La reducción de homicidios dio a México su mayor avance desde que existe el Índice de Paz México (IPM), pero la mejora no alcanzó para borrar el costo de la violencia. En 2025, la factura económica ligada al crimen llegó a los cuatro billones de pesos, una cifra equivalente a 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
- Aunque el país mejoró 5.1 puntos porcentuales frente a 2024, y acumuló seis años consecutivos de recuperación en la medición, el costo de la violencia representó un gasto de 30 mil 36 pesos por persona, casi el doble del salario mensual promedio. El dato resume la tensión central del informe. México bajó los asesinatos, pero aún carga un nivel de daño económico, social e institucional que limita el alcance del avance.
El descenso más fuerte apareció en la tasa de homicidios, con una caída de 22.7 por ciento, equivalente a casi 7 mil asesinatos menos que el año anterior. Aun así, el país cerró el 2025 con más de 24 mil víctimas de homicidio, 35 mil personas desaparecidas y 12 mil casos sin localizar.
- La presión presupuestal también mostró el tamaño del desafío. El gasto federal para contener y responder a la violencia llegó a 728 mil millones de pesos, monto que representa 18.2 por ciento del impacto económico total. Sin embargo, el país destinó sólo 0.5 por ciento del PIB al sistema de justicia y seguridad pública, menos de una tercera parte del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubicado en 1.7 por ciento.
- Michael Collins, director para las Américas del IEP, planteó que el resultado debe verse como una recuperación, no como un cierre del problema. “Ha mejorado la paz. Para consolidarla hará falta muchísima más inversión en materia de seguridad comunitaria y también de justicia”, afirmó.
Para los especialistas que presentaron el informe, este rezago en el gasto en seguridad representa una advertencia a considerar en la estrategia nacional, y es que si bien, la baja en los asesinatos ofrece una señal positiva, no garantiza una mejora sostenida si las instituciones encargadas de investigar, procesar y resolver delitos no tienen capacidad suficiente para responder a la violencia.
Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, colocó el foco en la fragilidad de las instituciones que deben sostener los avances. La especialista advirtió que la reducción de homicidios no basta si las fiscalías y los juzgados no dan certeza a las víctimas.
En ese punto, el diagnóstico fue directo. Las fiscalías aparecen hoy como el eslabón más débil para convertir la baja delictiva en justicia efectiva.
- La académica sostuvo que el sistema judicial tiene una función clave para las familias que buscan respuestas. “El sistema de justicia cumple la tarea de estabilizar la verdad”, expresó al referirse a los casos de personas desaparecidas y a la falta de una respuesta institucional suficiente.
- En el balance nacional, la mejora de 2025 tampoco devuelve al país al nivel registrado hace una década. La calificación del índice permanece 9.9 puntos porcentuales por debajo de 2015. En ese mismo periodo, los delitos cometidos con armas de fuego acumulan un deterioro de 41.2 por ciento y los crímenes de la delincuencia organizada duplicaron su nivel.
Para los especialistas, el cambio de tendencia en los homicidios convive con nuevas formas de presión criminal. Aunque los delitos de alto impacto ligados a grupos organizados tuvieron una baja, el narcomenudeo creció diez puntos en el último informe y se triplicó frente a los registros de hace diez años. La extorsión también mantuvo una ruta ascendente.
También cambió el tipo de violencia que afecta la vida diaria. La tasa nacional de delitos violentos creció 12.4 por ciento en una década, impulsada por un aumento de 176 por ciento en violencia sexual y de 107 por ciento en violencia familiar. Esta última se convirtió por primera vez en el delito violento más común del país, con cerca de 720 incidentes por cada 100 mil habitantes.
Otro dato marcó el contraste entre la baja de homicidios y el deterioro cotidiano. “La violencia familiar es ahora más frecuente que el robo”, señaló Collins al revisar las principales tendencias del informe. La frase sintetiza una de las alertas del índice. La violencia letal cedió, pero otras agresiones ganaron terreno dentro de los hogares y comunidades.
El miedo social también resistió a la mejora estadística. Lucía Carmina Jasso, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que 75.6 por ciento de la población todavía considera inseguro el estado donde vive. La percepción no sólo expresa temor, también altera decisiones familiares y económicas.
