PROGRAMAS SOCIALES Sin Claridad en OBJETIVOS; les asignan RECURSOS por +156 MIL MDP, pero en OPACIDAD

La opacidad con la que se ejercen los programas sociales en el actual gobierno abre la puerta a su uso clientelar para las elecciones presidenciales de 2024

De los 16 programas sociales que son prioritarios para el actual gobierno, sólo 12 identifican con claridad sus objetivos, mientras los cuatro restantes, a los que se les asignaron para 2023 recursos por 156 mil millones 182 mil pesos, no tienen bien especificada su población objetivo, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

«En cuanto a la identificación de la población objetivo se observa que hubo un retroceso respecto a 2019, cuando 14 de los 16 programas prioritarios identificaban de manera clara a su grupo poblacional de atención, mientras que en 2022 sólo 12 lo hacen», indica.

  • En su Informe de monitoreo de programas prioritarios 2022: estado actual al cuarto año de Administración y resultados alcanzados en 2021, el consejo revela que los cuatro programas que carecen de claridad son las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que este año están ejerciendo recursos por mil 893 millones pesos.
  • El Programa Nacional de Reconstrucción, que tiene un presupuesto de poco más mil 589 millones de pesos; Sembrando Vida, 47 mil 633 millones de pesos, y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, 105 mil 67 millones de pesos.
  • Añade que a pesar de que este último tiene el segundo mayor presupuesto, registra un deficiente cumplimiento efectivo de metas, y explica que no existe relación entre el presupuesto otorgado a los 16 programas prioritarios de este gobierno con el cumplimiento de sus metas.

«Al calcular el coeficiente de correlación entre el cambio presupuestal y el CEM de los 16 programas prioritarios, éste resultó en -0.07, lo que podría interpretarse como una relación prácticamente nula entre ambas variables, es decir, no hay una asociación entre la asignación presupuestaria y el cumplimiento de metas de los programas prioritarios».

  • Destaca que desde 2019 y hasta 2022, los programas Sembrando Vida y el Nacional de Reconstrucción son los que desde su inclusión a la estructura programática federal no han podido tener claridad sobre la población que pretenden atender.
  • La especialista en políticas públicas, María Esperanza Plaza Ferreira, asegura que todos los programas sociales deben tener claras sus reglas de operación, que incluyen la población beneficiaría directa, las metas, el presupuesto y lo que se espera alcanzar con la población objetivo.
  • «Justamente el faltante de población objetivo y de metas de algunos programas prioritarios limita cualquier evaluación de impacto o de resultados, que son las herramientas que le dicen a un gobierno si debe continuar o no con un programa».

Menciona que si los programas sociales continúan sin tener claridad, como establece el Coneval, «no tendremos una evaluación objetiva, ni una comparación para conocer en qué se gastó y no tener una población objetivo nos limita de un instrumento muy importante en política pública, que es el seguimiento del padrón de beneficiarios.

«Es decir, un padrón de beneficiarios representa la transparencia que esperaríamos de cualquier programa social. Y no contar con un seguimiento de beneficiarios implica que no tengamos, como sociedad ni como academia, la manera de evaluar y de evitar el mal uso que se da a los programas sociales, principalmente los que están enfocados a la educación, como las universidades para el bienestar o de salud», puntualiza.

  • El informe del Coneval señala que los programas Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, de la SEP, y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, de la Secretaría de Salud, perdieron claridad respecto a su población objetivo, el primero estaba orientado a jóvenes y el segundo a la población en condiciones de vulnerabilidad.

Agrega que en cuanto a la atención de poblaciones, las y los jóvenes eran el grupo atendido por un mayor número de programas prioritarios desde 2019.

  • Revela que la concentración presupuestal por grupo poblacional se encuentra en los adultos mayores, con 47% del presupuesto asignado a los programas prioritarios, seguido por la población joven con 13% de la asignación presupuestal.
  • El presupuesto menor es para la población en condiciones de vulnerabilidad (1%), que es atendida por los programas de Mejoramiento Uibano y para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, de la Secretaría de Bienestar.
  • Para el académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, los programas sociales de este sexenio «se configuraron con la intención de generar clientelas.
  • Esto explica que algunos no cuenten con lo que normalmente tiene un programa de política pública; por ejemplo, un diagnóstico y una evaluación, instrumentos que permiten saber si esas estrategias tienen un impacto en la vida de los beneficiarios de esos programas».
  • «El faltante de población objetivo y de metas de algunos programas limita cualquier evaluación de impacto o de resultados».- María Esperanza Plaza Ferrerira, Especialista en políticas públicas

«[Algunos programas sociales] arrancaron sin reglas de operación o los que las tenían no estaban claros» Gustavo López Montiel, Académico del Tecnológico de Monterrey

47% del presupuesto asignado a los programas prioritarios va al grupo poblacional de adultos mayores.

