La Presidencia de México se posicionó con respecto a las acusaciones de espionaje presuntamente cometido durante lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La máxima instancia federal informó que las instituciones encargadas de la seguridad nacional solo pueden intervenir comunicaciones con órdenes judiciales de por medio.
Con respecto a los señalamientos de espionaje a través de medios de comunicación, el Gobierno de México afirmó que la información revelada —y obtenida a través del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— no es oficial, pues no cuenta con firmas y no está avalada por ninguna autoridad.
“Con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”, acusó el gobierno de AMLO, indicando que las publicaciones de periodistas sobre espionaje “carecen de validez legal”.
Por el contrario, se enfatizó que los esfuerzos de inteligencia son para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, y no para operar contra actores políticos, sociales o ciudadanos pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, como se le ha señalado a AMLO en repetidas ocasiones.
“Las acciones de inteligencia están orientadas a conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia e impacto”, se detalló a través de un comunicado de prensa.
Con base en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional, Presidencia definió las actividades de inteligencia con el proceso de recolección, procesamiento y diseminación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad, por lo que no es utilizada para dirigirse al entorno privado de actores políticos y mediáticos.
No obstante, revelaron que derivado de dichas tareas de inteligencia diversas personas han sido vinculadas con actividades delictivas.
“Únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuraduría de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”, se dio a conocer.
Asimismo, se expuso que las actividades de inteligencia constan del análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas, tales como redes sociales, medios de comunicación digitales e impresos, así como la que se obtiene en campo y en reuniones con otras instituciones públicas y privadas.
Dicha aclaración tiene lugar tras los recientes cuestionamientos a López Obrador durante la conferencia mañanera de este jueves 23 de marzo, donde volvió a ser interrogado sobre el uso de un software de espionaje.
“El trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz y la tranquilidad, no para perseguir ni reprimir a nadie, ni violar derechos humanos”, aseguró el mandatario federal; “no hay violación de derechos humanos, no se tortura, no se ajusticia a nadie, todo lo que se hacía antes”, agregó.
En ese sentido, la oficina de la Presidencia informó que —de acuerdo con el artículo 16 constitucional— las comunicaciones privadas son inviolables, por lo que sólo pueden ser interceptadas con la autorización de un juez “siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito”.
“Las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez”.
También, se destacó que en la presente administración se han detenido a mil 393 personas por parte de autoridades judiciales, de las cuales, 27 son presuntos líderes de organizaciones criminales generadores de violencia, entre quienes destaca Ovidio Guzmán López o Lupe Tapia Quintero.
En contraste, destacaron que no se ha detenido a ningún actor político, social, activistas o alguna otra persona no relacionada con el crimen.
APUNTES FIDEDIGNOS
Estados Unidos dio una sentencia a Osiel Cárdenas Salinas, hijo menor del ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillen, de ocho años de prisión por tráfico de armas. La información fue dada a conocer durante la tarde del jueves 23 de marzo.
“El hijo del exlíder del cártel, Osciel Cárdenas-Salinas Jr., fue sentenciado a 109 meses de prisión luego de su condena por contrabando de bienes de los EE. UU. a México”, fue el mensaje de la cuenta de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés, de Texas).
Alamdar S. Hamdani, fiscal federal, fue el encargado de anunciar las acciones. El individuo condenado cuenta con 31 años de edad y el pasado 2 de agosto de 2022 se declaró culpable de intentar adquirir 10 rifles de asalto para exportarlos a México.
Fue el jueves cuando el juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr. ordenó a Cárdenas Salinas Jr. cumplir 109 meses en una prisión federal a lo que seguirán tres años de libertad supervisada, así como el pago de una multa de 20 mil dólares…¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!
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