En 2025, México registró la llegada de 15,172 niñas, niños y adolescentes migrantes, incluidos 970 no acompañados, según la UPM. En su tránsito, enfrentan riesgos como discriminación, trata, explotación y violencia, agravados por políticas restrictivas como las impulsadas durante el gobierno de Donald Trump.
- Ante este panorama, la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó un informe comparativo sobre los sistemas de protección en México y Centroamérica. La Redim mencionó que el objetivo central es analizar el funcionamiento actual de los sistemas nacionales de protección de la niñez en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, con miras a sentar las bases para un mecanismo transnacional de protección.
El estudio se desarrolló bajo una metodología comparativa y aplicada, iniciada en agosto con la planificación, seguida de una revisión documental normativa y programática, complementada con entrevistas virtuales en octubre a actores clave de los cuatro países.
- En total, se recabó información de 36 instituciones —incluyendo gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil—, lo que permitió construir un diagnóstico basado en evidencia empírica y validado mediante procesos de socialización regional.
“El informe busca una información muy concreta que es justamente conocer cómo funcionan los actuales en la actualidad los sistemas nacionales de protección en estos cuatro países, en México, en El Salvador, Honduras y Guatemala y muy especialmente en aras de conocer cuáles son las bases sobre las cuales se instalará el mecanismo transnacional de protección».
- Entre los principales hallazgos, se identifican fortalezas como la existencia de marcos normativos alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño y estructuras institucionales comparables en los cuatro países. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación efectiva, particularmente en financiamiento, coordinación interinstitucional, generación de datos y mecanismos de monitoreo.
- Además, se advierte que, aunque existen políticas y protocolos, su aplicación enfrenta limitaciones operativas y presupuestales.
«Llevamos a cabo el levantamiento de información multiactor y multipaís. En total en los cuatro países entrevistados un total de 36 actores desde el punto que tanto representativos tanto del ámbito gubernamental como organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y este levantamiento de información se ve reflejado en el en el análisis, en el diagnóstico y la fotografía que muestra el informe comparativo. De este modo tanto los apartados tanto de fortalezas como áreas de oportunidad la parte de recomendaciones, todo ha sido a partir de la voz y de la escucha de las personas que han sido entrevistadas».
El informe concluye que un mecanismo transnacional podría aportar valor en cuatro ejes: mejora de datos regionales, fortalecimiento de la coordinación, acceso a financiamiento y promoción de intercambio de buenas prácticas, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez en contextos de movilidad.
El análisis identifica avances en marcos normativos e institucionales; sin embargo, advierte que persiste una brecha entre la ley y su aplicación. Subrayando que factores como la falta de financiamiento y la débil coordinación interinstitucional limitan una protección efectiva.
«Sin embargo, una vez ya teníamos esta revisión documental, teníamos ya bien analizadas las políticas, los planes que existe, pues también necesitábamos saber ahora pasar de la teoría a la práctica. ¿Cuál es el grado de institucionalidad y cómo se están implementando estos instrumentos? Entonces, otra fortaleza que hemos encontrado es justamente esto, el andamiaje institucional. En los cuatro países, este es un cuadro comparativo que realizamos y que nos da mucha luz de cómo están con una sola mirada cómo están organizados los sistemas nacionales de protección para ofrecer esta asistencia a niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad. Entonces, es muy interesante cómo podemos ver que la organización nacional es muy similar en los cuatro países».
Uno de los hallazgos clave es que, aunque el interés superior de la niñez está reconocido en la normativa, su aplicación es parcial.
«En la norma se reconoce y se obliga a las instituciones, inclusive en algunos países hay instituciones creadas específicamente para llevar a cabo estos ejercicios de evaluación y monitoreo. Lo que pasa que cuando lo llevamos o lo aterrizamos o lo analizamos desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad».
