PLANTA de AMONÍACO causará RIESGOS AMBIENTALES y a la SALUD; gobierno argumenta SOBERANÍA

Las plantas de amoníaco proyectadas en Topolobampo, Sinaloa, y Lerdo, Durango, generan preocupación entre organizaciones ambientales, habitantes y especialistas.

• Aunque estos proyectos son presentados como impulsores del desarrollo industrial y la producción de fertilizantes, también implican riesgos asociados al manejo de sustancias altamente peligrosas.
• En el caso de Topolobampo, Sinaloa, las críticas se centran en la cercanía del proyecto con áreas de alto valor ecológico como la bahía de Ohuira.
• Mientras que en Durango resaltan los riesgos asociados al manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, así como el elevado consumo de agua que requiere la producción de amoníaco y urea en una comunidad con crisis hídrica.

De acuerdo con diversos estudios científicos y organismos como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el amoníaco puede causar afectaciones importantes a la salud cuando se encuentra en concentraciones elevadas, principalmente si las personas están expuestas sin equipo de protección adecuado a este químico.

Es peligroso las plantas de amoníaco cerca de comunidades y ecosistemas

Una fuga de amoníaco puede provocar problemas respiratorios e irritación severa en los ojos y la piel, además de representar un riesgo para las poblaciones ubicadas cerca de las instalaciones industriales.

• “En muchos casos, las comunidades que habitan en las zonas aledañas terminan asumiendo los riesgos ambientales y de salud que generan estos proyectos, mientras que los beneficios económicos suelen concentrarse en actores que no necesariamente enfrentan las consecuencias de una posible emergencia”, asegura Brenda Jacobo, bióloga e integrante de la Red de Jóvenes Ambientalistas (RJA).
• En materia ambiental, aunque las plantas no liberan grandes cantidades de amoníaco de manera constante —ya que esto representaría una pérdida de producto—, el principal riesgo radica en los accidentes o fallas operativas que puedan generar emisiones inesperadas, explica la bióloga.

“Una liberación accidental de amoníaco puede alterar gravemente los ecosistemas. Entre sus posibles efectos se encuentran la acidificación de suelos y cuerpos de agua, la deposición excesiva de nitrógeno y la alteración de cadenas alimentarias.

También puede favorecer procesos de eutrofización, es decir, un exceso de nutrientes en ríos, lagunas o esteros que provoca la proliferación descontrolada de algas y afecta el equilibrio natural de los ecosistemas acuáticos”, explica.

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• Además, Brenda Jacobo expone que existe un impacto menos visible pero igualmente relevante: las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) asociadas al proceso de producción de amoníaco.
• Cuando se utiliza gas natural como materia prima, se generan importantes cantidades de CO₂, un gas de efecto invernadero que permanece en la atmósfera durante décadas e incluso siglos, contribuyendo al cambio climático.

Evaluación ambiental y consentimiento comunitario

• En entrevista, Francisco Xavier Martínez, co-coordinador de Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), señala que este tipo de proyectos deben evaluarse bajo distintos marcos legales y de derechos humanos, especialmente cuando existen comunidades indígenas o equiparables en la zona.
• “De acuerdo con estándares internacionales, estos procesos no deben limitarse a consultas informativas, sino que pueden requerir el consentimiento de las comunidades cuando los proyectos implican transformaciones profundas en su territorio y forma de vida”, específica Francisco Xavier.

Sostiene que la evaluación de impacto ambiental debe realizarse con base en la “mejor ciencia disponible” e incorporar el conocimiento de las comunidades para apegarse a los estándares internacionales como el Acuerdo de Escazú —-primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe con disposiciones para proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales como el acceso a la información y la participación pública en estos asuntos.

• El especialista también advierte que la legislación ambiental debe considerar impactos acumulativos, evitar la fragmentación de proyectos y evaluar de forma integral el alcance territorial de los posibles efectos.
• “Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano que les permita desarrollarse plenamente, realizar sus actividades cotidianas y acceder a una calidad de vida y bienestar social adecuados”.
• Este derecho está reconocido en el artículo 4º de la Constitución mexicana, que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, asegura Brenda Jacobo.

Asimismo, la Constitución señala que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a este derecho.

• Esto implica que las autoridades deben vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, prevenir y sancionar posibles afectaciones al entorno, así como proteger los ecosistemas y promover la reparación de los daños cuando éstos ocurran.

