La consulta ciudadana que avaló el Congreso de Baja California sobre la llamada “Ley Bonilla” es ilegal y sumará más impugnaciones a la legislación que busca ampliar de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.
- Especialistas consultados por La Razón señalaron que dicho ejercicio va en contra de la Ley de Participación Ciudadana del estado, pues en principio la consulta debió realizarse durante la pasada jornada electoral, además de que no le corresponde al Congreso organizarla.
Los abogados constitucionalistas Francisco Burgoa y Eduardo Aguilar puntualizaron que, a pesar de que ésta puede ser una táctica dilatoria para que Bonilla Valdez rinda protesta y de última hora se publique la reforma para que permanezca en el cargo por cinco años, esto no impedirá que se presenten las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Burgoa explicó que, además de que la consulta aprobada por el Congreso estatal contradice la legislación local en la materia, la figura que correspondería para someter a decisión popular una reforma constitucional como la denominada “Ley Bonilla” sería un referéndum, no una consulta.
- Indicó que este referéndum sólo puede ser solicitado por el gobernador, los ayuntamientos y 0.5 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal, mas no por el Congreso.
- El también profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM apuntó que tampoco le corresponde al Poder Legislativo estatal organizarlo y precisó que para que se lleve a cabo primero se debe publicar la reforma en el Periódico Oficial de la entidad.
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