EMERGENCIA SANITARIA facilita MACROCORRUPCIÓN en las instituciones de SALUD PÚBLICA

Los integrantes de la Alianza Federalista señalaron que el Gobierno federal mantiene en opacidad la compra de la vacuna contra Covid-19, a pesar de los miles de millones que la 4T está derrochando.

Durante la emergencia sanitaria se presentaron actos de corrupción y abuso de poder en las instituciones de salud públicas y privadas, bajo ese contexto, también podrían presentarse una vez que haya una vacuna contra el COVID-19.

Para dar seguimiento al tema y detectar actos de microcorrupción y macrocorrupción durante la etapa de distribución de la vacuna, la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey ampliará el uso de su herramienta #DenunciaCorrupciónCoronavirus a partir del próximo año.

  • Esta herramienta forma parte de los proyectos de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec, a través de la cual los ciudadanos pueden realizar denuncias de manera anónima.
  • Los directivos de la herramienta de denuncias intentarán trabajar con representantes del IMSS, ISSSTE y Ssa
  • Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la iniciativa, comparte que esta plataforma se construyó en el contexto de la pandemia y se busca ampliarla más allá de la enfermedad para dar seguimiento a los actos de corrupción u otras problemáticas que se enfrentan en el país en relación con el sector salud.

“Abriremos la herramienta a todo el sector salud y lo primero que haremos es emitir una serie de recomendaciones para que cuando haya una vacuna disponible para toda la población ésta se distribuya de forma adecuada y libre de corrupción.

“La distribución ya es un problema per se, y no todas las empresas o personas van a tener la posibilidad de garantizar una vacuna. Queremos saber cómo le va a hacer el Gobierno federal para garantizar que a todos nos va a llegar la vacuna y que nadie se va a aprovechar para venderlas, acapararlas y no distribuirlas”, puntualizó la académica.

Con esta expansión, los directivos de la plataforma de denuncias intentarán trabajar de la mano con las dependencias en todos los frentes, es decir, con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Vamos a intentar trabajar con las autoridades de salud porque con la Secretaría de la Función Pública es casi imposible a pesar de que han estado abiertas y les hemos presentado la herramienta en diferentes ocasiones y nos han dado tips para mejorar. No vemos una posibilidad cercana”, declaró Estrada.

  • Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que la vacuna candidata contra el COVID-19, desarrollada por la farmacéutica Moderna, es parte del protocolo Covax al que el país está suscrito con el objetivo de tener acceso temprano a la fórmula.
  • Covax es una iniciativa mundial para acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra el virus y está codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LOS RESULTADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

El primer enfermo de COVID-19 se detectó en México a finales de febrero y desde entonces el país suma más de un millón casos acumulados de la enfermedad, mientras las autoridades no logran poner un freno al número de contagios. En tanto, son más de 100 mil personas las que han perdido la batalla.

Pacientes y familiares, además de lidiar con la enfermedad, en ocasiones fueron víctimas de corrupción por personal de salud pública o privada que les solicitan dinero, pertenencias o incluso algún tipo de favor sexual a cambio de una atención médica, de acuerdo con los resultados que se han obtenido a través de la plataforma del Tec de Monterrey.

Esta herramienta, creada en alianza con la asociación civil Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, permite a los ciudadanos denunciar de forma anónima actos de corrupción, fallas operativas en hospitales, clínicas y centros médicos, y violación o restricción de los datos personales con un apartado específico para trabajadoras y trabajadores del sector salud.

Ángeles Estada comenta que la intención con esta plataforma es que se convierta en una posible solución a la corrupción que se ha presentado durante la emergencia.

  • El objetivo es contabilizar los actos de victimización en hospitales y clínicas a raíz de la pandemia. Actualmente es muy sencillo hacer una medición de la percepción de la corrupción, pero lo que queríamos hacer era una cosa más específica en relación con la experiencia entre la gente que acude a clínicas y hospitales públicos y privados – Ángeles Estrada, Directora ejecutiva de #DenunciaCorrupciónCoronavirus
  • La plataforma opera desde abril y hasta el momento enlista 375 reportes de ciudadanos y personal de la salud que han sido víctimas o testigos de fallas operativas o actos de corrupción al interior de las instituciones médicas.

