Uno de los primeros pasos para construir una solución efectiva es reconocer que el problema es multidimensional. No son suficientes los operativos militares o capturas espectaculares de capos, aunque sean necesarios. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, diseñado precisamente para articular esfuerzos entre federación, estados y municipios, pareciera que hoy opera de manera fragmentada, con poca capacidad de inteligencia compartida y fuerzas policiales que en muchos casos carecen de entrenamiento básico y equipamiento adecuado.
Uno de los grandes pendientes es la creación de un verdadero sistema nacional de inteligencia que trascienda los ciclos sexenales, así como un Centro Nacional de Inteligencia autónomo, con capacidades técnicas y analíticas de vanguardia, que pueda rastrear no solo a los sicarios, sino las redes financieras que sostienen al crimen organizado.
Pero la inteligencia sirve de poco sin coordinación en mandos únicos estatales que eliminen la duplicidad de funciones entre policías municipales y estatales, muchas veces rivales entre sí.
La iniciativa que crea la Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que quizás sea aprobada en el próximo periodo extraordinario de sesiones presenta algunas inconsistencias. Por ejemplo, los accesos a la información que soliciten los gobiernos de las entidades federativas serán fijados por la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, no hay una garantía que la información que proveen las secretarías de seguridad y las fiscalías de los estados pueda ser utilizada por todos, aunque pareciera que es una medida necesaria en el marco de desconfianza por algunas relaciones de mandos de seguridad con la delincuencia.
Por lo que se refiere a la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública las inconsistencias son preocupantes. La nueva Ley suprime el concepto de Carrera Ministerial, Carrera Pericial, Carrera Policial y Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública. También suprime el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada y el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Suprime las causas de cancelación y suspensión de ministración de los recursos a las entidades federativas y suprime el concepto de Instalaciones Estratégicas.
Sin embargo, ninguna estrategia será sostenible sin atacar el cáncer de la corrupción. El control de confianza debe ser obligatorio para todos los cuerpos policiales, con evaluaciones periódicas y consecuencias reales para quienes fallen, en el que las escuelas de formación policial requieren homologar sus estándares a nivel nacional.
El componente más olvidado, y quizá el más importante, es la prevención social. Mientras haya comunidades enteras donde el crimen sea el único empleador disponible, ningún operativo militar resolverá el problema de fondo.
El verdadero reto, sin embargo, no es técnico sino político. Será necesario valorar el establecimiento de un Pacto Nacional por la Seguridad que trascienda gobiernos y colores partidistas. Medellín y Nueva York demostraron que incluso las ciudades más violentas pueden transformarse con estrategias consistentes aplicadas por décadas. En México hemos visto avances parciales en lugares como Ciudad Juárez o Tijuana cuando hay continuidad en las políticas, pero cada cambio de administración suele traer consigo un reinicio absurdo y doloroso, señal de la carencia de una política de Estado.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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