Presidencia ahora pretende DESAPARECER la Secretaría Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL anti-CORRUPCIÓN

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para compactar organismos centralizados o adherirlos a otras secretarías contempla también la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).

• En un borrador circulado entre integrantes del órgano autónomo se argumenta que en la Constitución se establece que la administración y ejercicio de los recursos públicos federales a disposición de los entes público deben realizarse con apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia honradez, aunado a que la pandemia de COVID-19 ha exigido al gobierno implementar medidas para evitar la desaceleración económica y deterioro de las finanzas, por lo que es necesario eliminar gastos para poderlos “asignar eficazmente”.

En ese contexto, se propune la fusión o eliminación de órganos administrativos desconcentrados y descentralizados “cuya existencia ya no resulta conveniente desde el punto de vista económico nacional o del interés público”, entre ellos la desaparición del brazo coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Qué es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción?

A raíz de la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, en 2015, se publicó también, un año después, la Ley General del SNA, con el que se creó la SESNA, como un organismo descentralizado no sectorizado, que tiene por objeto “fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema, al dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas que se establezcan”.

• La Secretaría tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador –conformado por siete dependencias nacionales encargadas de acciones anticorrupción como el INAI, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y un Comité de Participación Ciudadana- realice sus funciones, tales como políticas integrales, fiscalización y control de los recursos públicos, la metodología para medir y dar seguimiento a los fenómenos de corrupción e informes de evaluación, entre otros.

¿Qué pasaría con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción?

De acuerdo con el borrador de la iniciativa, sus funciones pasarán al “Comité Coordinador por parte de la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Técnica, para que cuente con las herramientas y mecanismos para el diseño y promoción de política integrales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como los mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción.

Por ello, se propone derogar todo el capítulo IV de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual plantea la organización y funcionamiento de la SESNA, entre ellos sus recursos y atribuciones, y su estructura.

La defensa de la Secretaría Ejecutiva del SNA

Desde la semana pasada, al finalizar la primera reunión ordinaria de 2022 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Francisco Ciscomani Freaner, entonces presidente del Comité de Participación Ciudadana, alertó de la desaparición de la SESNA e hizo un llamado a repensar la iniciativa.

“Nosotros, en lo particular, como Comité de Participación Ciudadana, vamos a tomar una posición pidiéndole de forma respuesta al presidente, si vemos que esta iniciativa continúa, que retire esta iniciativa, que repiense esta parte y que deje continuar los trabajos con este brazo, que es pilar del Sistema Nacional Anticorrupción”, señaló.

• Explicó que la Secretaría Ejecutiva ha demostrado ser una institución eficiente no solamente en términos presupuestales sino en logros en la construcción del Sistema Nacional, por lo que expuso ante los demás integrantes del Comité Coordinador que “conocen a diferentes agentes políticos cercanos a la presidencia”, la situación, y ver si “eventualmente podemos hacer un exhorto para que se re piensen estas iniciativas”.

Entre los integrantes del Comité Coordinador del Sistema se encontraban la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja, y el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, quienes son cercanos al Ejecutivo, pero omitieron hacer comentarios al respecto.

• Este viernes, durante el pase de estafeta a Francisco Raúl Álvarez como nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, Ciscomani señaló que quieren “defender el Sistema ante actores y grupos de interés que quieren debilitarlo”.

“Defender a la Secretaría Ejecutiva con ese esquema de especialización, de independencia y autonomía, de transparencia y rendición de cuentas, exponer por qué debe tener recursos adecuados y herramientas, por qué es una instancia que logra la cooperación entre las dependencias y entidades, instituciones que forman parte del Comité Coordinador, cuál su vinculación con los organismos de la sociedad civil e internacionales”, afirmó Ciscomani.

• El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que continuará con la reforma administrativa, una vez que se hagan la eléctrica, electoral y la de la Guardia Nacional, aunque reconoció que si son reformas constitucionales son más difíciles de aprobar porque requieren las dos terceras partes de las cámaras.

“Tenemos que seguir con la reforma administrativa, porque el gobierno no debe de estar ensimismado, el presupuesto no es para los que trabajamos en el gobierno, el presupuesto es para el pueblo”, dijo.

Respecto al SNA, el Ejecutivo federal reiteró que “crearon el aparato para simular de que se combatía la corrupción, de que había transparencia”.

