AMLO y sus Cinco CORRUPTOS favoritos… los casos de CORRUPCIÓN MÁS EMBLEMÁTICOS en la 4T

Por años, una de las principales arengas de Andrés Manuel López Obrador ha sido el combate a la corrupción, pero los hechos demuestran que el “principal cáncer en México”, como lo ha señalado el propio mandatario, sigue expandiéndose por todo su círculo cercano.

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, volvió a arremeter contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y acusó que éste presuntamente cuenta con “sus corruptos favoritos” a los cuales presuntamente protege para que éstos no enfrenten las consecuencias de los ilícitos que habrían cometido.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que la panista lanzó una pregunta a sus seguidores sobre cuáles creen que serían los “corruptos favoritos” del mandatario mexicano; sin embargo, antes de esperar cualquier respuesta, ella inició la lista con cinco nombres.

Se trataría del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán; la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle; así como la precandidata a la gubernatura del Estado de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez Álvarez.

“Aquí inicio una lista de los corruptos favoritos de López Obrador: Manuel Bartlett; Layda Sansores; José Ramón López Beltrán; Rocío Nahle; la maestra Delfina. ¿Quién más crees que es parte de sus corruptos favoritos? Te leo”, se pudo observar en sus redes sociales.

El mensaje rápidamente tuvo repercusión en Twitter, por lo que alcanzó más de mil 800 respuestas, en las cuales se pudieron leer los siguientes nombres: “Aquí mi aportación: Javier Hidalgo”, “mejor dicho, quién de todo su círculo cercano no lo es”, “faltan muchos, los hermanos Monreal, Florencia Serranía, Marcelo Ebrard, Mario Delgado”, “Sheinbaum, Adán Augusto, Ebrard, Durazo, Salgado Macedonio e hija, Zoe Roble y el doctor muerte”.

Sin embargo, no todo los mensajes fueron en contra de la administración federal, pues también le recordaron los actos de corrupción que han protagonizado personajes de la oposición: “Todos los del PAN. Uno de ellos está en la corte de NY. Todo el Cártel Inmobiliario del DF. Fox y Calderón, por supuesto”, “Felipe Calderón, Ricardo Anaya, Genaro García Luna, Cabeza de Vaca, Sandra Cuevas, Vicente Fox”.

Las declaraciones de López Rabadán se dieron a la par de que sucedieron dos hechos al interior de la administración federal. El primero fue que el mandatario mexicano rechazó, durante su conferencia matutina del 7 de febrero, los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC), en el que se posicionó a México en el lugar 31 de 180 países del mundo.

Tras darse a conocer dicha información, el político tabasqueño apuntó que tanto Transparencia Internacional como Transparencia Mexicana —organizaciones que realizaron en ranking— callaron durante los anteriores gobiernos que no enfrentaron a la corrupción.

“Yo no le tengo confianza a esa institución porque fueron de las que se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales. Estos institutos supuestamente anticorrupción, ni los internacionales ni los nacionales, (…) no tienen autoridad moral”

En segundo lugar, se dio a conocer que dos miembros del gabinete de Sansores San Román —Raúl Aarón Pozo Lanza (secretario de Educación Pública) y Armando Constantino Toledo Jamil (jefe de la Oficina de la gobernadora — y la senadora Rocío Abreu Artiñano habría recibido una fuerte suma de dinero en efectivo semanas previas a las elecciones estatales en las que Morena se llevó la victoria en 2021.

De acuerdo a los materiales que presentó N+, Pozos Lanza supuestamente recibió cuatro fajos de billetes de 500 pesos, lo cual sumaría alrededor de un millón de pesos. Asimismo, se indicó que las grabaciones podrían provenir del círculo de vigilancia de la oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno de la entidad, ubicada en el Palacio de Campeche.

Por otra parte, la legisladora Abreu Artiñano también acudió a la misma oficina, al menos, dos veces para supuestamente recibir dinero en efectivo; mientras que Toledo Jamit compartió un video en sus redes sociales en donde indicó que las grabaciones serían de cuando él formó parte del gobierno de Alejandro Alito Moreno.

Los casos que mancharon al gabinete de AMLO

Por años, una de las principales arengas de Andrés Manuel López Obrador ha sido el combate a la corrupción, pero los hechos demuestran que el “principal cáncer en México”, como lo ha señalado el propio mandatario, sigue expandiéndose por todo su círculo cercano.

