4T utiliza la Pandemia para avivar ADJUDICACIONES Directas y Compras a SOBREPRECIO: ONG

El Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE encontró que varios proveedores no cumplieron con requerimientos, hubo sobrecostos, documentos alterados, entrega tardía en los bienes y servicios, por mencionar algunas.

El gobierno federal empezó a comprar bienes y servicios para atender la COVID-19 desde antes de que la enfermedad llegara a México: en enero de 2020. El 31 de diciembre pasado, cuando los datos oficiales registraban un millón 426 mil contagios, las compras federales sumaban 16 mil 844 millones 676 mil 393 pesos.

Al 26 de enero de 2021, la inversión era de 391.4 millones de pesos, lo que resulta en un total de 17 mil 236 millones de pesos entre enero de 2020 y el 26 de enero de 2021.

Estos recursos fueron adjudicados por 189 instituciones federales a dos mil tres proveedores por medio de 5 mil 82 contratos, de los cuales 98 por ciento fueron adjudicados de manera directa.

  • Las compras van desde cubrebocas a sobreprecio y construcciones de hospitales temporales a cargo de una empresa de eventos y espectáculos hasta la vacuna para prevenir la COVID-19 de AstraZeneca.
  • El gasto del gobierno federal para responder a la pandemia equivale al 3.5 por ciento del total de sus compras entre enero de 2020 y el 26 de enero de 2021 .
  • Esto según los contratos disponibles en CompraNet, la plataforma gubernamental que almacena los contratos que celebran las dependencias federales, analizados por Serendipia y Poder. Ambos medios presentan todas las compras del gobierno federal relacionadas con la COVID-19 en el micrositio ComprasCOVID.MX.

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) ha gastado más recursos que ninguna otra dependencia federal para hacer frente a la pandemia de la COVID-19: 6 mil 591 millones de pesos.

Después del CeNSIA, quienes más han gastado son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SSa), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) respectivamente.

Al sumar los montos de estas cinco instituciones, resulta que 92.6 por ciento del gasto ha sido adjudicado por ellas.

  • El IMSS ha gastado 4 mil 710 millones 652 mil 215 pesos en la pandemia a través de 2 mil 234 compras y la SSa le pisa los talones con 3 mil 421 millones 44 mil 976 pesos adjudicados mediante 169 contratos.
  • A su vez, el ISSSTE ha invertido 769 millones 494 mil 633 pesos vía 788 contrataciones y SEDENA ha celebrado 61 contratos por 487 millones 62 mil 582 pesos.
  • AstraZeneca, Creatividad y Espectáculos, Suministro para Uso Médico y Hospitalario, ABALAT y Philips Mexico Commercial son las empresas más contratadas por el gobierno federal durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo con los datos disponibles en CompraNet.

AstraZeneca le vendió al gobierno de México vacunas para prevenir la COVID-19 por 309 millones de dólares en octubre de 2020. La compra fue realizada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CeNSIA), pero de acuerdo con revisión hecha por PODER, no hay detalles sobre cuántas vacunas son ni los términos del contrato.

Serendipia le pidió a la Secretaría de Salud (SSa) el acuerdo con la empresa AstraZeneca para comprar dichas vacunas mediante la solicitud de información con folio 0001200430820. En respuesta, la secretaría federal reservó la información por 5 años debido a que “revelar el [acuerdo] pueda menoscabar la conducción de las negociaciones con sujetos de derecho internacional privado”.

¿Qué compró el gobierno federal en diciembre para atender la pandemia?

Durante el último mes de 2020 la inversión federal fue 2.4 veces la de noviembre: 634 millones de pesos. Más de la mitad de este monto (56 por ciento) fue adjudicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En diciembre, el gobierno federal celebró 297 contratos, de los cuales 290 fueron celebrados vía adjudicación directa, dos mediante licitación pública y cinco a través de otros mecanismos de contratación no especificados en CompraNet. Ha pasado lo mismo cada mes desde que la pandemia de COVID-19 fue declarada emergencia sanitaria en México: el gobierno compra sin concurso de proveedores.

La rapidez con la que se necesitan los insumos en la emergencia sanitaria permite que cualquier institución pública compre bienes y servicios a proveedores previamente seleccionados por ella misma, de acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

“Es catastrófico porque tenemos compras automáticas sin que exista realmente información de si la decisión se está tomando de la mejor manera posible”, dice Campos en entrevista para Serendipia.

