MÉXICO con el Mayor Registro de personas Víctimas de DESAPARICIÓN FORZADA en AL

En la actualidad, México mantiene un registro mayor de personas víctimas de desaparición forzada en comparación con Colombia, según un informe de múltiples organizaciones civiles en el lanzamiento de la campaña #JuntasContraLaImpunidad.

• Las organizaciones afirmaron que en México existe el registro de 83 mil 510 personas desaparecidas desde el 15 de marzo de 1964 al 18 de febrero de 2021. Mientras en Colombia, sin precisar el rango de los años de las desapariciones, mencionaron que existen 80 mil víctimas de este delito.

En relación al tema de asesinatos, en México se señala que de 2006 a 2018 han ocurrido 288 mil 502. En tanto que en Colombia el número es de 268 mil víctimas de homicidios dolosos.

• La campaña respaldada con apoyo financiero de la Unión Europea dio a conocer lo anterior mediante una campaña binacional virtual, cuyo objetivo es la obtención de justicia. En ella, se afirma que el total de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en ambos países permanecen en la impunidad.
• Los promotores del movimiento son la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia y la organización mexicana I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A. C. Asimismo, sostuvieron que el objetivo de esta iniciativa es superar la impunidad estructural y hacer visibles los crímenes contra la humanidad en ambos países.

“Llamamos a los Estados colombiano y mexicano a que respondan a sus obligaciones internacionales de garantizar verdad, justicia y reparación para superar el profundo dolor que estos hechos generan y para que no se repitan”, pidieron.

Entre otros casos emblemáticos de desaparición forzada en México y Colombia se dio a conocer el de Víctor Álvarez Damián, que desapareció el 11 de diciembre de 2013 en el estado de Veracruz.

Junto con él, otros jóvenes desaparecieron como resultado de un operativo conjunto entre la Agencia Veracruzana de Investigación y la Secretaría de Marina. En su momento, las autoridades desestimaron las exigencias de los familiares que pedían la búsqueda de sus hijos. Sin embargo, ante la falta de respuesta, la madre de Víctor, junto con I(dh)eas, presentaron un amparo contra la Fiscalía.

A pesar de ello, hubo una negativa a investigar por parte de las autoridades ministeriales y de justicia de la entidad, por lo que se solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encuentran a la espera de una resolución.

Sobre la ya mencionada desaparición, la madre de Víctor Álvarez afirmó “no puedo aceptar que mi hijo esté desaparecido. Para mí era todavía como un niño, cuando se lo llevaron no tenía ni la mayoría de edad, no tenía credencial de elector”.

Desaparición forzada sigue impune

En México nadie encuentra justicia para las familias de los desaparecidos. Tan solo en los años 2018 hasta el 2020 que concluyó, el área especializada de la FGR contabiliza 97 denuncias iniciadas por un acto de desaparición forzada, es decir, aquellas en las que se presume la intervención de alguna persona que sea funcionario del servicio público.

En un solo acto de desaparición forzada pueden haber varias víctimas, es decir, que el número podría ser mucho mayor que la centena de casos.

• La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada tiene mil 515 expedientes abiertos y ninguna persona condenada por este delito. La información fue proporcionada a través de una solicitud de transparencia con base en el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) y la herramienta informática denominada Justici@net.
• En materia de detenciones y personas procesadas, las cifras indican que son 29 personas quienes han sido detenidas por su posible participación en estos hechos y de éstas sólo siete han recibido un auto de formal prisión, según los datos oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) obtenidos vía transparencia.

En la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), creada conforme al acuerdo A/013/18, trabajan 136 personas y tienen proyectado un presupuesto para este 2021 de 20.8 millones de pesos.

Para Lucy Díaz, directora del Colectivo Solecito, la Fiscalía Especializada tiene muy poco personal si se toma en cuenta el tamaño de la tragedia en México.

“Hay un problema en esa fiscalía: que no hay suficiente personal. Están muy por debajo del personal que se requiere, un fiscal de ellos lleva unos 70 casos. ¿Es posible que se aprendan los nombres de los implicados en esos casos? Yo creo que no”, explica la activista.

• La creación de esta fiscalía no es el camino para la solución de la problemática, ya que urge endurecer la justicia para que los procesos culminen con la detención de culpables, afirma Lucy Díaz.

