SCJN da ULTIMÁTUM al CONGRESO de BC sobre la LEY BONILLA

En los próximos tres días naturales entregue una copia certificada del bando solemne con el que se debió notificar a la ciudadanía del estado que Jaime Bonilla Valdez resultó gobernador electo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso de Baja California para que en los próximos tres días naturales entregue una copia certificada del bando solemne con el que se debió notificar a la ciudadanía del estado que Jaime Bonilla Valdez resultó gobernador electo.

  • El documento es prueba fundamental para los juicios que se han promovido ante la SCJN contra la ley Bonilla, la reforma a la Constitución estatal que busca ampliar su gobierno de dos a cinco años.
  • Desde el 4 de noviembre pasado, cuando se admitieron las últimas impugnaciones contra esta norma, el ministro Fernando Franco González Salas solicitó al Poder Legislativo de Baja California el bando solemne en el que, entre otros datos, debió señalarse explícitamente el periodo de gobierno de Jaime Bonilla.

Ante la negativa del Congreso estatal, el ministro Franco dio un último plazo para que entregue dicho documento a la SCJN, y le recordó: Apercibido que de no cumplir con lo anterior se le aplicará la multa prevista.

Franco González Salas también pidió al Congreso de Baja California que le informe, dentro del mismo plazo de tres días naturales, cómo cumplió la obligación legal para que dicho bando solemne fuera dado a conocer en todo el estado.

El acuerdo de la SCJN señala que por la naturaleza e importancia de este asunto, se habilitan los días que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído.

Ante el máximo tribunal del país se estudian seis acciones de inconstitucionalidad contra la ley Bonilla promovidas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y por la organización política local Partido de Baja California, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de una controversia constitucional interpuesta por el anterior gobierno estatal./LA JORNADA-PUNTOporPUNTO

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