Jasso señaló que el miedo modifica rutinas básicas, como permitir que niñas y niños salgan a la calle, asistir a la escuela o destinar dinero a protecciones para la vivienda. La reducción de homicidios, explicó, no elimina de inmediato el impacto que dejan los episodios de violencia en la población.
En materia penitenciaria, el informe también registró una presión creciente. Durante 2025, la población carcelaria aumentó en más de 20 mil personas, un alza de 8.9 por ciento, hasta superar los 256 mil internos al cierre del año. Para Magaloni, ese dato responde a una estrategia federal que cambió frente a gobiernos anteriores.
Por esa razón, la especialista planteó que la política actual no descansa en el uso indiscriminado de la fuerza, sino en operativos focalizados contra personas identificadas como generadoras de violencia. “Estamos ante una estrategia organizada y que piensa que hay que detener y encarcelar”, dijo.
- Los datos del sistema judicial muestran, sin embargo, un cuello de botella. El IEP advierte que México cuenta con alrededor de dos jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, una séptima parte del promedio mundial. La brecha ayuda a explicar por qué el crecimiento de detenciones no necesariamente se traduce en verdad, sanción o reparación para las víctimas.
- Con ese telón institucional, la mejora territorial también resultó desigual. Veintidós entidades avanzaron en sus niveles de paz y 10 retrocedieron. La diferencia entre estados volvió a mostrar que la baja nacional no borra los focos rojos ni las brechas entre regiones.
Detrás del promedio nacional, Sinaloa concentró la alerta más fuerte del reporte. La entidad tuvo el mayor deterioro del país y cayó nueve lugares en la medición, hasta quedar como el segundo estado menos pacífico, sólo detrás de Colima. El informe vinculó ese retroceso con el conflicto interno del Cártel de Sinaloa, que elevó los homicidios y los delitos cometidos con armas de fuego desde finales de 2024.
Al final de la tabla, Colima ocupó el último lugar nacional por cuarto año consecutivo. Aunque redujo sus asesinatos frente a años previos, mantuvo la tasa más alta del país, con 74 homicidios por cada 100 mil habitantes.
- La distancia más amplia apareció en Yucatán, que conservó el primer lugar como la entidad más pacífica por noveno año seguido. Su tasa de homicidios llegó a 1.8 casos por cada 100 mil habitantes, diez veces menos que el promedio nacional. En la parte alta del índice también quedaron Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche.
- Zacatecas ofreció otro ángulo del informe. La entidad registró la mayor mejora por tercer año consecutivo, después de una reducción de 70.5 por ciento en su tasa de homicidios durante 2025. El estado reportó 151 asesinatos, frente a más de mil 600 en 2021.
Jasso pidió leer ese avance con cautela, porque la violencia deja marcas que no desaparecen al mismo ritmo que las cifras. “No es fácil, después de episodios de violencia, poder salir de esto. Se requiere muchísimo trabajo”, señaló.
Ciudadanos pierden 30 mdp por hora en robos, fraudes y gastos médicos por agresiones
El impacto económico del delito en México acumuló 3.59 billones de pesos entre 2012 y 2024, un promedio de 30 millones de pesos cada hora, de acuerdo con la serie histórica de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
El costo del crimen se integra por pérdidas patrimoniales, gastos médicos derivados de agresiones y otros costos asociados a la victimización, dando como resultado una carga económica de gran magnitud para la sociedad mexicana.
Del periodo se desprende que el delito generó un costo promedio anual cercano a 276 mil millones de pesos. Se trata de dinero perdido en robos, fraudes, extorsiones, daños a bienes y gastos relacionados con la atención a víctimas.
- Los datos también muestran que el impacto económico del delito no ha disminuido en los años recientes; por el contrario, la serie registra sus niveles más altos al final del periodo analizado. En 2023 y 2024, el costo anual superó los 364 mil millones de pesos, el máximo registrado desde que se realiza la medición nacional.
Para realizar este análisis, el lapso que se eligió es en el que el Inegi homologó los parámetros de la encuesta en cuanto a características de las víctimas de delito, los delitos y los daños; el estudio permite un acercamiento a la presión económica que la criminalidad ejerce sobre millones de hogares en el país. La Envipe se realiza desde 2011.
