Reconocen CORRUPCIÓN en JUECES y MAGISTRADOS, pero No HAY una SOLA DETENCIÓN

Entre enero de 2013 y mayo de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 148 jueces y magistrados de circuito por actos de corrupción, abuso de poder, acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene seis denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción en el Poder Judicial, entre ellas, por la venta de los exámenes de concurso para jueces federales.

  • Así lo reveló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al rendir su segundo informe de labores ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes del Congreso de la Unión. Zaldívar destacó que la reforma judicial recientemente aprobada, y con la que se busca reparar la confianza rota en la justicia mexicana, fue producto de una colaboración inédita entre poderes, cuyos ejes fueron la autonomía e independencia de los juzgadores, así como la consolidación de una justicia de calidad, eficiente y cercana a la gente.

“En este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos, los más olvidados no tengan una defensa de calidad y sus vidas sean desechables para la procuración e impartición de justicia”, puntualizó.

Destacó que la gran mayoría de las y los juzgadores federales son personas que honran su investidura y que a pesar de la pandemia, la justicia federal no se detuvo.

Luego de ocho meses de sesionar a distancia, el pleno de ministros sesionó presencialmente ayer en la sede del máximo tribunal del país para escuchar el mensaje de Zaldívar.

Bajan sanciones pese a corrupción en Poder Judicial

Aunque Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, reconoce que los casos de corrupción y nepotismo aumentaron en el Poder Judicial Federal, las sanciones contra los servidores públicos presentaron una disminución durante el año pasado, con respecto a 2018: pasaron de 950 a 371.

  • La baja de castigados es importante si se toma en cuenta que los procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios se duplicaron en la última década. Mientras en 2010 se iniciaron mil 606, el año pasado fueron tres mil 298 procesos, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020.
  • Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, explica que en el caso de la corrupción, la gente se animó a denunciar los ilícitos. “Han faltado las pruebas adecuadas para sostener las acusaciones”.

En diciembre pasado, el ministro Zaldívar señaló a Jalisco como una de las zonas críticas en materia de corrupción.

Baja el promedio de sentencias

Durante el año pasado, los jueces federales emitieron nueve mil 581 sentencias (condenatorias y absolutorias), de un total de 19 mil 216 causas penales que se concluyeron tanto a través del viejo como del actual sistema (en total ingresaron 21 mil 145).

De las concluidas en los juzgados de distrito (sistema tradicional), dos mil 233 finalizaron con sentencia, por debajo del promedio que se tuvo en 2018, cuando se resolvieron la mitad por esta vía.

  • Por su parte, de las 13 mil 552 causas penales concluidas por los jueces de control (del nuevo sistema penal acusatorio), la mitad fueron sentencias definitivas condenatorias en procedimiento abreviado.
  • De las 618 concluidas por juicio oral, 510 fueron sentencias.
  • El especialista Anuar García remarca que esto tiene que ver con la falta de juzgados en materia del sistema penal adversarial.

“El problema es que, recordemos, la Presidencia de la República está implementando una política de austeridad y lejos de más juzgados, están restringiendo más… también recordemos que hubo una reducción importante de los sueldos y ya no hablemos de la contratación de personal y de crear nuevas vacantes para combatir el rezago existente”.

Subraya que difícilmente se verá un aumento de personal, debido a la política gubernamental de gastar cada vez menos.

“Eso los hace ineficientes en cuanto a respetar los tiempos. Tienen nada más dos años a partir de que una persona es puesta a disposición de un juez para que se le dicte una sentencia”.

En muchos de los casos, agrega, no se está alcanzando esa meta y obviamente es una violación al debido proceso, “porque los tienen que soltar o fijar alguna otra medida cautelar… y en muchos casos si se quedan dentro es una violación que permite la liberación de una gran cantidad de personas”.

Eso mete presión a los juzgados de distrito (en el sistema tradicional) y jueces de control o garantía que tienen la mayor carga de trabajo en el país.

  • Los circuitos judiciales que concentraron la mayor cantidad de causas penales ingresadas durante el año pasado fueron: Primer Circuito de la Ciudad de México (dos mil 654), Decimoquinto Circuito de Baja California (mil 931), Segundo Circuito de la Ciudad de México (mil 580), Decimoséptimo Circuito de Chihuahua (mil 570), Tercer Circuito de Jalisco (mil 294) y Decimosexto Circuito de Guanajuato (mil 141).

Sancionan a 148 jueces y magistrados

Entre enero de 2013 y mayo de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 148 jueces y magistrados de circuito por actos de corrupción, abuso de poder, acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada, entre otras irregularidades.

Vía Transparencia, el Consejo destacó que se emitieron sanciones contra 77 jueces y 71 magistrados, en el periodo mencionado. Aunque no desglosó la información por nombre y casos de corrupción, confirmó que entre los castigados hay 12 juzgadores adscritos a Jalisco.