Muestras hay muchas, tanto dentro de su familia como en el gabinete de quien hoy ostenta la silla presidencial.

Una de las frases más utilizada por el inquilino de Palacio Nacional es que “las escaleras se barren de arriba para abajo” en referencia a la “limpia” que -según él- se está realizando dentro del gobierno. Sin embargo, pareciera que las cerdas de la escoba no han llegado a los personajes más cercanos a la 4T.

Manuel Bartlett

Uno de los más claros ejemplos de ello es el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, quien sin importar los escándalos de corrupción o ineptitud en los que esté involucrado, el político poblano goza del total respaldo del presidente de la República.

  • Esto volvió a quedar de manifiesto el miércoles 30 de diciembre, cuando López Obrador le dio un nuevo espaldarazo ante las voces que piden la renuncia del titular de la CFE, tras el apagón nacional ocurrido el pasado lunes, y que de acuerdo con las explicaciones del propio Bartlett, se debió al incendio en unos pastizales ubicados en Tamaulipas, lo cual ha sido desmentido por el propio gobierno estatal, e incluso, acusó a la Comisión Federal de Electricidad de haber falsificado un documento con el que buscaba responsabilizar a la administración tamaulipeca.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe una campaña en contra de Bartlett Díaz y dejó en claro que quien se mete con el titular de la CFE, se enfrenta con el mismo presidente, ya que fue él quien lo nombró.

“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos, yo respeto a todos, hay un grupo que no quiere a Bartlett.. Es más, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensan que Manuel Bartlett es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que va (contra) esos contratos, no vamos a ser cómplices de corrupción”, aseguró López Obrador.

  • De 84 años de edad, Manuel Bartlett realizó prácticamente toda su carrera política de más de medio siglo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
  • Hay quien lo recuerda como el gran artífice de la llamada “caída del sistema”, en los resultados electorales de 1988 y gracias a lo cual, Carlos Salinas de Gortari “ganó” la presidencia del país.

Aunque el hecho lo marcó para siempre, su carrera política no se detuvo y siguió escalando posiciones importantes bajo el abrigo del partido tricolor, como la gubernatura de su estado natal, Puebla.

Sin embargo, renunció al partido en 2006 y llamó a los priistas a dar un “voto útil” a favor del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Su incorporación al Partido del Trabajo (PT) lo llevó nuevamente al Senado de la República en donde se convirtió en el coordinador parlamentario del partido.

Después, fortaleció su relación con Andrés Manuel López Obrador quien tras ganar las elecciones como presidente de la República en 2018, lo nombra como director de la Comisión Federal de Electricidad, cargo en donde a pesar de los escándalos en los que se ha visto envuelto, sigue al frente.

El 28 de agosto de 2019, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que el actual director de la CFE posee una fortuna 16 veces mayor a la que reportó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De acuerdo con la información, Bartlett Díaz tendría una riqueza de 51 millones de pesos de ingresos anuales, aunque sus percepciones son menores, considerando el valor de las supuestas propiedades a su nombre, el de sus hijos y su pareja sentimental, Julia Abdala.

La investigación reveló que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, el director de la CFE se hizo de un imperio inmobiliario de 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos, y junto con sus familiares poseen 12 empresas.

Bartlett Díaz “omitió” incluirlas en su declaración porque no está casado, y porque sus hijos son mayores de edad.

Tras el escándalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo a Bartlett y aseguró que se trataban de ataques y “un intento de desprestigio” por parte de “los conservadores” y de la “prensa fifí”.

  • En mayo de 2020, justo cuando México atravesaba por el primer pico de la pandemia por COVID-19, una investigación periodística realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, vendió al gobierno del estado de Hidalgo, ventiladores respiratorios para atender a pacientes con coronavirus a un precio más alto que el del mercado.
  • De acuerdo con la investigación, la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, es decir, 1,550,000 pesos por cada equipo, “que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19”.

La investigación ocasionó un escándalo. En algunas entrevistas periodísticas, León Manuel Bartlett Álvarez se defendió y aseguró que no existía ningún conflicto de intereses. El 13 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett, argumentando que no cumplía con los requerimientos.

En una presunta investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública, su titular Irma Eréndira Sandoval, aseguró que no hubo daño al erario nacional, pues derivado de la investigación, el proceso de adquisición fue suspendido.

En medio de la polémica, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que el contrato de los ventiladores respiratorios a sobreprecio no es el único. Detalló que León Manuel Bartlett había obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal por un monto de 162 millones de pesos.