Estrada comenta que la información obtenida de las denuncias ciudadanas se entregó a las autoridades de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero no se les ha dado seguimiento.

De acuerdo con la académica, la gran mayoría de las denuncias surgen desde el interior de los hospitales, y que corresponden a trabajadoras y trabajadores que acusan la falta de dispositivos médicos de protección personal o las fallas en los protocolos para atender a pacientes con COVID-19.

En segundo lugar se encuentran las denuncias por actos de corrupción como sobornos, abusos de autoridad o extorsión sexual y en menor cantidad la falta de protección de datos personales.

“Tenemos que lograr que en los casos de corrupción exista la posibilidad de las denuncias anónimas para que la autoridad comience a buscar patrones y hagan mapas de corrupción, es importante dejar de pedir a los denunciantes datos y pruebas de la situación de la cual son víctimas, esto no incentiva las denuncias”, opina Estrada.

GOBERNADORES ACUSA OPACIDAD EN COMPRA DE VACUNAS

Los integrantes de la Alianza Federalista señalaron que el Gobierno federal mantiene en opacidad la compra de la vacuna contra Covid-19.

En un comunicado conjunto, los 10 gobernadores acusaron que la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha informado los detalles del mecanismo de adquisición de vacunas.

  • Los gobernadores alertaron que el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación puede adquirir las vacunas de forma discrecional.
  • “Se habla de convenios firmados y de 50 millones de vacunas, pero no se ha dado a conocer de manera oficial, ni con detalle, ni cuántas ni cómo llegarán a México”, dijo.

“Los gobernadores de la Alianza Federalista hacemos un llamado al Gobierno federal para existir que el tratamiento sobre la compra de vacunas contra Covid-19 sea transparente y público, pues con el actual costo humano, social y económico reclama una urgente revisión de las circunstancias”, abundaron.

COFEPRIS DEJA PASAR LAS “PRUEBAS RÁPIDAS”

La Secretaría de Salud investiga a exfuncionarios de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que autorizaron la importación y comercialización de 72 pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, sin que se hicieran los estudios necesarios para evaluar su eficacia, como marca la ley.

  • La emergencia sanitaria por el covid-19, además, ha dado pie a un mercado negro de medicamentos, vacunas, pruebas y equipos de protección que grupos delictivos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana estarían aprovechando para extender sus actividades ilícitas, afirma el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
  • Se trata de dos caras de la emergencia sanitaria que involucra a “empresarios oportunistas” y a grupos delictivos en el aprovechamiento de la pandemia, un mercado negro que la Cámara Nacional de la Industria Farmaceútica (Canifarma) estima en alrededor de 8 mil millones de pesos al año, sólo en lo que se refiere a las falsificaciones.

A esta cifra se suman las pérdidas que sufren las distribuidoras de medicamentos y cadenas de farmacias por el robo anual de 2 mil millones de pesos.

FALSAS DETECCIONES

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell revela que tanto la Secretaría de Salud federal como la propia Cofepris dieron vista al Órgano Interno de Control (OIC) de esa dependencia, a cargo de Gibrán Ernesto Silva Basso, acerca de las 72 autorizaciones que se otorgaron durante la pandemia para la importación y comercialización de las pruebas serológicas o pruebas rápidas que detectan las infecciones de covid-19 mediante los anticuerpos en la sangre.

En entrevista, López-Gatell informa que la investigación en curso busca esclarecer por qué los permisos para importar y vender las llamadas pruebas rápidas se entregaron sin cumplir con todos los requisitos legales, entre ellos las evaluaciones de confiabilidad que debía realizar el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos./Agencias-PUNTOporPUNTO

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