STPS COMBATIRÁ la SUBCONTRATACIÓN ILEGAL

Comenzó el intercambio de información con Hacienda

Pronto habrá resultados en cuanto al combate a la subcontratación ilegal, ya que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició las inspecciones para detectar malas prácticas en el uso de ese esquema y comenzó el intercambio de información con Hacienda para detectar casos que conjugan outsourcing “malo” con facturación falsa, estimó Luisa María Alcalde, titular de la dependencia.

  • “Es probable que daremos información más adelante, pero lo cierto es que se iniciaron inspecciones en materia de subcontratación y encontramos esquemas de simulación, incluso de subcontratación y de informalidad en los propios centros de trabajo”, anticipó la funcionaria.
  • En entrevista con EL FINANCIERO, dijo que la STPS ya inició las inspecciones para identificar casos en que se usa el outsourcing para incumplir obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, toda vez que el objetivo es que la información que encuentre la dependencia se intercambie con la Unidad de Inteligencia Financiera (UTF) y la Procuraduría Fiscal.
  • Alcalde Luján indicó que en los últimos años se ha venido extendiendo la subcontratación ilegal que ha acabado siendo una evasión de responsabilidades fiscales, “estos esquemas están a veces combinados con facturación falsa, hay presencia de mucha simulación”.

Presupuesto garantizado

  • La titular de la STPS aseguró que está garantizado el presupuesto para que arranque la primera etapa de la reforma laboral, la cual comenzará en 10 estados del país el 1 de octubre de 2020, por lo que no hay ningún riesgo para la implementación ni tampoco para que nuestro país ratifique el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
  • Afirmó que en total hay recursos por más de mil millones de pesos para que en esa decena de entidades se instalen los tribunales laborales federales y locales (629 millones de pesos), así como el Centro Federal de Conciliación y Registros (105 millones de pesos), y los centros locales de conciliación y registros (272 millones de pesos)./EL FINANCIERO-PUNTOporPUNTO

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