Días después, el domingo 10 de mayo, el comunicador reveló que la casa desde la que Andrés Manuel López Obrador despachó como candidato presidencial y durante la etapa de transición, tenía un oscuro lazo con Manuel Bartlett.

  • La casa porfiriana ubicada en la calle de Chihuahua #216 en la colonia Roma, era propiedad de José de Jesús Hernández Torres, quien habría trabajado 49 años con Bartlett Díaz. La renta del inmueble ascendió a 130 mil pesos mensuales durante un año y cuatro meses, además de que realizó un depósito por 452,400 pesos.

Desde 1997, la empresa “Top Real Estate Company, S.A. de C.V” cuyo socio mayoritario es Hernández Torres y además es socio del hijo de Bartlett.

Layda Sansores

El senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, encabezó un contraataque a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, esto a través de la difusión de un programa llamado Miércoles del León, en el que la acusó de “corrupta”, de violar la ley con su programa semanal y de haber comprado 83 propiedades de contado.

  • En la primera emisión del programa, Alejandro Díaz Durán dijo que Layda Sansores compró de contado la mayoría de propiedades a través de su “clan”, y que “del dinero de los mexicanos metió facturas por 700 mil pesos en el Senado”.

El senador suplente dijo que la información es pública; sin embargo, la retomó de una investigación periodística de la cual se reservó las fuentes. Además enfatizó que Layda Sansores es “la reina del cash”, en referencia al libro de Elena Chávez sobre el financiamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que Sansores difundiera una presunta conversación entre el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal y Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Rojas dijo que la gobernadora violaba la ley en tres sentidos:

  1. Por mentir sobre la forma en la que las conversaciones de ‘Alito’ Moreno llegaron a sus manos.
  2. Por manipular la información de las conversaciones.
  3. Por difundir las conversaciones de la forma en que lo hace cada semana.

Rojas Díaz Durán, siendo morenista, admitió que Sansores difundió los audios de ‘Alito’ Moreno con la finalidad de “doblegarlo” para que aceptara las iniciativas relacionadas con la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Ejército en las calles hasta 2028.

  • La acusó de no ser superior moralmente a nadie, y que en Morena nadie tenía esa “superioridad moral”, a la que se refiere. También criticó que Layda Sansores presuntamente apoyó al expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1988.

“Su objetivo es Ricardo Monreal porque usted, y quienes coinciden con usted y su candidata favorita, Claudia Sheinbaum, les estorba Ricardo Monreal, porque él no tiene una lealtad ciega… Yo luché contra Salinas y usted no… Hay un objetivo interior: tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial y que se vaya de Morena, ¿Por qué?, porque tiene independencia de criterio”, dijo Alejandro Rojas.

“Sabemos que Morena tiene que rectificar muchas cosas, pero ustedes quieren que Monreal no sea el candidato, por eso no quieren piso parejo, por eso explíqueme… ¿Por qué lo ataca? Porque Monreal pidió una elección primaria interna (para las elecciones de la Ciudad de México en 2018), porque en 2017 ya nos la aplicaron, con sus encuestas patito, Monreal ganó todas las encuestas, excepto las de Morena”, acusó Rojas Díaz Durán.

En 2020, Fernando Zárate, exdiputado federal del Partido Verde la acusó por tener un tigre como mascota en su oficina, la alcaldía Álvaro Obregón señaló que el felino sí estuvo en la oficina, pero que había sido llevado por una organización civil ya que había programas sociales para la protección de animales.

  • Durante su gestión como alcaldesa de Álvaro Obregón, también fue acusada de entregar de forma directa tres contratos a una “empresa fantasma”, investigada por la Fiscalía General de la República por desvío de recursos y lavado de dinero.

Ese mismo año, fue señalada por abandonar sus funciones en la alcaldía y concentrarse en su campaña para ser gobernadora de Campeche.

  • Así mismo la actual alcaldesa de esa demarcación ha levantado al menos 150 actas administrativas y dos denuncias penales en contra de su antecesora, hoy gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, por irregularidades financieras, obras mal ejecutadas o no realizadas, tráfico de influencias, extravío o robo de vehículos y mal manejo de recursos, entre otras causas.

