La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó las nuevas Reglas de Carácter General derivadas de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con lo que actualiza el principal marco regulatorio en materia de prevención del lavado de dinero.
- Dichas disposiciones establecen la operatividad de la reforma legal, incorporan un modelo de cumplimiento basado en riesgos y brindan mayor certeza jurídica a quienes realizan Actividades Vulnerables, alineando el régimen mexicano con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
- Las nuevas reglas sustituyen un modelo de cumplimiento uniforme por uno basado en riesgos, mediante el cual los sujetos obligados deberán implementar medidas proporcionales a la naturaleza y nivel de riesgo de sus operaciones.
- Asimismo, fortalecen el conocimiento del cliente, la identificación del Beneficiario Controlador y de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), incorporan herramientas de monitoreo, auditorías, capacitación y certificación de responsables de cumplimiento, además de prever una implementación gradual acompañada de lineamientos, criterios y mecanismos de orientación para facilitar su aplicación.
La publicación de estas reglas constituye uno de los componentes de la política integral que la SHCP y la UIF han impulsado desde agosto de 2025, tras la llegada de Omar Reyes Colmenares a la Unidad, en coordinación con la estrategia de seguridad encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Bajo este modelo, la inteligencia financiera quedó articulada con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública mediante la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad, donde encabeza la Mesa de Prevención de Lavado de Dinero y participa en la priorización de estructuras criminales y casos estratégicos, junto con la SSPC, la FGR, el CNI, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las entidades federativas.
Este nuevo modelo transforma la información financiera en inteligencia operativa, orientada a impactar las estructuras económicas de la delincuencia organizada y permite la construcción de casos de alto impacto relacionados con delincuencia organizada, corrupción, tráfico de armas, narcotráfico, robo de hidrocarburos y huachicol fiscal.
¿Las nuevas reglas antilavado implican más cumplimiento… o un cambio real en la forma de gestionar el riesgo?
El 7 de agosto de 2026 se publicó en el DOF el Acuerdo que modifica las Reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones… pic.twitter.com/lDbwP1RbW0
— Edith Roque (@ERoqueH) August 8, 2026
Resultados operativos revelan impacto de la estrategia
Entre julio de 2025 y julio de 2026, la UIF incrementó en 126% el número de personas bloqueadas y aumentó en 172% las cuentas bloqueadas.
Asimismo, complementó las designaciones internacionales de la OFAC con bloqueos derivados de sus propios análisis financieros, alcanzando un total de 324 personas designadas entre ambas autoridades.
- En conjunto, durante el periodo la UIF incorporó 2,395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, bloqueó 24,622 cuentas bancarias e inmovilizó recursos millonarios, concentrando sus acciones en temas relacionados con delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y extorsión.
Entre los casos de mayor impacto destacan las acciones contra redes de huachicol, con 163 sujetos bloqueados; además, del total de cuentas bloqueadas, 7,861 corresponden a integrantes de grupos de delincuencia organizada, lo que representa el 31.9% del total de cuentas bloqueadas, es decir, casi una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con este tipo de organizaciones criminales.
- Asimismo, sus datos revelan que 1,443 cuentas bloqueadas están relacionadas con investigaciones por extorsión, equivalente aproximadamente a una de cada 17 cuentas bloqueadas durante el periodo.
De tal manera, en el último año de gestión, encabezado por Omar Reyes Colmenares, la UIF ha logrado rebasar los montos asegurados en otras administraciones, cifra sin precedente para bloqueo de recursos.
- Estos resultados se complementan con investigaciones relacionadas por desvío de recursos públicos y otras estructuras financieras de alto impacto.
A lo anterior se suma la sentencia a favor del Estado por más de 578 mdd, dentro de un procedimiento civil para la recuperación de activos relacionado con un esquema ilícito de contratación pública y desvío de recursos públicos.
- Esta resolución fortalece las acciones de recuperación de activos y el combate a las estructuras financieras vinculadas con actos de corrupción.
Marco jurídico de la UIF de fortalece
Como parte de este fortalecimiento institucional también se robusteció el marco jurídico que fortaleció las facultades de la UIF para el bloqueo administrativo de cuentas; se consolidó la coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM) para fortalecer el intercambio oportuno de información y la supervisión basada en riesgos, y se intensificó la supervisión tanto de instituciones financieras como de Actividades Vulnerables.
- En el ámbito internacional, la UIF fortaleció su relación con servicios homólogos mediante el intercambio de inteligencia financiera con el Grupo Egmont, FINTRAC, FinCEN, OFAC y otros organismos especializados, reforzando la asistencia jurídica internacional, los bloqueos y los mecanismos para la recuperación de activos vinculados con operaciones ilícitas.
- El intercambio de inteligencia complementa el análisis de la UIF, pero las decisiones y acciones permanecen bajo la conducción de las autoridades nacionales. De manera paralela, la UIF amplió la coordinación con fiscalías estatales, autoridades de seguridad, instituciones financieras y organismos empresariales para fortalecer el sistema preventivo.
En el último año suscribió convenios de colaboración y desarrolló mecanismos de coordinación con diversas instituciones públicas, así como con organismos representativos del sector privado, entre ellos cámaras de comercio, la Asociación de Bancos de México, CONDUSEF y otros actores estratégicos, a fin de fortalecer la cultura de cumplimiento, el intercambio de información y la prevención del lavado de dinero para detectar oportunamente operaciones de riesgo y fortalecer la prevención sin obstaculizar la actividad económica.
- El fortalecimiento también se reflejó en las capacidades operativas de la Unidad. La plantilla de servidores públicos creció 60%, lo que fortaleció las capacidades técnicas y analíticas para la generación de inteligencia financiera y el desarrollo de investigaciones estratégicas, en apoyo de las acciones coordinadas en el Gabinete de Seguridad.
