AGENCIAS
Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en México se mostraron hoy preocupadas por las represalias que pueda sufrir el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), acusado por el Gobierno de sembrar dudas en la investigación.
«Sí nos preocupa a partir de la declaración de los forenses argentinos su integridad porque sabemos qué tipo de Gobierno tenemos en México, la represión», apuntó el representante de los padres, Felipe de la Cruz, en una rueda de prensa en la capital del país.
Acompañado por un grupo de padres de los 43 jóvenes, el portavoz dijo que cuando algo no le sale bien al Gobierno y hay alguien que lo denuncia, «viene la represión».
«Todo lo que pueda sucederle al equipo de forenses argentinos nosotros, los padres de familia, queremos hacer responsable al Gobierno de México», agregó.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) mexicana acusó al equipo de forenses de intentar sembrar dudas en torno a la investigación e insistió en que en todo momento ha actuado «con transparencia y profesionalismo».
La Fiscalía respondió así a las irregularidades denunciadas el fin de semana por los forenses en torno a las pesquisas sobre la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre pasado en Iguala a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.
La institución aseguró que los peritos del EAAF solo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que «sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos».
Sin embargo, las opiniones vertidas por los forenses confirman que los padres de familia «no nos equivocamos cuando decíamos que no confiábamos en la teoría del Gobierno federal, del procurador, cuando desde el principio empiezan a tratar de cerrar el caso», apuntó De la Cruz.
«La verdad histórica cae a pedazos por parte del Gobierno federal», aseguró el representante, quien consideró que la Fiscalía cree «más en las declaraciones» de los miembros del cártel de Guerreros Unidos «que en los resultados científicos».
Según el testimonio de algunos miembros de esa organización detenidos por este caso, los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio de Cocula.
Pese a los intentos de la Fiscalía por cerrar el caso, añadió el De la Cruz, los familiares buscarán la verdad y la justicia «hasta las últimas consecuencias».
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