Actualmente Ricardo Salgado Perrilliat es el titular de la Secretaría Ejecutiva del SNA, quien fue nombrado con seis votos a favor por los integrantes del Comité Coordinador del SNA en mayo de 2017. Para 2022, se le aprobó un presupuesto de 123 millones 197,179 pesos, seis veces menos de lo que se destinó a la Oficina de la Presidencia de la República.

AMLO busca desaparecer el SNA en medio del escándalo de su hijo

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron este domingo al presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tras el caso de su hijo José Ramón López Beltrán, señalado por sus casas en Houston, Texas, propiedad de un exdirectivo de Baker Hughes, empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

“En medio de los escándalos de su hijo mayor por la mansión de Houston, el presidente López Obrador busca desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para ocultar las corruptelas de esta administración”, comunicó el líder de la bancada panista en el Senado, Julen Rementería.

Este expresó que se trata de una decisión que “los retrata de cuerpo entero como el gobierno más autoritario, opaco y abusivo al querer acabar con la transparencia”.

“Justo ahora que un nuevo escándalo, presumiblemente de corrupción, surge entorno a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, se da a conocer la intención del gobierno de desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto los retrata de cuerpo entero. No se preocupan si quiera por las formas. Como cada día salen más pruebas de su corrupción, su respuesta es querer taparnos los ojos”, agregó el panista en su último mensaje.

Rementería dijo que durante años “hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar y hablar y hablar de su combate a la corrupción, pero en la realidad, en sus acciones, hace exactamente lo contrario”.

• Sobre la desaparición del SNA, el presidente de la comisión de participación ciudadana, Francisco Ciscomani, informó el 27 de enero que llegó a sus manos un proyecto de iniciativa presidencial para desaparecer la Secretaría Ejecutiva y fusionar aproximadamente 16 organismos a diversas Secretarías de Estado.
• Respecto a las polémica que rodea a la familia del titular del ejecutivo, en el programa de Loret Capítulo 69, Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que según registros de la propiedad del condado texano de Montgomery, en 2019 y 2020 el hijo del presidente y su esposa vivieron en una casa que pertenecía a Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes.

La investigación muestra que la compañía petrolera tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex y que además, hoy vende compresores y turbinas para la nueva refinería de Dos Bocas.

SESNA gastó casi 6 mdp en 2019 para el pago de honorarios

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) gastó casi 6 millones de pesos en 2019 para el pago de honorarios de los entonces integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC): José Octavio López Presa, Rosa María Cruz Lesbros, Alfonso Hernández Valdez, Jorge Alberto Alatorre Flores, Irene Levy Mustri y Maricler Acosta Urquidi, quienes percibieron 120 mil pesos mensuales.

• Un informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación indica que, en 2018, la Comisión Ejecutiva de la SESNA no dispuso de lineamientos o políticas en los que se establecieran los criterios, dinámicas de trabajo, temporalidades, así como la supervisión de los insumos técnicos que se genere en el cumplimiento de sus atribuciones; es decir, funcionó sin estructura.

Fidel Ramírez Rosales –director general de Administración de la SESNA– reconoce que las recomendaciones de la Auditoría se deben a que todavía en 2018 había una normatividad “incipiente”. Asegura que las recomendaciones y observaciones del máximo órgano de fiscalización del país sí se están tomando en cuenta para que opere al ciento por ciento.

Ramírez Rosales expone que la SESNA arrancó en mayo de 2017 y, como toda institución naciente, “al momento de iniciar operaciones se avocó a las tareas de personal, su contratación, la creación de perfiles de puestos, los diversos trámites que hay que hacer ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública para crear la estructura orgánica, pasar por el órgano de gobierno su normatividad, que es de manera incipiente. Poco a poco nos hemos ido fortaleciendo: crear toda clase de sistemas que le rigen a las instituciones públicas, como son los sistemas de control interno o de administración de riesgos, el comité de ética, el comité de adquisiciones. Empezar justamente los procedimientos de contratación para la adquisición básica de todo insumo que requiere una institución pública o privada”.

No obstante, fue hasta la primera sesión ordinaria de este 2022 cuando los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobaron por unanimidad el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción (PI-PNA). Éste “establece acciones concretas y medibles en materia de combate a la corrupción que serán puestas en marcha por las instituciones públicas del país en el corto y mediano plazos”.