  • ¿Qué empresas le vendieron insumos y servicios al gobierno federal para atender la emergencia sanitaria durante diciembre? Un contrato por 120 millones de pesos para adquirir gel antiséptico ubica a Med Evolution S.A.P.I. de C.V. en la cima de los proveedores que más recursos recibieron del gobierno federal en diciembre. Esto significa que 18.8 por ciento del gasto del mes relacionado con COVID-19 fue a dar a Med Evolution.
  • La siguiente empresa en recibir más recursos públicos en diciembre fue Philips Mexico Commercial S.A. de C.V., con un contrato por 78.7 millones de pesos. Después está Cemex Concretos S.A. de C.V., quien firmó tres documentos contractuales a cambio de 66.4 millones de pesos.

¿Qué ha comprado el gobierno federal en lo que va de enero?

Durante los primeros 26 días de 2021, 10 instituciones realizaron 61 compras que incluyen medicamentos, insumos médicos y servicios de adecuación para mitigar las consecuencias de la pandemia. Todo fue encargado a proveedores que no compitieron por venderle al gobierno y al final cobraron 391 millones 403 mil 222 pesos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social firmó 40 de esos 61 contratos y el más caro de ellos fue por 129.3 millones de pesos, casi la mitad del gasto reportado en enero.

  • El contrato fue celebrado con la empresa Creatividad y Espectáculos SA de CV para el mantenimiento de unidades de expansión COVID-19 en Chihuahua durante cuatro meses. Esta empresa, que se encarga de organizar eventos, ha celebrado 10 contratos por más de 600 millones de pesos con el gobierno federal durante la emergencia sanitaria.
  • La empresa Tecrom prestó servicios integrales de unidades de expansión COVID-19 en Zacatecas y en Durango a través de dos contratos con el IMSS que suman 130 millones de pesos.
  • La segunda institución en gastar más para atender la pandemia fue la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con un contrato con BIK&M para comprar pruebas de detección por PCR que costaron 65.4 millones de pesos.

El resto de dependencias que más gastaron son el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en el Estado de México (9.2 millones de pesos con cinco contratos), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (3.7 millones de pesos con tres contratos) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (2.2 millones de pesos con tres contratos).

Los contratos restantes fueron celebrados por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (cinco), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (uno), el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (uno), el Instituto Nacional de Pediatría (uno) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (uno).

El ISSSTE no se salva de los fraudes

En una revisión de más de un centenar de contratos otorgados por el ISSSTE, el Órgano Interno de Control (OIC) de la institución de salud encontró que varios proveedores no cumplieron con requerimientos, hubo sobrecostos, documentos alterados, entrega tardía en los bienes y servicios, por mencionar algunas.

En las observaciones al Instituto, dirigido por Luis Antonio Ramírez Pineda, destacan batas al doble de precio, así como un contrato para la compra de 250 ventiladores que se canceló el mismo día sin sanciones para el proveedor.

El periodo revisado fue del 1 de enero al 21 de agosto, por lo que muchas de las contrataciones corresponden a insumos, equipos y bienes para la atención de la Covid-19.

  • “El alcance de la revisión comprendió la evaluación de 107 contratos que afectaron las partidas presupuestales 25301 Medicinas y productos farmacéuticos, 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos, 27101 Vestuarios y uniformes, 53101 Equipo médico y de laboratorio, 62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales y 62202 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales”, se determina en los resultados de la auditoría.

En febrero del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría más corrupción ni en el ISSSTE ni en el IMSS.

“En el antiguo régimen la costumbre era poner de delegados del Seguro, del ISSSTE a políticos…hablando en términos médicos, también hay mucha amnesia en estos tiempos y se olvida el pasado o se trata de olvidar el pasado. Entonces ya no hay delegados del ISSSTE y en el caso del Seguro se hizo un proceso de selección de los representantes mediante un procedimiento transparente”, dijo.

Las observaciones

Entre la revisión de contratos destaca una empresa a la que se le dieron tres contratos con irregularidades: Proarta, S.A. de C.V. En septiembre pasado, esta revista digital publicó que una gran parte de los recursos para la compra de insumos y protección personal del ISSSTE benefició a esta compañía, que antes de esta administración sólo había recibido pequeños contratos.

  • Esta misma empresa presentó la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social con sentido negativo y aún siendo un requisito obligado estar en positivo se le otorgaron tres contratos, según lo detectado por el (OIC).
  • Estos suman más de 122 millones de pesos y fueron para contratación de equipo médico, material de curación y medicamentos.

En uno de los contratos que es el de mayor monto por un importe máximo de 98.4 millones de pesos, con vigencia del 12 de mayo al 31 de diciembre de 2020, indica que no se encontraba registrado en el Sistema Electrónico CompraNet, cuando es obligación subir toda la información cinco días después del fallo.