Entre las irregularidades, destaca la construcción de una escalera eléctrica en esa demarcación, en que erogó, asegura, más de 90 millones de pesos, pero la obra nunca funcionó y permanece inservible; también hay obras no concluidas, otras que se encuentran en malas condiciones, más de 100 parques públicos abandonados, y el robo de al menos dos vehículos propiedad del Municipio de Álvaro Obregón, que sospechosamente aparecieron en Campeche.

  • Cabe recordar también que Tania Larios, diputada local del PRI en la Ciudad de México, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra de la exdelegada en Álvaro Obregón y actual gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, su vocero Walther David Patrón Bacab, y quien o quienes resulten responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, peculado, cohecho, delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos provenientes de actos ilícitos. Esas son entre otras las irregularidades cometidas por Sansores San Román a su paso por la Alcaldía Álvaro Obregón.

La Auditoría Superior de la Federación halló que el año pasado la alcaldía no reintegró más de 364 mil pesos de aportaciones federales correspondientes al 2020.

Sansores San Román fue electa como alcaldesa en el año 2018 y, en marzo de 2021, se separó de su cargo para competir por la gubernatura de Campeche.

  • En el primer trimestre del año en curso, la ASF publicó los resultados de la auditoría de cumplimiento 2020-D-09010-19-0674-2021 674-DS-GF practicada a la alcaldía Álvaro Obregón en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el ejercicio 2020.
  • De acuerdo con la auditoría, hace dos años la demarcación dispuso de 605 millones 353 mil pesos del FORTAMUNDF y la ASF revisó una muestra de 589 millones 258 mil pesos, el 97.3 por ciento del total. La primera anomalía hallada es en la transferencia de los recursos porque no se abrió una cuenta bancaria específica para que la demarcación hiciera uso del presupuesto.

Mientras que la segunda observación consiste en la falta de reintegro de rendimientos financieros de los recursos otorgados por el FORTAMUNDF.

  • “Durante el ejercicio fiscal 2020 a la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, se le asignaron recursos por 605 mil pesos para ejercerse en el FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2020, y durante su administración se asignaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2020 por cuatro millones 122 mil pesos”, detalla la auditoría respecto a los rendimiento generados por el FORTAMUNDF.

De dicho monto de rendimientos, la ASF encontró que no se ejercieron más de tres millones de pesos; sin embargo, la alcaldía de la ciudad no los reintegró.

“Se determinó que existieron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 por tres millones 179 mil pesos, sin que se proporcionara la documentación de los reintegros a la Tesorería de la Federación (Tesofe) en incumplimiento de los artículos 13, fracciones I, IV y VIII; 17, y 21, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; cuatro, fracciones XIV y XV, de la de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y ocho, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020”, menciona.

  • El informe detalla que, durante el transcurso de la auditoría, la alcaldía Álvaro Obregón proporcionó la documentación que acredita el reintegro de recursos de rendimientos a la Tesorería de la Federación por dos millones 815 mil 314 pesos bajo el concepto de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, informó de la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del reintegro por 364 mil pesos; no obstante, hasta el término de la investigación en marzo de 2021, no se encontraron evidencias de que se hayan devuelto.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 364 mil 629 pesos más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020, por los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 que no se reintegraron de acuerdo con lo establecido en la norma, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, explica la ASF.

Lo anterior, significa que los recursos del FORTAMUNDF no fueron devueltos mientras Sansores San Román estuvo al frente de la demarcación.

  • El 11 de enero de 2021, Layda Sansores inauguró el proyecto emblema de su administración: unas escaleras eléctricas que atraviesan la colonia Estado de Hidalgo, ubicada en la zona de barrancas.

Durante el acto, la actual gobernadora de Campeche informó que entregaba 58 metros de escaleras, equivalentes a subir siete niveles de un edificio, en beneficio de los habitantes de 18 colonias.

Sin embargo, tanto los plazos de terminación de la obra como los metros construidos no concuerdan con la información otorgada por la misma exalcaldesa cuando presentó el proyecto en una conferencia de prensa el 16 de junio de 2019.

  • En esa fecha, Sansores San Román indicó que serían al menos 63 metros de escaleras y que, supuestamente, serían el equivalente a un ascenso de 23 niveles. Además, prometió que la fecha de entrega sería en diciembre de 2020.
  • Lo anterior significa que la exalcaldesa entregó cinco metros menos de obra, la inauguró un mes después de lo prometido e, incluso, según sus mismas palabras, cubre la tercera parte de lo anunciado al pasar de una distancia similar a 23 pisos a abarcar el equivalente a siete pisos.

