A 19 años de creada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es un organismo técnico, cuyo trabajo ha permitido documentar prácticamente todos los escándalos de corrupción ocurridos en los últimos tres sexenios, aunque quedó al margen de uno de los más sonados, el de la Casa Blanca de Angélica Rivera, esposa del ahora expresidente Enrique Peña Nieto.
Tan sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hay al menos 35 asuntos que adquirieron dimensiones de escándalo, entre ellos 18 en los que están involucrados exgobernadores, uno en el que está relacionado un exjefe de gobierno, dos gobernadores en funciones y una exdirigente magisterial.
Entre los asuntos donde el trabajo de la ASF ha sido crucial para la documentación de conductas corruptas durante las últimas dos administraciones federales destacan los siguientes:
Durante el sexenio de Vicente Fox
- Los hijos de la exprimera dama, Martha Sahagún, Oceanografía y Pemex
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como la Secretaría de la Función Pública retomaron una investigación iniciada en 2005 desde la Cámara de Diputados que apuntaba a que contratos de arrendamiento y mantenimiento de plataformas de Pemex estaban plagados de irregularidades y malos manejos del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para favorecer a la empresa Oceanografía.
Derivados de esa investigación, en 2014 la empresa quedó inhabilitada durante un año y nueve meses. También fue multada por 24 millones de pesos.
Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Martha Sahagún, fueron acusados de tráfico de influencias por su vinculación con la empresa Oceanografía en ese caso. De acuerdo con MCCI, su relación estrecha con los directivos, tanto de Pemex como de Oceanografía fue el medio por el cual se llevaron a cabo estos acuerdos.
Se estima que 97% de las ganancias de Oceanografía provenían de negocios con Pemex, que tenía contratos de arrendamiento y mantenimiento de plataformas. Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón se otorgaron 54 contratos a Oceanografía por labores de reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, construcción de gasoductos y oleoductos, entre otros.
Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón
- La Estafa Maestra
A partir de 2010, un grupo de funcionarios públicos implementaron un esquema de desvío de recursos federales, que después se conoció como la Estafa Maestra, mediante el cual, entregaban presupuesto a universidades públicas, sin ningún tipo de concurso o supervisión para que supuestamente realizaran obras o prestaran servicios, las cuales enviaban el dinero a empresas fantasma.
El esquema operó en 2010 y 2011 pero fue hasta la revisión de la cuenta pública de 2013 y 2014, ya en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se demostró que el esquema se había convertido en un gigantesco mecanismo en el que participaron más de una decena de dependencias públicas y movía miles de millones de pesos.
Una investigación, realizada por Animal Político, documentó que tan solo entre 2013 y 2014, 11 dependencias tuvieron como cómplices ocho universidades para simular servicios. El daño patrimonial podría superar los 31,000 millones de pesos, que es el monto total de 2,081 convenios celebrados entre 2012 y 2016. La investigación periodística tomo como punto de partida los informes de la Cuenta Pública de 2013 y 2014, en los cuales estaban ubicadas las dependencias y universidades implicadas, los nombres de las compañías subcontratadas. La investigación utilizó los informes de 12 auditorías forenses a dependencias y universidades.
El 13 de agosto de 2019, fue detenida la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública cuando fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial.
Sin embargo, están implicados al menos 11 exfuncionarios de primer nivel del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, así como al menos otros nueve de segundo nivel, de los cuales al menos uno ya fue sentenciado.
- Caso Odebrecht
La empresa brasileña Odebrecht logró contratos de obra pública en México, durante los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que se tradujeron en ganancias por más de 1,400 millones de dólares.
Eso fue posible gracias a un sistema de corrupción, mediante el cual, se corrompieron servidores públicos para obtener adjudicaciones directas, pagos superiores a los del mercado o ampliados para que la empresa obtuviera más ganancias.
Las irregularidades, que fueron expuestas por la ASF desde febrero de 2011, alertaron de graves irregularidades cometidas en Pemex, aunque no provocaron investigaciones de manera inmediata, sino hasta 2017, luego de que ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal de Nueva York, Estados Unidos, haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10.5 millones de dólares entre 1010 y 2014.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que las primeras anomalías relacionadas con la refinería de Minatitlán, Veracruz, fueron descubiertas por la ASF desde 2010 y reportadas al órgano interno de control en Pemex en febrero del 2011, y pese a ello no se promovieron sanciones o acciones penales contra el consorcio.
