Ante esta situación, la dependencia fue clausurada por transportistas de las rutas 12, 36, 57, 84, 88 y 91 quienes identificaron al Subsecretario Luis Ruíz, quien operó a favor de la iniciativa privada, para entregarle su patrimonio y espacios de trabajo al empresario Jesús Padilla Zenteno, con el que trabajó durante años, así como al titular Andrés Lajous.
- De acuerdo con una publicación del portal www.ministeriopublicociudadano.org.mx Andrés Lajous, quien trianguló 190 millones de pesos de bonos de chatarrización, a una empresa «fantasma» de Jesús Padilla Zenteno, para la adquisición, en Puebla, de autobuses, en una operación inusual a lo que estila y ordena la Ley de Movilidad y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la entrega directa de recursos a los beneficiarios, sin intermediarios.
Ese presunto grupo delictivo también está integrado por Carlos Arturo Gutiérrez Alcalde, director de Semovi, que permitió el uso de documentos falsos para que empresas «fantasma» lograran apropiarse del patrimonio de los transportistas y quitarles el trabajo digno, honorable y necesario en la ciudad.
«Nosotros, realizamos cerca de medio millón de viajes persona al día, y no nos oponemos a cambiar a empresas, por lo que desmentimos lo señalado por Semovi de que somos renuentes al cambio, por el contrario aquí están nuestras actas constitutivas como empresas, lo que pasa es que ese es el argumento sin sustento de Semovi para quitarnos nuestro trabajo», expuso Igancio Hernández, presidente de ruta 84.
«La Semovi miente, no hay conflicto «entre transportistas como lo aseguró en un comunicado la Semovi. Miente a la ciudadanía cuando trata de confundirla, de que todo está es para acabar con vicios, los cuales no existen, pero por otro lado dinero a transportistas par que no se manifiesten, y en otra oficina desvía recursos públicos a particulares del Cártel del Transporte, de Jesús Padilla Zenteno y Andrés Lajous».
«De este tamaño es el miedo del subsecretario y del secretario, para impedir nuestro derecho de la libre manifestación de ideas, consagrado en la Constitución. Ni el Presidente ni la Jefa de Gobierno, han utilizado a los cuerpos de seguridad, en actos de públicos de protesta, pero Lajous, Ruiz y Alcalde, saben el tamaño de mentiras y la complicaciones jurídicas que tienen, por lo que han decidido callarnos con el uso de la fuerza pública».
Los transportistas anunciaron que promovieron un amparo para frenar las injusticias y sobre todo la violación al derecho humano al trabajo y la seguridad jurídica. La última palabra no es de la Semovi, ésta le corresponde al poder Judicial de la Federación, a los jueces y magistrados «que estamos seguros nos darán la razón, porque se violaron nuestros derechos humanos».
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