- En la actualidad las acciones de la UIF se basan en un modelo de análisis de riesgo (alto, medio y bajo), que prioriza la inteligencia financiera como herramienta para el bloqueo de cuentas, es decir, los bloqueos no se realizan de manera arbitraria, sino que se sustentan en análisis de riesgo e inteligencia financiera.
Lo anterior se traduce en que, si una persona se encuentra en un nivel de riesgo alto, no necesariamente implica que se encuentre relacionada con actividades ilícitas. Se destaca que la UIF no se utiliza con fines políticos; sus decisiones se basan en análisis de riesgo y comportamiento financiero.
- Las Personas Políticamente Expuestas no son consideradas automáticamente de alto riesgo por ocupar o haber ocupado un cargo público. Para elevar su nivel de riesgo se consideran elementos en su comportamiento financiero, como operaciones que no correspondan con sus ingresos, evolución patrimonial acorde a su actividad económica, funciones o responsabilidades.
- La publicación de las nuevas Reglas de Carácter General representa, así, la consolidación de una política de Estado en materia de prevención del lavado de dinero que articula inteligencia financiera, coordinación interinstitucional, cooperación internacional, fortalecimiento jurídico, supervisión basada en riesgos y combate patrimonial a las organizaciones criminales.
- Más allá de la actualización normativa, las nuevas Reglas consolidan un modelo que busca seguir la ruta del dinero para afectar las estructuras económicas de la delincuencia organizada, concentrando los esfuerzos de supervisión e inteligencia financiera en los casos de mayor riesgo, sin obstaculizar el funcionamiento de la economía formal ni generar cargas regulatorias extras para quienes cumplen con la ley.
En este nuevo marco, Hacienda y la UIF fortalecen la capacidad del Estado para prevenir, detectar y desarticular estructuras financieras que sostienen a la delincuencia organizada, brindan mayor certeza jurídica a los sectores regulados y fortalecen la integridad del sistema financiero nacional.
El lavado de dinero y la corrupción representan un riesgo alto
El lavado de dinero y la corrupción representan un riesgo alto, de acuerdo con 50 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
- Al presentar los resultados de la Encuesta Empresarial de Negocios Familiares, dijeron que la percepción de los delitos mencionados son una amenaza constante para ellos, y sólo 23% por ciento de los encuestados los percibe como un peligro controlado.
A dichas preocupaciones se suma la falta de preparación empresarial en materia para evitar casos:
- El 53 por ciento de los negocios nunca ha recibido capacitación formal sobre prevención de lavado de dinero (PLD), y sólo 31?por ciento cuenta con políticas anticorrupción formalizadas y activas.
Otro punto, es que sólo 10 por ciento de los empresarios consideró que la actuación de las autoridades en el combate al lavado de dinero y la corrupción es positiva.
- “La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero no puede ser un tema marginal ni reactivo: debe ser un componente estructural de la estrategia empresarial, con liderazgo gremial, colaboración y herramientas prácticas”, dijo el presidente de la confederación, Octavio de la Torre de Stéffano.
- Las empresas que enfrentaron alguna situación relacionada al soborno, extorsión o irregularidades en trámites durante el último año, representan 30 por ciento de los encuestados, mientras 24?por ciento tuvo casos de corrupción.
- Por los resultados de esta encuesta, la confederación convocará a la Jornada Nacional de Actualización en Materia de Reforma a la LFPIORPI, el próximo 22 de agosto, donde se van a analizar nuevos lineamientos antilavado y antiterrorismo, así como cambios normativos y tecnológicos.
“Este diagnóstico reafirma la importancia de impulsar políticas de integridad, transparencia y cumplimiento normativo como pilares de la competitividad del sector terciario en México”, indicó la Concanaco Servytur, quien exhibió un estudio.
México y su Gobierno deberían ser evaluados
- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) evaluará a México en materia de controles al lavado de dinero y el panorama no es optimista. Casos como el de Vector Casa de Bolsa y los bancos CIBanco e Intercam —señalados por el gobierno de Estados Unidos por acciones ilícitas y relación con cárteles mexicanos– o el de huachicol fiscal empañan los esfuerzos del gobierno de México.
En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó más de 10 millones de actividades vulnerables y presentó denuncias en 150 casos, sin embargo fue el gobierno de EU el que reveló el escándalo de lavado de dinero que involucró a los bancos con el crimen organizado.
En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EU señaló a Vector Casa de Bolsa, fundado por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
- CIBanco, del empresario Jorge Rangel de Alba Brunel, e Intercam, del empresario Eduardo García Lecuona Mayeur, como instituciones financieras de «principal preocupación» por presuntas operaciones ilícitas ligadas al Cártel de Sinaloa, así como sobornos al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en ese país.
La sanción se dio en medio de la estrategia que emprendió el presidente Donald Trump para debilitar la estructura financiera de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, nombradas previamente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE).
A siete meses de que se reveló el caso, los bancos tuvieron consecuencias: CiBanco fue vendido a Grupo Multiva y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) intervino y revocó la licencia a Casa Vector, pero no se conocen acciones penales por este caso y bajo esas condiciones es que México enfrentará su evaluación de controles antilavado.
- Gabriel Regino, abogado penalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, considera que la revisión a México detectará la persistencia de vacíos en instituciones y legislación que frenen efectivamente el blanqueo de activos. “La evidencia cita que faltan controles y hay actividades vulnerables que siguen desarrollándose fuera de la Ley”./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5795797&fecha=07/08/2026
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