“Sinceramente, se está determinando la simulación desde el momento en que le dan 60 o 70 casos a una persona porque esa persona no va a poder visualizar cada caso de la manera en que se requiere, aparte no son gente que tenga experiencia en esto. Ahí hay muchas personas que son burócratas”, considera.

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, considera que la crisis es grave por el número de desapariciones pero lo más impactante es el tamaño de la impunidad que impera en el país.

• La desaparición se ha convertido en una práctica de terror que ha ido creciendo y que acumula más de 82 mil personas. Oficialmente hasta ahora están consideradas como desaparecidas 82 mil 647 personas que ocupan literalmente el mismo espacio físico que el Estadio Azteca.- Juan Martín Pérez, Director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México

Pérez considera que aunque han cambiado los partidos, las cifras indican que se mantienen las prácticas que dan juego a la evasión de la justicia.

“Esto ha ido en deterioro y la apuesta que se tenía de que algunos gobiernos iban a limpiar las policías e iban a detener corruptos y demás, pues no se ha hecho, y sin importar que cambie el partido político, como ahora Morena, las prácticas de corrupción y acuerdos de estas redes de macrocriminalidad siguen vigentes”, expresa.

La visión oficial de la desaparición

Apenas el 29 de enero pasado, al presentar una actualización del informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó que “nada de lo que hagamos será suficiente, pero vamos a intentar todos los medios para que ningún crimen quede impune”.

“Las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas, es un derecho humano y, repetimos, es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar”, expuso.

• Apenas dos días antes, la funcionaria federal participó en la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas del 2021 en donde dijo que desde el gobierno federal se ha impulsado la conformación y financiamiento de comisiones estatales de búsqueda para la implementación de proyectos como los centros de identificación humana, panteones forenses, y otras muchas acciones a fin de combatir la crisis forense.

“Lo más importante es que el Estado mexicano ha asumido su responsabilidad por esta deuda histórica para construir, de la mano con las víctimas, una respuesta no sólo institucional, sino sensible, empática, que ayude a terminar, de una vez por todas, con este fenómeno”, dijo la funcionaria.

Suman 80 mil 80 personas desaparecidas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas aseguró que en México las cifras por desaparición forzada ascienden a 80 mil 80 personas, lo que confirma la grave crisis que se vive en la materia, producto de simulación y ocultamiento de las administraciones pasadas.

Durante su participación en la conferencia virtual para promover la ratificación de la convención en materia de protección de personas contra las desapariciones forzadas, organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó que la actual administración se topó con resistencias de gobiernos anteriores para avanzar en el tema.

• “Primero se alegó que podría haber invasión a la soberanía del país por parte de jurados internacionales al decir argumentos absurdos como que el país se inundaría de denuncias internacionales. Hoy asumimos con toda responsabilidad 80 mil 80 personas desaparecidas desde 1964, que da cuenta de la simulación que había en gobiernos anteriores”, dijo.

Además de que se mencionó que la aceptación de la desaparición forzada implicaría un desfalco por las sumas compensatorias que tendría que dar el Estado a las víctimas, así como persecución contra Fuerzas Armadas, instituciones o servidores públicos. “Implicaba un riesgo para las autoridades persecución de servidores y sobre todo de Fuerzas Armadas como la Policía Federal”.

A pesar de ello explicó que el país ha avanzado en el tema al crear la Comisión Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, entre otros.

Alejandro Encinas señaló que el reto es el castigo a los responsables debido a que en México existe impunidad en el tema, por ello pidió apoyo de la ONU para avanzar en el tema.

Niñas y adolescentes con mayor riesgo de sufrir una desaparición forzada

La posibilidad de desaparecer sin dejar rastro alguno es la realidad a la que se enfrentan las mujeres adolescentes mexicanas cada vez que salen a la calle.

Un problema que aumentó con la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 y que, al mismo tiempo, se encuentra estrechamente ligado con las actividades de los grupos del crimen organizado, la impunidad, la pobreza, la falta de educación y al enraizado machismo social.

