Agresiones o violaciones a derechos humanos se registraron en al menos 21 episodios de protestas realizadas durante el Mundial 2026, de acuerdo con un informe elaborado por organizaciones de la sociedad civil. Esto ocurrió al amparo de una narrativa estructurada que incluyó el blindaje de la imagen del gobierno y sus acciones institucionales de seguridad, la siembra de dudas sobre los grupos inconformes, el relieve del derecho al disfrute y la minimización de las agresiones.
Para garantizar la realización de eventos mundiales masivos, los Estados suelen flexibilizar garantías con acciones que pueden restringir derechos, desplazar comunidades, limitar la protesta y orientar recursos públicos hacia las exigencias del evento, sostienen en un análisis.
El informe fue elaborado por El Caracol, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín”, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Poder del Consumidor, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT).
“En el caso mexicano, en la organización de la Copa Mundial FIFA 2026, esa prioridad (garantizar el evento) se expresó de distintas maneras: en el control de la protesta, la reorganización del espacio público, el fortalecimiento de capacidades de seguridad, las restricciones a la documentación y la expansión de oportunidades comerciales asociadas a la celebración, con afectaciones a grupos vulnerabilizados”, añade.
- El reporte documenta que durante junio de 2026, colectivos de familias buscadoras, el magisterio agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estudiantes, personas trabajadoras sexuales, comerciantes y colectivos de personas LGBTIQ+ salieron a las calles con agendas propias y se encontraron, de manera reiterada, con un aparato de contención desplegado para que ninguna de sus demandas alcanzara los espacios en donde transcurría el evento futbolístico.
- A partir de una metodología de fuentes abiertas, es decir, contenido publicado en redes sociales y sometido a un protocolo de verificación, se registraron y verificaron 50 eventos agrupados en 21 episodios de protesta ocurridos entre el 1 y el 30 de junio de 2026. De ellos, 18 tuvieron lugar en la Ciudad de México y los restantes en Toluca, Estado de México, y Puebla, en las inmediaciones de los estadios sede.
En el análisis se establece la responsabilidad institucional de los diversos operativos: en 40 de los 50 registros verificados se constató la presencia de agentes estatales, y la SSC de la Ciudad de México aparece en 34, acompañada de manera casi invariable por refuerzos antimotín —en 28 casos—, que operan como agrupamientos tácticos de la propia institución.
Las fuerzas restantes, entre ellas la policía montada, la estatal, la municipal, la bancaria, la auxiliar y la de tránsito, figuran en conjunto en apenas diez registros. “Su distribución resulta además reveladora, la policía estatal y la municipal se concentró en los episodios de Puebla y Toluca, mientras que en la Ciudad de México la contención recayó en la SSC y sus agrupamientos”, detalla el recuento de las organizaciones.
- El protocolo estándar combinó zonas de exclusión (34 registros) con barreras corporales de agentes (29), reforzadas según el caso con vehículos oficiales usados como obstáculo (9) y vallas (8), agrega. En tanto, entre las medidas de criminalización el encapsulamiento fue la táctica más empleada (20 registros), seguido de la fuerza física (16) y de las amenazas e intimidación (13).
“Paralelamente, el empleo de armamento antidisturbios estuvo acotado a cinco registros, incluyendo el uso de gas lacrimógeno, balas de goma, petardos y explosivos respectivamente, concentrados en la jornada del 1 de junio y en el día inaugural”, detalla. Además, el análisis da cuenta de que los colectivos de búsqueda fueron el blanco más frecuente y sostenido —30 registros— y encabezan las tres categorías de mayor incidencia: encapsulamiento, fuerza física e intimidación.
En cambio, la CNTE —22 registros— concentró la represión más intensa por episodio: uso de gas en su contra y proyectiles, robo de pertenencias y la persecución. Es decir, contra el magisterio, percibido como confrontativo, se empleó violencia visible; contra las familias buscadoras, se privilegió violencia de contención.
Renata Vadillo Polo, del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y una de las autoras, puntualizó que el Mundial no es la causa de los hechos documentados, sino que aceleró afectaciones y vulneraciones a derechos preexistentes, mediante la presencia de agentes estatales, medidas de restricción espacial y de criminalización.
Sin embargo, destacaron las investigadoras, pese a la confrontación con discursos oficiales que desde el gobierno federal buscaron deslegitimar a las familias buscadoras y sus formas de protesta, para ellas el espacio público adquirió un significado que trascendió la protesta convencional para convertirse en un lugar de disputa por la memoria y el reconocimiento.
