La organización Amnistía Internacional informó este domingo que en México al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011, de las cuales 21 eran mujeres, y recordó que el 90 % de los colectivos de búsqueda de desaparecidos está conformado y encabezado por el género femenino.
- Además, llamó al Estado mexicano a aceptar apoyo internacional frente a la crisis que acumula a 133.601 personas desaparecidas y no localizadas, según datos citados por el Gobierno mexicano en su más reciente reporte anual.
- En el marco de la XIV Marcha por la Dignidad de las madres buscadoras que se llevó a cabo este domingo 10 de mayo, Día de las Madres en México, AI pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades en general “garantizar la seguridad de las madres y personas que realizan labores de búsqueda”.
La ONG destacó que los colectivos de búsqueda han logrado organizarse en todo el país y están conformados en más de un 90 % por mujeres, quienes han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas ante la falta de respuestas efectivas del Estado.
“Frente a las graves omisiones e ineficacia de las autoridades mexicanas han sido principalmente las mujeres —madres, esposas, hermanas e hijas— quienes han asumido las labores de búsqueda, recorriendo cárceles, calles, fosas, zonas controladas por el crimen organizado y terrenos de alto riesgo para encontrar a sus familiares”, expresó en un comunicado Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.
“Al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011, de ellas 21 son mujeres”, denunció.
La organización también exhortó a las autoridades mexicanas, a los distintos niveles del gobierno, a “adoptar medidas integrales y efectivas” que garanticen la protección, el reconocimiento y la participación de las madres y familias buscadoras en las labores de búsqueda e investigación.
Explicó que en México “cada día desaparecen 90 personas, personas que son buscadas por sus propios familiares, especialmente mujeres, y queremos poner el foco en lo que enfrentan”.
“El Estado mexicano las debe reconocer como defensoras de derechos humanos, lo que activaría mecanismos de protección tanto nacionales como internacionales”, precisó Olivares Ferreto.
Además, AI llamó al Estado mexicano a aprovechar la oportunidad abierta por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) para recibir asistencia internacional frente a la crisis de desapariciones en el país, y garantizar verdad, justicia y respuestas a las familias que buscan a sus seres queridos.
Esta decisión, indicó AI, “podría traducirse en apoyo técnico y financiero para fortalecer la búsqueda, la identificación forense y las investigaciones, así como en medidas de protección para las familias buscadoras y personas defensoras”.
- A inicios de abril un informe del CED expresó la posibilidad de que las desapariciones en México puedan ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura, situación que la presidenta Sheinbaum rechazó de forma tajante.
La ONG también pidió al gobierno federal aceptar asistencia internacional frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país, donde actualmente se reportan más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Asimismo, recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abrió la posibilidad de brindar apoyo técnico y financiero para fortalecer las labores de búsqueda, identificación forense y protección a las familias buscadoras.
Mujeres, el 65 % de personas buscadoras asesinadas en México
Un total de 20 madres buscadoras, de 43 personas buscadoras asesinadas, fueron recordadas por Data Cívica en un Memorial virtual a propósito del Día de la Madre fecha que en México se conmemora cada 10 de mayo desde hace poco más de un siglo.
- Nuevamente la sociedad civil organizada pone el dedo en el renglón, luego de que el pasado jueves, el gobierno mexicano rechazó incluir la denominación “madre buscadora” a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como lo ordenó la CIDH pues argumenta que el marco jurídico actual ya es suficiente para reconocerlas y brindarles protección.
En ese contexto y antes de conocerse del doble feminicidio de Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui Acosta, madre e hija que formaron parte del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, agrupación a la que se unieron tras la desaparición y posterior localización sin vida de Miguel Ángel Jáuregui Acosta, ocurrido este 10 de mayo.
- Con el memorial virtual, Data Cívica honra la memoria de las madres buscadoras que han sido víctimas de agresiones letales y desaparición en México. Señala que 43 personas buscadoras han sido asesinadas y desaparecidas de 2010 a 2026 y en 25 de estos casos han sido mujeres, es decir, el 58 por ciento.
Data Cívica señala que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad e integridad de las familias que buscan a sus seres queridos.
Agresiones contra madres buscadoras
La organización Artículo 19 contabiliza 14 agresiones en México en contra de las madres buscadoras por su labor en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, de las que seis son desapariciones y ocho asesinatos.
El caso más reciente es el de Rubí Patricia Gómez Tagle, buscadora asesinada en el marco de la visita de la mandataria a Sinaloa, y el de María de los Ángeles Valenzuela, desaparecida desde el 14 de octubre de 2025.
Ambas pertenecían al mismo colectivo: Corazones Unidos por una misma causa, de Mazatlán Sinaloa.
