El sexenio de Andrés Manuel López Obrador inicia con recursos jurídicos en contra de modificaciones legales prometidas en campaña y propuestas constitucionales en materia de seguridad que han generado polémica en la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales.
- Desde antes de las elecciones prometió que de alcanzar la presidencia bajarían los salarios a servidores públicos, por lo que luego de la victoria y con mayoría en el Congreso de la Unión, se decretó el pasado 5 de noviembre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde se estableció que ningún funcionario podrá ganar más que el titular del Ejecutivo federal.
- Sin embargo, la semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que esta ley se aparta de lo que mandatan la Carta Magna y tratados internacionales suscritos por México.
- El recurso fue admitido a trámite y estará bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien requirió al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal, un informe que dé cuenta de los antecedentes legislativos del decreto que expide la normativa.
Seguridad
Por las condiciones de inseguridad en el país y el combate al crimen organizado con apoyo de las Fuerzas Armadas, en diciembre del año pasado se publicó la Ley de Seguridad Interior, bajo el argumento de dar certeza al Ejército y Marina en sus labores de seguridad pública.
- La ley generó profundas críticas por parte de organizaciones sociales, académicos, organismos nacionales e internacionales, que obligaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto a mantener en suspenso su aplicación hasta que la Corte resolviera las múltiples acciones de inconstitucionalidad que se promovieron en su contra.
Finalmente la SCJN avaló la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior bajo el argumento que el Congreso no tiene facultades para legislar en la materia.
Un día antes del fallo de la Corte, López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, en el que, a pesar de sostener en el discurso de campaña la desmilitarización del país, propuso la creación de una Guardia Nacional compuesta principalmente por elementos de las Fuerzas Armadas y estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El morenista busca reformar 13 artículos de la Constitución para su creación y de esta manera legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En su primer acto como presidente, Obrador insistió ante integrantes del Ejército y Marina en la creación de la Guardia y aseguró que se reforzará la formación en el respeto a los derechos humanos, esto, a pesar de que las organizaciones, académicos y diversos organismos insisten en que la militarización no es la vía para recobrar la seguridad.
SuperDELEGADOS
- Otra de las figuras propuestas por el presidente y recientemente aprobada es la creación de los superdelegados. Al modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se conformaron las unidades denominadas Delegaciones de Programas para el Desarrollo, mismas que coordinarán acciones entre las autoridades estatales y municipales con el Ejecutivo federal.
- Esta aprobación generó rechazo en 12 gobernadores del PAN y Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Los primeros manifestaron en una carta a López Obrador que “la coordinación no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar”.
- A la posición en contra se sumaron los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en el Senado, quienes amagaron con presentar en conjunto una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, por lo que trabajan en la recolección de firmas de una tercera parte de los legisladores que conforman la Cámara Alta.
El priista Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los tricolores, confirmó que analizan si existen coincidencias con miembros de otras fuerzas políticas, posición a la que se sumó Miguel Ángel Mancera, coordinador de los perredistas, quien aseguró que ya establecieron diálogo con sus pares del PAN y PRI.
Estado de derecho
Estos hechos, coincidieron expertos, forman parte del Estado de Derecho, pero también es un recurso político.
- “Es una táctica política y una táctica jurídica porque se nos ha anunciado una transformación profunda en nuestro país y lo cierto es que una transformación profunda necesariamente tiene que tocar el orden jurídico”, dijo el constitucionalista César Astudillo.
- El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM indicó que los recursos que se han interpuesto, o que se presentarán, son muestra de que una parte del Estado de Derecho en México funciona, no obstante, lo político no está alejado.
- “A veces, pueden haber oposiciones de grupos muy amplios a los cambios en las leyes y eso claramente tiene una intencionalidad política; sí podemos ver que en adelante (habría) litigios estratégicos para que grupos que se sientan afectados por cambios en las legislaciones actúen de manera organizada para ir a atacar determinados cambios legislativos”, explicó.
Astudillo refirió que es una prerrogativa que otorga el Estado de Derecho el que se tenga la posibilidad de que los grupos que sientan afectados sus intereses puedan interponer recursos.
Por su parte, el especialista en amparos e investigador del Inacipe, Alberto Nava, indicó que legislaciones como la de Ley de Remuneraciones han presentado irregularidades en su redacción, como referenciar institutos desaparecidos como el IFE, lo que puede provocar que sean controvertidas.
- “El juicio de amparo, debemos de recordar, se trata del instrumento jurídico más importante y mejor logrado en México, de modo tal que cualquier ciudadano que vea vulnerada su esfera de derechos tiene la posibilidad de recurrir al mismo”, expuso./EL ECONOMISTA- PUNTOporPUNTO
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