Factores a considerar para la construcción de plantas de químicos

Brenda Jacobo explica que para construir estos proyectos de manera correcta deben considerarse los siguientes criterios:

• Que el lugar sea realmente adecuado. “No todos los lugares o ecosistemas son compatibles con la industria química de alto riesgo”, ejemplifica.
• Peligrosa cercanía con las comunidades. Los proyectos industriales que manejan sustancias peligrosas deben considerar distancias de seguridad y medidas de prevención para reducir los riesgos a la población que habita en zonas cercanas.
• Qué tipo de ecosistemas rodean a las instalaciones. Es necesario determinar si el proyecto se ubica dentro de un área de conservación, en una zona prioritaria para la biodiversidad o cerca de un Área Natural Protegida (ANP), ya que estos elementos pueden incrementar la vulnerabilidad ambiental ante cualquier incidente o impacto derivado de la operación de la planta.
• La disponibilidad del agua. La producción de amoníaco requiere grandes volúmenes de este recurso, por ello es indispensable evaluar si la región cuenta con suficiente disponibilidad hídrica para abastecer tanto a la industria como a las necesidades de la población y los ecosistemas.

“En zonas que enfrentan crisis hídricas o periodos recurrentes de sequía, la instalación de proyectos de esta magnitud puede aumentar la presión sobre las fuentes de agua existentes y generar conflictos por su uso”, afirma.

• Ambos especialistas consideran fundamental que las personas que habitan en las zonas donde se pretende instalar una planta de amoníaco tengan acceso oportuno a información clara, completa y comprensible sobre los alcances y riesgos del proyecto.
• Esta información, señalan, no debe presentarse únicamente en términos técnicos o especializados, ya que esto puede dificultar que las comunidades comprendan plenamente las implicaciones de una obra que podría afectar su entorno y su calidad de vida.
• Brenda Jacobo asegura que “cuando se trata de proyectos con posibles impactos ambientales y sociales, el acceso a información accesible es una condición indispensable para garantizar procesos de consulta informados y equitativos”.

Por su parte, Francisco Xavier dice que “la seguridad y viabilidad de estos proyectos no pueden definirse únicamente desde instancias técnicas o administrativas, sino que deben incorporar el conocimiento y las preocupaciones de las comunidades potencialmente afectadas”.

@abundio.jackson La titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, visitó Los Mochis y confirmó lo que ya sabíamos: la planta de amoniaco en Topolobampo no se cancela. Dicen que van a ‘blindar’ la bahía con condicionantes ambientales, pero la empresa Proman GPO ya tumbó 26 hectáreas de manglar en un sitio Ramsar, la Suprema Corte ya revocó los permisos por falta de consulta indígena, y el estudio de riesgo de la propia empresa reconoce que una fuga de cinco minutos afectaría a 400 mil personas en un radio de 45 kilómetros. Ahora resulta que hasta mandan youtubers a defender el proyecto. Pero el pueblo no está dormido: los mayo-yoreme llevan 12 años plantados en la entrada con carpas y banderas diciendo ¡Aquí No! Esto no es desarrollo, es impunidad. No vamos a permitir que metan un fierro más. MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA. 🔥🇲🇽 #PueblosMayoYoreme #CorrupcionLegal #PromanGPO #TopolobampoResiste #AquiNo ♬ som original – claudio

Topolobampo y el conflicto por una planta suizo-alemana

En la noche del 4 de junio, el muro blanco que rodea la Embajada de Alemania en la Ciudad de México estrenó pintadas de protesta, excrementos y hasta una esvástica. Una imagen perturbadora, que la propia embajada condenó en sus redes sociales, calificando el acto como inadmisible.

• La causa del malestar que encendió a los manifestantes se encuentra a casi 1.500 kilómetros de distancia, en una bahía del norte de México que, hasta hace poco, era conocida principalmente por el vuelo de sus patos y la quietud con que los delfines enseñaban a sus crías a cazar: la Bahía de Ohuira, en el puerto sinaloense de Topolobampo.
• Ahí, la empresa suiza Proman, a través de su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), construye una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo, con capacidad para producir 2.200 toneladas métricas diarias, esencialmente para fertilizante químico. El proyecto cuenta con el respaldo financiero del banco público alemán KfW IPEX-Bank, parte de un consorcio que ha aportado alrededor de 860 millones de dólares.