Además, cuando las personas concluyen su recorrido, deben subir por un corredor de escaleras de concreto de aproximadamente 100 metros que, al finalizar, se convierte en una calle peatonal que va hacia la avenida Santa Lucía.

El costo de la obra fue de 81 millones 732 mil 973 pesos, por lo que vecinos opositores al Gobierno de la morenista nombraron a las escaleras como un “Monumento a la corrupción”.

Exhiben a sobrino:Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, fue exhibido en un par de audios donde presuntamente pide un moche de “80 milloncito de pesos” a cambio de la autorización de los permisos de construcción en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México cuando su tía era alcaldesa de Álvaro Obregón.

En redes sociales comenzaron a circular dos audios que señalan a Sánchez Sansores de presuntamente incurrir en actos de corrupción. En la primera grabación, de 35 segundos de duración, se escucha la charla del sobrino de la ex alcaldesa de Álvaro Obregón (2018-2021), en la que hace referencia al precio de una propiedad en El Pedregal.

“Un departamento en México, ¿cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal? ¿Cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle cuatro millones, multiplícalo por 200, son 800 millones de pesos ¿Cuánto quieres darle de mordida? el 10% son 80 milloncitos; bueno pues, ¿cómo con cuántos me voy a quedar yo de estos, o con cuánto te vas a caer?

  • Gerardo Sánchez habla en la segunda grabación sobre las licencias de construcción y el uso de suelo, que son facultades de las alcaldías de la Ciudad de México. En ese sentido, en el audio se escucha lanzar la advertencia de que sin ese pago o comisión el permiso podría demorar más de tres años.

“Aquí debe haber unos 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia y si no, te avientas unos tres o cinco años más en los que tú no construyes, eso en un área donde no se permite construir. Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio que necesite un permiso, tú ve y pregunta, óyeme tengo tal predio, quiero sacar una licencia y el permiso te cuesta por punto uno”, se escucha en la grabación.

José Ramón López Beltrán

El 16 de agosto de 2019, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams ocuparon la llamada “Casa Gris” y ese mismo día, coincidentemente, una filial de Baker Hughes en Estados Unidos firmó un contrato con Pemex Procurement International (PPI) en su sede en Houston, revelan nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

  • Los documentos inéditos muestran que en los dos meses siguientes (entre el 23 de agosto y el 23 de octubre de 2019), PPI asignó a dos filiales de Baker Hughes otros siete contratos que, en conjunto, sumaron 1 millón 94 mil dólares, equivalentes a más de 20 millones de pesos. Ese monto es distinto a los contratos que ya habían sido revelados en 2022 por MCCI.

La asignación y firma de los nuevos contratos se realizó en Estados Unidos, en los días en que el dueño de la “Casa Gris” era Keith Schilling, quien se desempeñaba como uno de los presidentes de Baker Hughes en Canadá y, a la par, como director comercial y de ventas en el área de Houston, donde está la sede de Pemex Internacional (PPI), según difundió el propio ejecutivo en su perfil de LinkedIn.

En febrero del año pasado, luego de que MCCI y Latinus publicaron el reportaje de “La Casa Gris”, Baker Hughes negó que la división de su compañía en Estados Unidos -que había presidido Schilling- hubiera tenido negocios con Pemex.

“México no está incluido en la región de Norteamérica para Baker Hughes. Internamente, las ventas y operaciones en México están organizados dentro de la entidad separada denominada Latinoamérica y Sudamérica”, informó la compañía en un comunicado difundido el 21 de febrero de 2022.

  • Bob Pérez, presidente de Baker Hughes en México y Latinoamérica, descartó que hubiera conflicto de interés por el hecho de que uno de sus ejecutivos (Schilling) haya sido el dueño de la casa que habitó el hijo del presidente.
  • “Durante su tiempo en Baker Hugues, él (Schilling) trabajó bajo nuestro grupo de Norteamérica y, dentro de Baker Hughes, México no está bajo el grupo de Norteamérica, México está bajo nuestro grupo de Latinoamérica”, dijo el mismo día.

Sin embargo, los nuevos documentos obtenidos por MCCI contradicen la versión de la empresa. En una revisión a más de 200 expedientes, se encontró que Pemex Internacional no sólo asignó y firmó contratos en 2019 con la división de Norteamérica de Baker Hughes, sino que también lo hizo en los años siguientes.