Presupuesto histórico a programas sociales

El gobierno federal destinará este año 1.525 billones de pesos a 121 programas y acciones de desarrollo social.

De acuerdo con datos de Hacienda, esta cifra implicará 4.6% más anual, en términos reales, frente a lo ejercido en 2022 y será la más alta registrada para la serie del inventario de programas y acciones federales de desarrollo social que elabora anualmente el Coneval.

  • Los programas con mayor ejercicio de recursos en el Presupuesto de Egresos 2023 serán la Pensión para Adultos Mayores, con 339.3 mil millones de pesos; Atención a la Salud del IMSS, con 281.5 mil millones, y los subsidios para organismos descentralizados estatales de la SEP, con 105.5 mil millones de pesos. Los tres concentrarán 47.6% del total del gasto social durante este año.

Tanto el Coneval como investigadores han destacado que en este sexenio se cambió la orientación de la política social, de uno focalizado, que privilegiaba a las poblaciones más vulnerables, a otro más universal.

El gasto en programas sociales de 2023 seguirá la tendencia observada en 2022, cuando se ejercieron 1.378 billones de pesos en 120 programas identificados por el Coneval.

Como porcentaje del PIB, el gasto en desarrollo social alcanzará 4.9% este año, cifra inferior únicamente a lo observado en 2020, y entre 2013 y 2015, años en los que superó el 5.0 por ciento.

  • El gasto a programas sociales alcanza máximo histórico: El gobierno federal ejercerá este año 1.525 billones de pesos en 121 programas y acciones de desarrollo social que fueron identificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Datos de la Secretaría de Hacienda señalan que esta cifra implicará un crecimiento de 4.6% anual en términos reales frente a lo ejercido en 2022; además de que también será la más alta que se tenga registro para la serie del inventario de programas y acciones federales de desarrollo social que elabora anualmente el Coneval.

Los programas sociales que tendrán mayor ejercicio de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 serán la Pensión para Adultos Mayores, de la Secretaría de Bienestar, con 339.3 mil millones de pesos.

  • A éste le seguirá el programa de Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 281.5 mil millones de pesos, y el programa de subsidios para organismos descentralizados estatales de la Secretaría de Educación Pública, con 105.5 mil millones de pesos.
  • A éste le seguirá el programa de Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 281.5 mil millones de pesos, y el programa de subsidios para organismos descentralizados estatales de la Secretaría de Educación Pública, con 105.5 mil millones de pesos.

Estos tres programas de desarrollo social acapararán cerca de la mitad (47.6%) del total del gasto en programas sociales este año.

Tanto el Coneval como investigadores han destacado que en este sexenio se cambió el enfoque de la política social, de uno focalizado, que privilegiaba llegar únicamente a las poblaciones más vulnerables, a otro más universal, en el cual los programas llegan a un mayor número de personas, no solamente los más pobres.

  • En 2022: El gasto en programas sociales de 2023 seguirá la tendencia observada en 2022, año en que se ejercieron 1.378 billones de pesos en 120 programas identificados por el Coneval en su Inventario de Programas Federales de Desarrollo Social.

El monto de 2022 constituye también una cifra histórica para un gasto ejercido, y representó un crecimiento real de 6.2% frente a lo erogado en 125 programas durante 2021.

Las cifras del Coneval dan cuenta que el número de programas clasificados como de desarrollo social ha ido disminuyendo con el paso de los años.

Entre 2009 y 2012, el organismo encargado de medir la pobreza en el país llegó a contabilizar más de 270 programas y estrategias federales de desarrollo social, que fue reduciéndose paulatinamente hasta promediar 155 programas entre 2016 y 2020, es decir finales del sexenio anterior e inicios del actual sexenio.

  • Sin embargo, en 2021 la cifra de programas que atienden los derechos sociales volvió a reducirse significativamente hasta 125, y para 2023 se propusieron 121 de estas estrategias federales.
  • Como porcentaje del PIB, el gasto en desarrollo social alcanzará 4.9% en 2023, cifra inferior únicamente a lo observado en 2020, y entre 2013 y 2015, años en los que superó el 5.0 por ciento.

Entre 2019 y 2021, 85% de los programas de AMLO no resolvieron problemas

El 85.8% de los programas federales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han contribuido a resolver las problemáticas que buscan atender, según los resultados del Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) 2022.

