Alrededor de los lavaderos comunales de San Matías el Grande, en el municipio de Hidalgo, mientras las mujeres restriegan ropa y trastes, niñas y niños de este pueblo otomí juegan en el agua cálida proveniente de los manantiales de El Tejocote y La Mora, que abastecen al poblado tanto para las labores de limpieza como para el consumo humano.
Pero en esos cuerpos de agua se ha detectado la presencia de arsénico y plomo que provienen de la geotermoeléctrica Los Azufres, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la sierra de San Andrés.
- Uno de cada tres niñas y niños de entre 10 y 12 años que chapotean en el lugar registran insuficiencia renal temprana, según los resultados arrojados por las pruebas de tamizaje realizadas el 8 de mayo pasado en tres escuelas de la comunidad.
- Las pruebas se aplicaron a 61 alumnos en una acción coordinada por el Concejo Comunal, ante la falta de respuesta del gobierno del estado para que la Secretaría de Salud realizara estos estudios.
“Últimamente están apareciendo enfermos muy jóvenes, incluso menores de ocho años”, apunta el geólogo Pedro Corona Chávez.
- Junto con Virginia Robinson Fuentes y María Elena Rivera Heredia, Corona coordinó un equipo de 28 investigadores y especialistas en medicina, geología, psicología, química, biología, economía, ingeniería ambiental y educación para la realización del estudio “La enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán”, desarrollado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
- El estudio de la UMSNH, presentado en diciembre de 2025, fue financiado por el gobierno del estado y el Conahcyt, orillado por la presión de las comunidades afectadas y los propios investigadores que ya venían realizando investigaciones y trabajando con poblaciones afectadas por la contaminación del agua.
- En 2021, la comunidad de San Isidro Altahuerta había presentado una denuncia por presuntas malas prácticas de operación y mal manejo del bosque contra la CFE ante la Comisión Forestal del Estado, encabezada entonces por Alejandro Méndez López, actual secretario de Medio Ambiente en el Estado. La querella permanece sin ser resuelta.
“Cuando la enfermedad renal incide sobre personas menores de 30 años no puede atribuirse tan fácilmente a diabetes, hipertensión u obesidad”, puntualiza Pedro Corona.
En el estudio se precisa que las tasas de casos reportados por la población estudiantil de familiares con enfermedad renal crónica por cada millón de habitantes de entre cero y 29 años son de 10.9 mil en San Pedro Jácuaro, 9.3 mil en San Isidro Alta Huerta y 1.8 mil en San Matías el Grande, todas comunidades del municipio de Hidalgo.
En Zinapécuaro, se detectaron tasas de 4.9 mil en Jacuarillo, 3.4 mil en Araró y 1.1 mil en la cabecera municipal.
Salud deteriorada
Los Azufres es una geotermoeléctrica que opera desde 1982 y cuenta una extensión de 150 km2 y 80 pozos. De acuerdo con la información de la CFE, ahí se genera energía en beneficio de 1.1 millones de habitantes, que representa 1.7 veces el consumo de la ciudad de Morelia.
- La paraestatal reporta que en 2024 generó cerca del 40% de toda la energía de este tipo en México y que hoy en día cuenta con 242.36 MW de capacidad efectiva.
- Viviana Arely Evaristo Romero, de 20 años, nunca ha pronunciado palabra. El sonido se ausentó de su garganta al momento de nacer. Ella, como su hermano Arturo, tiene un riñón pequeño y uno grande, ambos reciben tratamiento con eritropoyetina, ácido fólico y hierro, él demás está hemodializado desde hace nueve años, y permanece a la espera de un trasplante.
A los 17 años Arturo supo que estaba enfermo, dejó de hacer deporte cuando la hinchazón en los pies y los vómitos se hicieron presentes. Debido a la debilidad asociada a su enfermedad, desarrolló un problema en la cadera y pasó meses sin caminar y tuvo que dejar de elaborar macetas, que es la principal actividad de las familias en San Matías.
Su madre, Yolanda, atribuye la enfermedad de sus hijos a la mala alimentación que tuvo durante el embarazo.
Sin embargo, la incidencia dice otra cosa para autoridades locales e investigadores. Alejandra Martínez García, concejal de Salud en San Matías, señala que el hospital regional cuenta con 19 máquinas de hemodiálisis, pero sólo 15 operan y dos se reservan para urgencias.
La capacidad es insuficiente para atender a pacientes de varias comunidades, por lo que algunos pagan entre mil 500 y dos mil pesos por sesión, tres veces por semana. Además, enfrentan esperas de hasta seis meses, lo que agrava su estado de salud.
Lucha por la salud
Tras lograr en 2024 su reconocimiento como la primera comunidad otomí en Michoacán con autogobierno, en San Matías la preocupación del Concejo Comunal sobre la calidad del agua se confirmó tras conocer los resultados del estudio de la UMSNH, intensificando su lucha –con apoyo del Consejo Supremo Indígena de Michoacán– para que las autoridades atiendan el problema.