  • En la revisión se identificó que entre 2019 y 2021, PPI firmó en Houston con Baker Hughes y sus filiales al menos 11 contratos por un monto que supera los 29 millones de dólares, que equivalen a cerca de 600 millones de pesos.
  • Esta información es parcial, ya que Pemex no ha accedido a revelar todos los contratos de PPI.
  • Hace un año, el 27 de enero del 2022, MCCI y Latinus publicaron que en la segunda mitad del 2019 y parte del 2020, el hijo mayor del presidente ocupó una residencia en un exclusivo fraccionamiento de Oak Estates, al norte de Houston, que tenía como característica peculiar una alberca de 23 metros de largo.

La residencia pertenecía a Keith Schilling, un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa que en ese momento tenía contratos vigentes con el Gobierno de México por 66 millones de dólares, y que en los tres meses siguientes a que fue ocupada la casa, tuvo más asignaciones por otros 414 millones de dólares.

El caso fue denunciado ante autoridades en México y en Estados Unidos, y tanto el Gobierno como la empresa y los involucrados negaron entonces que existiera un conflicto de interés.

Baker Hughes negó que su división en Norteamérica haya tenido negocios con México.

  • A partir de ese deslinde, MCCI solicitó vía peticiones de transparencia copia de los contratos asignados por PPI, la filial de Pemex registrada en Estados Unidos, que tiene como presidenta a Carmelina Esquer, hija del secretario particular del presidente, Alejandro Esquer.
  • Sin embargo, Carmelina Esquer -quien también se mudó a Houston- ocultó los contratos de PPI, como informó MCCI el pasado 17 de mayo.
  • MCCI promovió un recurso de revisión a la negativa, y el Instituto de Acceso a la Información (INAI) resolvió que no había motivos para ocultar los contratos, por lo que ordenó a Pemex entregar una versión pública.

Pemex ha cumplido parcialmente la orden del INAI, pues a partir de octubre pasado ha entregado a cuentagotas copias de 200 contratos, de más de 500 que reportó ha suscrito PPI en el actual sexenio.

De los 200 contratos que han sido transparentados, MCCI identificó 11 que corresponden a empresas filiales de Baker Hughes, y 8 de ellos fueron otorgados entre agosto y octubre del 2019, periodo en el que el hijo mayor del presidente habitó la residencia de Schilling en Houston.

Cinco de los contratos otorgados por Pemex Internacional en 2019, para la compra de refacciones, suministros y reparaciones, fueron otorgados en agosto y octubre del 2019 a Dresser, LLC, una empresa subsidiaria de Baker Hughes.

  • Uno de los contratos con Dresser LLC fue firmado el 16 de agosto de 2019, el mismo día que la nuera del presidente ha dicho que rentó la casa en Houston a un precio de 5 mil 600 dólares mensuales (alrededor de 112 mil pesos).
  • También en 2019, PPI asignó otros tres contratos a Bently Nevada, LLC, que en su página en internet menciona ser un negocio de Baker Hughes.

En los contratos se describe que los productos y servicios pagados a Dresser y Bently Nevada fueron para áreas de Pemex Transformación Industrial, entre ellas las refinerías Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo; Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz; Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León; Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, así como para una planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios.

En la información parcial que ha sido entregada a MCCI se identificaron dos contratos asignados el 23 de junio de 2021 a un par de filiales de Baker Hughes, por 28 millones de dólares.

Rocío Nahle

El sobrecosto de la refinería de Dos Bocas, que pasó de los 8 mil millones a cerca de 20 mil millones de dólares, y las relaciones de la familia de Rocío Nahle con contratistas del proyecto son solo la punta del icerberg de los negocios que ha propiciado la secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos días se ha puesto la lupa sobre la operación de diversas empresas relacionadas con sus sobrinos Arturo Nahle Pascual y Luis Eduardo Nahle Pascual, quienes desde 2019 han aumentado su facturación en gobiernos estatales, muchos de priistas allegados al gobierno de la 4T.

Los números totales de los contratos que se encuentran disponibles en las plataformas de transparencia rebasan los 100 millones de pesos.

  • La razón social Diza Soluciones de Oficina SA de CV, cuyo accionista es Arturo Nahle Pascual, acumula en los últimos tres años 493 contratos de proveeduría con los estados de Durango, Oaxaca, Hidalgo y Zacatecas.
  • La empresa fue constituida en Durango el 14 de diciembre de 2016 y en esa entidad los sobrinos de Nahle acumulan 353 contratos con casi todas las secretarías del gobierno del estado, con el Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública y con el Colegio de Bachilleres del Estado.