Ya en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, Odebrecht obtuvo otros tres contratos de Pemex por 4, 670 millones de pesos para obras en la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca.
Entre septiembre y octubre de 2009, hubo otros cuatro contratos por 2 millones 210,000 dólares, para el mejoramiento masivo de suelos, el diseño de un cabezal de desfogue para una planta petroquímica, el cambio de materiales en calentadores de la refinería y modificaciones en los reactores y enfriadores de gas de la unidad recuperadora de azufre.
La revisión de la ASF, publicada en febrero del 2012, determinó que algunos de estos contratos fueron irregulares. En uno de ellos, por ejemplo, pagaron 1 millón 520,000 dólares para trabajos extraordinarios en la refinería que no se hicieron. Lo mismo ocurrió en otro contrato, por el que Pemex pagó por duplicado.
La ASF también desacreditó un contrato firmado con Odebrecht para el diseño de un cabezal de desfogue para la planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos, por 180,500 dólares. Según los auditores, Pemex no acreditó que con el manejo de las descargas hubiera mejorías. En contraparte, se trató de omisiones en el desarrollo de la ingeniería de detalle de la contratista.
- La Estela de luz
La construcción del monumento para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana denominado Estela de Luz, se convirtió en una fuente de corrupción que marcó el sexenio del presidente Felipe Calderón.
Inaugurada en enero de 2012, es decir 16 meses después de la fecha prometida (septiembre de 2010), es una edificación en la que se cometieron quebrantos al erario, lo cual derivó en que la ASF presentara dos denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), una de ellas por sobreprecio de materiales por un presunto quebranto público de 248.9 millones de pesos.
La segunda fue por diversas acciones y omisiones en las que incurrieron servidores públicos durante la obra.
La ASF emitió 106 observaciones, que generaron 142 acciones: 36 recomendaciones, cinco solicitudes de aclaración, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 86 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 11 pliegos de observaciones y dos denuncias de hechos. Asimismo, en el transcurso de las auditorías se presentaron 29 solicitudes de intervención de las instancias de control competentes.
La PGR giró ordenes de aprehensión contra 11 exservidores públicos de III Servicios, empresa subsidiaria de Pemex encargada del proyecto y uno de la Secretaría de la Función Pública por el uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público.
En tanto, la SFP sancionó al director general de la empresa estatal III Servicios, Agustín Castro Benítez, ordenando su inhabilitación por 12 años.
- Construcción de ocho cárceles
En febrero de 2015 la ASF detectó irregularidades en la planeación del uso del presupuesto para la construcción y operación de ocho cárceles bajo un esquema de Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo.
Los centros penitenciarios se ubicarían en Campeche, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Sonora y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó recursos para la contratación plurianual de Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria para el Desarrollo de ocho Centros Penitenciarios Federales dentro del Territorio Nacional, a través de contratos de prestación de servicios de largo plazo, vigentes desde 2010, hasta 2032 y por un monto de 199,046 millones 600,000 pesos.
La contratación contó con el aval de la Secretaría de la Función Pública y de la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.
La ASF determinó que no se fundamentó la disposición legal que permite la participación privada en servicios para los Centros Penitenciarios.
Sexenio del presidente Enrique Peña Nieto
- La casa blanca de Angélica Rivera
La Casa Blanca de Angélica Rivera, la esposa del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, es uno de los mayores escándalos de corrupción en el país en los últimos años.
El equipo de investigadores de Carmen Aristegui hizo público, en noviembre 2014, que Angélica Rivera, esposa de Peña, era dueña de la llamada “Casa Blanca”, construida por Grupo Higa, la empresa que había ganado la licitación del tren México-Querétaro y que tuvo múltiples contratos de infraestructura durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseguró que no tenía facultades para investigar la compra de la casa de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, debido a que se trató de una transacción entre particulares.