Sobrecostos

Eso no es todo para esa empresa, ya que también se hallaron inconsistencias en los precios de las batas quirúrgicas adquiridas entre dos contratos, “con la misma descripción de los bienes y mismo proveedor «Proarta, S.A. de C.V.”.

  • Explica que en el primer contrato se adjudicó a un precio unitario de 48 pesos y en el segundo de 93 pesos, incurriendo en un sobreprecio de 45 pesos, mismos que multiplicados por la cantidad contratada que fueron un millón 58 mil 220 batas, presume un sobrecosto de 46.6 millones.

“La Jefatura de Servicios de Adquisición de Material de Curación como área contratante no cumplió con garantizar las mejores condiciones de precio para el Instituto”, se determina en la auditoría.

Según el OIC esto se debe a la falta de supervisión de parte de la Subdirección de Abastos de Insumos Médicos y señala dos posibles efectos: beneficio al proveedor en la adjudicación del contrato y daño al patrimonio del ISSSTE.

Subdelegación Abusada

El 7 de abril de 2020 se suscribió un contrato entre la Subdelegación de Administración del Estado de México del ISSSTE con la empresa Servicio y Calidad Express S.A. de C.V. para la adquisición de 250 ventiladores adulto-pediátrico-neonatal, por un monto de 667 millones de pesos, con un costo unitario de 2 millones 668 mil pesos (iban a ser más caros que los que vendió el hijo de Manuel Bartlett al IMSS).

El OIC observó que el Subdelegado de Administración no tiene atribuciones y facultades para llevar a cabo adquisiciones para diversas unidades médicas del Instituto.

  • Además, el mismo día de la formalización del contrato, se firmó un “Convenio de Terminación Anticipada”, sin la aplicación de penas convencionales o de la fianza de garantía de cumplimiento del contrato.
  • Esto dio pie a que el proveedor incumpliera sin sanción alguna. Y es que puso como excusa que el fabricante de los equipos no respaldaba la entrega de los 250 ventiladores debido al cierre de las fronteras por la pandemia.

Sin embargo, el OIC consultó a la Secretaría de Economía y en su respuesta del 23 de julio de 2020 dijo que no se contaba con ningún comunicado oficial realizado por China informando el cierre de fronteras, ni de la suspensión de las importaciones a México. Entonces, al no ser causa imputable al Instituto, se debieron realizar las siguientes acciones:

La aplicación de penas convencionales por el incumplimiento en la entrega de los 250 ventiladores adulto-pediátrico-neonatal, conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto que no excede la fianza de cumplimiento por 57 millones 500 mil pesos.

La rescisión del contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, por el incumplimiento del proveedor.

Así como la recuperación de la fianza de cumplimiento, una vez rescindido el contrato, por el mismo importe señalado anteriormente.

Mientras proveedores como estos incumplían a diestra y siniestra, en el país la disponibilidad de equipo de protección y de ventiladores apremiaba para la atención de pacientes Covid-19, ante la insuficiencia de estos, tanto personas infectadas como el personal médico perdieron la vida.

No hay contratos

A la par de las irregularidades en contratos con proveedores, igualmente se hallaron anomalías en la operación del Almacén General del ISSSTE relacionadas a la recepción de equipo médico y material de curación, sin contar con el contrato respectivo.

  • El 22 de abril de 2020, se recibieron en el almacén un total de 40 cápsulas de aislamiento para paciente infectocontagioso, distribuidas a diferentes áreas del Instituto entre el 24 de abril y 13 de mayo de 2020, sin contar con el contrato. De igual manera se hizo la recepción de 5 mil estetoscopios,
  • Mientras que en el Centro Nacional de Distribución se recibieron, a través de tres remisiones a nombre del Insabi, un total de 139 mil 890 mascarillas KN95.
  • Detalla que en una de las tres remisiones presenta una cotización anexa con los datos del emisor, que fue Comercializadora Michelle, S.A. de C.V., a un precio unitario distinto.

“El costo unitario de la cotización es por $85.00 y el de la remisión es por $7.28 la diferencia total entre ambas es por $3’886,436.80, sin embargo, al no tener el contrato, se desconoce el precio correcto”, refiere el OIC.

Es así como se advierte que en general existen deficiencias en los mecanismos de contratación, recepción física, localización, almacenamiento, existencias, suministro, surtimiento, traslado, distribución, registros de entrada y salida de los insumos que ingresan y salen de los almacenes. También en el seguimiento y control en la entrega de los bienes que son adquiridos por las diferentes unidades compradoras del Instituto./Agencias-PUNTOporPUNTO

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