«La seguridad de las personas defensoras de derechos humanos como son las buscadoras no está garantizada. Buscar no puede costar la vida. La labor de búsqueda constituye una actividad legítima de defensa del derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria», añadió Artículo 19.
- México afronta una crisis de violencia donde las desaparicones forzadas han tomado protagonismo en distintos estados del país; Sinaloa es uno de los más afectados por este tipo de delito dado a que la violencia en la entidad ha incrementado a raíz de la pugna interna del Cártel de Sinaloa.
- Artículo 19 resalta que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas apunta a que el Sistema Nacional de Búsqueda y las autoridades competentes tienen la obligación de investigar, sancionar y proteger en todas las áreas a las víctimas.
Y señalan que a nivel internacional, en 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU externó su preocupación hacia México sobre la vulnerabilidad en la que las buscadoras se encuentran.
¿Qué le pasó a Rubí Patricia Gómez Tagle?
La buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle fue asesinada en el marco de la visita de la presidenta Sheinbaum a Sinaloa; su homicidio habría ocurrido al interior de su domicilio a causa de varias heridas ocasionadas con un arma punzocortante, según recogen los medios locales.
La mujer se unió al colectivo Corazones unidos por una misma causa a raíz de la desaparición de su hijo, Édgar Daniel López Gómez Tagle el 29 de mayo.
Sus compañeras buscadoras condenaron el asesinato que se une al de Marisela Escobedo, Miriam Rodríguez y otras más. Afirmaron que el hecho es una «bofetada a la seguridad nacional». Reclaman que tanto ellas como sus compañeras no cuentan con medidas de protección.
Informe de la ONU valida crisis de desaparecidos en México
Virginia Garay señala que es fundamental el reconocimiento de todas las problemáticas que se enfrenta en materia de desaparecidos. Habla en los días posteriores a la difusión del informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las desapariciones forzadas.
- Dicho informe puntualiza la gravedad de la situación de desapariciones en el país, por lo que se abre la oportunidad de agendar el tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas y con ello ofrecer apoyo al Estado mexicano para atender el problema.
- El pasado 27 de marzo el Gobierno federal reconoció que existen más de 130 mil personas desaparecidas en México. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Féliz Arturo Medina Padilla, dio a conocer el informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Al respecto, la activista señala que estos nuevos cambios en las acciones de búsqueda abre una esperanza para las familias que se encuentran en búsqueda de sus desaparecidos desde hace años. Sostiene que con el reconocimiento de las más de 130 mil personas no localizadas se abrió el panorama de cómo es que las autoridades están manejando el conteo.
Por otro lado, puntualizó que con la Alerta Nacional, la cual se implementará de manera inmediata al generar la denuncia, así como el lanzamiento de la ficha del desaparecido a nivel nacional en los 32 estados a diferencia de antes cuando la familia tenía que solicitarla.
Al menos un 97% de las personas buscadoras sufre violencia
La búsqueda de personas desaparecidas en México tiene rostro de mujer. De madres, esposas, hermanas e hijas que buscan a sus seres queridos, de las que al menos un 97% sufre violencias y afectaciones por una labor que le corresponde al Estado, según alerta un informe de Amnistía Internacional (AI) presentado este martes en la capital mexicana.
- El informe ‘Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México’ documenta un patrón de agresiones y daños que las buscadoras sufren de manera desproporcionada por el hecho de ser mujeres, mientras el Estado se desentiende.
- El director de AI España, Esteban Beltrán, señaló a EFE la importancia de observar este fenómeno con perspectiva de género en el país que acumula más de 130,000 personas desaparecidas, según las cifras oficiales, y donde se estima que un 90% de quienes realizan las labores de búsqueda son mujeres.
“Amnistía ha documentado que las mujeres son las que buscan los seres queridos, que son hombres desaparecidos(…) en su mayoría”, recapituló Beltrán, y apuntó que para ello se ha documentado la existencia de más de 230 colectivos de búsqueda que hacen el trabajo de las autoridades y muchas veces se enfrentan a ellas.
Tras encuestar a 661 mujeres buscadoras, AI detectó que un 97% ha enfrentado violencias y afectaciones al buscar a personas desaparecidas, donde destacan las amenazas (45%), extorsiones (39%), ataques (27%), desplazamientos forzados (27%), tortura (10%) y secuestros (6%).
También se encontró que un 60% de las buscadoras han vivido un deterioro de las relaciones familiares, un 70% han tenido afectaciones de salud física y mental, y un 60%, pérdida de recursos.
- Beltrán resaltó que “las mujeres se enfrentan a unos retos especiales en la búsqueda de sus seres queridos”, como la inseguridad laboral, pues muchas han sido despedidas de sus trabajos por conjugar sus tiempos con las labores de búsqueda.
