En un estudio titulado Emergencia sanitaria por Covid-19: Derecho privado, alertan que en la Ciudad de México sólo una de cada 20 personas ha hecho su documento, lo que deriva en una “suma de problemas y caos que esto puede conllevar”.
“En la CDMX aproximada mente sólo uno de cada 20 ciudadanos realizó su testamento, por lo que, si en la ciudad habitan aproximadamente 20 millones de personas, tendremos un estimado de un millón de testamentos, por lo que sólo el 5 por ciento de la población cuenta con su testamento”, indican.
- “Esta cifra obtenida de los datos oficiales de 2019, nos permite concluir que es una cantidad muy baja, esto en comparación con la totalidad de personas que habitan o residen en la capital”, agrega.
El estudio resalta que en México “no hay una cultura del testamento” y el gobierno “carece de programas y opciones de apoyo” ciudadano, aun cuando “por lo menos un 30 o 40 por ciento de población debería contar con su testamento, tomando en cuenta -incluso- que la totalidad de la población aún no es capaz de elaborarlo”.
- De acuerdo con el investigador Eduardo Daniel Hernández -en su capítulo titulado El testamento público y fe pública; una reflexión ante las emergencias sanitarias, debido a que la epidemia obligó al cierre de las notarías y a suspender sus labores, el gobierno debió haber “actualizado y mejorado” sus sistemas y dar “una solución para realizar estos trámites desde el propio hogar”.
- Una opción que proponemos -explica- es que todo ciudadano que, “en caso de riesgo, no pueda salir de su domicilio, pueda contactarse por videoconferencia (o elementos similares), con un representante del Estado, quien, investido de fe pública, solicitará la declaración testamentaria del interesado”.
- De esta manera “se podrían imponer ciertos requisitos para salvaguardar la integridad y voluntad del testador, para que dicho testamento pueda surtir plenos efectos jurídicos y no cuente con vicio alguno”.
También propone al gobierno “habilitar fedatarios públicos, o bien emitir un decreto sobre este tema”, para todos aquellos que no tengan la posibilidad de elaborar su testamento y darles la posibilidad de realizar el trámite.
Se anota que hay también falta de información y orientación sobre la actividad notarial, ante el argumento de “un grueso de los ciudadanos que imagina que el testamento es un trámite caro y complejo, a pesar de la constante difusión por parte del Estado, de programas de descuentos e informativos sobre la materia”.
El estudio subraya que “las emergencias sanitarias crean ambientes propicios para que una cantidad considerable de la población sienta amenazada su vida, algo totalmente razonable y natural; sin embargo, si una persona, a causa del temor infundido por el virus SARS-CoV-2, de forma preventiva, deseaba realizar su testamento, no tenía a su alcance la posibilidad material ni jurídica para poderlo efectuar, pues la actividad notarial estaba suspendida por orden gubernamental”.
Por lo anterior, insisten que “la ley debe regular que los ciudadanos puedan realizar su testamento en casos de emergencia, a efecto de que la población en riesgo pueda, de forma particular y válidamente, elaborar su testamento, o bien, que el Estado habilite a personal capacitado e investido de fe pública para que los ciudadanos puedan, de manera presencial o remota, realizarlo” y evitar conflictos con costos para el Estado y para los ciudadanos.
Exigen destrabar apoyos funerarios
Mientras los deudos siguen en espera del apoyo prometido ante la muerte de sus familiares por Covid-19 y legisladores, así como sociedad civil, acusan indolencia de las autoridades, éstas rechazan incluir la “neumonía atípica” como una causa de muerte para entregar los 11 mil 460 pesos por parte del DIF.
- El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, consideró que el apoyo se instrumentó tarde y mal, lo que hace que miles de familias se encuentren en el dilema de no acceder al apoyo, por un mal manejo en los certificados de defunción. Ante ello pidió sensibilidad y mayor operatividad.
“Yo llamo al Gobierno Federal, a acelerar los apoyos para aminorar un poco el sufrimiento porque el daño ya está hecho. La entrega es cuando la gente lo necesita; se trata de adaptar las medidas administrativas a las víctimas, no a las víctimas a las medidas administrativas; que le pongan los recursos que necesiten, que pongan gente extra, que incrementen los recursos, no puede ser esa indolencia”, reclamó el senador.
- En tanto, la senadora del PAN, Kenia López, lamentó la insensibilidad del gobierno federal, “cuando una persona ha perdido a su familiar a uno o a varios y acude a esta promesa que no se está cumpliendo por parte del gobierno, pues sin duda se vuelve a lastimar a las personas que ya de por sí están sufriendo una pérdida, es claramente una falta de sensibilidad”, enfatizó.
Ante ello, exigió un informe de las autoridades sanitarias sobre las cosas que no están haciendo o los resultados que no están dando.
Demandan transparencia
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) pidió al Sistema DIF Nacional transparentar si cuentan con los recursos suficientes para entregar los apoyos de gastos funerarios a familiares de fallecidos por Covid-19.
- Del registro de rechazados, resalta que al menos 39 mil fueron por problemas con la entrega de documentación, por lo que Juan Martín Pérez consideró que se trata de una tasa muy alta de rechazo.
- A su parecer, “la cantidad tan alta de rechazos tiene que tener transparencia y rendición de cuentas; cuánto dinero es la bolsa para los apoyos, cuántos apoyos tienen capacidad de ofrecer”.
Dijo que pueden quedar atrapados “en una maraña burocrática para no entregar con celeridad y urgencia el apoyo a las personas que lo requieran (…) no hay explicación para rechazar en una epidemia”, resaltó.
- En este contexto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó ampliar el catálogo para pagar los apoyos, e incluir la “neumonía atípica”, toda vez que los lineamientos y codificación para el llenado de las actas de defunción se emitieron desde marzo de 2020.
“Desde luego es posible que haya errores de codificación, pero el documento legal que tenemos es el acta de defunción y es el documento legal con el que se registran las personas”.
-¿Hay manera de ampliar las causas? No, no hay manera, respondió el subsecretario a pregunta expresa.
Ante ello, las más de 7 mil solicitudes que fueron rechazadas por causa de muerte no válida, no podrán acceder al apoyo del gobierno. Sin embargo, aclaró que se podría analizar el caso de las personas que fallecieron antes del 18 de marzo y quedaron fuera del programa.
Y es que, de acuerdo con los lineamientos, los apoyos se darán a las personas que fallecieron a partir del 18 de marzo de 2020 por Covid-19./Agencias-PUNTOporPUNTO
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