Antes de ello, en su informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, la ASF documentó que el SESNA “no definió mecanismos de control relacionados con la vigilancia del diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional”.

Asimismo, indicó que tampoco dispuso de un programa institucional “ni de una metodología específica para la administración de riesgos, ni de un programa de capacitación en estos temas”.

• Óscar Enrique Díaz Santos –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en gasto público y presupuesto– cuestiona qué ha hecho bien este Sistema Nacional Anticorrupción, del que considera, hasta cierto punto, hay buenas intenciones porque se supone que debería existir la coordinación entre las instancias gubernamentales y los tres niveles de gobierno se pusieran de acuerdo.

“Yo no recuerdo que haya funcionado algo del SNA, eso como que fue para taparle un poco el ojo al macho, ante un gobierno altamente corrupto como el de [Enrique] Peña Nieto. Muchas veces se hacen precisamente los sistemas o las comisiones en las coordinaciones, para que no funcionen, estamos en las mismas”, acusa.

Salarios y presupuesto

La auditoría de cumplimiento 2019-1-47AYM-19-0260-2020 da cuenta de que ese año la SESNA “no contó con un Sistema de Control Interno Institucional y, en consecuencia, tampoco con un Programa de Trabajo de Control Interno para ese mismo año, por lo que el Sistema de Control Interno no fue revisado”.

Otra de las observaciones que hizo la ASF en la Cuenta Pública de 2019 es que “no se proporcionó la evidencia que acredite los avances para llevar a cabo la contratación de un servicio de análisis de vulnerabilidades, ni del desarrollo de un protocolo de calidad y seguridad de la Plataforma, así como de funcionalidades de verificación automática de los componentes, avisos automáticos de operación y la implementación de protocolos en la infraestructura de los proveedores para dar aviso a la SESNA en caso de tener fallas; tampoco se cuenta con las especificaciones técnicas de dichos protocolos o de las herramientas a implementar para realizar el monitoreo de la PDN, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma”.

Cuando llega la ASF en 2019, comenta el director general de Administración del SESNA, que es cuando les hacen la auditoría de desempeño, “estábamos en esos procesos de crear normatividad; entonces, dentro de las respuestas que hemos otorgado a la auditoría y que todavía se encuentran en análisis ya hemos creado los instrumentos que nos permiten tener un marco normativo para la Comisión Ejecutiva”.

Sin embargo, el tiempo en que se realizaron las auditorias se transfirieron recursos por 5 millones 983 mil 999 pesos a los por concepto de honorarios.

• De a revisión de los documentos del SESNA se desprende que en el periodo revisado por la auditoría se encontraban los siguientes personajes con montos en pesos brutos: José Octavio López Presa, quien obtuvo 1 millón 440 mil pesos; Rosa María Cruz Lesbros, 1 millón 52 mil; Alfonso Hernández Valdez, 1 millón 440 mil; Jorge Alberto Alatorre Flores, 815 mil 999 pesos; Irene Levy Mustri, 1 millón 80 mil y Maricler Acosta Urquidi, 155 mil 999 pesos, por un total de 5 millones 983 mil 999 pesos. Los honorarios mensuales para cada uno de sus miembros ascendían a 120 mil pesos brutos.

En términos de ley, expone Ramírez Rosales, “tenemos la obligación de pagar esa contraprestación a los miembros del CPC, pero quiero comentarle que la contraprestación que se fijó no es cuestión de la Secretaría Técnica, eso lo determina el Comité Coordinador, en donde está integrada la Secretaría de la Función Pública, la ASF, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ellos fueron los que determinaron cuál es el salario que se le debe pagar a los miembros del CPC. Lo único que hacemos nosotros es celebrar los contratos y pedir las autorizaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pagarles. Pagamos alrededor de 7 millones entre los diversos miembros”.

• El informe de la ASF precisa que el CPC se encuentra integrado por “cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, quienes no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la SESNA. Conforme a la ley, el vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, se establece mediante contratos de prestación de servicios por honorarios en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la SESNA.

En ese tenor, el Órgano de Gobierno de la SESNA, en su tercera sesión extraordinaria celebrada el 5 de septiembre de 2017, aprobó el Acuerdo ACT-SESNA/05/09/2017.03 en el cual autorizó, por la contraprestación de los servicios que prestan los integrantes del CPC”, expone./Agencias-PUNTOporPUNTO