  • De acuerdo con esta medición, que realiza la asociación civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc, A.C.), entre 2019 y 2021, esos programas operaron de manera opaca o con un bajo desempeño.

“En los tres primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se identifica que el porcentaje de programas que están contribuyendo a la resolución del problema público que les dio origen es de apenas 14.2%, mientras que el restante 85.8% de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados por el INDEP muestran problemas de desempeño u opacidad”, expone el informe.

  • El Índice arrojó, además, que, en una escala de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es 60, la calificación promedio de los 80 programas considerados fue de 59.1. De este total, 32 programas resultaron reprobados en su desempeño (40%).
  • Sólo seis programas alcanzaron un nivel de desempeño óptimo, “es decir, que están contribuyendo de forma significativa a resolver el problema público que les dio origen”, y obtuvieron un puntaje de entre 82 y 96, señala el informe de resultados del INDEP.

Entre los programas con desempeño óptimo se encuentran el de Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos, de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Pensión del Bienestar para las Personas Adultas Mayores; el del Sistema Nacional de Investigadores; Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; el de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, y el de Atención a la Salud del IMSS.

Los programas más opacos

El Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) 2022 también identificó que 18 programas federales son opacos y se les etiquetó como “la Caja Negra del Gasto Social Federal”.

Estos programas “presentan problemas de opacidad que impiden estimar su desempeño; es decir, no reportan información sobre avances en cobertura y se desconoce si la población que atendían fue absorbida por otros programas o si no se realizó la provisión de bienes o servicios contemplados”, detalla el informe.

  • De los 18 programas opacos, seis tienen que ver con el sector salud y son los de Atención a la Salud del ISSSTE y de la Secretaría de Salud; el de Formación de Capacitación de Recursos Humanos para la Salud; Fortalecimiento a la Atención Médica; Prevención y Control de Enfermedades del ISSSTE; y el de Prevención, Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.

Otros de los programas opacos son las Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

  • Estos 18 programas tuvieron un presupuesto aprobado conjunto en 2022 de 119,207 millones de pesos, es decir, 10.47% del presupuesto asignado a todos los programas sociales del gobierno federal analizados por el INDEP.
  • Para el 2023, expone el informe, se propone la continuidad de 13 de esos 18 programas, con un presupuesto mayor en 30.6%.
  • El informe del INDEP recomienda al gobierno federal endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas de los programas sociales, y no incrementar el presupuesto de aquellos con escaso desempeño.

Falta de transparencia en el ejercicio de los programas sociales 

La opacidad con la que se ejercen los programas sociales en el actual gobierno abre la puerta a su uso clientelar para las elecciones presidenciales de 2024, advirtió Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Innovación en Políticas Públicas.

“Sabemos que, de cara a las elecciones de 2024, el gasto social se puede convertir en una poderosísima arma electoral”, sostuvo.

  • Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el gasto destinado a programas sociales se duplicó. En el último año del gobierno del priista Enrique Peña Nieto el gasto social representó 6.2% (368,000 millones de pesos) del gasto total del gobierno federal y actualmente es de 12.2% (621,000 millones de pesos).

“Esto no es malo per se; lo que es criticable es que, además del aumento del gasto, tenemos un incremento muy notorio en la opacidad de estos programas sociales”, explicó.

  • Algunos de estos programas, detalló, son ambiguos respecto a los objetivos que persiguen, no se sabe con claridad cómo seleccionan a los beneficiarios ni son transparentes sus procesos de contrataciones.

Esto ha provocado que, en los primeros dos años de gobierno, los programas sociales no contribuyeran a disminuir la pobreza en el país y a que no lleguen a las personas con menores ingresos.

  • “¿Y por qué es importante saber todas estas cosas de los programas sociales? Cuando no sabemos si un programa social está logrando los objetivos, no podemos exigir que sea eliminado o modificado y, entonces, eso permite que se perpetúen programas que pueden tener fines clientelares”, indicó.

Agregó que esa falta de transparencia abre la puerta a usar los programas sociales como “moneda electoral” en 2024.

  • Otra problemáticas que representa un riesgo para el país durante este año es el manejo insostenible de las finanzas públicas, en parte, por el costo de los programas sociales y de las obras prioritarias, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, mientras el nivel de recaudación en México es el más bajo de entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la recta final de este sexenio, la realidad muestra que hay retos importantes para alcanzar un México justo, equitativo, con finanzas públicas sanas y menos corrupción, apuntó Ethos, un think tank que genera recomendaciones y acciones de política pública./PUNTOporPUNTO

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