Con engaños. gobierno trae a las comunidades

Lo que parecía un proyecto agroindustrial, cuyos principales beneficiarios serían los agricultores mexicanos, se ha convertido en las últimas semanas en una de las mayores crisis socioambientales del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, con miles de personas en las calles, un bloqueo permanente en las instalaciones de la empresa, más de 135.000 firmas en contra y nueve relatorías especiales de Naciones Unidas enviando cartas de alerta a los gobiernos de México, Alemania y Suiza.

• La noche de la esvástica, un centenar de personas —comunidades mayo-yoreme, colectivos ambientales y jóvenes— se congregaron frente a la embajada alemana al grito de «¡Topo no se vende, el mar se defiende!» y «¡Aquí No!» La protesta fue convocada deliberadamente durante la visita a México del canciller alemán, Johann Wadephul, para maximizar la presión diplomática.
• El gobernador tradicional: territorio sagrado y resistencia sin vuelta atrás. Felipe Montaño Valenzuela es el gobernador tradicional de Ohuira, máxima autoridad de la comunidad mayo-yoreme en esa bahía. Habla con la cadencia lenta de quien ha aprendido que sus palabras tienen que durar. Entrevistado por DW, no oculta la rabia.

«Todo esto es por tantas irregularidades que tiene esta empresa y este proyecto», dice. «Se estableció en un ‘sitio Ramsar’ y en territorio indígena sagrado. Ellos sacaron escrituras de tenencia de la tierra fraudulentas”, critica el líder indígena. Según sus cálculos, en total se afectarían a unos 6.000 indígenas que viven en comunidades cercanas a la megaplanta.

Un sitio Ramsar es un humedal de importancia internacional, protegido por un convenio que México ha suscrito.

• Que una planta industrial de esta magnitud se esté construyendo dentro de ese polígono es, para Montaño Valenzuela, la primera de una larga cadena de ilegalidades que se cometieron desde el inicio del proyecto en el año 2014, cuando en México todavía gobernaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La segunda, la que más lo encendió, fue la consulta indígena.

«Primero no hicieron una consulta previa, luego, cuando la Corte Suprema los obligó, hicieron una fraudulenta en 2024», explica Montaño a DW. «Consultando no solamente a los que vivimos cerca, sino a muchas otras comunidades a 45 kilómetros de distancia.

Les entregaron tortas, dinero, comprando conciencias y aprovechando que esas personas no estaban informadas y ni siquiera viven en la bahía.» El resultado fue previsible: las cuatro comunidades más afectadas votaron en contra, ocho más lejanas a favor.

• La acusación no es menor. El derecho a la consulta previa, libre e informada (FPIC, por sus siglas en inglés) es un estándar internacional vinculante para proyectos que afectan a pueblos indígenas, consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México. Montaño va más lejos: «Ya no nos podemos acercar a la orilla que era nuestro lugar tradicional de pesca de camarón y jaiba.”

El gobernador describe cómo las excavadoras han transformado irreversiblemente el paisaje: «Ya se rellenaron 28 hectáreas de humedales; se tumbaron manglares. Los pájaros que allí se alimentaban y anidaban andan hasta en la comunidad o ya se fueron.»

Montaño siente que las autoridades han abandonado las comunidades indígenas y destinado la zona a ser sacrificada al lucro de las grandes multinacionales. “La construcción sigue avanzando porque aquí la ley se interpreta a favor del que mete más dinero», cuestiona.

• El 7 de junio, miles de personas marcharon 24 kilómetros desde Los Mochis hasta Topolobampo para clausurar las instalaciones. Para Montaño, no hay vuelta atrás: «Los pueblos originarios hemos llegado al acuerdo de que no vamos a dar ni un paso para atrás, incluso si uno de nosotros pierde la vida, vamos a seguir luchando por el territorio y los lugares y mares sagrados.»

La destrucción del kínder de los delfines

Diana Escobedo lleva 30 años estudiando la bahía de Ohuira. Es investigadora del Instituto Politécnico Nacional y conoce ese cuerpo de agua mejor que nadie. Irónicamente, hace diez años, fue contratada por la propia empresa para elaborar un dictamen ambiental. Lo que encontró la convirtió en una de las voces más incómodas del conflicto.

«Es ilegal porque están dentro del polígono de Ramsar y dentro de la zona federal marítima terrestre», dice Escobedo a DW. «Para el caso de las leyes mexicanas, deberían tener un permiso especial. No lo tienen», advierte.

• El problema técnico central, explica, es el agua. «Van a succionar 2.000 metros cúbicos de agua salada por hora, sin excluidores, en una zona donde hay alta concentración de larvas de peces, camarón, jaiba, ostiones.»