“Durante la coyuntura mundialista, el gobierno apeló a la seguridad, el orden y el derecho a disfrutar para construir un marco en el que determinadas protestas aparecían como una interrupción de la fiesta y cuyas demandas podían ser postergadas. Esa disputa narrativa no determinó por sí sola lo que ocurrió en las calles, pero acompañó un contexto en el que el ejercicio de la protesta fue posteriormente contenido y reprimido”, apunta el documento.
- Por otro lado, se destaca que la presencia de observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), constatada en varios de los episodios más violentos, no tuvo un efecto inhibitorio alguno sobre el uso de la fuerza.
- “Vistos en conjunto, estos hallazgos revelan que lo ocurrido no fue una suma de excesos individuales, sino un modelo de gestión de la protesta subordinado al megaevento. Se trató de un protocolo reconocible, basado en excluir, cercar y encapsular, aplicado de manera diferenciada según el grupo movilizado, sincronizado con el calendario de la FIFA y ejecutado, en lo fundamental, por la SSC de la Ciudad de México”, concluye el análisis.
Entre los patrones identificados en los hechos de protesta están la dilución de la atribución de responsabilidades, pues en muchos hubo presencia de elementos oficiales encapuchados o no identificados; la actuación preventiva para inhibir la protesta en puntos que no eran el centro de la acción, como las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la caseta sur México-Cuernavaca, así como la presencia de comisiones de derechos humanos que no pudieron inhibir las agresiones.
Las investigadoras expresaron su preocupación de que ante eventos masivos, este tipo de actuaciones pueda volver a suceder y que una vez que las garantías ya se flexibilizaron, no haya vuelta atrás. Por otro lado, consideraron importante destacar las narrativas que se promovieron desde el gobierno federal para venderse como no represor, pero después sirvieron para minimizar la represión que sí existió.
- Se comenzó con una estrategia de estigmatización, que pasó por las etapas del blindaje de la imagen institucional —bajo la máscara de estrategias de seguridad implementadas por un gobierno que dialoga y no reprime— y más tarde por la siembra de dudas en torno a los movimientos, incluso respecto a las madres buscadoras, cuyo financiamiento fue cuestionado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Por otro lado, varias veces se expresó que los manifestantes deberían entender que la ciudadanía tenía derecho a disfrutar del momento histórico. “Esa era una forma de poner en pausa la protesta y decir ‘ahorita estamos para la fiesta, no estamos para esto’”, describió Josefa Gómez Morín, del PDH Ibero.
“Cuando sí hubo finalmente represión y despliegues policiales, el discurso oficial lo redujo a fricciones, lo redujo a saldo blanco. Voy a hablar específicamente del caso del 30 de junio durante la jornada ‘¿Y si nos devuelven a nuestros desaparecidos?’, cuando un operativo policial hirió a familiares buscadores; si bien el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México se disculpó, habló solamente de fricciones con los manifestantes”, añadió.
ESPECULACIÓN INMOBILIARIA, PÉRDIDAS EN COMERCIO Y LIMPIEZA SOCIAL
Gina Díaz Martínez, del CEPAD, detalló que esta especie de estado de excepción lleva a pensar desde dónde está pensada la ciudad y para quién es, lo que también se expresó en la organización comunitaria ante modificaciones del espacio previas al Mundial 2026, así como procesos de denuncia pública contra acciones de enriquecimiento. Entre ellas, la especulación inmobiliaria y los procesos de limpieza social.
Incluso la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, llegó a presumir el desmantelamiento de 48 campamentos y la atención a 53 personas en situación de calle, sin precisar a qué acciones específicas se referían o si alguien había resultado desplazado.
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“Este tipo de intervención no podía interpretarse automáticamente como una acción de limpieza social vinculada con el Mundial. Los operativos contra poblaciones callejeras existían desde antes del evento y no necesariamente estaban vinculados con este. Sin embargo, el contexto en el que ocurrieron resultó relevante: la ciudad se encontraba en plena preparación para la Copa del Mundo y algunas de las áreas intervenidas formaban parte de zonas de alta actividad turística y comercial”, señala el informe.
