En el arranque del proceso electoral que culminará el próximo 6 de junio con la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es, otra vez, un “órgano desintegrado”, con dos vacantes en la Sala Superior y otra docena en los tribunales locales.
- La Sala Superior quedó incompleta tras la conclusión del mandato de nueve años de Janine Otálora Malassis, el 30 de octubre de 2025, quien prefirió no aceptar una prórroga que le permitía la reforma judicial impulsada por Morena, y por la renuncia sorpresiva de la anterior presidenta de la sala, Mónica Aralí Soto Fregoso, en agosto último, con una evidente molestia por la nueva integración de la sala. Su salida marcó un nuevo capítulo en la larga historia de inestabilidad que caracterizó el órgano jurisdiccional en la última década.
“Yo recordaría cómo nace la integración de la Sala Superior en 2016. El Senado nombró siete magistraturas: tres por nueve años, dos por seis y dos por tres, acorde con la ley. Pero inmediatamente después modificaron un transitorio y decidieron que quienes fueron nombrados por tres años se queden siete y que quienes fueron nombrados por seis se queden ocho. Regresaron a tomar protesta, y desde ahí nació mal, porque no se puede rendir protesta dos veces”, señala Otálora.
Y agrega: “Todo, desde ahí, fue un tema de negociación política y de amarres. La Sala Superior nació con siete integrantes, cuatro de los cuales tienen prórrogas indebidas”, una referencia a los magistrados Mónica Soto Fregoso, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera. “Y la situación continuó con la reforma judicial, que dio una nueva prórroga, y con una nueva reforma, que agregó una prórroga adicional, a lo que se suma la posibilidad de que quienes actualmente ocupan las magistraturas postulen en las elecciones judiciales”, dice.
Durante una larga entrevista con Proceso, Otálora recuerda algunos de los momentos más álgidos de sus nueve años en el TEPJF, y ofrece su mirada experta sobre los problemas que aquejan a un órgano jurisdiccional, atravesado por luchas de poder y sometido a intensas presiones externas.
- “La característica principal del Tribunal Electoral, y que no la tiene ningún otro órgano, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es que prácticamente todos los asuntos tienen de por medio el poder político. Definen quién lo va a ejercer, incluso cuando es dentro de un partido político: todo es un tema de poder y de quién tiene la mayor influencia”, subraya.
- “Ocupar una magistratura electoral requiere una gran fortaleza personal para mantener esta distancia con el poder político, pero ser capaz de entender cuando una decisión puede tener consecuencias nacionales. Hay asuntos en los que la decisión se toma en una gran soledad, con una reflexión entre lo que dice la norma y las consecuencias de una interpretación de la ley”, añade.
Cuestionada sobre las presiones a las que se ven sometidos los magistrados, Otálora sostiene que “siempre ha habido reuniones o encuentros entre las magistraturas y el poder político; los partidos políticos tienen todo el derecho de ser escuchados”. “El problema es cuando en un momento dado estas reuniones tienen ciertas consecuencias: ¿hasta dónde se le da cabida a una petición de un partido político? Creo que ahí está finalmente la pregunta”, reflexiona.
“Oficialía de partes”
En sus últimos meses como magistrada, la Sala Superior estaba integrada por el bloque de tres magistrados encabezado por la entonces presidenta Mónica Soto Fregoso, que ejercía su mayoría en prácticamente todos los asuntos, y un bloque de dos magistraturas, integrado por Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, que emitía opiniones más versátiles.
“El disenso en la colegialidad es algo normal, sano incluso. Se vuelve un problema cuando ya no se escucha a la disidencia. El que uno intervenga o no intervenga ya no tiene mayor importancia, porque ya no se logra un diálogo en torno a un posicionamiento. Se va muriendo la colegialidad poco a poco, y un órgano jurisdiccional constitucional acaba convirtiéndose en una oficialía de partes”, deplora.
Así, Otálora fue una voz disidente a los criterios del grupo de Soto respecto a la aplicación de la sobrerrepresentación durante las elecciones de 2024, con la que Morena se hizo de la mayoría calificada en ambas cámaras, o cuando validaron los “procesos internos” a través de los cuales los partidos designan a sus futuros candidatos meses antes de los plazos legales.
- También propuso anular la elección judicial, tras considerar que hubo una vasta estrategia de distribución y financiamiento ilegal de los llamados “acordeones”, lo que derivó en una discusión acalorada con el grupo de Soto. A dos años de la polémica, Otálora todavía sostiene que “fue muy clara la coincidencia entre los resultados de las elecciones y los nombres que aparecían en los acordeones, con votaciones muy atípicas”.
- Otálora sostiene que el modelo original que dio pie a la sobrerrepresentación estaba pensado para establecer un sistema de contrapesos, pero fue destruido en la práctica, pues permite construir mayorías que no necesitan buscar pluralidad y que pueden aprobar leyes sin la posibilidad para la oposición de emprender acciones de inconstitucionalidad.
Respecto a las campañas adelantadas, advierte posibles problemas a futuro. “¿Qué va a pasar cuando vengan a impugnar una gubernatura cuando la ganó alguien que empezó su campaña ocho meses antes? ¿Cuál va a ser el argumento? Porque en 2024 finalmente todos los partidos llevaron sus procesos para una candidatura a la presidencia de la República, pero aquí lo están haciendo para gubernaturas y ayuntamientos”, cuestiona.
- Preguntada si, en su opinión, la Sala Superior actual, conformada por Rodríguez, Fuentes, De La Mata (permanecieron en el TEPJF por prórrogas), junto con Gilberto Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho (entraron gracias a la elección judicial), tiene criterios independientes o si favorecen a alguna fuerza política, Otálora se muestra prudente.
“Yo me quedaría con su última decisión contra el acuerdo del INE, que establecía que correspondería a los consejos calificar a las boletas sin dobleces (las llamadas boletas “planchadas”), pues una boleta así no se puede contabilizar definitivamente”, plantea la exmagistrada, quien advierte que el TEPJF tiene temas delicados en puerta, como los juicios de las organizaciones a las que el INE negó el registro como partidos políticos nacionales, y las futuras impugnaciones.
- Respecto al proceso electoral en ciernes, la exmagistrada señala que “vamos a ver qué es lo que viene cuando sepamos cómo terminará el presupuesto para el INE”, y recuerda que “cuando fue la elección judicial, en la cámara le recortaron el presupuesto, y esto llevó a que sólo se instaló la mitad de las casillas. Una de las preguntas que yo formulé públicamente era si esto era un laboratorio, para ver si se podía llevar a la práctica en alguna elección política, ya no judicial”.
- Entre los casos más complejos con los que tuvo que lidiar durante su paso por la Sala Superior, Otálora destaca las elecciones de Coahuila y del Estado de México en 2017 (“muy competidas, con impugnaciones muy duras”), el registro y la posterior pérdida del registro del Partido Encuentro Social (PES), el registro de nuevos partidos en 2021 o la imposición a los partidos políticos de distribuir sus candidaturas a gubernaturas con paridad de género.
“También hubo que tomar decisiones para determinar si hubo intervención del crimen organizado en elecciones. ¿Cómo se acredita que intervino el crimen organizado? No es fácil anular una elección”, recalca la exmagistrada, quien suma a estos casos “las impugnaciones de las elecciones de 2024 y la calificación de la elección judicial”./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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