Solo seis de los 22 compromisos que el actual gobierno asumió en 2024 ante Reporteros Sin Fronteras (RSF) para fortalecer la libertad de prensa registraron avances. Ninguno alcanzó la categoría de avance significativo, de acuerdo con la evaluación de la organización internacional, que además documentó 18 asesinatos de periodistas durante ese periodo.
El balance identifica cinco compromisos con cumplimiento parcial y avances insuficientes, uno con cumplimiento parcial y evolución positiva, diez sin avances sustantivos verificables y dos con retrocesos institucionales. En otros cuatro, RSF no contó con información suficiente para determinar su cumplimiento.
- La revisión abarcó cinco ejes: defensa del derecho a la información y del periodismo; protección de periodistas; combate a la impunidad; atención a las zonas de riesgo, y legislación para garantizar el ejercicio periodístico.
- Entre sus hallazgos están la falta de una evaluación del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la pérdida de personal especializado en la fiscalía encargada de investigar agresiones contra la prensa y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El pasado 21 de octubre se celebró una reunión entre Reporteros sin Fronteras y la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con la organización, su titular admitió pendientes y pidió a la Fiscalía Especializada revisar los asesinatos caso por caso y acelerar la descentralización de la protección con mayores capacidades estatales.
En otra reunión, la fiscal general Ernestina Godoy se comprometió ante RSF a impulsar la capacitación ministerial sobre libertad de prensa, especialmente en los estados e incluir el tema en una sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027, informó la organización. “Tras dos años de mandato, los compromisos deben traducirse ahora en resultados concretos”, afirmó el director general de RSF, Thibaut Bruttin.
Protección sin evaluación y periodistas asesinados pese a las alertas
El informe registra un periodista asesinado en octubre de 2024, nueve durante 2025 y ocho entre enero y septiembre de 2026. La organización reconoce que la presidenta Claudia Sheinbaum condenó algunos de estos crímenes y solicitó investigaciones, pero no identificó una estrategia sostenida de prevención de la violencia ni de rechazo a las agresiones contra la prensa.
En el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, RSF no encontró una revisión formal de su funcionamiento ni evaluaciones periódicas que permitan conocer la eficacia de las medidas. Tampoco documentó nuevas acciones para reforzar el apoyo psicoemocional de las 2 mil 355 personas beneficiarias de esta política, que atiende tanto a periodistas como a personas defensoras.
De acuerdo con el documento, en 2025 la incorporación al Mecanismo equivalió al 25% de las solicitudes.
RSF señala que dos periodistas asesinados en 2026 habían sido incorporados a mecanismos estatales de protección. En sus conclusiones refiere el asesinato de un periodista al que se le habían retirado las medidas y de otro que permanecía bajo protección del Estado.
- Uno de los casos que expone es el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio de 2026 en Oaxaca, después de denunciar amenazas desde 2025. Según el informe, la Fiscalía General de la República abrió una investigación, no adoptó medidas de protección y remitió el expediente a la fiscalía estatal, que confirmó su recepción cuatro meses después. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había solicitado protección para el periodista en ocho ocasiones; ninguna de esas solicitudes fue atendida, señala RSF.
- La organización reconoce la celebración de encuentros de autoridades federales y estatales en agosto de 2025 y septiembre de 2026, pero advierte que no hay información pública que permita establecer sus resultados sobre la protección brindada. Aunque el Mecanismo incorpora la perspectiva de género en su matriz de evaluación de riesgos, tampoco identificó un análisis sobre su aplicación.
La capacitación fue el único compromiso clasificado con cumplimiento parcial y evolución positiva: 386 servidores públicos de las entidades federativas recibieron formación presencial o virtual sobre medidas preventivas. Sin embargo, el informe señala que no hay cifras públicas sobre la capacitación del personal del Mecanismo federal y advierte sobre su carga de trabajo y las renuncias.
Investigaciones y búsqueda de periodistas desaparecidos
Entre julio de 2010 y junio de 2026, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) inició mil 909 indagatorias por delitos contra periodistas, de las cuales 53 contaban con sentencias condenatorias. Solo 11 de estas corresponden a homicidios. Es un registro acumulado de casi 16 años, que comprende administraciones anteriores al gobierno evaluado, y el informe indica que se desconoce si las personas sentenciadas presentaron apelaciones.