- La evolución del costo económico del delito en México muestra un incremento sostenido durante la última década, ya que en 2012 el impacto anual se estimaba en 215 mil millones de pesos; sin embargo, para 2024 la cifra alcanzó 364 mil millones de pesos, lo que representa un aumento acumulado de 149 mil millones de pesos, lo que equivale a un alza de 69.6 por ciento.
Durante los primeros años del periodo analizado, el indicador mostró variaciones relativamente moderadas, pues entre 2012 y 2016 el costo del delito se mantuvo dentro de un rango que osciló entre 213 mil y 236 mil millones de pesos; pero la dinámica cambió en 2017, cuando el impacto económico del delito ascendió a 299 mil millones de pesos.
Ese incremento marcó uno de los saltos más pronunciados de toda la serie estadística y, a partir de ese momento, el indicador se instaló en niveles más altos.
- Entre 2018 y 2021, el costo anual del delito se mantuvo en un rango que fluctuó entre 277 mil y 286 mil millones de pesos y la única caída visible en la serie ocurrió en 2020, que coincidió con las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia de covid-19, pues se infiere que la reducción de desplazamientos disminuyó temporalmente algunos delitos y generó una ligera caída en el impacto económico, hecho que terminó siendo transitorio.
Y es que, a partir de 2022, el indicador retomó una tendencia ascendente; ese año el costo del delito alcanzó 319 mil millones de pesos, mientras que en 2023 y 2024 la cifra superó los 364 mil millones de pesos.
Pérdidas patrimoniales concentran dos tercios del impacto
De acuerdo con el análisis realizado por Milenio se identificó también que, en la composición del costo económico del delito, la mayor parte del daño se concentra en las pérdidas económicas directas que impactan los hogares, siendo este el componente dominante del indicador.
- Entre 2012 y 2024, las pérdidas patrimoniales derivadas del delito sumaron 2.29 billones de pesos aproximadamente, y este componente equivale a aproximadamente 64 por ciento del costo total del crimen en el país; es decir, dos de cada tres pesos del impacto económico del delito corresponden a dinero o bienes que las víctimas reportan haber perdido.
Las afectaciones incluyen dinero robado, bienes sustraídos, objetos dañados o costos asociados a delitos patrimoniales, y delitos como robos, fraudes, además de extorsiones, concentran buena parte de estos impactos.
Cabe señalar que el Inegi registra en su mayoría delitos reportados y no necesariamente denunciados, tomando en cuenta que la cifra negra en el país ronda entre 80 y 90 por ciento de los delitos.
- La evolución de este componente muestra un incremento sostenido durante la última década, pues en 2012 las pérdidas patrimoniales se estimaban en 152 mil millones de pesos y, para 2024, el monto ascendió a 226 mil millones, lo que refleja el crecimiento constante de estos delitos, lo que significó un ascenso de 48 por ciento.
Aunque los delitos violentos suelen recibir mayor atención mediática, la mayor parte del daño económico ocurre en hechos cotidianos, pues es ahí donde se generan pérdidas directas que reducen el ingreso disponible de las familias.
Por esta razón, algunos analistas describen el fenómeno como una especie de impuesto criminal informal, pues cada delito implica una transferencia de recursos desde los ciudadanos hacia economías ilegales, en donde la suma de estas transferencias explica la magnitud del impacto económico del crimen.
Impacto en la salud
Los delitos, especialmente aquellos que se cometen con violencia, generan un impacto en la salud, dada la necesidad no solo de atender lesiones físicas, sino también aquellos hechos que constituyen un impacto en la salud mental; y aunque las pérdidas patrimoniales dominan el costo total del delito, también están los gastos médicos asociados.
- Entre 2012 y 2024, estos gastos en salud sumaron alrededor de 130 mil millones de pesos. En el inicio del periodo analizado, es decir, en 2012, los gastos médicos derivados de la victimización —la Envipe estimaba— el total en 7.7 mil millones de pesos; sin embargo, para 2024 la cifra alcanzó 14.4 mil millones, lo que significó un incremento de 86.6 por ciento.
