”, agrega Felipe Montaño, Kobanaro (gobernador indígena) de Ohuira y vocero del movimiento que se mantiene firme desde 2014, cuando ese y otros pueblos como Lázaro Cárdenas, Paredones y Rosendo G. Castro vieron que en una de las orillas de la bahía se talaba mangle y luego se construía una plancha enorme de concreto (26 hectáreas).

“Nadie nos consultó”, agrega Montaño. Se hizo la tala con permisos expedidos por los gobiernos locales y el federal pese a que en este lugar se debía realizar una consulta informada a las comunidades indígenas que podrían verse afectadas por posibles daños ecológicos. La Suprema Corte de Justicia les dio la razón a los pueblos en 2022, pero eso no frenó el avance de los planes de la empresa alemana y los funcionarios mexicanos que impulsaron el proyecto.

Las comunidades alrededor de la bahía se organizaron, se informaron y comprendieron que ese sitio, que forma parte de su sistema de creencias, fue invadido. Han pasado 12 años de lucha incesante, no sólo de manifestaciones y protestas, sino de reuniones con funcionarios alemanes, relatores de la ONU, organizaciones civiles y comparecencias en juzgados federales para promover amparos.

El impacto en Topolobampo

Alberto es buzo y pescador, especializado en capturar caracol chino negro. Aprendió de su padre y tíos, quienes le enseñaron no solo la técnica, sino que ese producto de concha gruesa y costillas desarrolladas tiene un alto valor en los mercados de pescados y mariscos de la región noroeste de México.

“Todavía no está operando la planta, pero el ruido que hacen las máquinas y que quitaran el mangle de ahí ya provocó que bajara la pesca”, aseguró el hombre mientras apunta hacia la construcción y los enormes contenedores que se pueden ver desde cualquier lugar de la bahía, “Viera cuántas aves había… Porque esos mangles eran los criaderos de larvas”.

  • La empresa calculó en la Manifestación de Impacto Ambiental que necesitará dos millones de litros de agua de mar por hora durante los 365 días del año —es decir, usará 17.520 millones de litros al año— para mantener frío el amoniaco y así evitar que se evapore. El agua tendría que ser sustraída de la bahía y luego se descargaría con una temperatura distinta, entre 1 y 3 grados más.

“El miedo no es que explote”, repite Alberto, “Sino los daños que hará a la bahía”. El proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente implica no solo modificar la temperatura del agua o la salinidad, sino también la generación de ruido y expedición de gases en chimeneas y torres de absorción con más de 300 toneladas de hidrógeno cada una, según las denuncias de los pobladores que se oponen al proyecto.

  • La planta se encuentra a un 88% de avance, considerando ingeniería, suministro y preparación, aunque la empresa ha registrado que “en términos de obra física, la construcción se encuentra 70% y continúa avanzando conforme a lo previsto”.
  • La empresa aseguró que para operar tendrá que apegarse a protocolos internacionales de seguridad para evitar fugas de amoniaco, se contará con filtros especiales para evitar la muerte de larvas y “monitoreo constante del agua, el ruido y la biodiversidad”.

En el último tramo de trabajos se han enviado al menos tres torres de absorción, una de ellas dejada en el patio de un parque industrial que sigue sin ser terminado, pero en el que se puede ver desde lejos –como si fuera un monumento– que ahí ya casi se consuma el proyecto, pese al rechazo de cientos de hombres y mujeres indígenas y mestizos.

“Hay más de 3.500 pescadores que se verán afectados”, asegura el Kobanaro Montaño, en referencia únicamente a los pescadores que viven alrededor de la Bahía de Ohuira, sin contar a los que viajan desde Topolobampo o la región de la Bahía de Santa María.

Estudios realizados por el investigador Federico Páez, llevados al libro La paradoja del amoniaco, la afectación directa será sobre 700 empleos directos de pescadores, aparte del impacto laboral en quienes se dedican al ecoturismo.

El Gobierno de Sinaloa sostiene que la planta de amoniaco será una oportunidad de empleos, pero la empresa ha calculado que habrá 300 plazas directas, “además de los empleos indirectos asociados a servicios”.

  • Toda esta región es un sitio Ramsar –un lugar de observación y cuidado internacional por su biodiversidad– y un Área Natural Protegida. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), solo la Bahía de Ohuira es el hogar de más de 100.000 aves playeras (84% de las aves migratorias distribuidas en México), un hábitat crítico para 19 especies, entre ellas, las tortugas golfina, laúd, carey, negra o prieta, así como la iguana negra, lagartija de cola de cebra, boa, cascabel, delfín nariz de botella, peces y crustáceos de alta importancia comercial.