Su adjudicación de servicios de mayor volumen corresponde al folio SECESP/041/20 por 5 millones 600 mil pesos.

  • En Zacatecas, uno de los bastiones de Morena y con fuerte arraigo de la familia Nahle, la compañía tiene reportados 119 contratos por conceptos que van desde la adquisición de papelería, material de oficina, equipo de cómputo, consumibles y paquetes de útiles escolares para programas sociales, los cuales representaban desde cantidades menores hasta los 11 millones de pesos por servicio, como el que se ofreció a la Secretaría de Administración del gobierno estatal a través del procedimiento SAD/DJ/LPE/024/2019, para entregar los paquetes escolares que fueron repartidos por el gobierno en turno.

La empresa Diza Soluciones de Oficina, por su parte, se ha adjudicado 18 contratos del gobierno de Oaxaca y otros de Hidalgo.

  • En el primer caso, a los hermanos Nahle Pascual se otorgaron contratos para el servicio de fotocopiado en las diversas dependencias de la administración de Alejandro Murat—muy cercano a la 4T y al presidente López Obrador—, mientras que, en el caso de Hidalgo, Omar Fayad les compró materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
  • También resaltan entre las contrataciones las que corresponden a la constructora Habrica Inmobiliaria, de los hermanos Nahle Pascual, la cual se presenta ante las instancias de gobierno con otras dos razones sociales: Grupo Constructor Habrica S de RL de CV y Habrica Desarrollos S de RL de CV.

Estas empresas han obtenido por lo menos 13 millones de pesos de los ayuntamientos de Zacatecas y de Guadalupe para realizar obras menores como construcción de muros y drenajes.

  • Se dice que los números disponibles en los registros de gobierno son apenas un 10% de lo que estas empresas y otras tantas de la familia Nahle han obtenido como cosecha de los cabildeos de la secretaria Rocío Nahle, quien sueña con ser gobernadora de Veracruz, aunque su historia como legisladora y secretaria de Estado la persigan.

Pese a que lo ha negado, existen documentos que prueban que la familia de Rocío Nahle se beneficia con contratos millonarios en la 4T. Algo que han reportado varios medios de comunicación.

Este martes, el periodista Mario Maldonado publicó una columna en El Universal, donde exhibió cómo la familia de la secretaria de Energía (Sener) Rocío Nahle se ha beneficiado con contratos multimillonarios otorgados por el gobierno federal.

  • Tras lo publicado por el comunicador, el hermano de la titular de la Sener, Arturo Nahle García le respondió, rechazando que alguno de sus familiares sea un contratista millonario:
  • “Señor @MarioMal ojalá pueda visitar una pequeña tienda de granos y café que se llama “La Buena Cosecha” ubicada en Spencer # 314 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, lo va atender mi hijo Luis Eduardo, es socio y mesero, no contratista millonario como dolosamente asegura en su columna”.

Luego de la respuesta dada por Antonio Nahle, Mario Maldonado exhibió información sobre la empresa Diza Soluciones de Oficina:

  • “No sé si su hijo también es propietario de una tienda de café en Polanco, yo me refiero en mi columna a la empresa Diza Soluciones de Oficina, donde usted y sus hijos aparecen como accionistas y apoderados, y con la que han ganado contratos. Le pongo en seguida documentos públicos”, reviró.

Aunque el hermano de la funcionaria lo intentó negar, existen documentos que prueban que la familia de Rocío Nahle se beneficia con contratos millonarios en la 4T.

La maestra Delfina

Delfina Gómez (Delfi, como la llama el presidente Andrés Manuel López Obrador) contendrá por la gubernatura del Estado de México el próximo año, pero no es la primera ocasión que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para dicha entidad, pues en 2017 la perdió ante el priista Alfredo del Mazo, sin embargo, en aquella ocasión el SAT detectó que el partido guinda recurrió a los servicios de al menos dos “empresas fantasma”.

  • Bajo ese tenor, el libro La casa gris de Raúl Olmos, director de periodismo en la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que durante el primer intento de Delfina Gómez, el partido guinda habría contratado a las empresas Servicios Logísticos HMC Negrete y Servitransportadora Turística Olmeca, las cuales están declaradas oficialmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como simuladores de operaciones o compañías “fantasmas”, debido a su carencia de infraestructura y capacidad para desempeñar las actividades por las que emitieron factura.