Durante varios años, el gasto se mantuvo dentro de un rango que osciló entre 7 mil y 10 mil millones de pesos, pero el comportamiento cambió en la década reciente, pues en 2022 se registró el punto más alto de la serie, cuando los gastos médicos asociados a delitos violentos superaron los 16 mil millones de pesos.
Zonas que concentran el costo del delito
Si se enfoca el análisis a cada entidad federativa, se muestra que los estados con grandes centros urbanos y economías regionales dinámicas concentran las pérdidas más elevadas, pues ahí se acumulan población, comercio, transporte y movimiento de mercancías, factores que también incrementan la exposición a delitos patrimoniales.
En contraste, los estados con menor densidad poblacional o menor actividad económica registran montos más bajos de impacto económico.
Esto no implica necesariamente menos delitos, sino un menor volumen de bienes, servicios y patrimonio involucrado en los hechos de victimización.
- Un ejemplo claro es el Estado de México, que registra el mayor impacto económico acumulado del delito entre 2012 y 2024, con pérdidas cercanas a 489 mil millones de pesos; le sigue Ciudad de México, donde el costo económico del delito supera 355 mil millones de pesos en el mismo periodo. La capital concentra una intensa actividad comercial, financiera y de servicios, además de una alta densidad urbana.
- En tercer lugar aparece Jalisco, con un impacto cercano a 270 mil millones de pesos en trece años y, en conjunto, las tres entidades acumulan la tercera parte del costo del delito estimado para el periodo de análisis.
- Después de las entidades con mayor población, el impacto económico del delito también se concentra en regiones con intensa actividad industrial y logística; en estas zonas, el transporte de mercancías, la producción manufacturera y el comercio incrementan las oportunidades para delitos patrimoniales.
- Nuevo León aparece entre los estados con mayor costo acumulado del delito, con más de 172 mil millones de pesos durante el periodo analizado. La entidad es uno de los principales polos industriales y comerciales del país.
- Puebla registra también un impacto elevado, con más de 160 mil millones de pesos en pérdidas económicas asociadas al delito. Su ubicación dentro del corredor económico del centro del país explica parte de este comportamiento.
- Mientras que en Guanajuato, el impacto acumulado del delito supera 155 mil millones de pesos entre 2012 y 2024. El estado forma parte del corredor industrial del Bajío, una de las regiones con mayor crecimiento económico en las últimas décadas.
- Veracruz, por su parte, acumula más de 138 mil millones de pesos en impacto económico del delito y se puede considerar que su papel como entidad logística y portuaria influye en el volumen de pérdidas patrimoniales registradas.
Mayor costo en último sexenio
El impacto económico del delito en México no solo se mantiene como un problema persistente; también ha crecido en los años más recientes, pues los datos de la Envipe muestran que el costo acumulado del crimen fue mayor durante el sexenio 2018-2024 que en el periodo 2012-2018.
- Entre 2013 y 2018, que corresponde a la administración de Enrique Peña Nieto, el costo económico total del delito acumuló 1,49 millones 506,570,025 pesos, mientras que para el periodo 2018-2024, correspondiente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra ascendió a mil 887 millones 297,995,213 pesos.
La diferencia entre ambos periodos es superior a los 395 mil millones de pesos, lo que representa un incremento cercano a 26.5 por ciento entre los dos sexenios.
Durante la primera mitad del periodo analizado, el costo anual del delito se mantuvo relativamente estable, con montos que oscilaron entre 213 mil y 236 mil millones de pesos. Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar hacia el final de la década.
Uno de los primeros aumentos relevantes se registró en 2017, justo al cierre de la administración de Peña Nieto, cuando el costo económico del delito superó los 299 mil millones de pesos.
- En 2020 se observó una disminución temporal en el costo económico del delito, aunque este comportamiento, como ya se expuso, coincidió con las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, que redujeron algunos delitos durante ese año.
- El costo del delito volvió a crecer a partir de 2022 y alcanzó los niveles más altos registrados desde que existe la medición, mientras que en 2023 y 2024 el impacto anual superó los 364 mil millones de pesos.
- Las pérdidas patrimoniales continúan siendo el componente más importante en el análisis de los dos últimos sexenios. Entre 2013 y 2018, las pérdidas económicas acumuladas por delitos sumaron 961 mil 664 millones de pesos, mientras que para el periodo 2019-2024 el monto aumentó a 1,175 millones 479,726,733 pesos.