- En enero pasado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla buscó demeritar el estudio, al calificarlo como un conjunto de datos que debía “ser validado científicamente por la CFE”, y aseguró que los problemas renales en la región obedecen al consumo de refrescos, señalamientos que resultan indignantes para los comuneros, quienes consideran que el mandatario en los hechos está defendiendo los intereses de la paraestatal.
Alejandro Méndez, secretario estatal del Medio Ambiente, considera que el mandatario fue malinterpretado y asegura que su postura ha sido la de resolver el problema si se comprueba que existe, tanto que en su momento envió una carta a Manuel Bartlett, cuando fungía como titular de la Comisión, para revisar el caso.
“Se han realizado muchas mesas de trabajo, y lo que se acordó es que independientemente si es o no la CFE la responsable, si es que hay un problema de contaminación lo que debemos hacer es poner filtros de agua para garantizar que la población consuma el líquido libre de metales pesados”, señala el funcionario.
- Apunta que la Secretaría de Salud del Estado se ha comprometido a realizar el tamizaje de los niños y jóvenes en la zona, acción que las comunidades denuncian no se ha cumplido.
- Habitantes de las comunidades afectadas realizaron recorridos a lo largo de los 80 kilómetros que comprende la geotermoeléctrica, donde detectaron fugas y otras afectaciones que atribuyen a la falta de mantenimiento.
Por ello, solicitaron a la CFE inspeccionar siete puntos, equivalentes a cerca del 20% de las instalaciones, en los que se encontraron irregularidades como manejo inadecuado de residuos tóxicos, fugas, pilas de enfriamiento sin recubrimiento adecuado y desbordamientos.
Ante la falta de respuesta, emplazaron a las autoridades a atender el problema y posteriormente bloquearon las oficinas de la CFE en Morelia. Esta acción derivó en una mesa de diálogo y en una primera inspección, en la que participaron directivos de la planta, autoridades ambientales y de salud, así como representantes de cuatro comunidades.
Sin embargo, el incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades ha dado lugar a nuevas acciones comunales, como el bloqueo de la planta realizado el pasado 15 de abril.
Pedro Corona Chávez, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, consigna en la investigación con la que participó en el referido estudio de la UMSNH algunas evidencias geoquímicas y de campo preliminares del potencial impacto ambiental en el Campo geotérmico Los Azufres, tales como derrames de presas de enfriamiento, goteo constante de válvulas y “en definitiva mal manejo de residuos tóxicos”.
- El investigador señala como la potencial fuente contaminante la presencia de las presas de enfriamiento para depositar y contener el fluido geotérmico previo al proceso de transporte a las zonas de reinyección, lo que no es la única ni mejor técnica para contener los fluidos y evitar su dispersión al medio ambiente; por el contrario, consigna que representa una fuente contaminante directa por pérdidas por evaporación que superan al menos el 10%, incorporándose directamente a la atmósfera.
- La narrativa de la CFE es otra. En un comunicado de enero pasado señala que en Los Azufres el aprovechamiento geotérmico “convive armónicamente con el entorno ambiental y social” y que “cumple con la legislación ambiental aplicable en materia de Emisiones a la Atmósfera, sin tener descargas de aguas residuales o algún otro tipo. La Central cuenta con la Certificación de Industria Limpia 2 a nivel nacional”.
Gruesas tuberías acompañan el camino a lo largo de la carretera que conduce a la geotermoeléctrica, así como estructuras de las que se desprenden fumarolas. Frente a la planta, una llovizna constante cae generada por las enormes nubes de vapor que emanan de las instalaciones.
La alcaldesa de Hidalgo, Jeovana Alcántar Baca, señala que en los recorridos en los que ha participado puede observarse que a las tuberías les hace falta mantenimiento, “la filtración de minerales en los mantos acuíferos, ¡por supuesto que existe!, porque es una zona azufrosa y obviamente existen esas filtraciones”.
- Frente a una amplia extensión de terreno, el contralor del Concejo Municipal de San Matías, Roque Martínez Hernández, muestra cómo las acciones de “reparación” realizadas por la CFE fueron, en muchos casos, simuladas.
- En ese sitio, el propietario permitió a las autoridades depositar residuos contaminados con arsénico, los cuales fueron mezclados con tierra y cubiertos de forma superficial, lo que afecta el suelo y el agua que pueda acumularse en la zona.
“El movimiento no se detendrá hasta que se resarza el daño causado a la comunidad, porque para el ánimo de las familias el impacto es profundo, es un proceso doloroso y desgastante, tanto económica como emocionalmente. Algunos pacientes incluso ya no quieren acudir a sus citas por la tristeza que les provoca la enfermedad y pensar que pueden morir”, refiere.