Hay, además, seis islas, cada una con características específicas. Una de ellas, la que se encuentra frente a donde se construye la planta, es la Isla de Patos, un refugio oficial para aves migratorias. Ahí ya se percibe una reducción de la presencia de aves de manera importante. “Han tenido que irse a otras islas o a otros lugares, porque con el ruido y la falta de alimento han tenido que dejar la bahía”, asegura Alberto.

Por determinación política

Los comuneros denuncian que la planta no habría llegado a su zona, a la Bahía de Ohuira en Topolobampo, sin la intervención de la mano política y señalan a la era en que Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial, era senador de la República por el PRI y participó como presidente de la Comisión de Energía. Entonces, supo del proyecto alemán.

A principios de la década de 2010, los directivos de Proman pensaban en Veracruz y el Golfo de México como punto estratégico para la instalación, pero el político les planteó una propuesta distinta: mudar la inversión a Topolobampo, en Sinaloa, de donde es originario y fue gobernador.

  • En 2011, su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, fue designado como coordinador de Proyectos Estratégicos y entre sus asignaciones estaba la de atraer inversiones como las de Proman. En 2012, Labastida padre dejó el Senado y se convirtió en consultor de la empresa que ya estaba convencida de llevar el dinero a Sinaloa, pues en este Estado los permisos fluyeron fácilmente.

“Si es bueno para el país, si es bueno para el Estado, si es bueno para la agricultura, ¿qué conflicto tiene impulsar algo que es bueno para las partes? Yo trabajo de asesor, tengo 79 años de edad, solo tomo uno o dos proyectos para trabajarlos y todos los proyectos que tomo tengo que estar convencido de que le hacen bien al país y a los estados”, dijo Labastida Ochoa sobre este tema en 2022.

“No tengo nada que ver con ellos (Proman), no tengo una acción, no tengo un interés. Si se hace o no se hace, a mí me da igual, yo cobré como asesor el tiempo que fui asesor y ya, es todo; y mi hijo no cobró absolutamente nada”, agregó.

Para la empresa, el trabajo en Topolobampo responde estrictamente a una planeación integral, logística y económica de largo plazo, mas no política. La directiva tomó en cuenta que “se trata de una zona con infraestructura industrial y portuaria existente, así como disponibilidad de insumos clave como el gas natural con la cual opera la termoeléctrica de CFE, lo que permite optimizar la operación y reducir la necesidad de intervenir nuevas áreas”.

La oposición de los pobladores

En 2022 se tuvo que realizar la consulta indígena que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras declarar ilegales los permisos otorgados a la filial de la alemana Proman. Las autoridades federales estuvieron a cargo del ordenamiento, que tomaron en cuenta incluso a comunidades a una distancia de 52 kilómetros (como Charay, El Fuerte) de la zona de posible impacto y daño ecológico, bajo el argumento de que también forman parte de los pueblos Mayo-Yoreme.

La población Mayo-Yoreme se rige, según su cosmovisión, en función del espacio. Es así que creen en el Baahue Ánia, el mundo del mar o espíritu del mar, en el Tehueca Ánia, mundo del cielo, en Jeeka Ánia, mundo del viento, y Juya Ánia, mundo del monte.

  • La parte del pueblo que teme a la planta es la reza al Baahue Ánia, pero nada de esto fue tema en esa consulta y los resultados lo demostraron: de 15 pueblos que participaron, solo cuatro estuvieron en desacuerdo con la planta de amoniaco.
  • Esas comunidades se han mantenido en lucha, con la esperanza de que el Gobierno federal revise de nuevo los permisos concedidos y los daños ya registrados y que analice la viabilidad de la empresa frente a la resistencia de Mayo-Yoreme. La esperanza creció al ver el rechazo y freno a proyectos como el de Perfect Day en Mahahual.

Su lucha, aseguran, les ha costado amenazas y agresiones. Al Kobanaro Felipe Montaño le dijeron que “debía pensar más en su familia” durante una reunión en el Gobierno del Estado, o las alusiones a la muerte de Claudia Susana Quintero y Melina Maldonado, dos mujeres que se mantienen como voceras y representantes del movimiento de resistencia. Los tres indígenas cargan siempre chalecos antibalas y botones de pánico como medidas impuestas por la Secretaría de Gobernación.

  • Ha sido, dice Montaño, una lucha larga, que ha incluido la división del pueblo Mayo-Yoreme por las dádivas repartidas para convencerlos, desde viajes internacionales hasta apoyos gubernamentales para gobernadores indígenas. “Yo los reto a ellos a demostrar las bondades que tanto dicen frente a los daños que ya tenemos”, dice Montaño.

Las comunidades han llamado a la población en general a unirse a su causa, a bloquear las grúas que cargan con la maquinaria de la planta, a que pidan también una explicación sobre por qué debe instalarse este proyecto en un sitio sagrado que también es un área natural protegida, a que se aclare por qué no llevarla a producir amoniaco en Alemania, de donde ha salido la inversión superior a los 860 millones de dólares otorgados por el banco KfW IPEX-Bank.