Al gobierno de México le ‘vale madres la vida marina’ 

Las consecuencias directas para miles de familias que viven de la pesca del camarón son, en su evaluación, devastadoras. Al conocer esos datos, la empresa quiso prohibir su difusión, cuenta Escobedo, quien recibió amenazas igual que otros indígenas y activistas.

• Y eso no es todo. La laguna es somera —apenas dos metros de profundidad— y el agua tiene 30 días de residencia. «Cualquier contaminante se queda mucho tiempo», explica.

Al devolver el agua al mar tras usarla para enfriamiento, la planta la regresará más caliente y más salada: «El incremento de la salinidad y de la temperatura es algo a lo que los organismos no pueden adaptarse.»

• Y luego están los delfines. Una población residente con más de 20 años en la bahía, donde las madres llevan a sus crías a alimentarse y les enseñan a cazar en las mareas. «Van a perder su hábitat por los cambios del ecosistema y el incremento del ruido, los barcos.»

Pero el riesgo más grave que Escobedo señala a DW es el de seguridad para la población, detallado en el Hazop, el análisis de riesgo que la empresa encargó.

• Allí se mencionan ocho escenarios altamente peligrosos que podrían causar fugas durante las maniobras, por corrosión, accidentes, sabotaje o deterioro en el gasoducto. En todos, la consecuencia es la misma: una explosión con dispersión de una nube tóxica potencialmente mortal.

Lo que el propio estudio reconoce como agravante es la topografía —con dos colinas próximas a las instalaciones—; se podría concentrar el gas en zonas habitadas en lugar de disiparse.

• Ese escenario más catastrófico se puede presentar más de una vez durante el desarrollo del proyecto. Y hasta hoy, las autoridades no han presentado ningún plan de emergencia. “¿Cómo es posible que KfW haya aceptado financiar un proyecto con ese grado de riesgo?», se pregunta la científica.

La empresa: todos los permisos, todos los juicios ganados

La empresa, que asegura tener un avance del 88% en la construcción, ha defendido públicamente en múltiples ocasiones la legitimidad del proyecto, argumentando que cuenta con «todas las autorizaciones socioambientales nacionales e internacionales» y 40 años de experiencia global.

Ante la llegada de las gigantescas torres de absorción al puerto —imágenes que viralizaron el conflicto en redes—, explicó que se trata de equipos para capturar CO₂ bajo «estándares ambientales alineados con las mejores prácticas internacionales».

• La KfW indica, en una respuesta enviada a DW por correo, que todos los procedimientos legales han sido resueltos a su favor.
• Para Felipe Montaño, que el proceso legal haya fallado a favor de la empresa no es sinónimo de justicia. «A nosotros no nos interesa la parte jurídica, la legalidad no está a favor de los pueblos originarios, es una legalidad colonial», dice a DW.

La acusación de que la consulta fue una simulación no proviene solo de las comunidades. En septiembre de 2025, nueve relatorías especiales de las Naciones Unidas —incluyendo las de pueblos indígenas, medio ambiente, defensores de derechos humanos y vivienda— enviaron comunicaciones formales al gobierno mexicano, a GPO-Proman, a KfW IPEX-Bank y a los gobiernos de Alemania y Suiza, expresando preocupación por las violaciones documentadas y por el hostigamiento sistemático a activistas del colectivo ¡Aquí No!

• La respuesta de KfW IPEX-Bank rechaza el informe de la ONU: «Hemos analizado de forma exhaustiva y minuciosa las preguntas que nos formuló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en septiembre de 2025, basándonos en la información disponible, y hemos llegado a la conclusión de que no se han producido infracciones graves de los procedimientos y que la financiación se ajusta a las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes.»
• Sin embargo, el banco admitió que, de forma preventiva, ha encargado una nueva auditoría independiente sobre la implementación del consentimiento previo. Montaño reta al banco a “venir a ver qué es lo que financia, que se dé cuenta de que su dinero alimenta la violación a nuestros derechos», dice a DW. «GPO ha venido a dividir las comunidades, a arrebatarnos la paz.»

La Embajada de Alemania envió a DW un comunicado donde recordó que «las empresas alemanas están obligadas a cumplir con las normas ambientales y sociales internacionales y nacionales, incluso en proyectos en el extranjero», pero aclaró que «dado que el proyecto se encuentra en México, la evaluación de estas normas recae en las autoridades mexicanas competentes.»