“Es fundamental reconocer que la crisis sanitaria afecta a hombres y mujeres de manera diferente, pues exacerba desigualdades preexistentes para mujeres y niñas a quienes coloca en mayor riesgo de ser víctimas de violencia en tiempos de crisis como la actual”, señala el documento: Desaparición de Mujeres y Niñas en el Contexto de la Pandemia por COVID-19, elaborado por i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

• De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), una tercera parte de las personas desaparecidas y no localizadas en el país, está integrada por mujeres, de ellas, 90 por ciento o más son adolescentes (10-17 años) o apenas superan la mayoría de edad
• El problema no es nuevo, entre el 15 de marzo de 1963 y el día 30 del mismo mes pero del año en curso, las autoridades mexicanas tienen contabilizadas 86 mil 434 personas desaparecidas y no localizadas: 64 mil 457 hombres, 21 mil 462 mujeres y 515 se desconoce su sexo, es decir, que se desconoce su género.

Sin embargo, este delito se disparó en 2006, con el sexenio de Felipe Calderón, alcanzando un récord en 2011 de 4 mil 999 personas desaparecidas o no localizadas, situación que la administración de Enrique Peña Nieto tampoco supo enfrentar y terminó por exacerbar, contabilizando en 2017 un total de 8 mil 152 individuos bajo este estatus.

• En 2020, año en que se suscitó la pandemia de coronavirus, la cifra incrementó a 8 mil 295, y en lo que va del 2021, se ha reportado la desaparición de 443 mujeres, de las cuales la mayoría tienen entre 15 y 19 años de edad, y de 834 hombres.

“Este riesgo se acrecienta cuando las mujeres son privadas de su libertad por motivos de salud. Asimismo, las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios y aquellas afectadas por la pobreza y las desigualdades sociales están particularmente expuestas a las desapariciones forzadas.

“Además, es necesario resaltar que el riesgo a la alza de desaparición viene a sumarse a la ya existente crisis de desaparición de mujeres y niñas que aqueja a nuestro país desde hace mucho”, expone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cada vez que una mujer adolescente sale de su casa, tiene más del 30 por ciento de probabilidad de no regresar, asegura en entrevista con Reporte Índigo, Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

“Ellas han quedado en medio de la guerra que vive el país contra el crimen organizado, donde son utilizadas y explotadas para diversos fines. Muchas se convierten en trofeos de guerra.

• De igual manera, los grupos del narcotráfico son los que controlan la prostitución, por lo que esclavizar mujeres para fines de explotación sexual es una práctica común y algo que viene sucediendo desde hace años.- Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México
• De acuerdo con el director de REDIM, todos los días desaparecen en promedio 7 menores de edad y asesinan a otro tanto igual en México, sin embargo, las autoridades poco hacen para remediar esta situación y las cifras lo demuestran.

De cada 100 carpetas de investigación donde niñas, niños y adolescentes son víctimas de delitos como la desaparición forzada o la explotación sexual, solo 3 alcanzan algún tipo de proceso o sentencia.

“Esto tiene una implicación muy severa porque representa no solamente un crimen que está creciendo, sino que ratifica la impunidad”, explica Pérez García.

Redes de macrocriminalidad en desaparición de mujeres

La carencia de acciones por parte del Estado para revertir esta problemática, así como la falta de interés desde hace décadas de las autoridades para atender el delito de desaparición forzada y la trata de personas con fines de explotación sexual, solo se puede explicar de una forma: colusión.

“Es importante entender que estas son redes de macrocriminalidad, es decir, están involucrados empresarios, políticos y las fuerzas de seguridad, no es posible que las autoridades no sepan que existen casas de esclavas sexuales cuando no es un tema nuevo y está ampliamente documentado.

“No es secreto que muchas veces son los propios funcionarios públicos quienes están involucrados en estas redes de trata, para prueba tenemos el caso de Lydia Cacho”, ejemplifica Juan Martín Pérez García.

• El experto en la materia, asegura que estos crímenes como tal no van a parar en tanto no se logre entender el contexto de violencia por el que atraviesa el país y los niveles de corrupción e impunidad que enfrenta, por el contrario, continuarán creciendo.

“En general, la violencia ineludiblemente aumentará en la medida en que la actual pandemia por COVID-19 afecte la estabilidad económica y social a nivel mundial; sin embargo, los efectos de dicha violencia no afectarán por igual a todas las personas, pues pone en situación de vulnerabilidad especialmente a las mujeres”, advierte el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés)./Agencias-PUNTOporPUNTO