Han llamado a decir “¡Aquí No!” a un proyecto que consideran que les fue impuesto y que creen que acabará con el futuro de las generaciones Mayo-Yoreme que vienen detrás.

Topolobampo: el dinero alemán detrás del amoníaco

El banco público alemán KfW IPEX-Bank financia el proyecto con una inversión de 860 millones de dólares.

En su página web, la entidad bancaria asegura que la fábrica «cumple todas las normas medioambientales nacionales e internacionales» y que las inspecciones de las autoridades «no han dado lugar a ninguna objeción».

Desde el principio, el banco «era consciente de los daños al medio ambiente y a los habitantes de la zona», sostiene, a su vez, Dalile Antúnez, abogada e investigadora colaborativa de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Daños, riesgos e intimidaciones

«Cuando el banco aprobó el préstamo sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), las comunidades indígenas ya habían presentado una demanda judicial para detener el proyecto y habían expresado públicamente su oposición. Su postura era pública y bien conocida, y habían enviado cartas a la Embajada de Alemania y al banco advirtiendo de los riesgos», dice la abogada a DW.

  • Antúnez comenta que incluso un Análisis Funcional de Operatividad de la propia empresa «confirmó que ciertos incidentes presentaban riesgos inaceptables y potencialmente mortales», por ejemplo, fugas de amoníaco.
  • Además, la abogada insiste en que «el banco no podía ignorar que el proyecto se llevaría a cabo en una zona con una fuerte presencia del crimen organizado». Y es que el estado de Sinaloa es una de las regiones más violentas en México, cuna del Cártel de Sinaloa.

Desde la fundación del colectivo ¡Aquí No!, en 2015, varios miembros han sido víctimas de represalias y amenazas de muerte por parte del crimen organizado, en parte, en colusión con políticos locales, de acuerdo con un informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

¿Por qué Topolobampo?

En 2012, Gas Petroquímica de Occidente (GPO) contrató como asesor a un exsenador que había presidido la Comisión de Energía del Senado de México. El político propuso implementar el proyecto en Sinaloa, donde su hijo se desempeñaba como coordinador de proyectos estratégicos, señala Dalile Antúnez, de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

«El banco KfW y GPO no cumplieron con los procesos básicos de diligencia debida, violando los derechos de las comunidades afectadas. Ahora deben rendir cuentas y asumir las consecuencias», subraya la abogada.

  • El banco KfW IPEX-Bank asegura que evalúa «continuamente el desarrollo del proyecto, incluyendo cualquier cambio significativo en el marco legal, ambiental, social o contractual».

Pero también recuerda que la evaluación futura del caso «está sujeta a obligaciones legales y, en particular, contractuales. Todas las decisiones que se tomen en este contexto deben estar en conformidad con estas disposiciones vinculantes y no quedan a la discreción exclusiva de un solo prestamista».

«Es posible detener el proyecto»

Por su parte, Antúnez está convencida de que «es posible detener el proyecto». Y agrega que «se han dado situaciones similares, en las que empresas y bancos de desarrollo tuvieron que retirarse de proyectos debido a sus impactos nocivos y a la falta de consenso». Como ejemplo, menciona la cancelación del proyecto de la presa hidroeléctrica de Santa Rita en Guatemala.

«Si los responsables en Alemania están verdaderamente dispuestos a resolver la situación», insiste la investigadora, «deben entablar un diálogo directo con las comunidades afectadas, a fin de acordar una salida responsable del proyecto».

Miles de especies están en peligro, advierte ONG

Si la construcción de la planta concluye, su operación representaría la producción de unas 2,200 toneladas diarias de amoniaco, de acuerdo con un documento enviado por Aquí No a la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes de su gabinete, agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y funcionarios del banco KfW.

Ese nivel de producción derivaría en la utilización de agua marina para sus procesos y en la descarga de 2,000 metros cúbicos de agua caliente por hora en la bahía, considerada un santuario de miles de especies marinas.

De hecho, la bahía forma parte del sistema lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María, catalogado como sitio Ramsar, una categoría otorgada a humedales de importancia internacional bajo la Convención sobre los Humedales, tratado intergubernamental ratificado por México en 1986.

La descarga de agua caliente ocasionaría un aumento de tres grados centígrados en la temperatura del agua, poniendo en riesgo la flora y fauna del área, “incluyendo especies en peligro de extinción como delfines, tiburones, ballenas, tortugas marinas y aves”, señala la carta enviada a Sheinbaum.

En las protestas ha sido común escuchar el nombre de un popular delfín nariz de botella que habita en la bahía. Ese delfín, conocido popularmente como “Pechocho”, se ha convertido en años recientes en un símbolo de la biodiversidad de la zona, por lo que su nombre está ahora vinculado a la defensa de la fauna local.