De estos últimos, el caso del magistrado Isidro Avelar fue uno de los más polémicos: a finales del año pasado fue detenido por presuntos nexos con un cártel de la droga. Meses antes, sus cuentas bancarias habían sido congeladas.

  • En ese periodo se realizaron 211 investigaciones contra juzgadores; es decir, siete de cada 10 concluyó en sanción.
  • En el ámbito nacional se desarrollan mesas conjuntas con la Federación para combatir el problema de la corrupción en el Poder Judicial, en las que participan el Consejo de la Judicatura Federal, los gobernadores, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica.

En febrero pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, anunció una iniciativa de reforma al Poder Judicial que tiene entre sus puntos centrales el combate a la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual. La propuesta fue respaldada por Andrés Manuel López Obrador, quien informó que la propuesta sería enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, debido a que el Poder Judicial no tiene facultades para presentarla.

Ingresan tres de cada 10 delitos con el viejo sistema penal

De los 48 mil 116 delitos registrados en las causas penales atendidas por los jueces federales durante el año pasado, 16 mil 055 ingresaron mediante el sistema tradicional (que son los juzgados de distrito); es decir, tres de cada 10 (33.4%). El resto fue a través del nuevo sistema penal acusatorio (jueces de control o de garantías).

“Del total de los delitos registrados en 2019, 44.8% correspondió a los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, seguidos por los delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (14.4%)”, se destaca en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020 elaborado por el Inegi.

  • El año pasado, el Poder Judicial de la Federación conoció 21 mil 145 causas penales, de las cuales, 19.5% fue mediante los juzgados de distrito; es decir, bajo el anterior modelo de justicia; el resto fue a través del nuevo sistema penal acusatorio.
  • Anuar García, presidente de SOS México Capítulo Jalisco, recuerda que el Artículo Quinto Transitorio de la reforma de 2008, que tiene que ver con la fecha de la comisión de los delitos, establece que si éstos se cometieron antes del 28 de junio de 2016, tendrán que ser conocidos por el antiguo sistema.

Sin embargo, señala que también es utilizado por muchos litigantes o autoridades para cometer actos de corrupción, al ingresar asuntos actuales en averiguaciones previas pasadas, “porque el anterior sistema era menos garantista y les permitía actuar sin ser revisados por un juez de control. Y después permitía, con mayor facilidad, condenar a una persona cuando así se necesitara, puesto que las pruebas estaban tasadas”.

Pese a que hay candados, acepta que se sigue presentando esta práctica para que se investiguen los asuntos con la fecha anterior a la que en realidad se cometieron.

Agrega que mientras en Jalisco el Poder Judicial continúe siendo controlado por los partidos políticos, “en donde no hay piso parejo para la ciudadanía, pues este tipo de casos seguirán sucediendo, aunque existan los candados”.

SCJN readscribe a 43 juzgadores en combate a nepotismo

En 2020, 43 jueces y magistrados federales fueron readscritos por posibles conflictos de interés y nepotismo.

  • De acuerdo con el Segundo Informe de Labores del ministro presidente Arturo Zaldívar, estas readscripciones derivaron de los esquemas de contratación o relaciones familiares que los juzgadores mantenían con otros servidores públicos del circuito en el que se desempeñaban.
  • Con esto ya suman 136 readscripciones durante la actual administración.

El documento indica que derivado del trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa, se impusieron 67 sanciones a servidores públicos: 15 magistrados, siete jueces, 13 secretarios de tribunal, seis secretarios de juzgado, un secretario encargado del despacho, siete actuarios, dos secretarios particulares de magistrado, cinco oficiales administrativos y 11 servidores públicos con otros cargos.

“Se aplicó la sanción de suspensión a siete Magistradas y Magistrados de Circuito, y tres Juezas y Jueces de Distrito; de destitución a dos Magistradas y Magistrados de Circuito, y de inhabilitación a cinco Magistradas y Magistrados de Circuito», señala el documento.

  • Uno de los casos que se destaca en el informe es la sanción que se impuso a servidores públicos por la filtración y venta de información confidencial del 28 concurso interno de oposición que aplicó el Instituto de la Judicatura Federal en 2018.

Bajo la política de cero tolerancia a la corrupción, indica el informe, se presentaron cuatro denuncias en contra de magistrados y se judicializaron dos carpetas de investigación por irregularidades no aclaradas en sus movimientos financieros e inconsistencias en su evolución patrimonial.

Estos casos se suman a las seis carpetas de investigación en trámite por casos de corrupción.

Evalúan riesgo de juzgadores

El Segundo Informe de Labores de Zaldívar también señala que el CJF elaboró 29 opiniones técnicas y 168 evaluaciones de riesgo para proteger a funcionarios judiciales y que realicen su labor sin presiones, amenazas o intimidaciones./Agencias-PUNTOporPUNTO

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