Las universidades públicas conservarán sus procesos de admisión de estudiantes y académicos, pero contribuirán al sistema nacional que buscará el acceso universal a la educación superior.
- El proyecto de Ley General de Educación Superior prevé la creación, en 2022, de un fondo para garantizar la obligatoriedad y gratuidad en este nivel de enseñanza. Esta bolsa no sustituirá al subsidio a las universidades públicas, pues se usará para evitar que sus ingresos se deterioren por la gratuidad.
- De esta forma, el proyecto, que Esteban Moctezuma presentó a senadores en una reunión virtual privada, muestra que la SEP dio marcha atrás a la intención original de obligar a todas las universidades públicas a no aplicar procesos de admisión y disipó los temores en tomo a su autonomía.
PROYECTO DE LEY LES GARANTIZA RESPETO A SU AUTONOMÍA
Las universidades públicas como UNAM, UAM y estatales mantendrán el respeto absoluto a su autonomía, por lo que conservarán sus procesos de admisión de estudiantes y personal académico, a pesar de que serán parte fundamental del Sistema Nacional que buscará el acceso universal a la educación superior, establece el proyecto de Ley General de Educación Superior.
El documento, cuya copia posee Excélsior, fue presentado por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, a los senadores en una reunión virtual privada; prevé que en 2022 se creará un Fondo Federal Especial para garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, que de ninguna manera sustituirá el subsidio a las universidades públicas, ya que se usará para evitar que sus ingresos se deterioren por la aplicación de la gratuidad de la enseñanza superior.
De esta forma, el documento muestra que la SEP dio marcha atrás al proyecto original de obligar a todas las universidades públicas a no aplicar procesos de admisión, y disipó los temores en torno de su autonomía.
PODRÁN PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY
Incluso, la refuerza con el derecho a presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión sobre cambios a sus leyes orgánicas, para que nunca más un político en la Cámara de Diputados o en el Senado pretenda imponer su criterio a una comunidad universitaria, que será la única que podrá discutir colegiadamente los cambios en su estructura jurídica.
- Así, pide al Congreso de la Unión “promover las reformas a los ordenamientos jurídicos correspondientes para que las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley tengan el derecho de iniciar leyes o decretos para reformar, adicionar o derogar sus leyes orgánicas”.
- Añade que “los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento respetarán de manera irrestricta las garantías a las que se refiere el párrafo anterior. No podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como administrar su patrimonio”, dice el cuerpo de la ley.
“(.) En caso de que pudiera presentarse algún proceso legislativo relacionado con las leyes orgánicas de universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, se promoverá que las propuestas provengan de la comunidad universitaria, conforme a su normatividad, y sea aprobada por sus órganos de gobierno competentes”, agrega el régimen transitorio./EXCELSIOR-PUNTOporPUNTO
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