RSF reconoce resultados en algunos expedientes, entre ellos la vinculación a proceso de un presunto autor intelectual de un homicidio en Guerrero y sentencias de hasta 40 años por el asesinato de un periodista en Oaxaca. No obstante, considera que esos casos no modifican el balance de las investigaciones.
En su comunicado, la organización añade que 168 de 169 asesinatos de periodistas registrados en 20 años siguen sin esclarecerse por completo, al no haberse identificado al autor intelectual ni el móvil. Este indicador es distinto del registro de sentencias de la FEADLE.
Sobre periodistas desaparecidos, el texto refiere un registro de 29 casos de RSF y menciona al menos un caso adicional registrado en 2023. En contraste, advierte que el último reporte estadístico de la FEADLE citado en la evaluación sólo hacía referencia a un caso ocurrido en 2022. Según RSF, la falta de registro en la fiscalía impide priorizar las búsquedas.
Aunque la Secretaría de Gobernación anunció en agosto de 2026 diez acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, RSF no encontró medidas que atendieran la situación específica de la prensa.
Transparencia, señalamientos oficiales y uso de leyes contra la prensa
Otro retroceso institucional identificado corresponde al acceso a la información pública. La evaluación señala que la desaparición del INAI, aprobada en diciembre de 2024, eliminó al organismo autónomo encargado de garantizar ese derecho. RSF considera que ese cambio debilitó las garantías de independencia.
- El informe también contrasta las declaraciones de respeto a la libertad de prensa de la presidenta con sus señalamientos contra periodistas y medios. Refiere el uso de expresiones como “propaganda de la derecha” y “comentócratas”, así como el inicio, en junio de 2026, del programa Derecho de Réplica, transmitido desde Palacio Nacional para refutar información a partir de datos oficiales.
- En el ámbito legislativo, RSF no encontró reformas impulsadas por el Ejecutivo federal para modificar tipos penales que puedan restringir el periodismo o favorecer la autocensura. Como parte de ese contexto, el informe retoma datos de ARTICLE 19: entre enero y julio de 2025, esa organización documentó 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas y 12 medios, mediante procedimientos penales, civiles, electorales y administrativos.
Uno de los avances fue la derogación del delito de calumnia en Zacatecas, aprobada el 16 de septiembre de 2026. No obstante, RSF aclara que no pudo establecer su relación con las gestiones del gobierno federal. En febrero de 2025, la Secretaría de Gobernación había instalado una mesa con RSF y Propuesta Cívica para impulsar reformas en Zacatecas, Nuevo León y Yucatán.
Al cierre del informe, Yucatán conservaba delitos contra el honor y en Nuevo León seguía en debate una iniciativa para derogarlos, con fecha de caducidad del 12 de noviembre. Según datos de la fiscalía de Nuevo León citados en el documento, en la última década se abrieron más de 15 mil carpetas de investigación por esos delitos.
Prevención territorial y compromisos sin información para evaluarlos
RSF no encontró documentación pública que acredite la actualización periódica de mapas de riesgo para periodistas ni su uso para prevenir agresiones, pese a que la ley asigna esas tareas a la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo federal.
- Tampoco identificó un estudio nacional de zonas de riesgo elaborado con organizaciones defensoras de la libertad de prensa o políticas derivadas de ese trabajo. Los informes estadísticos mensuales del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas permiten seguir solicitudes y medidas otorgadas, pero no presentan indicadores sobre la evolución territorial del riesgo.
- Entre los episodios que ilustran esa necesidad, RSF refiere ocho casos de periodistas agredidos, amenazados o despojados de sus equipos por integrantes de organizaciones criminales el 22 de febrero de 2026, durante coberturas de violencia en Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán.
Los cuatro compromisos que RSF no pudo evaluar por falta de información corresponden a la atención de periodistas desplazados y sus familias; los parámetros para evaluar el protocolo de investigación; la política de seguimiento permanente del riesgo, y las reformas estatales sobre reparación, daño moral y rectificación en procedimientos civiles./Agencias-PUNTOporPUNTO
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