“La construcción de esta planta generará un ecocidio, riesgos para la salud humana y un etnocidio cultural para el pueblo originario Yoreme”, señala el documento. “Exigimos a las autoridades mexicanas que suspendan este proyecto y sancionen todas las actividades ilícitas y los daños ambientales asociados, que ya han sido denunciados”.

De acuerdo con la carta, los activistas exigen al gobierno alemán que “suspenda el financiamiento” otorgado a Proman AG a través de KfW, puesto que la institución financiera sostiene que solo entrega fondos a proyectos que garantizan la protección y el bienestar de las comunidades, la biodiversidad y los derechos de los pueblos originarios.

Las personas que integran el colectivo Aquí No sostienen además que unas 4,000 familias de pescadores están en riesgo ante la posibilidad de que desaparezcan especies de las cuales dependen para su sustento.

«La nación Yoreme depende de la Bahía de Ohuira para su sustento, a través de la pesca, la agricultura y el turismo».

“La degradación ecológica de la bahía pondrá en peligro su modo de vida y obligará a las familias a abandonar su territorio, lo que constituirá un etnocidio cultural al perder sus prácticas ancestrales —arte, danza, cocina y religión— para las futuras generaciones”.

Un historial de reveses legales

Luego de las expresiones de rechazo en Topolobampo contra la planta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una relatoría de hechos con antecedentes sobre el proyecto.

En su ficha informativa, la Semarnat recordó que el proyecto recibió autorizaciones ambientales en 2014, las cuales fueron ampliadas en 2018.

Aunque la Semarnat no lo mencionó en su ficha informativa, fue en 2018 cuando los activistas obtuvieron un amparo contra el proyecto que frenó temporalmente la construcción, debido a que los tribunales consideraron que los pueblos originarios de la región no habían sido consultados.

Las obras permanecieron suspendidas temporalmente hasta que la Suprema Corte de Justicia resolvió, en 2022, que debían llevarse a cabo consultas públicas sobre el proyecto. Dichas consultas concluyeron en medio de cuestionamientos, ya que en el proceso fueron incluidas comunidades que habitan fuera del área de impacto.

Las comunidades Yoreme-Mayo asentadas a orillas de la bahía votaron mayoritariamente en contra de la construcción. Sin embargo, ocho comunidades se pronunciaron a favor.

Varela, el activista de Aquí No, afirmó que durante las consultas ni las autoridades ni la empresa informaron adecuadamente a las comunidades sobre los verdaderos impactos que tendría la operación de la planta.

“Nunca mencionaron que iba a ser una planta enorme, que utilizaría agua del mar y elevaría su temperatura, que las comunidades perderían ingresos derivados de la pesca o que cambiaría su forma de vida. Eso no se les informó. Simplemente se les habló de un supuesto desarrollo económico y agrícola; nunca se mencionaron los daños”.

En la ficha de la Semarnat, la dependencia federal agregó que, en 2024 y 2025, un tribunal declaró “infundados” diversos recursos promovidos contra el proceso de consulta realizado tras la resolución de la Suprema Corte en 2022.

Según la Semarnat, esa dependencia, en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha estado presente en la región y ha dado seguimiento a “preocupaciones sociales, ambientales y territoriales relacionadas con el proyecto”.

Añadió que la autorización ambiental vigente para el proyecto y su cumplimiento “continúan sujetos a supervisión por parte de las autoridades ambientales federales”.

“La Semarnat y la Profepa continuarán realizando acciones de supervisión, inspección, seguimiento ambiental y trabajo conjunto con las comunidades, con el propósito de gestionar de manera sostenible los ecosistemas de la Bahía de Ohuira y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente”, señaló la dependencia federal.

Más de un millón de firmas en contra de la planta

Mientras tanto, las expresiones de rechazo hacia el proyecto continúan en el territorio y se han expandido en días recientes al ámbito digital, donde los mensajes en contra de la planta se han vuelto virales.

Por ejemplo, dos peticiones contra el proyecto lanzadas en la plataforma Change.org acumulan en conjunto más de 1 millón 300 mil firmas.

Una de esas peticiones fue impulsada por el colectivo Aquí No, que este jueves convocó a protestas en ciudades de Sinaloa, como Culiacán, y en la Ciudad de México, frente a la Embajada de Alemania, aprovechando que el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, se encuentra de visita en el país.

En la convocatoria a la protesta frente a la misión diplomática se incluyeron imágenes para que quienes acudieran a la manifestación las utilizaran como material de apoyo. Una de ellas mostraba la imagen del emblemático delfín “Pechocho” acompañada del mensaje: ¡Nuestro Pechocho se queda! ¡La planta de amoniaco de GPO se va!/Agencias-PUNTOporPUNTO

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