Además, la participación infantil sigue siendo limitada:
«Sin embargo, durante la investigación y muy específicamente en el levantamiento de información en campo, lo que hemos visto es que si bien en la norma, si está reconocida esta esta importancia, en el momento de llevarnos a la práctica encontramos que han sido más consultas esporádicas y limitadas geográficamente. Entonces, pues obviamente esto en la práctica limita la consideración de las opiniones de niñas, niños y adolescentes en el momento de establecer las medidas de protección. Desde el punto de vista de mecanismos de evaluación y monitoreo. Aquí sucede muy similar. En la norma se reconoce y se obliga a las instituciones, inclusive en algunos países hay instituciones creadas específicamente para llevar a cabo estos ejercicios de evaluación y monitoreo. Lo que pasa que cuando lo llevamos o lo aterrizamos o lo analizamos desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad».
Expuestos a violencia, dos tercios de infantes migrantes
En México y Centroamérica, una de cada tres personas migrantes es niña, niño o adolescente (NNA) y más de 60 por ciento de las infancias migrantes han estado expuestas a algún tipo de violencia, a la vez que existe alto riesgo de trata y violencia sexual, sobre todo para las niñas y adolescentes.
Ello lo plantearon en el Informe comparativo sobre los Sistemas Nacionales de Protección para NNA en contextos de movilidad humana en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Representantes de entidades gubernamentales y de agrupaciones civiles de los cuatro países, entre ellos la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Coordinadora de Instituciones de Promoción por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de Guatemala y la Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador, sostuvieron que es necesario establecer un mecanismo de protección trasnacional en la zona para las infancias en movilidad.
- Genaro Ahumada, director de vinculación y promoción del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) secundó la propuesta del mecanismo trasnacional, y acotó que éste implicaría fortalecer la cooperación con otros países y mejorar los canales de intercambio de información, así como consolidar rutas seguras y dignas para la niñez migrante.
- Informó que el Sipinna está en proceso de construcción de la estrategia nacional para la protección integral de NNA en contextos de movilidad, la cual buscará “fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurando que todas las autoridades involucradas, desde los sistemas DIF, las procuradurías de protección, autoridades migratorias y de seguridad, hasta instancias de protección integral, contemos con las herramientas para atender a este grupo de población.”
La niña Karen, integrante del Grupo de Participación Regional de NNA, expuso que en 2024, más de 113 mil niños, niñas y adolescentes fueron presentados ante autoridades migratorias en México, y casi 4 mil 500 cruzaron sin compañía la Selva del Darién, que está entre Colombia y Panamá, y es una ruta muy peligrosa.
Ahumada dijo que pensar en un mecanismo de coordinación entre países con enfoques homologados y rutas claras de actuación es fundamental para garantizar el interés superior de los NNA.
Debilidad institucional
Sin embargo, en estas instancias los niños y adolescentes tienen una participación limitada y esporádica.
Aunque todas las instituciones están obligadas a evaluar las políticas públicas, el informe identificó que no se puede confirmar si los ejercicios de monitoreo realmente supervisan, si se considera la opinión del propio niño o adolescente al momento de establecer las medidas de protección.
A ello se suma la falta de evaluación del cumplimiento de los planes de restitución de derecho, así como la dirección del financiamiento, ya que se queda en aspectos operativos, en lugar de ser invertido en programas para garantizar la protección de los pequeños migrantes.
En relación con los registros sobre este contexto, se identificó que la mayor parte de la recopilación de datos se enfoca únicamente en cuestiones de gestión fronteriza y seguridad nacional, sin tomar en cuenta información sobre su situación familiar o alguna necesidad de salud, lo que genera una brecha al momento de crear políticas públicas.
Recomendaciones
El proyecto regional REDES, junto con Redim, enlista una serie de recomendaciones para orientar a los sistemas nacionales de protección de niños y adolescentes en México tomando en cuenta el desarrollo del modelo transnacional de protección.
- Reforzar el liderazgo de Sipinna.
- Fortalecer coordinación con países de origen.
- Garantizar estabilidad institucional.
- Reforzar mecanismo de identificación de perfiles de infantes y adolescentes en contexto de movilidad.
- Convocar la reunión del Sipinna Nacional en este año.
- Asignar presupuestos específicos para cumplir con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Asegurar seguimiento integral y coordinado a los planes de restitución de derechos a mediano y largo plazo.
- Promover la generación de datos desagregados y la interoperabilidad de los sistemas de información./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://mismomundomismosderechos.com/wp-content/uploads/2026/04/informe_26_correc_ier.pdf
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