La diferencia entre ambos periodos es de 213 mil 815 millones de pesos, lo que representa un incremento cercano a 22 por ciento y, a lo largo de la serie, este componente concentra aproximadamente dos terceras partes del costo económico total del delito.
Este patrón refleja que el impacto económico del crimen en el país se concentra principalmente en delitos como robos, fraudes y extorsiones, que afectan directamente el patrimonio de los hogares.
Otro componente que mostró cambios importantes fue el de gastos en salud derivados de la victimización y, aunque su peso dentro del costo total es menor, este rubro registró el mayor crecimiento proporcional entre los dos sexenios analizados.
- Entre 2013 y 2018, los gastos médicos asociados a delitos violentos alcanzaron 51 mil 242 millones de pesos, mientras que en el periodo 2019-2024 la cifra aumentó a 71 mil 500 millones de pesos.
- La diferencia es de 20 mil 257 millones de pesos, lo que equivale a un incremento aproximado de 39.5 por ciento entre ambos periodos, con lo que se infiere que este crecimiento sugiere una mayor incidencia relativa de delitos que implican agresiones físicas o atención médica posterior.
Se pierden casi 800 mdp diarios
El impacto del delito en México también se refleja en una pérdida masiva de recursos para la economía del país, pues 3.59 billones de pesos se vuelven más claros cuando se comparan con el gasto público federal.
- Por ejemplo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 asciende a 10.19 billones de pesos, por lo que el dinero perdido por la delincuencia en el periodo analizado en el presente artículo equivale aproximadamente al 35 por ciento de todo el presupuesto anual del gobierno federal; es decir, casi 4 de cada 10 pesos de nuestros impuestos se pierde por culpa de la delincuencia.
Otra forma de dimensionar el impacto es compararlo con el gasto destinado a seguridad. El presupuesto federal para instituciones de seguridad, que incluye a las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y a la Guardia Nacional, ronda los 288 mil millones de pesos al año.
Bajo esa referencia, el costo acumulado del delito entre 2012 y 2024 equivale a más de doce años completos del presupuesto federal de seguridad pública, sin contar presupuestos que irían engarzados, como los destinados a la Fiscalía General de la República o al Poder Judicial Federal.
- Las equivalencias también se observan frente al gasto social; el presupuesto de la Secretaría de Bienestar, que concentra los principales programas sociales del gobierno federal, se ubica en alrededor de 674 mil millones de pesos anuales.
En ese contexto, los recursos perdidos por la delincuencia en doce años equivalen a más de cinco años completos del presupuesto destinado a programas sociales federales.
- Además, el monto del costo total del delito estimado por el Inegi equivale aproximadamente a tres veces el presupuesto federal anual destinado al sector salud o a más de un año completo de inversión pública en infraestructura, si tomamos los presupuestos de egresos más recientes.
Impacto frente al tamaño de la economía
El Producto Interno Bruto de México ronda los 31 a 32 billones de pesos anuales, lo que significa que el costo acumulado del delito en el periodo analizado equivale aproximadamente a una décima parte de toda la riqueza que produce el país en un año.
Si se observa el comportamiento anual del fenómeno, el impacto sigue siendo significativo, pues para los años recientes el costo económico del delito se ubica alrededor de 364 mil millones de pesos al año, lo que representa aproximadamente 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
- Traducido a escalas más cotidianas, el costo del crimen implica pérdidas cercanas a los 800 millones de pesos diarios para la economía mexicana; esto significa que cada día el país pierde por hora 33 millones de pesos.
- De manera que estas cifras muestran que el fenómeno de la criminalidad no solo tiene implicaciones en materia de seguridad pública, pues también representa una fuga constante de recursos económicos para hogares, empresas y gobiernos, que se refleja en pérdidas patrimoniales, gastos en medidas de protección y costos asociados a daños físicos y atención médica.
En conjunto, el análisis revela que el delito en México no solo produce violencia o inseguridad, pues también genera un impacto económico de escala nacional, capaz de absorber recursos equivalentes a grandes partidas del gasto público y a una proporción significativa de la economía del país./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://indicedepazmexico.org/data/Mexico-Peace-Index-2026-Spanish-web.pdf
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