La planta de la CFE consume la vida de una comunidad en Colima
La central termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno, con cuatro décadas en operación, está en medio de un proceso judicial luego de que habitantes y cooperativas locales de pesca promovieron un juicio de amparo contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y otras dependencias ante los daños causados por la contaminación a la salud humana, al medio ambiente y a las actividades productivas de la región.
Los solicitantes de la protección de la justicia argumentan, entre varios puntos, que la política energética federal del sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador profundizó el problema al impulsar nuevamente el uso de combustóleo en termoeléctricas, en contravención de compromisos internacionales y de la Ley de Transición Energética, lo que “impide alcanzar las metas de generación limpia y reducción de gases de efecto invernadero, y perpetúa la dependencia de combustibles fósiles altamente contaminantes”.
- El documento de la demanda recuerda que desde 2011 la ley obliga a considerar las externalidades ambientales y de salud al evaluar el costo de la generación eléctrica, pero acusa que esta obligación se ha ignorado sistemáticamente.
Frente a los argumentos de la demanda, clasificada bajo el expediente 1133/2024-2, el juez tercero de distrito en el estado de Colima, Ignacio Beruben Villavicencio, concedió a finales de noviembre de 2024 la suspensión provisional y en marzo último la suspensión definitiva.
El abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, director ejecutivo de Tsikini, AC –organización ambientalista que asesora a la parte quejosa–, indica que el proceso legal ha enfrentado la resistencia de algunas de las dependencias del gobierno federal señaladas como autoridades responsables, entre ellas la Profepa, CFE y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
- Las resoluciones judiciales incluyeron órdenes de realizar diversas acciones inmediatas, entre ellas examinar si la termoeléctrica está cumpliendo con todas las disposiciones en materia ambiental y, en caso contrario, se dicten todas las medidas indispensables para evitar que se continúen consumando esos actos.
- En el caso de la Profepa, ante el reiterado incumplimiento de la suspensión provisional, el juez interpretó que se trataba de un desacato y en enero último ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación para que realice la investigación correspondiente, cuyo resultado se desconoce hasta ahora.
Multan a centrales eléctricas por contaminar
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que, tras inspecciones que llevó a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Central de Combustión Interna (CCI) y la Central Termoeléctrica de Punta Prieta fueron multadas por diversas irregularidades.
De acuerdo con los resultados de dicha inspección, las dos plantas de energía (que se encuentran en la ciudad de La Paz) no acreditaron cumplir con los límites máximos de emisiones contaminantes que establecen las normas de salud y ambientales.
La PROFEPA confirmó que las dos centrales presentan la falta de registros sobre su operación, omisiones en los reportes de emisiones contaminantes y la ausencia de información que permita verificar si cumplen con los límites de contaminación establecidos por la normativa ambiental.
- Con base en estos fundamentos, la PROFEPA impuso multas por 678 mil 840 pesos a la Central Termoeléctrica de Punta Prieta y de 610 mil 956 pesos a la CCI.
- A pesar de que las multas superan el medio millón de pesos, activistas y especialistas en defensa ambiental recalcaron que no basta con una sanción económica para reparar las afectaciones a la cuenca de La Paz, tampoco para garantizar que se reduzcan las emisiones de contaminantes en la Capital.
Y es que la ciudad de La Paz carga con las emisiones tóxicas para generar casi el 100 por ciento de la energía que se utiliza en toda la entidad.
Sobre esta situación, el director de la Oficina Regional Noroeste de CEMDA, Mario Sánchez Castro, recalcó que la legislación ambiental es clara en estos casos, ya que cuando se detectan irregularidades, la autoridad debe ordenar medidas correctivas para garantizar que las instalaciones cumplan con los límites de contaminación y protejan la salud de las personas.
- Además, para que PROFEPA procediera con esta inspección, fue necesario que CEMDA interpusiera un juicio de amparo para que una jueza de distrito ordenara que el caso se reabriera.
- En 2023, se presentó una denuncia popular por las estelas de contaminación que se observa en las chimeneas de la CCI y la Central Termoeléctrica. Sin embargo, PROFEPA buscaba dar carpetazo al caso sin proceder con las investigaciones.
Guillermo Naranjo, abogado senior de la Oficina Noroeste de CEMDA, recalcó que las emisiones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y de material particulado son las que más preocupan, ya que son las más dañinas para la salud.
Por ello, en las denuncias populares de 2023 señalaron que había indicios de que los sistemas de control de las dos centrales no estaban operando al 100 por ciento de su capacidad y que las licencias de funcionamiento permiten que se rebasen los niveles de contaminación establecidos en las normas oficiales./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://drive.google.com/file/d/1ZlFT7-8fsQHQ5wE1Yd3iiHDU98Exui-g/view?usp=drivesdk
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