- En algunos casos tienen también que asumir el rol de proveedoras del hogar -además de cuidadoras y buscadoras-, cuando sus familias se desintegran tras la desaparición de uno de sus miembros.
“Las mujeres se quedan con los hijos y tienen que compaginar su labor de madre y de esposa o de hermana con la labor de buscadora, que no ocurre en el caso de los hombres”, indicó el director de AI.
Sumado a esto, Beltrán agregó que “hay un componente muy importante de estigmatización y revictimización de la mujer”, pues el informe identificó que una de cada dos lo ha padecido por parte de autoridades e incluso de sus propias familias y comunidades.
“Coherencia” del gobierno “de mujeres”
Por ello, Beltrán instó al Estado mexicano a reconocer que las desapariciones son un problema “congénito y enquistado”, y a que refleje el mensaje de “un gobierno de mujeres”, por ser el primero encabezado por una presidenta.
“Creo que sería coherente con esta posición que tiene el gobierno de apoyar y denunciar la violencia hacia las mujeres. En el caso de las buscadoras, no lo está haciendo”, aseguró.
- Entre sus recomendaciones, AI llama al gobierno mexicano a reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos, lo cual solo ocurre en algunos casos.
“Cuando estas mujeres buscadoras buscan, luchan buscando a sus seres queridos, sustituyen al Estado, que es el que realmente debería investigar lo que está ocurriendo, por lo menos que tenga la protección del Estado que merece como defensoras de derechos”, señaló.
Por último, Beltrán señaló graves deficiencias en el Mecanismo de Protección a personas defensoras en México, como reportes de buscadoras a quienes “no les funcionaba ni siquiera el botón del pánico” que les dan las autoridades para avisar de una emergencia.
En México, hay más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas, según la más reciente actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.
Madres buscadoras suman crisis financiera a su sueldo
Casi la totalidad de las madres buscadoras viven en una crisis financiera absoluta al perder, casi siempre, al principal proveedor de la casa, lo que las enfrenta a un sistema que, además, las margina laboralmente.
La quiebra comienza con la ausencia. «En la mayoría de los casos el familiar es el que sustenta a la familia», relata Delia Quiroa, del Colectivo 10 de Marzo de Tamaulipas.
«El 95 por ciento de las madres quedan en indefensión económica porque ya no hay dinero ni para comer, ni para renta, ni para alguien que supervise a los hijos» mientras salimos a trabajar o a las búsquedas, confirma Elba Rivas, del grupo Renacer Nuevo León.
- Coinciden que, además, el costo de la búsqueda de sus familiares no localizados recae íntegramente sobre las víctimas directas o colaterales.
- Quiroa explica que, ante la falta de apoyos federales o locales efectivos, las familias deben deshacerse de sus propiedades: «Empiezas a vender lo que te queda y te vas quedando sin nada. Peor cuando te desplazan de tu lugar de origen por seguridad; es otro gasto para rentar en otro lugar».
Narran que para financiar los rastreos, las buscadoras recurren a la informalidad, fabrican bisutería o venden comida. «Hacíamos pulseras y collares en la Bartolina y nos íbamos a los semáforos a vender. De ahí pagábamos los gastos de búsqueda», añade Delia.
Elva Rivas describe un panorama de precariedad extrema donde el Estado apenas aporta programas que son insuficientes como Hambre Cero, que otorga únicamente 800 pesos mensuales. «Hay compañeras que ni piso de concreto tienen, viven con piso de tierra y techo de lona. O le doy de comer a mis hijos o le meto a la casa»; hace años que viven esa situación, afirma.
- La falta de recursos también trunca el futuro de los hijos. «Mi hija mayor dejó su carrera truncada porque ya no pude pagarla. Mi hijo aprobó tres veces para entrar a Derecho, pero no le liberaron los papeles por un adeudo en la preparatoria. Tienen que decidir si estudian o aportan para la casa», lamenta la madre buscadora de NL.
- La discriminación laboral agrava la situación. Aunque la ley estipula que los patrones deben permitir las diligencias con goce de sueldo, en la práctica esto es inexistente. «Si quieres ir a una búsqueda, tienes que pedir permiso y terminan pidiéndote la renuncia porque faltas mucho. Ningún patrón quiere a una persona que esté falte y falte», señala Quiroa.
Esta exclusión obliga a las mujeres a subsistir en el comercio irregular, enfrentan solas una burocracia que les exige facturas imposibles de pagar por adelantado. Mientras el Estado falla en localizar a sus hijos, las madres buscadoras quedan atrapadas en un ciclo de deudas, despojo y olvido oficial./Agencias-PUNTOporPUNTO
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