En tanto, en el caso de Guadalajara se reubicó a personas sin hogar del primer cuadro de la ciudad hacia puntos lejos de las actividades mundialistas y, al igual que en la Ciudad de México, se desplazaron mercados ambulantes y comercios locales. Los comerciantes registraron pérdidas de más del 70 %, y mientras el ayuntamiento destinaba más de 54 millones a rehabilitaciones, al menos 15 personas en situación de calle fueron asesinadas durante 2025 y ocho más murieron en los primeros meses de 2026, sin resultados en las investigaciones.
POLÍTICAS DE RECONFIGURACIÓN DEL MUNDIAL NO FUERON NEUTRALES
Alexia Moreno, de El Caracol, hizo énfasis en la situación que vivieron las poblaciones de calle ante la llegada del Mundial 2026. Relató que conforme se acercaba la justa internacional, la “banda de la calle” vivía también la emoción y expectativa de dónde vería los partidos.
- Sin embargo, entre esas ansias de fiesta y convivencia, la organización documentó testimonios en los que las poblaciones preferían acudir a sus oficinas, porque no los habían dejado entrar a las sedes del FanFest. Entonces, empezaron a hacer una documentación, cada vez más complicada por la falta de información publicada y el movimiento de las poblaciones.
Aunque las acciones no pueden atribuirse directamente al Mundial, pues El Caracol las ha observado históricamente, desde eventos como las visitas papales, sí se agudizaron desde inicios de 2026 y hasta los meses más recientes.
“Las poblaciones cada vez nos manifestaban que los operativos eran más constantes. Nos mencionaban que al momento de pedirles que se retiraran o de retirarles, tiraban sus cosas o les quitaban sus documentos de identidad.
“Tenemos testimonios de niñas y niños que nos contaron que vivían con miedo, con ansiedad, y creo que entre las cosas más peligrosas es que estas acciones, además de provocar despojos, debilitaban sus redes sociales que de por sí son complicadas y les dejaban en mayor exclusión”, afirmó Moreno.
- Por otro lado, el lenguaje con el que se nombran las acciones también es importante, y muchas de ellas fueron enmascaradas como “de recuperación o reordenamiento”, sin hablar del desalojo o desplazamiento forzado que las poblaciones habían vivido. En la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México “Juego limpio, ciudad justa”, no se contempló ni una acción ni presupuestos para las poblaciones callejeras.
- Mientras la administración capitalina reconoce a mil 932 personas habitando el espacio público, datos de El Caracol señalan que puede haber más de 6 mil personas. El informe es una línea base de lo que sucede en la ciudad de manera permanente, remarcó Moreno.
Ariadna Quiroz, de la Red TDT, destacó las restricciones a la labor periodística, que tampoco son exclusivas del Mundial, pero sí se documentaron de manera importante en distintos momentos y espacios de cobertura. Particularmente, el 24 de junio se bloqueó el paso a periodistas en las inmediaciones del Estadio Azteca, ante la presencia de la comisión de derechos humanos local.
- En tanto, entre el 11 de junio y el 19 de julio, CIMAC documentó 11 agresiones a mujeres periodistas: nueve en Ciudad de México y dos en Jalisco. El 54.55 % tuvo lugar durante manifestaciones, el 27.27 % en partidos y el 18.18 % durante operativos policiales. Además, se registró un uso desproporcionado de la fuerza pública, agresiones físicas, violencia sexual y agresión sexual, bloqueo informativo, detenciones arbitrarias, daño a bienes y descrédito.
Lo anterior “revela un entramado de violencias que no pueden leerse como hechos aislados, sino como expresiones de un patrón estructural que castiga el ejercicio periodístico cuando es ejercido por mujeres en el espacio público”, señala el documento.
El Poder del Consumidor sumó su preocupación por la asociación de un evento deportivo y saludable con la extrema publicidad a bebidas azucaradas, lo que ayuda a normalizar y a hacer pensar a las personas que consumir esas bebidas es parte de la celebración, lo que constituye una violación a los derechos a la salud y la alimentación.
“Estas violaciones se ven potenciadas por el contexto en el que la publicidad fue difundida: un evento de audiencia masiva donde el simbolismo y las cargas emocionales neutralizan cualquier capacidad crítica o información orientada a advertir que el consumo de bebidas azucaradas es nocivo para la salud, con mayor razón en una población que, por su etapa de desarrollo, aún no distingue adecuadamente la naturaleza persuasiva de la publicidad comercial”, concluyen./Agencias-PUNTOporPUNTO
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