Texto Íntegro: DIPUTADOS presentan DICTAMEN de la LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

Los ahorros generados se destinarán a programas sociales, de gobierno y a los propósitos que por decreto, determine el Presidente de la República

La Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, así como reformas a distintos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecerá líneas para regular y atender la ejecución del gasto público con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y honradez.

El proyecto que la Cámara de Diputados discutirá la siguiente semana en comisiones y en el Pleno, prohíbe la contratación de seguros médicos privados y de vida para funcionarios público.

  • Restringirá la contratación de personal de honorarios y cancela la creación de plazas.
  • Elimina la pensión a ex Presidentes y contempla que todo bien del Estado a su servicio se reintegrarán al mismo.

Los ahorros generados se destinarán a programas sociales, de gobierno y a los propósitos que por decreto, determine el Presidente de la República, señala el documento. Argumenta que los servidores públicos deben vivir en la “justa medianía” similar a la de administraciones austeras, como la del Presidente Benito Juárez.

Dice que “austeridad republicana” será el uso eficiente, racional y transparente de fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos. Recalca que la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado de los entes públicos se llevará acabo en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP); aunado que la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitirá lineamientos para medidas de austeridad en temas específicos como la compra de autos, equipos de cómputo y contratación servicios generales.

Los recursos ahorrados con las medidas de austeridad, serán destinados a programas del Plan Nacional de Desarrollo, de atención de la población y programas sociales o al destino que por decreto, determine el Presidente de la República.

  • Eliminará privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada colectiva.
  • Cancela la creación de plazas en el Gobierno y frena aumento a sus respectivas “dotaciones”.
  • Se cancelarán, fusionarán o modificarán programas que incumplan objetivos y presenten duplicidades con otros programas.
  • Restringirá a lo estrictamente necesario el uso de escoltas y de elementos de seguridad.
  • Restringirá la compra y arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles, así como la contratación de servicios y obra pública.

Integra la prohibición expresa de dar pensiones de retiro a ex Presidentes, distintas a las del ISSSTE; cancela la asignación o comisión de cualquier tipo de servidor público, personal civil o de las Fuerzas Armadas a su servicio; y se reintegrarán al Gobierno Federal los bienes muebles o inmuebles a su disposición.

  • Prohibirá la constitución de fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que pudiera significar el incumplimiento de la ley.

Apunta que los ahorros generados no provocarán impactos presupuestarios, y el Ejecutivo Federal se encargará de las reasignaciones. Prohibir la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva, y la creación de cajas de ahorro especiales, generará ahorros “significativos”, dice el proyecto de dictamen.

Se ajustará el capítulo 1000 del gasto, correspondiente a Servicios Personales, añade. Reglamentar la compra de bienes y servicios, las compras gubernamentales, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, reducirá el gasto público, plantea.

Las disposiciones serán aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes de la Administración Pública Federal.

Los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos deberán dar cumplimiento a la Ley de Austeridad Republicana, conforme a la norma aplicable a cada uno de ellos.

Todos los servidores públicos, dependencias, entidades y órganos de los poderes de la Unión; entes públicos federales ubicados en los supuestos que señale la Ley; personas físicas y morales a los que refiera la Ley y los servidores públicos de los poderes Legislativo y Judicial, estarán obligados a cumplir las disposiciones.

  • Prevé crear un Comité de Evaluación y operación de la política de austeridad, que será un órgano colegiado adscrito a la Función Pública.

Define que los “entes públicos” serán los poderes Legislativo y Judicial; organismos autónomos; órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial; dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,  y sus homólogos en los estados y municipios y alcaldías de la Ciudad de México; en la “Procuraduría” General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, así como cualquier otro ente bajo control de las instancias enlistadas.

Limita a tres el número de asesores contratados por dependencia o entidad. Sólo los titulares de dependencias o entidades tendrá un secretario particular. Elimina la asignación de chóferes para todos los servidores públicos.

Los representantes gremiales en órganos tripartitos, ejercerá en el cargo de manera honorífica por lo que no tendrán remuneración alguna por esas funciones. Prohíbe la contratación de servicios de consultoría y asesoría, así como despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier otro tipo de análisis y recomendaciones, a menos que sea estrictamente necesario.

En cuanto a los servidores públicos,  dice que tendrán prohibido la obtención de algún privilegio de cualquier naturaleza como forma de remuneración.

  • No se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias el salario, fuera de los establecidos en tabuladores salariales aprobados.

Los servidores públicos se apegaran a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a los lineamientos que emita la Función Pública.

  • Los funcionarios públicos de alto mando y de confianza, trabajará de lunes a sábado.
  • Ningún servidor público tendrá como prestación la contratación de seguros de gastos médicos privados, de vida o pensiones distintos a los que establecen las leyes de Seguridad Social.
  • Por ningún motivo se autorizarán pensiones de retiro al Presidente de la República, los miembros del Congreso de la Unión, así como integrantes del Poder Judicial y la Judicatura Federal.

En cuanto a la sanciones, la norma indica que toda violación a la austeridad republicana se tratará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas./MVSNOTICIAS-PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro:

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