La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que la educación en la región enfrenta desafíos estructurales profundos que dificultan el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.
El organismo advierte sobre barreras sistémicas que impiden el acceso universal a una educación de calidad, lo cual se traduce en una amplia variedad de brechas y desigualdades entre distintos grupos sociales.
Estas diferencias están asociadas a factores económicos, sociales y culturales y perpetúan la exclusión de ciertos sectores de la población. En países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, la CEPAL ha reconocido la existencia de normativas orientadas a fortalecer los sistemas educativos.
Entre las recomendaciones principales, la CEPAL aboga por adoptar un enfoque basado en derechos para abordar y superar las brechas estructurales en educación. Este enfoque reconoce a todas las personas como titulares de derechos y exige que el Estado garantice su cumplimiento efectivo.
- Según la CEPAL: “Las políticas públicas deben ser integrales, institucionalizadas, progresivas, igualitarias, participativas, transparentes y sujetas a rendición de cuentas”. Aunque parte de la región ha incrementado el marco normativo respecto al derecho a la educación, el desafío sigue siendo convertir estos avances legales en políticas y acciones concretas que reviertan los rezagos, en particular para grupos históricamente excluidos.
La desigualdad es señalada por la CEPAL como el principal obstáculo para el desarrollo social y económico en América Latina y el Caribe: “Limita el crecimiento, perpetúa la pobreza y restringe oportunidades y derechos”. Por esto, recomienda aplicar la matriz de la desigualdad social como herramienta diagnóstica para visibilizar de qué manera el género, la etnia, el nivel socioeconómico, el territorio y el ciclo de vida impactan sobre las disparidades educativas. Este método contribuye a identificar los núcleos duros de exclusión y orientar políticas públicas más precisas.
Dentro de las recomendaciones más relevantes se encuentra el uso intensivo de datos para cerrar brechas educativas. La CEPAL propone sistematizar información demográfica, socioeconómica y académica a fin de identificar las causas de las desigualdades y monitorear el desempeño del sistema educativo.
Incorporar herramientas como big data y machine learning puede favorecer la toma de decisiones informadas. Se aconseja también analizar datos relativos a la transición entre el sistema educativo y el mercado laboral, para impulsar aprendizajes de valor y favorecer el bienestar en la vida adulta.
- El organismo subraya el papel de las tecnologías digitales para promover la equidad y la inclusión educativa. Plantea como prioridad incrementar la conectividad, facilitar el acceso a contenidos y recursos digitales, y fortalecer las competencias tecnológicas de estudiantes y docentes. Además, sostiene la necesidad de medidas de gobernanza y regulación que garanticen la privacidad, seguridad y bienestar digital de la comunidad educativa.
- Otra de las recomendaciones apunta al aprovechamiento de las ciencias del comportamiento como herramienta para superar obstáculos educativos. La CEPAL insta a fomentar cambios de actitud y comportamiento tanto dentro como fuera del aula, para fortalecer el sentido de pertenencia, la motivación, la permanencia escolar y promover el empoderamiento docente junto con una mayor participación familiar.
El informe destaca que las políticas educativas deben articularse con políticas de protección social. Dado que el entorno socioeconómico influye directamente en el acceso y aprovechamiento escolar, la CEPAL plantea garantizar ingresos suficientes para las familias, facilitar el acceso a servicios básicos y aplicar políticas de empleo que acompañen la transición educativa y laboral. Estas medidas deben concentrarse en los sectores más excluidos para favorecer una inclusión efectiva.
La CEPAL remarca que la inversión pública en educación debe entenderse como una decisión estratégica y no simplemente como un gasto. Según el organismo, “el financiamiento sostenido, eficiente y monitoreado de la política educativa permitirá lograr mejoras sustantivas en el bienestar y desarrollo de la población”.
La educación está en crisis en América Latina y el Caribe
En medio de catástrofes, emergencias, conflictos, violencias y desplazamientos forzados, hay un derecho que no solo salva vidas, sino que permite la recuperación de muchos otros: la educación. Sin embargo, en los contextos de emergencia, suele ser lo primero en suspenderse y lo último en restablecerse, además de ser uno de los primeros sectores en dejar de ser priorizados.
- Las cifras son alarmantes. En América Latina y el Caribe, 169 millones de niñas, niños y adolescentes viven en contextos afectados por crisis superpuestas: desde la migración forzada hasta la violencia y los desastres climáticos. Más de 2 millones han sido desplazados por causas asociadas al cambio climático, y las proyecciones anuncian que millones más lo serán por inundaciones y eventos extremos.
- Hoy, 16,5 millones de niños y niñas requieren asistencia humanitaria. Más de 3 millones están en situación de migración o desplazamiento. Aún más preocupante es que los sistemas educativos no están respondiendo a lo más básico: 86 millones de niños y niñas están fuera del sistema educativo, y cuatro de cada cinco no comprenden un texto sencillo.
La reducción global del financiamiento humanitario ha encendido las alarmas en el sector. El Comité Permanente Inter-Agencial (IASC, por sus siglas en inglés) advirtió recientemente que los recortes presupuestarios podrían eliminar por completo la educación de los Planes de Necesidades y Respuestas Humanitarias (HNRP), instrumentos clave para coordinar y movilizar ayuda. A nivel global, la educación en contextos de emergencias apenas recibe el 3% del financiamiento humanitario.
En América Latina y el Caribe, las consecuencias de su desaparición serían devastadoras. Millones de niñas, niños y adolescentes dependen de este derecho básico para mantener no solo su aprendizaje, sino también su bienestar físico y emocional.
¿Por qué importa tanto?