De acuerdo con el libro de Olmos, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y entonces coordinador de Morena, habría pagado15 millones de pesos a Servicios Logísticos HMN Negrete por supuestos servicios en mítines del partido guinda, mientras que a Servitransportadora Turística Olema cerca de 5 millones de pesos por transportar a simpatizantes hacia eventos de campaña de la titular de la SEP.

  • Marco Antonio Negrete Galicia era el administrador de Servicios Logísticos HMN y por medio de redes sociales evidenciaba que el partido guinda era uno de sus principales clientes desde 2015, año que fue creada la empresa, según el libro de Olmos.

Asimismo, se señala que Francisco López Miranda, representante legal de la empresa Sevitransportadora Turística Olmeca, habría recibido cheques presuntamente expedidos por María Victoria Anaya Campos, directora regional de los Programas del Bienestar en Texcoco y coordinadora de giras de la campaña de Delfina Gómez en 2017, además que se le vinculó con los “diezmos” de la actual candidata de Morena al Edomex cuando era presidenta municipal de Texcoco.

  • Los diezmos: Familiares de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, tienen una red de negocios que suma 730 millones de pesos, con al menos 430 contratos y un crecimiento de 1,958% en los últimos tres años.

De acuerdo con un reportaje de XPECTRO FM, firmado por Víctor Hugo Arteaga, unos de sus sobrinos constituyeron una empresa en 2016, la cual solo operaba en Durango y con montos máximos de 3.6 millones de pesos.

La principal firma es Diza Soluciones de Oficina S.A de C.V, cuyos propietarios y accionistas son Arturo Nahle Pascual, José Alfredo Torres Hernández y cuyo representante legal es Luis Eduardo Nahle Pascual, con unas ganancias que se elevaron a mil 200 millones de pesos.

Luis Eduardo Nahle Pascual, como persona física, también ha facturado 7.3 millones de pesos en Hidalgo desde 2018.

El reportaje señala que se identificó a Gravas del Sureste S.A de C.V, Proyecta Industrial de México, Comercializadora del Istmo S.A de C.V y Boceto Arquitectos S.A de C.V., como otros corporativos ligados a la titular de Energía.

  • Destaca que en algunos contratos son los mismos familiares de Nahle los que firman y en otros son los representantes legales, con lo que se oculta el rastro. Según reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), citados por la pieza periodística, la firma de la familia Nahle tuvo un crecimiento.
  • El trabajo indica un posible caso de nepotismo y conflicto de interés en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el que el hermano de la titular de la Sener, Arturo Nahle García, asignó contratos por 10.2 al corporativo de su hijo, Diza Soluciones de Oficina S.A de C.V.
  • Hay una coincidencia entre la llegada de Rocío Nahle al gabinete y la expansión de la empresa de sus familiares, en Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas. El reportaje exhibe a otra empresa, Gravas del Sureste, creada en 1996, de estar ligada a Nahle García y obtener 441.4 millones de pesos en contratos durante lo que va del sexenio.

Las conexiones que detallan son que Enrique Quintanilla Hayek, hermano del compadre de la secretaria de Energía, Arturo Quintanilla Hayek, y entre sus socios se encuentran Luz del Alba Gallegos Pérez y Oscar González Alemán.

Uno de los socios de ese corporativo es Delta Administración S.A. de C.V., cuyo propietario es Jorge Hayek Domínguez, sobrino del compadre de la titular de Energía.

  • En el directorio aparecen Jaime Quintanilla Garza, también sobrino; Sami Hayek Domínguez, papá de la actriz Salma Hayek; José Antonio Vélez Martínez, Eduardo Ramírez Peredo.
  • Otra de las empresas señaladas es Construcciones y Reparaciones del Sur, de Juan Carlos Fong, cuyo consorcio, denominado Huerta Madre, fue creado tres días antes de obtener un contrato de 4 mil 968 millones de pesos en la refinería Olmeca.

El mismo corporativo ha recibido otros 4 mil 600 millones de pesos, incluido un gasoducto en Chiapas, con valor de mil millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hallado anomalías en los contratos con esa empresa, la mayoría no son públicos, pero el propietario Fong Cortés, según el reportaje, presume de una relación cercana con José Luis Peña, esposo de Rocío Nahle./Agencias-PUNTOporPUNTO

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