Gerold Schmidt, representante de la Fundación Rosa-Luxemburg (Izquierda) en México, refuta esa postura. Señala que los riesgos para los derechos humanos, el bienestar social y el medio ambiente «eran suficientemente conocidos antes de que KfW comprometiera el financiamiento», y llama a las instituciones públicas a cuestionarse si deben «considerar una corrección de rumbo».

Gobierno atrapado en contradicciones

• Ignacio Martínez Cortés, investigador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, ofrece a DW la perspectiva más política del conflicto. Y pinta un panorama sin salidas sencillas para el gobierno de Sheinbaum.

«México es un importador neto de fertilizantes; la fábrica aliviaría mucho la importación de ese tipo de materia prima, estaría aminorando costos para la siembra agrícola», explica.

• «Sinaloa es el granero de México, un estado importante. Al encontrarse esta planta cerca del puerto de Topolobampo, podría alimentar también el sur del país vía marítima —Michoacán, Oaxaca.» El impacto económico positivo es real y el gobierno lo sabe.

Pero el costo político es elevado. «Tendría un impacto social y ecológico enorme, estaría afectando a grupos afines al (partido gobernante) Morena», dice Martínez a DW. «También está el tema de corrupción y narcotráfico que pesa sobre el exgobernador. “Todo eso hay que sopesar políticamente.»

• El proyecto viene de los tiempos del PRI, con permisos otorgados hace más de una década bajo condiciones que, según el investigador, merecen ser escrutadas.

«No sabemos en qué condiciones se dieron las facilidades en ese entonces», dice. «Habría que revisar todo el proceso para despejar dudas sobre corrupción. El gobierno debería mostrar la documentación y pronunciarse al respecto.»

Martínez evoca dos precedentes que Morena conoce bien: el NAICM —el aeropuerto de Texcoco cancelado por el mentor y predecesor de Sheinbaum, el presidente— y el proyecto turístico de Mahahual, ambos detenidos por consideraciones ambientales. «Esa planta está en las mismas condiciones y se deberían aplicar los mismos criterios”, considera el economista, quien ve “Morena frente a sus propias contradicciones.»

Posibles salidas rechazadas por comodidad y plata

Pero hay una trama más profunda: los tratados de protección a la inversión extranjera. Si el gobierno cancela el proyecto,GPO-Proman podría activar un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS), amparado en tratados comerciales, y demandar a México por miles de millones de dólares ante un tribunal de arbitraje internacional. El miedo a ese escenario es real en los corredores del gobierno federal.

• Sin embargo, Martínez abre una puerta que hasta ahora ha sido poco explorada. «Si hubo corrupción en la época del PRI, con escrituras truchas —fraudulentas—, se puede argumentar ante un ISDS que el contrato nació viciado. Un contrato obtenido mediante corrupción no está protegido por los tratados», explica a DW.
• Habría otra salida, la que plantea la bióloga. «Nadie está en desacuerdo con la planta en general; el problema es el sitio», afirma a DW. «Es la más delicada de las tres lagunas del sistema de Ohuira.”
• Comenta ella que se le ha planteado la relocalización a la empresa, pero la respuesta fue un rotundo “no”. “Ellos dicen que les salía más barato aquí, porque no tenían que construir un muelle, está la carretera, hay un tren, una ciudad adecuada para que viva la gente.»

El conflicto por la Bahía de Ohuira tiene salidas. La ciencia las ha identificado. La política podría construirlas. El derecho, con voluntad, podría sostenerlas.

Lo que está por verse es si el gobierno mexicano y la empresa GPO-Proman las buscan, o si se empecinan en avanzar contra una población que lleva años advirtiendo que no dará marcha atrás.

Gobierno de México argumenta soberanía energética en planta de amoníaco

• La construcción de la planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, por parte de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), enfrenta el rechazo de la comunidad indígena yoreme-maya y de los colectivos ambientalistas.

¡Aquí no! y ¡Salvemos la Bahía de Ohuira!, quienes advierten sobre el impacto ambiental que afectaría el agua de mar y las especies que habitan la zona. Estas organizaciones sostienen que el proyecto pone en riesgo la integridad del ecosistema local y la subsistencia de numerosas familias que dependen de la pesca.