Porque la escuela no es solo un aula: es refugio, es rutina, es protección ante los riesgos, es seguridad, es alimentación, es contención y recuperación emocional y por supuesto, es aprendizaje; siendo una vía hacia la resiliencia, la dignificación de la niñez y sus oportunidades de futuro para la disminución de la pobreza, como generador y multiplicador de las violencias. En situaciones de emergencia, la educación es uno de los pocos espacios donde niñas, niños y adolescentes pueden sentirse seguros, acompañados y con una perspectiva de futuro.
- En la escuela, las niñas y niños reciben alimentación escolar, apoyo psicosocial, servicios de salud, acceso a agua potable y protección frente a diversas formas de violencia. También encuentran oportunidades para el juego, el desarrollo socioemocional, la construcción de vínculos que los ayudan a sanar, crecer y proyectarse hacia el futuro.
Disminuir la inversión en educación en medio de una crisis es una condena
Significa romper el círculo de protección física, emocional y cognitiva justo cuando más se necesita, y abrir la puerta a ciclos aún más profundos de pobreza, violencia, desigualdad y exclusión.
No se trata únicamente de mantener abiertas las escuelas, sino de asumir que garantizar el derecho a aprender es una decisión de Estado, con implicaciones inmediatas y de largo plazo. Cada niña o niño que logra permanecer en la escuela en medio de una emergencia representa una vida que sigue conectada a un proyecto de futuro.
¿Podemos construir sociedades más justas sin garantizar el derecho a la educación?
Desde el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe (GRE-LAC), hacemos un llamado urgente a gobiernos, donantes y actores humanitarios: la educación no puede seguir siendo relegada. Por el contrario, ésta debe ocupar un lugar central en las respuestas ante emergencias.
Cinco pasos concretos:
- La educación no puede esperar, incluirla desde el inicio de toda respuesta de emergencia, bajo un enfoque de escuelas seguras, no es opcional; es esencial para proteger el futuro de millones de niños y niñas.
- La educación debe ser prioridad estratégica. La educación y la gestión del riesgo deben ser un tema central en todos los planes humanitarios y decisiones estratégicas sobre gestión del riesgo y respuesta ante crisis.
- Aumentar la inversión. Se necesitan fondos suficientes, flexibles y sostenidos. Sin inversión real, hablar de preparación y respuesta es solo retórica.
- Reconocer el rol multisectorial de la educación, como puente vital hacia la salud, la nutrición, el acceso a agua, saneamiento, higiene, refugio y protección. Ignorar su rol multisectorial es un error estratégico.
- Escuchar e incluir activa y significativamente a los actores locales y a quienes trabajan en el terreno, integrando a los clústeres y redes de educación en Emergencias en todos los procesos de planificación.
Invertir en educación en crisis no es opción: es un deber ético y una apuesta estratégica. Es la única forma de sentar las bases para la recuperación, fortalecer la resiliencia y construir una paz duradera. Ignorarla es condenar al fracaso cualquier esfuerzo de reconstrucción.
- América Latina y el Caribe no pueden permitirse perder otra generación. La inacción tiene un costo altísimo: más desigualdad, más violencia, más exclusión. Actuar ahora no es una opción, es una urgencia.
Cada niño fuera de la escuela en una crisis no pierde solo clases: pierde oportunidades, protección y futuro. Las respuestas deben ser inmediatas, pero también sostenibles. Porque lo que está en juego no es solo su presente, sino el destino de nuestras sociedades.
Enfrentan más de 27 millones de mexicanos rezago educativo
En México se estima que hay 27 millones 233,798 personas en rezago educativo, equivalente al 26.6% de la población mayor de 15 años del país.
De esta cifra, 3.9 millones son analfabetas, 7.4 millones no tienen la primaria terminada y 15.8 millones cuentan con secundaria trunca.
- Con cifras al 2025 del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Chiapas con más de 1.8 millones de personas, equivalentes al 44.9% de su población que tienen 15 años o más, se coloca como la entidad con mayor rezago educativo del país; seguido de Michoacán, con el 40%; Guerrero, con el 39.3%; Oaxaca con el 37.3% y Veracruz con el 36.7 por ciento.
En analfabetismo Guerrero ocupó el primer lugar con el 10.2% de la población de 15 años o más que no sabe leer o escribir.
Este fin de semana la polémica creció por el anunció de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el fin del ciclo escolar por el calor y el Mundial de Futbol, al punto de que su titular, Mario Delgado, anunció una nueva reunión para hoy con autoridades educativas de los estados para crear una nueva propuesta definitiva para la clausura de clases.
“Nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país. El objetivo es revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva de modificación”, declaró en un video en redes sociales.
“Siempre priorizaremos el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. De igual manera agradecemos a madres y padres de familia, así como a las organizaciones que nos han hecho llegar sus propuestas”, añadió.
- Este anunció se dio luego de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum contradijo el anunció de Mario Delgado, quien el 7 de mayo sostuvo que “por decisión colegiada” el próximo 5 de junio concluiría el ciclo escolar 2025-2026 y que el inicio formal del siguiente ciclo se dará hasta el 31 de agosto, lo que equivale a casi tres meses de vacaciones para los alumnos de educación básica.
En aquella ocasión, el titular de la SEP defendió que la medida se tomó para proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas que se están registrando y por la realización del Mundial de Fútbol.
La decisión anunciada por la SEP provocó críticas y el rechazo por parte de organizaciones educativas y padres de familia, que señalaron que este cierre prematuro recorta casi un mes de clases con respecto a la fecha originalmente prevista, del 15 de julio, con lo que significa menos tiempo efectivo de aprendizaje para millones de estudiantes en un sistema educativo que ya enfrenta rezagos acumulados y profundas desigualdades./Agencias-PUNTOporPUNTO
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