Ante la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el PRI en la Cámara de Diputados impulsa una reforma al artículo 22 constitucional con el propósito de que sea obligatoria, entre otros requisitos, la existencia de una sentencia de un juez antes de que las autoridades retiren una propiedad al ciudadano que haya sido acusado de cometer delitos graves.
La ley entró en vigor ayer, luego de que fue publicada el viernes en el Diario Oficial de la Federación. El diputado y ex dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza señaló que su bancada en San Lázaro impulsa una iniciativa de reforma constitucional con la finalidad de evitar “los abusos” incluidos en la que hizo posible la ley.
Explicó que además de que demandan que exista sentencia, proponen que el procedimiento de extinción de dominio pueda iniciarse contra un ciudadano sólo si un juez dicta, con pruebas fehacientes, el auto de vinculación a proceso penal, y “no por capricho del Ministerio Público”./ LA JORNADA
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