• En contraste, la Secretaría de Economía defendió la obra mediante el Comunicado No. 53, argumentando que la planta es fundamental para lograr la autosuficiencia en insumos agrícolas y reducir la dependencia de importaciones.
• Según la dependencia, México importa actualmente el 80% del amoníaco que consume, mientras la demanda nacional de fertilizantes oscila entre 4.5 y 5 millones de toneladas anuales.
• La operación de la planta en la Bahía de Ohuira permitiría producir amoníaco y urea localmente, lo que reduciría la importación de estos insumos en más de un 70% y abarataría los costos de los fertilizantes para los productores de Sinaloa y del país.

El proyecto, de acuerdo con la Secretaría, será un detonante económico para la región norte de Sinaloa, con la estimación de creación de 10 mil empleos directos e indirectos: 3 mil empleos directos durante la fase de construcción, 7 mil empleos indirectos vinculados a proveedores de servicios, transportistas y comercio local, y 300 empleos permanentes y especializados para la operación de la planta, con prioridad de contratación para habitantes de Topolobampo y Los Mochis.

• En materia de inversión social, la Secretaría destacó que GPO ha destinado más de 35 millones de pesos en la última década a infraestructura, educación y salud en comunidades como Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Topolobampo. Entre los resultados se incluyen mejoras en la preparatoria CetMar #13 y la Escuela Jaime Nuñó, beneficiando a 1,100 estudiantes.
• Además, en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), se han implementado programas de formación para 3,745 personas, con énfasis en la capacitación de mujeres de la región. La dependencia aseguró que GPO continuará con los programas de inversión social en lo que resta del año y durante 2027, bajo la supervisión de autoridades y comunidades locales.

Desde la perspectiva de científica, Andrea Villareal, oficial de Proyectos de Justicia Climática en Conexiones Climáticas, declaró en entrevista con Radio UNAM que la planta de amoníaco en Sinaloa representa “uno de los proyectos petroquímicos más grandes del mundo”.

Villareal subrayó que el municipio es sede de un humedal de importancia internacional y advirtió que el amoníaco es “un gas altamente tóxico y explosivo”, cuyo uso principal es la producción de fertilizantes nitrogenados para la agricultura industrial.

Detalló que la planta utilizaría agua de mar y un gasoducto cercano para su funcionamiento, lo que, al devolver el agua al mar, aumentaría la temperatura y salinidad del ecosistema, poniendo en peligro la vida marina y la economía local.

• La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDH), citada por Desinformémonos, emitió una alerta preventiva por el riesgo que enfrentan las comunidades indígenas mayo-yoreme y personas defensoras del territorio que mantienen un plantón pacífico frente a la planta de GPO.
• La organización señaló que la movilización convocada por la empresa para el 28 de junio podría generar actos de hostigamiento o confrontación. La comisión recordó que la Bahía de Ohuira forma parte del Sitio Ramsar Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira y que comunidades como Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones fueron reconocidas como directamente involucradas en el proceso de consulta sobre el proyecto.

Además, los pueblos mayo-yoreme llevan más de una década resistiendo la instalación de la planta, y organismos internacionales han expresado preocupación por los impactos ambientales y la falta de consulta adecuada.

El 12 de junio, las comunidades mantuvieron una reunión con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, alcanzando cuatro acuerdos, entre ellos la continuidad del plantón, la instalación de mesas de diálogo y el acompañamiento comunitario a las diligencias de la Profepa. No obstante, hasta el 22 de junio no se había verificado el cumplimiento de estos compromisos. La CDDH también reportó un incendio reciente en la planta, cerca del campamento de las familias en resistencia.

• En relación con la movilización anunciada por GPO, la comisión indicó que trabajadores de la empresa fueron convocados a trasladarse a las inmediaciones de la planta, donde se ubica el plantón comunitario.
• Algunos empleados rechazaron públicamente participar, argumentando que no deben ser utilizados en el conflicto entre la empresa y las comunidades. La CDDH consideró que la situación constituye un riesgo prevenible y llamó al Estado a garantizar la seguridad de quienes ejercen su derecho a la protesta.

La comisión solicitó a autoridades federales, estatales y municipales implementar medidas de protección para evitar actos de intimidación o violencia contra las comunidades mayo-yoreme, así como la instalación de mecanismos de observación de derechos humanos, la creación de un perímetro de resguardo entre ambas movilizaciones y la rendición de cuentas sobre los acuerdos alcanzados.

Además, responsabilizó a las autoridades de cualquier agresión que pudiese ocurrir contra defensoras y defensores del territorio durante la jornada del 28 de junio./PUNTOporPUNTO