- Las empresas fantasmas de Javier Duarte
Javier Duarte de Ochoa, quien fue gobernador de Veracruz, entre 2010 y 2016, creó junto con varios diputados, una red de empresas fantasma que recibía contratos del gobierno a cambio de bienes públicos, los cuales nunca fueron entregados a quienes debieron ser sus beneficiarios.
De acuerdo con una investigación realizada por Animal Político, el dinero regresaba al bolsillo de los funcionarios. Un reporte de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que en 2018 se estimó que la red consistía en 400 empresas.
La ASF documentó que, durante el sexenio de Duarte, hubo por lo menos 74,226 millones de pesos correspondientes a los fondos, cuyo destino se desconoce porque se utilizaron de manera irregular. De éstos, se recuperaron 7,469 millones de pesos. La mayor cantidad de fondos de donde eran desviados los recursos eran de Educación Básica y Normal, de Infraestructura Social Estatal y de los recursos federales transferidos a través de convenios.
El 15 de abril de 2017, Javier Duarte fue detenido en Panajachel, Guatemala. Al llegar a México, el 17 de julio, fue encarcelado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Un juez lo sentenció el 26 de septiembre de 2017 a nueve años de prisión y una multa de aproximadamente 60,000 pesos.
Le decomisaron sus cuentas bancarias y 40 propiedades. Su esposa, Karime Macías Turbilla, vive en Londres y también ha sido acusada por presunto desvío de fondos públicos.
- Línea 12 del metro de la CDMX
Inaugurada en 2012, al final de la administración de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno, la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México fue motivo de escándalo. En 2014, gran parte de las estaciones de esa línea fueron cerradas debido a problemas estructurales derivados de su construcción.
La obra tuvo un costo de 26,000 millones de pesos, 47.9% más de lo que se estimó al inicio. En febrero de 2015, la ASF detectó irregularidades en la construcción y certificación, así como en el proceso de entrega-recepción y mantenimiento, ya en la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera.
La Auditoría, que formó parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IRFSCP) de 2013, determinó que el Gobierno del Distrito Federal incumplió disposiciones legales y normativas para comprobar y revisar que las obras de la también llamada Línea Dorada se realizaran correctamente.
Expuso omisión de trabajos, falta de instalación de equipos, obras inconclusas, certificación sin que concluyeran los trabajos y penalizaciones no cobradas, por lo que pidió a la Contraloría local aplicar las sanciones correspondientes.
Concretamente, la ASF realizó cinco observaciones. En tres pidió a la Contraloría General del Distrito Federal iniciar procedimientos para sancionar a los servidores públicos responsables.
Hubo denuncias en contra del entonces jefe de gobierno, como responsable de las fallas, pero no se encontraron pruebas suficientes para determinar su responsabilidad.
La ASF detectó en auditorías a la cuenta pública de 2019 un posible daño patrimonial por 72 millones de pesos por obras de mala calidad en la ampliación de Mixcoac a Observatorio.
En su tercera entrega de fiscalización a la Cuenta Pública 2019, halló un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 41 millones 203,962 pesos, por la falta de verificación de los trazos de los levantamientos topográficos del proyecto ejecutivo que debieron haber sido utilizados como referencia para la ejecución de los trabajos, en específico lo relacionado con la desviación aproximada de 40 a 45 centímetros del túnel en el tramo ubicado entre la lumbrera de Calle E, hasta la lumbrera de la Calle Jardín del kilómetro 31+400 al kilómetro 32+000.
- Exgobernadores, personajes recurrentes esos escándalos
El documento EPN: La corrupción como sello del gobierno. Un sexenio perdido para México, realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, da cuenta de casos de escándalos de corrupción de los gobernadores César Duarte, de Chihuahua; Fidel Herrera Beltrán de Veracruz; Luis Armando Reynoso de Aguascalientes; Arturo Montiel del Estado de México; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas; Rodrigo Medina de Nuevo León; Jesús Reyna de Michoacán; Ricardo Monreal de Zacatecas; Manuel Velasco de Chiapas; Humberto Moreira y Jorge Torres de Coahuila; Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Érika Alonso de Puebla; Roberto Borge de Quintana Roo y Roberto Sandoval de Nayarit. También se documentan los casos con gobernadores actualmente en funciones de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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