En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía se encuentran pendientes diez recursos en contra de las Fuerzas Armadas, incluidas acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos pendientes, por lo que organizaciones civiles se pronunciaron para que los ministros y su presidente Arturo Zaldívar den celeridad a estos proyectos antes de que termine el año.
- En medio de la polémica por la extensión de las labores del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh) consideró que debe ser público el proyecto que se discutirá el próximo 28 de noviembre en la Corte, el cual trata de la permanencia de los militares en los próximos años y su marco legal.
La organización civil explicó que la resolución de esta controversia será de gran interés para todos los mexicanos, debido a las diversas críticas que ha recibido el gobierno federal bajo el argumento del uso legítimo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en el país, así como el incremento de su fuerza y presupuesto en fechas recientes.
“Dada la trascendencia de la discusión, sería deseable que el proyecto se haga público con antelación. Recordamos, además, que aún quedarán pendientes en la SCJN otros 9 asuntos de primera relevancia sobre la militarización del país”, explicó la asociación civil defensora de los derechos humanos.
- De acuerdo con oenegés, la Corte y diferentes tribunales del país tienen pendiente resolver más de 30 recursos y amparos contra la llamada “militarización” del país, esto ha generado, aseguran, un rezago grave en los derechos humanos de los ciudadanos, así como ha generado incertidumbre sobre el actuar de las Fuerzas Armadas ante la ola de quejas por violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza.
- Y es que la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos (CMPDH), México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Intersecta, Justicia Transicional MX, Data Cívica, AsiLegal y Equis afirmaron que si bien la militarización del país no inició con este sexenio, lo cierto es que se ha agudizado, así como ha incrementado su poder presupuestario.
“Desde la conformación de la Guardia Nacional, varias de las organizaciones identificamos y advertimos que no se estaba conformando una institución policial de carácter civil y que más bien era el Ejército y la Sedena la que estaba tomando control de están institución, lo cual era contrario con lo establecido en la Constitución. Y con estas reformas legislativas, lo único que se hacía era formalizar esta transferencia de la GN a la Sedena”, aseguró Cristina Reyes, directora de MUCD.
En tanto, Estefanía Vela, directora de Intersecta, dio a conocer en 2021 que los tiempos que la Corte se ha tomado para decidir estos aspectos tan relevantes se salen de cualquier parámetro. “Es totalmente anormal el tiempo que les ha llevado y nos preocupa porque lo que está en juego todos los días aquí son vidas”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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